TA SAN - Sentencia 68679-33-33-003-2019-00092-01 (11-12-2025)

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo de Santander

Magistrada Ponente: Carolina Arias Ferreira

Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de segunda instancia

Expediente: 68679333300320190009201

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Edgar Verdugo Cañas y otros

ro_parra@hotmail.com verdugo444e@gmail.com mahilvedy14@hotmail.com

Demandados: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Nación – Fiscalía General de la Nación Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co Jur.novedades@fiscalia.gov.co Juridica.bucaramanga@fiscalia.gov.co Clara.cediel@fiscalia.gov.co

Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS secretariageneral@cas.gov.co sginotificaciones@cas.gov.co contactenos@cas.gov.co abogados.cas@gmail.com pradilla.abogados@gmail.com

Ministerio Público: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co

Sentencia No.: 342

Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia – Caducidad del medio de control y responsabilidad por custodia de bienes incautados – Otros

Se deciden los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandadas Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, contra la sentencia de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida

demandadas Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, contra la sentencia de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Hechos

El 20 de marzo de 2013, el señor Édgar Verdugo Cañas fue interceptado y capturado por miembros de la Policía Nacional adscritos a la SIJÍN mientras

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conducía su vehículo tipo camión de placas IYD-438 y transportaba una carga de madera, quedando a disposición de la Fiscalía Quinta Seccional de Apoyo luego de la captura y la incautación.

Posteriormente, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Vélez declaró la legalidad del procedimiento y de la incautación de 11,17 metros cúbicos de madera de cedro, así como del vehículo referido, disponiendo ademá s la suspensión del poder dispositivo sobre tales bienes.

La Fiscalía Décima Especializada UNMA de Bucaramanga, en el marco de la

de cedro, así como del vehículo referido, disponiendo ademá s la suspensión del poder dispositivo sobre tales bienes.

La Fiscalía Décima Especializada UNMA de Bucaramanga, en el marco de la investigación por el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales, solicitó proferir sentencia condenatoria contra el procesado, finalizando dicho trámite el 21 de noviembre de 2014, cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez declaró al señor Edgar Verdugo Cañas responsable por la comisión de dicho delito, ordenándose en dicha sentencia el comiso a favor de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, tanto de la madera incautada como del vehículo de placas IYD-438.

No obstante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, al resolver una acción de revisión promovida p or el Procurador 57 Judicial II Penal de San Gil, declaró fundada la causal tercera de revisión, dejando sin efecto la sentencia condenatoria mediante decisión del 14 de marzo de 2018, al establecer que la conducta atribuida al señor Verdugo resultaba atípica.

A partir de lo anterior , el actor señaló que los bienes decomisados no le fueron restituidos en las mismas condiciones en que se hallaban al momento de la incautación, y que la madera desapareció sin que se efectuara su devolución. De hecho, se agregó en la demanda que el vehículo sufrió deterioro físico y pérdida de su capacidad productiva, lo que le generó perjuicios económicos directos al actor.

Finalmente, señaló que, el allanamiento no era suficiente para declarar la responsabilidad penal, dado que la conducta no se adecuó a ningún tipo penal,

su capacidad productiva, lo que le generó perjuicios económicos directos al actor.

Finalmente, señaló que, el allanamiento no era suficiente para declarar la responsabilidad penal, dado que la conducta no se adecuó a ningún tipo penal, siendo necesario que esta se adecuara a un tipo penal.

Por lo anterior, indicó que les asiste responsabilidad a las entidades demandadas por las actuaciones surtidas durante el proceso penal, la pérdida y deterioro de los bienes decomisados y el deterioro e inactividad económica del vehículo de placas IYD 438.

1.1.2. Pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

«PRIMERO: Se declare extracontractual, administrativa y solidariamente responsable a las demandadas, NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓNSUBDIRECCIÓN RE GIONAL DE APOYO NORORIENTAL por los perjuicios

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ocasionados a los demandantes con el deterioro, pérdida de los bienes muebles decomisados, así como el error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y pérdida de la oportunidad, al declararse la atipicidad de la conducta por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales

decomisados, así como el error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y pérdida de la oportunidad, al declararse la atipicidad de la conducta por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables en contra del señor EDGAR VERDUGO CAÑAS como consecuencia de la preclusión y extinción de la acción penal.

SEGUNDO: Como consecuen cia de la anterior declaración, Condenar solidariamente a la parte demandada, NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓNSUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL a pagar a favor del señor EDGAR VERDUGO CAÑAS y la señora MARIA INES CAÑAS VIUDA DE MEDINA los perjuicios materiales causados (Daño emergente y lucro cesanteConsolidado y futuro), como consecuencia del decomiso.

DAÑO EMERGENTE , por la suma d e cincuenta millones de pesos m/cte ($50.000.000) más la indexación, correspondiendo al equivalente en pesos al deterioro y restauración del vehículo de placa IYD 438 y la pérdida de los 11,17 metros cúbicos de la especie forestal maderable de cedro avalua do por valor de siete millones quinientos mil pesos m/cte ($7.500.000), bienes que fueron decomisados.

LUCRO CESANTE , correspondiente al valor de trescientos noventa millones quinientos mil pesos m/cte ($390.500.000) como pérdida del producido, ganancia o actividad económica causados desde el decomiso del vehículo de placas placa IYD

LUCRO CESANTE , correspondiente al valor de trescientos noventa millones quinientos mil pesos m/cte ($390.500.000) como pérdida del producido, ganancia o actividad económica causados desde el decomiso del vehículo de placas placa IYD 438 hasta su posterior restauración.

De igual manera el interés puro legal del 6% anual (0.5 mensual) sobre el valor de siete millones quinientos mil pesos m/cte ($ 7.500.000) equivalentes a los 11,17 metros cúbicos de la especie forestal maderable de cedro decomisada, y los intereses que se sigan causando hasta el pago real y efectivo; valor que , hasta la fecha, arroja la suma de dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte ($2.437.500). Lo anterior de acuerdo a la siguiente liquidación:

Para un total por perjuicios equivalen a cuatrocientos cuarenta y dos millones novecientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte ($442.937.500) o lo que se pruebe dentro del proceso, suma que se actualizará debidamente al momento de la sentencia y al momento en que se haga efectiva la suma impuesta en la providencia con aplicación de los índices de precios al consumidor, tomando como inicial el vigente a la fecha de los hechos y como final el que rija al momento del pago.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración de la responsabilidad administrativa y como pretensión subsidiaria, CONDENAR solidariamente a las

demandadas, NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y

NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓNSUBDIRECCIÓN REGIONAL DE

demandadas, NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓNSUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL a pagar por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por valor de doscientos veintiún millones cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte ($221.468.750) equivalente al 50%, arbitrio juris, o lo que resulte demostrado en el proceso, por la “pérdida de la oportunidad como perjuicio autónomo ” como consecuencia del deterioro e inactividad económica del vehículo de placa IYD 438 y pérdida de los bienes muebles decomisados.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Rama Judicial, Fiscalía y CAS Radicado: 68679-3333-003-2019-00092-01

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CUARTO: Condenar solidariamente a la parte demandada NACIÓN – RAMA

JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN -FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se haga efectiva la condena impuesta mediante providencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia.

en pesos de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se haga efectiva la condena impuesta mediante providencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia.

QUINTO: Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

SEXTO: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes».

1.1.3. Fundamentos de derecho

Se invocó como fundamento de derecho el art. 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996, poniendo de presente la responsabilidad del Estado derivada de la actividad jurisdiccional y consignan como títulos de imputación de responsabilidad el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y el error judicial, así como la pérdida de la oportunidad . En concreto, alegó que las entidades demandadas estaban llamadas a responder solidariamente en la medida en que los deterioros causados al vehículo cautelado y la pérdida de la madera incautada sobrevinieron a la negligencia de las demandadas respecto al cuidado de dichos bienes, los cuales se encontraban puestos a su disposición.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3, se opuso a la totalidad de las pretensiones en su escrito de contestación , argumentando que en el caso no concurrían los elementos estructurales de la responsabilidad estatal. En primer lugar, invocó la culpa

Administración Judicial3, se opuso a la totalidad de las pretensiones en su escrito de contestación , argumentando que en el caso no concurrían los elementos estructurales de la responsabilidad estatal. En primer lugar, invocó la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, afirmando que las medidas adoptadas por la jurisdicción penal se profirieron conforme a la ley, derivadas de una conducta punible respecto de la cual el propio actor se allanó a los cargos, y que la prolongación del proceso se generó con ocasión a la acción de revisión promovida por el Ministerio Público.

Precisó que el demandante pudo haber asumido el mantenimiento y conservación del vehículo, razón por la cual el daño sería imputable a su propia negligencia. Asimismo, alegó el hecho exclusivo de un tercero, señalando que los perjuicios reclamados provenían de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS, entidad que tuvo la custodia y cuidado tanto de la madera como del automotor. De hecho, destacó que , aunque se hizo referencia al concepto de defectuoso funcionamiento de la administración de justici a, el actor no desarrolló un análisis concreto del mismo en relación con el caso sub judice.

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Finalmente, sostuvo que la Rama Judicial actuó de manera diligente y conforme a derecho, sin que se evidenciara una falla del servicio atribuible a sus funcionar ios

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Finalmente, sostuvo que la Rama Judicial actuó de manera diligente y conforme a derecho, sin que se evidenciara una falla del servicio atribuible a sus funcionar ios que permitiera imputarle el daño alegado.

1.2.2. La parte demandada, Fiscalía General de la Nación 4, en relación con los hechos, señaló que no le constan y , por el contrario, indicó que no se evidencia falencia alguna en el trámite impartido en el proceso penal adelantado en contra del demandante, pues se surtió en debida forma y con el pleno respecto de las garantías legales y procesales.

Alegó el cumplimiento estricto de un deber legal, precisando que el trámite procesal seguido contra el señor Verdugo Cañas se desarrolló dentro del marco de la legalidad y con plena garantía de los derechos del imputado, y que incluso existían fundamentos suficientes para la incautación de los bienes. Precisó que este fue capturado en flagrancia cuando conducía el vehículo de placas IYD 438 en el que se encontraron 300 piezas de madera, sin el respectivo permiso.

Asimismo, y ya refiriéndose al trámite de revisión, adujo que la decisión absolutoria del Tribunal Superior de San Gil obedeció a la aparición de una nueva prueba , relativa al registro de inscripción No. 28472995680634 del ICA y no por la existencia de irregularidades o actuaciones arbitrarias del ente fiscal, por lo que no había lugar a la exigencia de indemnización por dicha actuación.

En tal sentido, argumentó que las providencias judiciales cuestionadas fueron emitidas conforme a derecho y descartó la ocurrencia de una falla en el servicio;

a la exigencia de indemnización por dicha actuación.

En tal sentido, argumentó que las providencias judiciales cuestionadas fueron emitidas conforme a derecho y descartó la ocurrencia de una falla en el servicio; precisando que fue el mismo demandante quien omitió portar los documentos que acreditaban la legalidad del transporte de la madera e, incluso, pasó por alto aportar oportunamente tales pruebas dentro del proceso penal.

De igual manera , alegó la causal de eximente de re sponsabilidad patrimonial del estado, denominada culpa exclusiva de la víctima, pues fue su comportamiento el que llevó a que se adelantara el proceso penal, y a la solicitud de la suspensión del poder dispositivo del vehículo y de la madera. Además , precisó que este fue capturado en flagrancia y, posteriormente, se allanó a los cargos.

Igualmente, indicó que hay ausencia del nexo causal entre las actuaciones de la Fiscalía y el presunto daño antijuridico reclamado en la demanda, así como el hecho de que las providencias judiciales fueron emitidas conforme a derecho. Finalmente, solicitó al Despacho que se analizaran las pruebas allegadas al proceso y se realizara una debida valoración de los perjuicios materiales y morales.

1.2.3. La parte demandada, Corporación Autónoma Regional de Santander 5; indicó adelantó las actuaciones administrativas contentivas en el expediente No. 68861087, dentro de las cuales dio cumplimiento a la Ley 99 de 1993, y la Ley 1333 de 2009, las cuales reglamentan la imposición de medidas preventivas en caso de

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de 2009, las cuales reglamentan la imposición de medidas preventivas en caso de

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flagrancia, precisando que, la especie maderable de cedro cedrela odorata , es considerada como amenazado en el plan general de ordenación forestal.

Puso de presente que no tuvo inje rencia alguna en el proceso penal y precisó que la intervención de dicha entidad se limitó a la realización de un perita je y al procedimiento administrativo ambiental sancionatorio. Indicó que la aparición posterior de una nueva prueba en el proceso penal, así como los eventuales errores judiciales no podían serle imputados, pues no intervino en la valoración de la tipicidad ni en la decisión judicial de incautación.

Sostuvo, además, que el registro de inscripción del ICA no fue portado por el actor al mo mento de la inmovilización del vehículo ni fue mencionado durante las actuaciones administrativas, y que la entidad se limitó a verificar la posibilidad de movilización de la madera, sin que le correspondiera realizar el análisis probatorio ni decidir sobr e la responsabilidad penal del demandante, funciones propias del operador judicial.

Finalmente, propuso la excepción de «inexistencia del nexo causal» y «falta de legitimación por pasiva».

1.3. La sentencia apelada6

operador judicial.

Finalmente, propuso la excepción de «inexistencia del nexo causal» y «falta de legitimación por pasiva».

1.3. La sentencia apelada6

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda . En la parte resolutiva de dicha sentencia se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de inexistencia de nexo causal y falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por la Corporación autónoma regional de Santander, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar no probadas las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la Rama judicial actuó adecuadamente, propuestas por la Nación - Rama judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Declarar extracontractual, administrativa y solidariamente responsables a la Nación - Rama judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial y a la Corporación autónoma regional de Santander, por los perjuicios ocasionados a la señora María Inés Cañas viuda de Medina consistente en la pérdida de 11,17 metros cúbicos de cedro (cedrela odarata), por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: Condenar a la Nación - Rama judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial y a la Corporación autónoma regional de Santander, a pagar a la señora María Inés Cañas Viuda de Medina, lo siguiente:

providencia.

CUARTO: Condenar a la Nación - Rama judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial y a la Corporación autónoma regional de Santander, a pagar a la señora María Inés Cañas Viuda de Medina, lo siguiente:

4.1 Por concepto daño emergente: $7.500.000. 4.2 Por lucro cesante $4.387.500.

6 Documento al No. 0146 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Estas sumas se actualizarán de conformidad con la formula financiera señalada en la parte considerativa de este proveído.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: No condenar en costas, conforme a lo señalado en la parte motiva.

SEPTIMO: La Nación - Rama judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial y la Corporación autónoma regional de Santander, darán cumplimiento a esta sentencia dentro de los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del CPACA.

OCTAVO: En firme este proveído, expídanse a costa de la parte solicitante, copia auténtica de esta providencia, con las constancias de ser primera copia auténtica que presta mérito ejecutivo; la misma anotación se dejará en el expediente (art. 114

CGP). (…)».

El a quo analizó la configuración de los elementos de la responsabilidad del Estado,

que presta mérito ejecutivo; la misma anotación se dejará en el expediente (art. 114 CGP). (…)».

El a quo analizó la configuración de los elementos de la responsabilidad del Estado, y en cuanto a el daño , precisó que correspondieron a la pérdida de 11,17 metros cúbicos de cedro, el deterioro del vehículo de placa IYD 438 así como la inactividad económica del vehículo de placa IYD 438.

Respecto del daño relacionado con el vehículo en mención, indicó que no se había logrado acreditar que el deterioro del vehículo de placas IYD -438, alegado en la demanda, ni su inactividad económica le eran imputables a las demandadas; toda vez que no se logró demostrar que el señor Edgar Verdugo pusiera el automotor a disposición de la CAS tras la ejecutoria de la sentencia penal proferida en noviembre de 2014.

En relación con la pérdida de 11,17 metros cúbicos de cedro, indicó que tal circunstancia sí se acreditó, pues no hay prueba que acredite la efectiva devolución de la madera, pese a las acciones de recuperaciones solicitadas por la parte demandante. Además, la madera que los funcionarios de la CAS señalan como propiedad del demandante, se encuentra en estado de deterioro, pese a haber sido entregada en buen estado. El juez de primer grado consideró que dicho daño se predicó respecto de la señora María Inés Cañas, titular del interés lesionado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizó la responsabilidad de las entidades demandadas bajo el título de imputación de error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia . Acto seguido, el a quo precisó las

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizó la responsabilidad de las entidades demandadas bajo el título de imputación de error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia . Acto seguido, el a quo precisó las reglas establecidas para el depósito de los bienes y la obligación de devolverlos en mismas condiciones en que lo recibió.

Por lo anterior, declaró solidariamente responsables a la Nación – Rama Judicial y a la C orporación Autónoma Regional de Santander - CAS por el deterioro de la madera incautada y las condenó al pago de perjuicios materiales por concepto de daño emergente y lucro cesante; esto al considerar que la primera había sido la encargada de impartir las órdenes y la segunda había pasado por alto su deber de custodia.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente, negó los perjuicios morales por falta de prueba, se abstuvo de condenar en costas por haber prosperado parcialmente la demanda y negó lo atinente a perjuicios materiales derivados de la inactividad del automotor.

1.4. Fundamentos de la apelación

1.4.1. La parte demandante7 se opuso a la sentencia de primera instancia al señalar que las pruebas obrantes al proceso demostraron el deterioro e inactividad económica del vehículo de placas IYD 438 y la pérdida de oportunidad derivada del comiso.

Señaló que, con las pruebas allegadas al expediente, entre ellas la Resolución DGL

económica del vehículo de placas IYD 438 y la pérdida de oportunidad derivada del comiso.

Señaló que, con las pruebas allegadas al expediente, entre ellas la Resolución DGL No. 00526/01-jun-2015, los actos y diligencias administrativas de la CAS, las actuaciones de entrega provisional y el informe pericial de Medicina Legal UBBUCDSSA-06774-2022, se probó la existencia y efectos prácticos del comiso, la privación prolongada del u so del automotor y el menoscabo económico y moral consecuente. Advirtió que estos fueron padecidos por el demandante, Edgar Verdugo Cañas y que el demandante no pudo lucrarse de su vehículo.

Además, precisó que el demandante era el dueño de la madera, la cual provenía de la finca de la señora María Inés Cañas, quien nunca alegó o manifestó que la madera fuese de ella. Agregó que, respecto de l vehículo, con anterioridad a la entrega, ya existía la limitación judicial sobre este, lo que conllevó a que optara por dejarlo en un parqueadero y con ello, perdió oportunidades de trabajo, pues se desempeñaba como transportador. Agregó que, igualmente, los efectos de la condena judicial le generaron la restricción de sus derechos.

Así las cosas, invocó la doctrina sobre pérdida de oportunidad y los principios de la reparación integral y solició que se reconocieran y liquidara n integralmente los perjuicios reclamados, daño emergente, lucro cesante, pérdida de oportunidad y perjuicios morales, conforme a las cuantías solicitadas.

Igualmente, manifestó su inconformidad señalando que el a quo no se pronunció

perjuicios reclamados, daño emergente, lucro cesante, pérdida de oportunidad y perjuicios morales, conforme a las cuantías solicitadas.

Igualmente, manifestó su inconformidad señalando que el a quo no se pronunció frente a las pretensiones relacionadas con la configuración del daño padecido por la condena judicial dentro de un proceso penal y su posterior absolución.

1.4.2. La parte demandada, Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración J udicial8, se opuso a la sentencia de primera instancia . En síntesis, s eñaló que la acción de reparación directa se encontraba caducada y planteó dicha excepción como cuestión previa. Señaló que el señor Edgar Verdugo Cañas tuvo conocimiento del hecho causante del daño el 28 de diciembre de 2016, cuando constató ante la CAS que la mad era ofrecida para devolución no correspondía a la incautada y reiteró su reclamo mediante oficio del 26 de enero de 2017.

En ese sentido, señaló que el plazo previsto en el artículo 164 del CPACA habría fenecido el 29 de diciembre de 2018 . A gregó que la audiencia de conciliación

7 Documento al No. 150 del índice de SAMAI 8 Documento al No. 151 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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prejudicial celebrada el 15 de noviembre de 2018, únicamente suspendió el término

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prejudicial celebrada el 15 de noviembre de 2018, únicamente suspendió el término dentro de los límites legales pr evistos por la normativa , por lo que, tras la reanudación de los términos, la demanda radicada el 26 de marzo de 2019 se presentó fuera del término legal.

Adicionalmente, dicha entidad impugnó la valoración probatoria y la liquidación de perjuicios practicada por el a quo , señalando que el reconocimiento por daño emergente por $7.500.000 y el lucro cesante de $4.387.500 carecieron de respaldo documental idóneo, tales como facturas, cotizaciones o peritajes económicos , por lo que, la parte actora no cumplió con la carga probatoria exigida para cuantificar dichos perjuicios.

Reiteró que se configuraron los eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercer o. Al indicar que el decomiso de la madera fue efectuado por la CAS y ello obedeció por culpa del demandante por la ausencia del salvoconducto exigido para movilizar madera.

En consecuencia, la apelante solicitó que se revocaran los numerales primero a cuarto y séptimo de la sentencia de primera instancia y se confirmen los demás numerales que denegaron las pretensiones de la demanda.

1.4.2. La demandada, Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS9, manifestó su oposición respecto del fallo de primera instancia, al señalar que no valoró adecuadamente el papel del secuestre como depositario judicial ni determinó

1.4.2. La demandada, Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS9, manifestó su oposición respecto del fallo de primera instancia, al señalar que no valoró adecuadamente el papel del secuestre como depositario judicial ni determinó con claridad la causa específica del deterioro de la madera, requisito esencial para imputarle responsabilidad.

En concreto, adujo que, a su juicio, la decisión desconoció que el secuestre, conforme al artículo 52 del CGP, solo está obligado a custodiar los bienes embargados, sin responder por deterioros inevitables, naturales o inherentes al paso del tiempo. Indicó que la madera fue almacenada en condiciones razonables, al resguardo del sol y del agua directa, y que el proceso no demostró negligencia alguna, ni siquiera culpa leve atribuible al secuestre o a la CAS, pues múltiples factores ext ernos (como humedad, hongos, exposición ambiental o ataque de insectos) pueden explicar el deterioro observado, sin que ello implique falta