TA SAN - Sentencia 68679-33-33-003-2020-00207-01 (17-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2025)

Radicado 68679333300320200020701 Medio de control Controversias Contractuales Demandante Unión Temporal Vial 2014 (ONS Constructores S.A.S y R3 Constructores S.A.S) Danielfiallo1508@hotmail.com Demandado Municipio de Barbosa notificacionesjudiciales@barbosa-santander.gov.co jcastayala@gmail.com juridicafas@gmail.com Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Confirma nulidad de los actos administrativos por falsa motivación y vulneración del debido proceso. Se declara la nulidad de las Resoluciones 807 de 2019 y 132 de 2020 expedidas por el Municipio de Barbosa, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de la póliza de estabilidad del contrato de obra No. 006 de 2014, por cuanto adolecen de f alsa motivación al omitir la valoración razonada, objetiva y completa de los argumentos técnicos y probatorios presentados por el contratista para sustentar la inexistencia de responsabilidad en los deterioros reportados.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Unión Temporal Vial 2014 y el municipio de Barbosa, contra la sentencia del dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023 ), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

de dos mil veintitrés (2023 ), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Lo que se pretende.

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por las sociedades OSN Construcciones S.A.S. y R3 Constructores y Consultores S.A.S , en su calidad de integrantes de la Unión Temporal Vial 2014 , en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del municipio de Barbosa.

En tal sentido, pretende la parte demandante , se declare patrimonial y administrativamente responsable a la parte accionada por todos los daños que se llegaren a probar al interior del proceso, que se declare la nulidad de las resoluciones No. 807 del 31 de diciembre de 2019 y 132 del 3 de abril de 20 20 mediante las cuales se declaró el siniestro de una obra por estabilidad y se resolvió el recurso de reposición en contra de la primera.

Como consecuencia de lo anterior solicitó:Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68679333300320200020701

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“Tercero: Que por concepto de DAÑO EMERGENTE se CONDENE a la parte demandada y en favor de la parte demandante las siguientes sumas:

CONCEPTO VALOR

DEFENSA JURIDICA PROCESO FISCAL, ADMINISTRATIVO

Y JUDICIAL

$16.500.000

VIATICOS DE VIAJES REALIZADOS PARA ASISTIR A

AUDIENCIAS

$945.000

TOTAL $17.445.000

DEFENSA JURIDICA PROCESO FISCAL, ADMINISTRATIVO

Y JUDICIAL

$16.500.000

VIATICOS DE VIAJES REALIZADOS PARA ASISTIR A

AUDIENCIAS

$945.000

TOTAL $17.445.000

Tercero (Sic): Que por concepto de LUCRO CESANTE, se condene a la demandada al pago de la diferencia que resulte entre las utilidades y/o ganancias reportadas por el demandante ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, entre los años 2020 y 2021, y los años que duren vigentes las resoluciones demandadas, frente al año 2019, en el cual el demandante no contaba con la afectación a su buen nombre comercial como consecuencia de dichas resoluciones, suma que se tasa en un valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000).

Cuarto: Que en caso de que a la fecha de emisión de la sentencia, se hayan cancelado los recursos por parte de la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, en atención a la afectación de la póliza 96 -44-101107923 del año 2014, dichos recursos se REINTEGREN, es decir , la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($68.922.808), y sobre los mismos se cancelen los respectivos rendimientos financieros tasados a la tasa bancaria corriente fijada por la Superintendencia Financiera, para tal efecto trimestralmente, esto dentro del lapso comprendido desde la realización de giro en favor del municipio de Barbosa, hasta la devolución efectiva de la misma.

Quinto: Que se reconozca a título de daño inmaterial por concepto de VIOLACIÓN

la realización de giro en favor del municipio de Barbosa, hasta la devolución efectiva de la misma.

Quinto: Que se reconozca a título de daño inmaterial por concepto de VIOLACIÓN A SU DERECHO AL BUEN NOMBRE AFECTACIÓN AL GOOD WILL, este afectado en razón a la sanción, la suma de (100) CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES.

Sexto: Que se condene en costas a la parte demandada, al pago de costas y agencias en derecho.”

1.2. Hechos. Conforme se expone en la demanda, la Unión Temporal Vial 2014, integrada por las sociedades OSN Construcciones S.A.S. y R3 Constructores & Consultores S.A.S., celebró el 10 de noviembre de 2014 con el municipio de Barbosa el contrato de obra pública No. 006 de 2014, cuyo objeto consistía en la recuperación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial del municipio –fase II –, por un valor de $1.108.948.842 y con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses contados a partir del acta de inicio. En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se constituyeron pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil contractual y extracontractual, pago de prestaciones sociales, indemnizaciones laborales, y estabilidad y calidad de la obra, esta última amparada por la pó liza No. 96 -44101107923 expedida por Seguros del Estado, con cobertura a partir del 19 de abril de 2015.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68679333300320200020701

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101107923 expedida por Seguros del Estado, con cobertura a partir del 19 de abril de 2015.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68679333300320200020701

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El 20 de enero de 2017, el municipio de Barbosa remitió a la aseguradora un oficio de reclamación tendiente a hacer efectiva la póliza de estabilidad, al considerar que se había presentado un colapso en la obra ejecutada en la Calle 12A del barrio Villa del Río. En atención a dicho requerimiento, la aseguradora corrió traslado a la contratista, quien presentó una respuesta acompañada de un peritaje técnico elaborado por un profesional en geotecnia. En dicho estudio se identificaron deslizamientos verticales y horizontales en el terre no, así como afectaciones a predios aledaños, los cuales fueron atribuidos al movimiento de tierras que se habría realizado en el predio denominado “El Uval”, donde se proyectaba la construcción de un conjunto residencial. Con fundamento en lo anterior, la contratista solicitó a la aseguradora rechazar la reclamación por considerar que no cumplía con los requisitos sustanciales ni probatorios. El 19 de mayo de 2017, Seguros del Estado negó la reclamación presentada por el municipio, indicando que debía tramitarse conforme al procedimiento administrativo correspondiente. Posteriormente, el 2 de mayo de 2019, el municipio elaboró un informe de control de estabilidad de la obra ejecutada bajo el contrato No. 006 de 2014, con base en el cual volvió a requerir a la contratista, aludiendo presuntas fallas

informe de control de estabilidad de la obra ejecutada bajo el contrato No. 006 de 2014, con base en el cual volvió a requerir a la contratista, aludiendo presuntas fallas en la Calle 12A del barrio Villa del Río y en una vía del barrio La Carlota. Mediante comunicación del 4 de julio de 2019, la contratista reiteró su posición y manifestó que no intervino el tramo de vía ubicado en el barrio La Carlota, por lo que no le era atribuible responsabilidad contractual sobre ese sector. En desarrollo del procedimiento, el Secretario de Planeación del municipio emitió respuestas técnicas dentro de la actuación administrativa. En la demanda se afirma que dicho funcionario fue quien suscribió la licencia urbanística No. 140 -32.4-0052016, mediante la cual se autorizó la construcción de un proyecto de vivienda en el predio “El Uval”. Según se señala, en ese predio se habrían realizado movimientos de tierra que no fueron informados a FINDETER y que habrían generado riesgos geotécnicos, lo cual fue advertido previamente por esa entidad en el marco del análisis de elegibilidad del proyecto. Se indica además que la administración municipal tuvo conocimiento de tales movimientos, conforme a lo consignado en el acta No. 003 de 2017 del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo. El 16 de julio de 2019, el municipio citó a audiencia a la contratista, en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 20 11, con el fin de adelantar la declaratoria de siniestro. La diligencia se instaló el 24 de julio del mismo año, con presencia de las partes interesadas, incluidos Seguros del Estado, la interventoría del contrato y la

siniestro. La diligencia se instaló el 24 de julio del mismo año, con presencia de las partes interesadas, incluidos Seguros del Estado, la interventoría del contrato y la aseguradora Confianza. Sin embargo, se afirma que, fue suspendida por no contar con un expediente contractual debidamente conformado ni haber sido trasladado a los intervinientes. La audiencia no fue reanudada en varias fechas posteriores por razones relacionadas con solicitudes probatorias presentadas por la contratista y la falta de vinculación de otros actores al procedimiento. El 2 de septiembre de 2019 se convocó nuevamente a audiencia, pero esta fue suspendida a raíz de la recusación formulada contra la entonces alcaldesa, con fundamento en su relaciónTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68679333300320200020701

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de parentesco con el promitente comprador del predio “El Uval”. La recusación fue remitida a la Procuraduría Regional de Santander, la cual la resolvió como no fundada mediante decisión del 30 de octubre de 2019. Posteriormente, el municipio notificó el 2 de enero de 2020 la Resolución No. 807 del 31 de diciembre de 2019, mediante la cual declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad y ordenó hacer efectiva la póliza No. 96 -44-101107923 por valor de $68.922.808. En la demanda se alega que la resolución no explica los mecanismos utilizados para calcular el perjuicio ni detalla la relación específica con las cantidades de obra ejecutadas. Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorab le mediante Resolución No.

utilizados para calcular el perjuicio ni detalla la relación específica con las cantidades de obra ejecutadas. Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorab le mediante Resolución No. 132 del 3 de abril de 2020. De manera adicional, la parte actora informó que el municipio presentó una queja ante la Contraloría General de la República solicitando revisión del contrato de obra No. 006 de 2014, en la que se invo caron presuntos faltantes de obra y fallas estructurales. Como consecuencia de dicha actuación y de los actos administrativos aquí demandados, la contratista afirma haber sufrido perjuicios relacionados con su imagen corporativa y comercial, así como con l a incursión en gastos de desplazamiento, defensa judicial y participación en procedimientos administrativos y fiscales.

1.3 Concepto de violación. En el presente caso, la parte demandante fundamenta su pretensión de nulidad de las resoluciones Nos. 807 del 31 de diciembre de 2019 y 132 del 3 de abril de 2020, proferidas por el municipio de Barbosa, en la configuración de dos cargos principales de ilegalidad: i) Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Se alega la vulneración del derecho de audie ncia y defensa, señalando que el procedimiento administrativo adelantado por la entidad territorial no observó los requisitos mínimos exigidos por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, norma que regula el trámite para la imposición de sanciones contractuales y declaratorias de siniestro. Precisa que, si bien se convocó audiencia para debatir la presunta ocurrencia del siniestro por estabilidad de obra, la misma

norma que regula el trámite para la imposición de sanciones contractuales y declaratorias de siniestro. Precisa que, si bien se convocó audiencia para debatir la presunta ocurrencia del siniestro por estabilidad de obra, la misma fue suspendida y reprogramada en múltiples oportunidades sin que se garantizara el traslado comp leto y oportuno del expediente al contratista ni se asegurara una participación efectiva de los sujetos intervinientes. Adicionalmente, advierte que, dentro del trámite, la entonces alcaldesa fue objeto de recusación por presunto conflicto de interés, dec isión que fue conocida por la Procuraduría Regional de Santander. Sin embargo, una vez resuelta la recusación, el procedimiento no fue reanudado conforme a lo establecido legalmente para permitir a los interesados rendir sus descargos en condiciones de igualdad, sino que la entidad procedió de manera directa a emitir la resolución sancionatoria, trasgrediendo los principios del debido proceso y al derecho fundamental de defensa.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68679333300320200020701

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1. Falsa motivación de los actos administrativos demandados . Sostiene que las resoluciones demandadas se apoyan en informes técnicos carentes de veracidad, particularmente en el emitido por el Secretario de Planeación del municipio, quien al mismo tiempo habría participado en la expedición de la licencia urbanística que permitió las obr as de explanación y remoción de

tierras en el predio denominado “El Uval”, colindante con la calle 12A del barrio Villa del Río, donde se presentó la falla geotécnica que originó la reclamación.

tierras en el predio denominado “El Uval”, colindante con la calle 12A del barrio Villa del Río, donde se presentó la falla geotécnica que originó la reclamación. Afirma, estas obras ajenas al contrato d e obra ejecutado por la unión temporal fueron las que realmente desencadenaron el colapso del terreno y no un incumplimiento en la ejecución contractual. Afirmación se soporta en diversos peritajes allegados en una acción popular conexa, tramitada ante el Juzgado Primero Administrativo de San Gil, en los cuales se concluye que la causa del daño fue externa al contrato, y específicamente atribuible a los trabajos de urbanización adelantados en dicho predio, con conocimiento de la administración municipal. En consec uencia, señala que el acto administrativo estaría basado en hechos inexactos, omitiendo valorar adecuadamente las pruebas técnicas que desvirtúan la responsabilidad atribuida al contratista.

II. TRÁMITE PROCESAL

1. Contestación de la demanda.

El municipio de Barbosa se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora, argumentando, en primer lugar, que las resoluciones demandadas se profirieron con plena observancia del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1 474 de 2011. Indica que la declaratoria del siniestro por estabilidad de la obra estuvo precedida de la correspondiente audiencia, debidamente convocada y sustanciada, en la que se brindó a los contratistas la oportunidad de pronunciarse y aportar elementos de defensa. Señala que los informes técnicos en los que se basó la decisión de declarar el siniestro se encuentran debidamente soportados en evaluaciones técnicas

oportunidad de pronunciarse y aportar elementos de defensa. Señala que los informes técnicos en los que se basó la decisión de declarar el siniestro se encuentran debidamente soportados en evaluaciones técnicas realizadas por funcionarios competentes, sin que exista prueba que desvirtúe su validez o v eracidad. Añade que el municipio, como entidad contratante y garante del interés público, actuó dentro del marco de sus competencias y con base en el principio de autotutela administrativa, frente a los daños presentados en la vía intervenida por la contratista. Respecto a la alegación de falsa motivación, la entidad sostiene que no se configura dicho vicio, por cuanto los actos administrativos contienen una exposición razonada de hechos, fundamentos técnicos y jurídicos que sustentan la afectación de la póliza. En particular, refiere que el daño en la vía fue verificable y atribuible a deficiencias en la estabilidad de la obra, lo cual fue puesto en conocimiento de la aseguradora para que procediera conforme a la cobertura otorgada.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68679333300320200020701

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Frente a las objeciones de la parte actora relacionadas con la responsabilidad por las fallas en la vía, el municipio aduce que la ejecución de la obra fue objeto de actas de entrega con observaciones y que, por tanto, la estabilidad no puede desligarse del cumplimiento del contr ato. Asimismo, argumenta que la presencia de licencias urbanísticas en predios aledaños no exime a la contratista de su obligación de garantizar la estabilidad de la infraestructura, conforme a los términos de la póliza y las reglas de la responsabilidad contractual.

urbanísticas en predios aledaños no exime a la contratista de su obligación de garantizar la estabilidad de la infraestructura, conforme a los términos de la póliza y las reglas de la responsabilidad contractual. Sobre el procedimiento administrativo, el municipio afirma que la suspensión y reanudación de la audiencia se realizó conforme a los principios del debido proceso, y que la recusación presentada contra la alcaldesa fue tramitada y resuelta por la autoridad competente sin que ello viciara la actuación. Indica que las decisiones adoptadas no se profirieron de forma sorpresiva, pues fueron notificadas en debida forma, y que la tasación del perjuicio se basó en las afectaciones materiales verificadas, sin que ello implique un deber de detallar cada unidad de obra afectada. Finalmente, rechaza la existencia de daño antijurídico derivado de los actos administrativos, y niega que se haya causado perjuicio alguno a la imagen o buen nombre de la contratis ta, señalando que las actuaciones del municipio se enmarcaron dentro del ejercicio legítimo de la función administrativa y el control contractual. En consecuencia, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda y se declare la legalidad de las resoluciones demandadas.

2. Alegatos de conclusión.

2.1. De la parte demandante.

La parte demandante, en sus alegatos de conclusión, reiteró las pretensiones de nulidad de las resoluciones No. 807 de 2019 y No. 132 de 2020, mediante las cuales el municipio de Barbosa declaró el siniestro del contrato de obra No. 006 de 2014, por considerar que dichos actos vulneran normas sustanciales y procedimentales,

el municipio de Barbosa declaró el siniestro del contrato de obra No. 006 de 2014, por considerar que dichos actos vulneran normas sustanciales y procedimentales, y desconocen el debido proceso y el derecho de defensa. Aduce la existencia de un conflicto de in tereses por parte de la entonces alcaldesa, quien no se declaró impedida pese a su relación de consanguinidad con personas vinculadas al predio “El Uval”, presuntamente responsable de los daños. Cuestiona el trámite seguido bajo el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, al no haberse garantizado debidamente la audiencia ni acreditado la ocurrencia ni cuantía del daño. Asegura que los actos se sustentaron en informes técnicos con omisiones relevantes, y que el municipio tenía conocimiento previo de intervenciones urbanísticas externas al contrato, lo que excluye responsabilidad de la contratista. Solicita, en consecuencia, la nulidad de los actos, la indemnización de perjuicios y la restitución de la póliza ejecutada.

2.2. De la parte demandada. La parte demandada, en sus alegatos de conclusión, reiteró las razones de defensa expuestas en contra de las pretensiones de la demanda ; solicitó negar las pretensiones de la demanda, principalmente aquellas orientadas a obtener laTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68679333300320200020701

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nulidad del acta de liquidación d el contrato de obra pública No. 006 de 2014. Argumentó que dicha solicitud resulta improcedente por extemporánea, en tanto el acta fue suscrita bilateralmente sin que el contratista formulara salvedad alguna

nulidad del acta de liquidación d el contrato de obra pública No. 006 de 2014. Argumentó que dicha solicitud resulta improcedente por extemporánea, en tanto el acta fue suscrita bilateralmente sin que el contratista formulara salvedad alguna sobre su contenido, pues la ausencia de reservas, conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, impide que se reclamen posteriormente desequilibrios contractuales, por contravenir el principio de buena fe objetiva. Afirmó que no existe prueba suficiente para declarar la nulidad del acto administrativo que declaró el siniestro, dado que se respetó el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Señaló que el contratista, junto con la aseguradora y la interventoría, fue citado y asistió a la audien cia correspondiente, en la cual se le brindó la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Las recusaciones presentadas por la parte actora fueron conocidas y rechazadas por la Procuraduría Provincial de Vélez, lo que refuerza la validez del trámite surtido. Finalmente, destacó que el siniestro representa la materialización del riesgo asegurado, de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio, y que las pruebas aportadas por la demandante intentan probar una supuesta falla del servicio, imputa ción que resulta ajena al medio de control de controversias contractuales. Por tanto, sostuvo que debe mantenerse la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.

III. LA SENTENCIA APELADA.

El Juzg ado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de S an Gil, mediante

contractuales. Por tanto, sostuvo que debe mantenerse la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.

III. LA SENTENCIA APELADA.

El Juzg ado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de S an Gil, mediante sentencia de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés ( 2023) resolvió lo siguiente: “Primero: Declarar la nulidad de la Resolución No. 807 del 31 de diciembre de 2019 mediante la cual el municipio de Barbosa – Santander, declaró la ocurrencia de siniestro de la obra, y la Resolución No. 132 del 03 de abril de 2020, que resolvió el recurso de reposición, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Condenar al municipio de Barbosa - Santander, a pagar a la parte demandante el valor correspondiente a: VEINTIÚN MILLONES CIENTO SETENTA MIL ONCE PESOS M/CTE. ($ 21.170.011), por concepto de daño emergente, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: No condenar en costas, conforme a lo señalado en la parte motiva” En sustento de la decisión el juez de instancia consideró que la declaratoria de siniestro efectuada mediante las resoluciones No. 807 de 2019 y No. 132 de 2020 vulneró el derecho al debido proceso del contratista, en tanto, tras la resolución de la recusación presentada contra la alcaldesa municipal, no se reanudó la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, impidiendo al contratis ta ejercer

la recusación presentada contra la alcaldesa municipal, no se reanudó la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, impidiendo al contratis ta ejercer plenamente su derecho de defensa.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68679333300320200020701

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Asimismo, se encuentra configurado la causal de nulidad denominada falsa motivación de los actos administrativos, al encontrarse que el municipio tenía conocimiento previo de los movimientos de tierra realizado s en el predio “El Uval”, hechos que para el juez de instancia constituían la verdadera causa del colapso de la vía, y no fueron considerados adecuadamente al momento de proferir los actos demandados. En consecuencia, el juzgado declaró la nulidad de los a ctos administrativos y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, condenando al Municipio de Barbosa al pago de $21.170.011, correspondientes a los conceptos de daño emergente por gastos de defensa jurídica y viáticos, debidamente indexados. Sobre esta pretensión expuso que las pruebas aportadas por la parte actora permitieron acreditar estos gastos, los cuales se consideraron razonables y directamente derivados de las actuaciones administrativas impugnadas. Por el contrario, fueron negadas las pretensiones relacionadas con el lucro cesante, la afectación al buen nombre y el reintegro de la suma pagada por la aseguradora Seguros del Estado, al señalarse que dentro del expediente no se acreditó prueba suficiente que demostrara de forma concreta y cierta el menoscabo patrimonial alegado ni su nexo causal con las resoluciones demandadas.

IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN.

suficiente que demostrara de forma concreta y cierta el menoscabo patrimonial alegado ni su nexo causal con las resoluciones demandadas.

IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN.

1. Unión Temporal Vial 20141.

La parte demandante centra su inconformidad exclusivamente en la negativa del despacho de primera instancia de acceder al restablecimiento integral de los perjuicios solicitados, por lo cual solicita la revocatoria parcial del fallo en lo que respecta a las pretensiones no reconocidas . Según el recurrente, contrario a lo señalado por el juez de instancia sí se acreditaron plenamente los perjuicios derivados del acto ilegal, en especial: Lucro cesante, con base en las declaraciones de renta de los años 2019, 2020 y 2021, que muestran una disminución significativa de ingresos atribuible al desprestigio causado por las resoluciones anuladas y a la negativa de aseguradoras para respaldar nuevos contratos. Reintegro de la suma pa gada por la aseguradora Seguros del Estado a favor del municipio, al no existir siniestro válido tras la nulidad del acto, conforme a la naturaleza indemnizatoria del contrato de seguro. Daño inmaterial por afectación al buen nombre, derivado del carácter público de las resoluciones y la estigmatización comercial sufrida por el contratista, sustentada en sus declaraciones y en presunciones lógicas no valoradas debidamente por el juez.

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Condena en costas, argumentando que la prosperidad de la nulidad justifica que la carga del proceso no recaiga exclusivamente sobre la parte actora.

2. Municipio de Barbosa2.

Bajo una única línea argumentativa, dirigida a controvertir la declaratoria de nulidad de las resoluciones 807 de 2019 y 132 de 2020 , el recurrente sostiene que la sentencia parte de una premisa hipotética, pues desconoce que la recusación fue tramitada y decidida por el órgano competente, esto es, la Procuraduría Regional en los términos del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Subraya que, al haber sido negada la recusación , y dado que las causales de impedimento y recusación son taxativas y de interpretación restrictiva , no puede predicarse la existencia de irregularidad alguna en la actuación administrativa posterior, ni se configuró afectación alguna a los principios de imparcialidad o legalidad. En consecuencia, solicita revocar la sentencia en cuanto declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados, al considerar que no se acreditó vicio procedimental alguno, y que el juicio del a quo se basó en supuestos no verificados jurídicamente, desconociendo la validez de la actuación que fue avalada por el órgano de control disciplinario.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto de fecha 06 de julio de 2023 se admite los recursos de apelación3. Se

órgano de control disciplinario.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto de fecha 06 de julio de 2023 se admite los recursos de apelación3. Se cumplió el término de ejecutoria de la providencia son que las partes se pronunciaran sobre el recurso de apelación admitido. El 26 de febrero de 2025 ingresó el expediente al Despacho Ponente para proferir sentencia de segunda instancia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2 Samai índice 003. OneDrive PDF 106 (Expediente digital) 3 Samai índice 0004Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68679333300320200020701

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2. Asunto objeto de decisión y planteamiento del problema jurídico a resolver.

De acuerdo con los recursos de apelación interpuestos frente a lo expuesto en la sentencia de primera instancia , los problemas jurídicos concretos que se deben resolver son:

(I) ¿Vulneró el municipio de Barbosa el derecho al debido proceso

resolver.

De acuerdo con los recursos de apelación interpuestos frente a lo expuesto en la sentencia