TA SAN - Sentencia 68679-33-33-003-2022-00281-01 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 68679333300320220028101 Medio de control Reparación Directa Demandante Rogelio Díaz Jiménez y Otros vialmega@hotmail.com Demandado Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co; Notificaciones.SanGil@mindefensa.gov.co; notificaciones.sangil@mindefensa.gov.co; notificacionjudicial@cgfm.mil.co Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional desan.notificacion@policia.gov.co; maria.cala3224@correo.policia.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Responsabilidad del Estado por ataques terroristas indiscriminados, ausencia de falla en el servicio por hecho determinante de un tercero

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del seis (6) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

I. Antecedentes.

1. La demanda.1

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por l os señores Rogelio Díaz Jiménez, María de los Ángeles Osorio y Otros, en ejercicio del medio de control de reparación directa, a efectos que se declare administrativa y extracontractualmente

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por l os señores Rogelio Díaz Jiménez, María de los Ángeles Osorio y Otros, en ejercicio del medio de control de reparación directa, a efectos que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y, a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por los perjuicios materiales y morales causados como consecuencia de la muerte del señor Cesar Fernando Diaz Osorio (q.e.p.d.).

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, pretende la parte demandante, que se condene a las entidades demandadas a pagar la por concepto de reparación integral del perjuicio moral, los siguientes rubros:

Concepto Monto (SMLMV) Destinatario

Daño Moral

100 Sr. Rogelio Díaz Jiménez (padre) 100 Sra. María de los Ángeles Osorio (madre) 50 Nancy Patricia Díaz Osorio (hermana) 50 Omayra del Pilar Díaz Osorio (hermana) 50 Sandra Jeanette Díaz Osorio (hermana)

1 Índice 00014 de SAMAI – Gestión en otros despachos, 003Escrito de Demanda 20221219113958636_compressed.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333003-2022-00281-01

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Concepto Monto (SMLMV) Destinatario

Daño Moral 50 Sara Inés Díaz Osorio (hermana) 50 María Cristina Díaz Osorio (hermana) 50 Olga Lucía Díaz Osorio (hermana) 50 Sidalia Díaz Osorio (hermana)

Daño Moral 50 Sara Inés Díaz Osorio (hermana) 50 María Cristina Díaz Osorio (hermana) 50 Olga Lucía Díaz Osorio (hermana) 50 Sidalia Díaz Osorio (hermana) 50 Lucía Paola Díaz Osorio (hermana) 50 María Eugenia Díaz Osorio (hermana) 50 Blanca Azucena Díaz Osorio (hermana) 50 Néstor Javier Díaz Osorio (hermano) 50 José Julián Díaz Osorio (hermano) 50 Edgar Alonso Díaz Osorio (hermano)

TOTAL 850

Se destacan, del escrito de la demanda, los siguientes hechos relevantes:

1. El 20 de febrero de 2022 el grupo armado ilegal ELN difundió a través de sus redes sociales un panfleto anunciando un paro armado a nivel nacional, que tendría lugar entre los días 23 y 26 de febrero de 2022. Este anuncio fue rápidamente divulgado por medios de comunicación internacionales, nacionales y regionales.

1. El presidente Iván Duque y el entonces Ministro de Defensa, Dr. Diego Molano, desestimaron la gravedad de la amenaza indicando públicamente que, según las agencias de inteligencia del ejército y la policía, los panfletos anunciando el paro armado eran falsos. Esta respuesta evidenció una falla en la prevención por parte de los organismos de inteligencia.

1. El 23 de febrero de 2022 en cumplimiento de su actividad laboral un grupo de campesinos, trabajando bajo la modalidad de tercerización para INVIAS, inició sus labores habituales de limpieza y mantenimiento en la carretera nacional entre San

1. El 23 de febrero de 2022 en cumplimiento de su actividad laboral un grupo de campesinos, trabajando bajo la modalidad de tercerización para INVIAS, inició sus labores habituales de limpieza y mantenimiento en la carretera nacional entre San Gil y Socorro (Santander), retirando basura y objetos entre el pavimento y las propiedades particulares.

1. Aproximadamente a las 8:15 a.m., durante las labores, la cuadrilla recogió una pequeña caja deteriorada , envuelta e n cinta quirúrgica, que parecía basura. Al manipularla, la caja explotó causando graves lesiones a nueve trabajadores, incluyendo a Cesar Fernando Diaz Osorio, quienes desconocían el peligro del objeto.

1. Debido a la gravedad de sus lesiones, Cesar Fernando Diaz Osorio y otros heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos, de urgencia, entre ellos al Hospital Universitario de Santander, en la ciudad de Bucaramanga; centro médico al que fue remitido el señor Cesar Díaz Osorio. A pesar de los esfuerzos médicos, este último falleció el 1 de marzo de 2022.

1. Equipos investigadores integrados por efectivos del cuerpo de la policía nacional acudieron al sitio del atentado solo después de los hechos. En el lugar se encontró una bandera del ELN a pocos metros de donde ocurrió la explosión, confirmando la autoría del grupo armado.Tribunal Administrativo de Santander

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1. El atentado, con el objetivo principal de debilitar al Estado y promover un nuevo

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1. El atentado, con el objetivo principal de debilitar al Estado y promover un nuevo orden político, fue parte de una escalada violenta desatada a raíz del paro armado decretado por el ELN en territorio nacional, resultando en dos personas fallecidas

(entre ellas Cesar Fernando) y siete heridas, algunas de extrema gravedad.

2. Contestaciones de la demanda.

2.1. Del Ejército Nacional.2

Se opuso de manera categórica a las pretensiones de la demanda, en su escrito de defensa manifestó, que el daño reclamado no fue causado por acciones u omisiones endilgables a la entidad. Afirm ó, que la lesión o daño material fue resultado de un artefacto explosivo dejado por un grupo armado al margen de la ley (ELN), específicamente el 23 de febrero de 2022, sumando a la indebida manipulación de este por parte de las víctimas, lo cual se traduce en que el daño acaeció en virtud del hecho de un tercero, así como de una acción a propio riesgo por parte de los afectados . Por lo tanto, sostuvo que el evento se trató de una situación fáctica externa de carácter imprevisible y ajeno al control de la entidad.

Enfatizó que ha cumplido fielmente sus funciones constitucionales y legales actuando siempre dentro de sus facultades para proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la vida de los ciudadanos frente a grupos armados ilegales , y que sus operaciones tienen como objetivo prevenir y evitar actos terroristas . En este contexto, la

siempre dentro de sus facultades para proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la vida de los ciudadanos frente a grupos armados ilegales , y que sus operaciones tienen como objetivo prevenir y evitar actos terroristas . En este contexto, la entidad alegó que no hubo conocimiento previo de la amenaza específica o la presencia del artefacto explosivo que causó el daño, ni solicitud de acompañamiento, apoyo o seguridad por parte de las víctimas; lo que subraya la imprevisibilidad del evento y sostiene el argumento que desestima la afirmación del extremo demandante en lo que respecta a que la omisión de la administración, en este caso del Ejército Nacional, facilitó la perpetración del ataque terrorista donde falleció el señor Carlos Fernando Díaz Osorio.

Se sostuvo que la parte demandante no logró probar el daño, la imputación de este a la entidad, ni el nexo causal con supuestas actuaciones indebidas del Ejército Nacional, recayendo la carga de la prueba sobre el actor.

2.2. De la Policía Nacional.3

A través de apoderado judicial, la entidad se opuso a las pretensiones de la demanda; frente a los hechos esbozados por la parte demandante expuso que no se generó ningún daño antijurídico imputable a la entidad. Destac ó que la información suministrada por los demandantes, especialmente la difundida por medios de comunicación, no debió tomarse como hechos probados sino como apreciaciones subjetivas.

Manifestó que la entidad desconocía amenaza alguna en el sector donde el artefacto explosivo se encontraba. Propuso como medio exceptivo la configuración del «hecho exclusivo y determinante de un tercero», sostuvo que el perjuicio fue producto

Manifestó que la entidad desconocía amenaza alguna en el sector donde el artefacto explosivo se encontraba. Propuso como medio exceptivo la configuración del «hecho exclusivo y determinante de un tercero», sostuvo que el perjuicio fue producto exclusivamente de la acción de un grupo armado ilegal (ELN), que dejó un artefacto explosivo de manera imprevisible y sorpresiva , sumando a la indebida manipulación del artefacto por parte de las víctimas. Siendo este hecho externo, y el carácter indiscriminado del at aque terrorista, las razones que por las cuales se quebró el nexo causal entre la presunta acción u omisión del Estado y el daño.

2 Índice 00014 de SAMAI – Gestión en otros despachos, 015ContestacionDemandaEjercito. 3 Índice 00014 de SAMAI – Gestión en otros despachos, 015ContestacionDemandaEjercito.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333003-2022-00281-01

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En su escrito, la Policía afirmó que el Estado no puede ser un garante absoluto que deba indemnizar todos los perjuicios causados por ataques terroristas de índole indiscriminada, máxime cuando no existían informes de inteligencia previos que indicaran la inminente ocurrencia de los hechos . Sin embargo, propuso en su escrito de defensa, que se actuó con diligencia y prontitud. Teniendo en cuenta la reacción inmediata del cuerpo de policía al momento de ser informados por medio de la estación de policía Pinchote de la ocurrencia de un accidente de tránsito en el sector conocido como «Leche de cabra».

al momento de ser informados por medio de la estación de policía Pinchote de la ocurrencia de un accidente de tránsito en el sector conocido como «Leche de cabra».

Finalmente, la defensa subray ó que corresponde a la parte demandante acreditar los elementos de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado (actuación u omisión del Estado, daño antijurídico y nexo causal), los cuales, según la Policía Nacional, no están demostrados en el expediente. Reiterando que la institución policial cumple su deber constitucional de proteger a los ciudadanos con los medios a su alcance y que no puede ser «omnisciente, omnipresente ni omnipotente » frente a la sorpresa del accionar terrorista, la Policía Nacional solicita la exoneración de responsabilidad.

3. La sentencia apelada.4

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil , mediante providencia de fecha seis (6) de noviembre de dos mil veinti cuatro (2024) negó las pretensiones de la demanda; para lo cual, decidió:

«…PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva del presente asunto.

SEGUNDO: No condenar en costas, conforme a lo señalado en la parte considerativa de este proveído

TERCERO. En firme esta providencia, por conducto de la secretaría, archívese el expediente, previas las constancias de rigor en el sistema SAMAI.»

El a quo negó las pretensiones respecto de la responsabilidad administrativa de las demandadas tras considerar que no se acreditaron los presupuestos para endilgar la falla del servicio alegada. No encontró prueba alguna que comprometiera la responsabilidad de

sistema SAMAI.»

El a quo negó las pretensiones respecto de la responsabilidad administrativa de las demandadas tras considerar que no se acreditaron los presupuestos para endilgar la falla del servicio alegada. No encontró prueba alguna que comprometiera la responsabilidad de las instituciones demandadas. Lo anterior teniendo en cuenta que no se evidenció que las entidades conocieran, de manera previa, la intención de ejecución del atentado; o que hubieran omitido adoptar las medidas de seguridad y protección en favor de l as personas que utilizaban el corredor vial en el que sucedió el atentado. Tornándose así, como un suceso imprevisible e irresistible frente a las capacidades de respuesta defensiva y previsiva de las demandadas.

El Juez de primera instancia, desvirtuó la falla del servicio alegada por los demandantes partiendo de la premisa de que el paro armado propuesto por el ELN para esas fechas (23 a 26 de febrero de 2022) mediante la divulgación de panfletos, se entendía generalizado para todo el territorio colombiano; manifestó que el hecho que esta información circulara no prueba que las demandadas conocieran del hecho generador del daño y que, así las cosas, fueran omisivas en su actuar preventivo . Para sustentar su postura, puso de presente lo dispuesto por el Consejo de Estado en lo que respecta al deber de protección de las autoridades, argumento que es enfático en que este deber no es absoluto, pues la falla en

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el servicio encuentra su límite en los recursos humanos de que disponen las autoridades

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el servicio encuentra su límite en los recursos humanos de que disponen las autoridades para disuadir y garantizar la seguridad e integridad5.

Previo estudio de los presupuestos para que se configure la responsabilidad del estado por riesgo excepcional o en su defecto por daño especial, concluye el a quo que no se vislumbran en el sub lite los elementos constitutivos de cada uno de estos títulos de imputación. En primera medida por no ir encaminado o dirigido el atentado contra instalaciones oficiales, tales como estaciones de policía, cuarteles del Ejército Nacional, centros de comunicaciones al servicio del Estado, oficinas estatales, redes de transporte de combustible, o también contra personajes o blancos selectivos represent ativos del Estado (Riesgo Excepcional), ni haberse generado el hecho dañoso con ocasión a un despliegue, en cumplimiento de un deber legal y en beneficio del interés general, una acción legítima que, a su vez, esta ocasione un perjuicio concreto, grave y especial, que rompe el principio de igualdad ante las cargas públicas (Daño Especial).

El a quo finalizó su razonamiento con el estudio de los elementos que constituyen el hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad, encontrando probados la irresistibilidad del hecho, en cuanto a que de la conducta de las demandadas se desprendió un cumplimiento cabal y oportuno de sus funciones; su imprevisibilidad, pues el atentado se produjo sin que previamente hubiera mediado certeza alguna sobre amenazas, riesgos o intimidación sobre la circulación o tránsito en el corredor vial Bog otá – Bucaramanga, y

se produjo sin que previamente hubiera mediado certeza alguna sobre amenazas, riesgos o intimidación sobre la circulación o tránsito en el corredor vial Bog otá – Bucaramanga, y su exterioridad respecto de las demandadas, pues las autoridades no estuvieron en la capacidad de evitar ese hecho.

4. Recurso de apelación.6

Dentro del término de ejecutoria de la providencia de primera instancia, la parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó, se revoque el fallo de primera instancia y se concedan las pretensiones por existir responsabilidad del Estado. Indicando que se predica el conocimiento por parte de las autoridades Policía Nacional y Ejército Nacional de la amenaza realizada por el Grupo Armado ELN a través de panfletos que circulaban a lo largo del territorio nacional, teniendo en cuenta que inclusive el presidente de la república se manifestó al respecto. Argumentó que si bien las autoridades se limitaron a «venderle a la ciudadanía» el concepto de que las amenazas no eran ciertas, omitieron así la adopción de medidas de seguridad y protección en favor de las personas, no solo de aquellas que transitaban por el corredor vial donde ocurrió el atentado en cuestión (corredor BucaramangaBogotá a la altura del municipio de Pinchote en el sector conocido como «leche de cabra»), sino de todo el territorio nacional.

Por otra parte, indicó, que el Juez de instancia no valoró el contexto general en relación con los atentados que se dieron por parte del ELN (65 en total) en donde, sin lugar a dudas, la escalada de violencia indiscriminada desplegada por este grupo armado tuvo como objetivo principal el debilitamiento del Estado y su infraestructura, en la búsqueda de imponer un

escalada de violencia indiscriminada desplegada por este grupo armado tuvo como objetivo principal el debilitamiento del Estado y su infraestructura, en la búsqueda de imponer un nuevo orden político. De esta manera, no pueden ser tildados de irresistibles tales eventos pues lo que quedó demostrado fue que las demandadas fa ltaron a las obligaciones constitucionales y legales al no tomar las medidas preventivas que inclusive los organismos internacionales de derechos humanos han advertido y exigido al Estado colombiano.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023), radicado 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) 6 Índice 00022 de SAMAI – Gestión en otros despachos, 015ContestacionDemandaEjercito.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333003-2022-00281-01

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Manifestó en su escrito, que, de aceptarse que el Estado no estaba en la capacidad de cubrir el territorio nacional para brindar protección a sus ciudadanos se está ante un estado fallido, que incumple el compromiso de protección de los derechos fundamentales de los asociados, pues es la figura del Estado la que no solo debe abstenerse de violar los derechos humanos, sino que es la obligada a adoptar de medidas necesarias de protección de su comunidad, máxime cuando había una amenaza cierta por parte de un grupo armado. Lo anterior para sostener que la autoridad pública nacional fue inane en el cumplimiento de la satisfacción de los mandatos de garantía del derecho a la vida e integridad de las personas, al no verificar la clara probabilidad de la información obtenida desde días atrás,

Lo anterior para sostener que la autoridad pública nacional fue inane en el cumplimiento de la satisfacción de los mandatos de garantía del derecho a la vida e integridad de las personas, al no verificar la clara probabilidad de la información obtenida desde días atrás, sin valorar el riesgo, ni tomar las medidas razonables de protección acordes a la amenaza ampliamente publicada y corroborada.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

5.1. Del Ejército Nacional.7

En esta oportunidad la entidad reiteró los argumentos esbozados en el escrito de contestación, en lo referente a que lo ocurrido el 23 de febrero de 2022 en el corredor vial comprendido por la vía San Gil SocorroSector Curva de Leche de Cabra obedeció al hecho de un tercero, causal eximente de responsabilidad. Toda vez que el artefacto explosivo que generó el daño fue dejado en el sitio por parte del grupo armado (ELN), situación que es ajena a la institución del Ejército Nacional; manifestando, además, q ue el extremo demandante no logró acreditar que el daño se hubiese producido tras la omisión del Ejercito de adelantar las acciones que contrarrestaran dicha actuación delictual. Al contrario, expone que lo que sí se demostró en el curso del proceso es la constante operación respecto del control realizado por la institución, con el fin de contrarrestar los planes terroristas del citado grupo al margen de la ley.

Recalcó que el atentado se tornó imprevisible e irresistible teniendo en cuenta las capacidades de la institución, por cuanto esta última nunca tuvo conocimiento de las labores desarrolladas por la víctima el día del atentado, de amenaza alguna en contra de la

Recalcó que el atentado se tornó imprevisible e irresistible teniendo en cuenta las capacidades de la institución, por cuanto esta última nunca tuvo conocimiento de las labores desarrolladas por la víctima el día del atentado, de amenaza alguna en contra de la humanidad del señor Díaz Osorio, ni de solicitud que este presentara a la institución con el fin de solicitar protección y o acompañamiento.

Solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda, en la medida que no existió falla en el servicio, por demostrarse un incumplimiento del contenido obligacional por parte de la Entidad Ejército Nacional frente a su deber de vigilancia.

5.2. Policía Nacional.8

La Entidad manifestó que debe exonerarse de su responsabilidad por los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2022 en el corredor vial que conecta el municipio de San Gil con El Socorro, donde resultó herido el señor Cesar Fernando Díaz Osorio tras la explosión de un artefacto explosivo dejado en el lugar por el ELN. Lo anterior atendiendo a que el suceso desfavorable ocurrió en aras del hecho determinante de un tercero (ELN), conducta, a todas luces, ajena a las competencias de la entidad Policía Nacional.

Enfatizó en su escrito que el ataque terrorista fue imprevisible, atendiendo al carácter indiscriminado al que obedeció, razón por la cual no se puede responsabilizar a la Fuerza

7 Índice 00010 de SAMAI. 8 Índice 00009 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333003-2022-00281-01

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7 Índice 00010 de SAMAI. 8 Índice 00009 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333003-2022-00281-01

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Pública. Aún más, considerando que esta agota todos los mecanismos a su alcance para evitar una alteración al orden público, siendo imposible pretender que el Estado sea omnisciente y omnipotente. Por lo tanto, solicita que este despacho tenga en cuenta el contexto de la zona, la capacidad y el alcance de la Fuerza Pública -Policía Nacional-.

Finalmente, expone los presupuestos para que se configure la responsabilidad administrativa, en tratándose de que deben verse probados en el plenario, para endilgar la responsabilidad del Estado, los siguientes elementos, a saber: i) Una falla o falta en la prestación del servicio bien sea por omisión, retardo, irregularidad o ausencia de dicha prestación del servicio; ii) Un daño que implique una lesión a un bien jurídicamente tutelado; iii) Un nexo causal entre el daño y la falta o falla en la prestación del servicio a que la administración está obligada a prestar , situación que en el sub judice no sucedió. Rompiéndose el nexo causal al momento de concurrir la causal exonerativa de responsabilidad denominada Hecho Exclusivo y Determinante de un Tercero ; motivo suficiente para exonerar de la responsabilidad a la Policía Nacional.

6. Concepto Ministerio Público.9

El Ministerio Público, en esta oportunidad pone de presente que s i bien, en el presente caso, las partes comulgan en que lo sucedido el 23 de febrero de 2022 en la vía nacional

6. Concepto Ministerio Público.9

El Ministerio Público, en esta oportunidad pone de presente que s i bien, en el presente caso, las partes comulgan en que lo sucedido el 23 de febrero de 2022 en la vía nacional entre los municipio de San Gil y El Socorro departamento de Santander, obedeció a un acto de terrorismo cuyo objetivo era el de sembrar miedo y zozobra en la población civil a fin de debilitar la institucionalidad del gobierno del entonc es presidente Iván Duque, no se demostró que las autoridades demandadas tuvieran las condiciones reales y concretas para prever que la amenaza llevaba consigo una actividad terrorista en distintos escenarios del territorio nacional y de manera específica que se produciría en el área general de los municipios San Gil, Socorro y Pinchote . Argumento que sostiene la afirmación de que el factor sorpresa imposibilitaba un acción preventiva y defensiva concreta por parte de las autoridades con el fin de contrarrestar los efectos nocivos del actuar delincuencial.

Argumenta que no es posible endilgar la responsabilidad al Estado, bajo el título de falla en el servicio si se tiene en cuenta el estado de alerta constante en el que se encontraba la fuerza pública, constatado en el acuartelamiento de los efectivos de las distintas autoridades y las medidas defensivas y de seguridad en las vías ordenadas por el entonces Ministro de Defensa. Medidas posibles y razonables que lo que buscaban era proteger a la población civil de la amenaza conocida, en tratándose del paro ar mado convocado por el ELN.

Manifiesta también que, el hecho que en el sub lite no sea procedente que el Estado responda administrativamente, tal y como lo pretende el extremo demandante, no implica

ELN.

Manifiesta también que, el hecho que en el sub lite no sea procedente que el Estado responda administrativamente, tal y como lo pretende el extremo demandante, no implica que las víctimas se encuentren desprotegidas. El Estado, en virtud del principio de solidaridad debe auxiliarlas, buscando asegurar la p rotección, garantía y disfrute de los derechos y bienes jurídicos de los asociados contra toda forma de criminalidad y de terrorismo. Lo anterior, para enfatizar en que mediante el Decreto Legislativo 444 de 1993 y las Leyes 104 de 1993, 241 de 1995, 418 de 1997 y 1448 de 2011 se han previsto mecanismos especiales de compensación para proteger a las víctimas de los actos terroristas que revisten las características del estudiado en esta oportunidad. Solicita se confirme la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil.

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II. Consideraciones de la Sala.

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el f allo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera

instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Problema jurídico a resolver.

De acuerdo con los antecedentes , procede la Sala a formular y resolver los siguientes problemas jurídicos, teniendo como premisa que, el extremo demandante busca les sea imputado a las entidades demandadas a título de falla en el servicio por omisión, el fallecimiento de l señor Cesar Fernando Diaz Osorio (q.e.p.d.), para lo cual alegó que, ni el Ejército Nacional ni la Policía Nacional, cumplieron su obligación de salvaguardar su seguridad y vida, bienes jurídicamente tutelados que fueron arrebatados por delincuentes, presuntamente miembros de grupos armados al margen de la Ley.

De esta manera, corresponde dilucidar los siguientes problemas jurídicos:

PJ1. ¿Son responsables la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional del daño consistente en la muerte del señor Cesar Fernando Diaz Osorio (q.e.p.d.)?

Tesis: No.

Fundamento: Del análisis de las pruebas de cara al marco jurisprudencial que se inserta a continuación, logra concluir el Tribunal que, el acto violento que condujo a la muerte del señor Díaz Osorio (q.e.p.d.) era imprevisible e irresistible para el Estado, por haber sido cometido por terceros que no tienen la calidad de agentes estatales, sin que previamente

señor Díaz Osorio (q.e.p.d.) era imprevisible e irresistible para el Estado, por haber sido cometido por terceros que no tienen la calidad de agentes estatales, sin que previamente la víctima directa hubiese advertido encontrarse en peligro y, sin que las circunstancias fácticas del territorio permitieran prever la ocurrencia del mismo o al menos, alterar a la autoridad de la posible ocurrencia de actos como el que cobró la vida de la víctima directa.

PJ2. ¿El ataque terrorista ocurrido el pasado 23 de febrero de 2022 en el corredor vial que conecta los municipios San Gil y Socorro, comportaba una amenaza imprevisible e irresistible a las capacidades y facultades de las autoridades Ejército Nacional y Policí a Nacional?

Tesis: SÍ.

Fundamento: Partiendo de la premisa que el Estado no es un ente omnipresente ni omnipotente y e n atención a la circular difundida por medi os digitales , en ella se manifestaba de manera general que el Grupo Armado Organizado al margen de la Ley, Ejército de Liberación Nacional (ELN) convocaba a paro armado desde los días 23 a 26Tribunal Administrativo de Santander

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de febrero del año 2022 . Sin que mediara en esta manifestación una caracterización expresa de los blancos , fueran personas o instituciones, que serían objetivo de l