TA SAN - Sentencia 68679-33-33-003-2024-00055-01 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 68679333300320240005501

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Luz Edith Cala Rodríguez notificacionesbucaramanga@giraldoabogados.com.co luzedithcalarodriguez@hotmail.com Demandado Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG t_dmgarcia@fiduprevisora.com.co; notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co; procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co; Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Reconocimiento Pensión de Jubilación vinculación anterioridad Ley 812 de 2003

Decide la Sala el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025) , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

I. Antecedentes

1. Demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , la señora Luz Edith Cala Rodríguez instauró demanda ante esta jurisdicción contra la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio formulando las siguientes:

1.1. Pretensiones.

“DECLARACIONES:

Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio formulando las siguientes:

1.1. Pretensiones.

“DECLARACIONES:

«(…) DECLARACIONES:

Declarar la nulidad del Acto ficto presunto, configurado el 13 DE MARZO DE 2024, respecto de la petición radicada el 12 DE DICIEMBRE DE 2023, en cuanto LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO ne gó el reconocimiento y pago de la PENSION DE JUBILACIÓN a mi mandante de conformidad con la ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988.

II. Declarar que el tiempo servido como docente por mi mandante bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o provisionalidades , son válidos para efectos pensionales.

II. Declarar que mi poderdante tiene derecho a que la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, le reconozca y pague la PENSIÓN DE

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JUBILACIÓN de conformidad con la ley 33 de 1985 o con la ley 71 de 1988, aplicando la normativa que más le favorezca.

A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

IV. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a

A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

IV. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a que reconozca y pague la PENSION DE JUBILACIÓN a mi mandante de conformidad con la ley 33 de 1985 o con la ley 71 de 1988, aplicando la normativa que más le favorezca, en forma retroactiva desde la fecha de cumplimiento de los requisitos y hasta que perduren las causas que dan origen a la prestación, incluyendo todas las mesadas ordinarias y adicionales, con los reajustes para cada año como lo ordena la Ley y la Constitución Política de Colombia, mesada pensional equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, conforme a ley 62/85 y normas complementarias. Ordenar que sobre el importe de cada mesada pensional reconocida se ajuste el valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo, por tratarse de sumas de tracto sucesivo, y demás emolumentos tomando como base la variación del índice de precios al consumidor.

V. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a que reconozca y pague la PENSION DE JUBILACIÓN a mi mandante, sin necesidad de acreditar el retiro de servicio, en compatibilidad con el salario de docencia oficial de conformidad con la ley 4 de 1992.

VI. Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar los intereses de

docencia oficial de conformidad con la ley 4 de 1992.

VI. Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar los intereses de mora del retroactivo generado por mesadas pensionales dejadas de pagar, desde la fecha de causación de la pensión y hasta el día de pago efectivo de la misma, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

VII. Ordenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, que proceda a incluir en la nómina mensual de pensionados, la mesada pensional reconocida a favor de mi poderdante.

VIII. Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a que dé cumplimiento en lo que corresponda al fallo, en los términos del artículo 192 y 195 de la Ley 1437 del 2011 C.P.A.C.A.

IX. Condenar en Costas a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en los términos del artículo 188 del C.P.A.C.A., en lo que le corresponda.»

1.2. Hechos.

Se presentan a continuación los hechos relevantes que expone la parte actora como sustento de sus pretensiones:

• La señora Luz Edith Cala Rodríguez nació el día 06 de octubre de 1968 por lo que en la actualidad cuenta con más de 55 años.

• Suscribió ordenes de prestación de servicios con el Departamento de Santander

• La señora Luz Edith Cala Rodríguez nació el día 06 de octubre de 1968 por lo que en la actualidad cuenta con más de 55 años.

• Suscribió ordenes de prestación de servicios con el Departamento de Santander - Secretaría de Santander, durante los siguientes periodos:Tribunal Administrativo de Santander

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Del 10 de septiembre de 1998 al 17 de noviembre de 1998 Del 24 de noviembre de 2003 a 19 de diciembre de 2003

• Prestó sus servicios como docente en provisionalidad en el Departamento de Santander en el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2009 y el 05 de julio de 2010.

• Se vinculó como docente en propiedad al servicio del Departamento de Santander desde 20 de septiembre de 2010 cargo que desempeña a la fecha de presentación de la demanda.

• Refiere que realizó aportes a Colpensiones, equivalentes a 336 semanas cotizadas.

• Adujo que al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003, contaba ya con 68 días vinculada al servicio docente por lo que le es aplicable el régimen anterior a dicha ley por remisión de la ley 812 de 2003 y por ende le asiste derecho al reconocimiento de una pe nsión de jubilación conforme lo establecido en la ley 91/89 que remite a la ley 33/85 o ley 71/88 aplicando la normativa más favorable.

• Acorde con lo anterior, al cumplir los 55 años de edad y los 20 años de servicio

91/89 que remite a la ley 33/85 o ley 71/88 aplicando la normativa más favorable.

• Acorde con lo anterior, al cumplir los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial, el 12 de diciembre de 2023 con radicado 20230214978, presentó ante la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento de una pensión ordinaria de jubilación a partir del 06 de octubre de 2023, fecha en la que completó el status jurídico de pensionada.

• La entidad demandada no dio respuesta configurándose el silencio administrativo negativo.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitución Nacional arts: 1,2,4, 6, 13, 25,29, 48,53, 58 y 243

Acto legislativo 01 de 2005. Ley 33 de 1985, Artículo 1. Ley 71 de 1978, Articulo 7. Ley 91 de 1989, Artículo 2, 15. Ley 60 de 1993, Artículo 6. Ley 115 de 1993, Artículo 115. Ley 100 de 1993, Artículo 141 y 279. Ley 812 de 2003, Artículo 81. Decreto 3752 de 2003 Artículos 1 y 2. Decreto 1848/69 Decreto 2921/48 Demás normas concordantes y complementarias.

Realizó un recuento cronológico de las normas aplicables a los docentes nacionalizados en la pensión ordinaria de jubilación señalando que a los docentes

Decreto 2921/48 Demás normas concordantes y complementarias.

Realizó un recuento cronológico de las normas aplicables a los docentes nacionalizados en la pensión ordinaria de jubilación señalando que a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores públicosTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado. 68679333300320240005501

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regulares, o si se trataba de docentes que tenían aportes al sector privado la ley 71 de 1988 para la pensión por aportes.

Señaló que para los servidores públicos docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el reconocimiento se efectúa de conformidad con el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes: Para aquellos maestros vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se les reconocerá una pensión de jubilación bajo el régimen general pensional del sector público establecido en las normas vigentes y que régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial al 23 de junio de 2003, es el establecido para el magisterio en las normas vigentes antes de la entrada en vigencia la Ley 812 de 2003.

Expresó, que, al sumar el tiempo de servicio de la demandante al I.S.S. hoy Colpensiones y el tiempo de servicios nombrada y posesionada como docente oficial, se establece que cumple con el requisito establecido en el art. 7 de la ley 71 de 1988,

Colpensiones y el tiempo de servicios nombrada y posesionada como docente oficial, se establece que cumple con el requisito establecido en el art. 7 de la ley 71 de 1988, esto es 20 años de aportes al sistema de seguridad social, por lo que es procedente el reconocimiento pensional solicitado, necesidad de acreditar el retiro de servicio toda vez que existe compatibilidad con el salario de docencia oficial de conformidad con la ley 4 de 1992.

2. Contestación de la Demanda2.

La parte demandada Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se opuso a las pretensiones de la demanda señalando que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos que justifiquen la nulidad del acto ficto ni el reconocimiento de pensión de jubilación, dado que la demandante no cumple los requisitos exigidos por la ley.

Hizo referencia al régimen pensional aplicable a los docentes, precisando que conforme al Acto Legislativo 01 de 2005 y la Ley 812 de 2003 existen dos regímenes: el de la Ley 33 de 1985 para quienes se vincularon antes de 2003 y el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993 para quienes lo hicieron después . Adujo que la demandante fue nombrada en 2010, por lo que su situación se rige por el régimen de prima media puesto que no es beneficiaria del régimen de transición.

Con apoyo en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 y en jurisprudencia posterior (C -258 de 2013, C -816 de 2011, entre otras), la defensa sost uvo que, en todo caso, solo podrían incluirse en el ingreso base de

2018 y en jurisprudencia posterior (C -258 de 2013, C -816 de 2011, entre otras), la defensa sost uvo que, en todo caso, solo podrían incluirse en el ingreso base de liquidación los factores sobre los cuales se realizaron cotizaciones, conforme al principio de solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema.

Planteó como excepciones las de la inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, prescripción de mesadas pensionales conforme al artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, compensación, buena fe institucional e improcedencia de condena en costas objetivas.

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3. La sentencia apelada.3

Mediante sentencia del dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil , resolvió NEGAR las pretensiones de la demanda expresando que, conforme a lo probado en el proceso, la demandante «(…) sumaría 94 días de vinculación laboral antes del 26 de junio de 2003, Luz Edith Cala Rodríguez tenía aproximadamente 13.43 semanas cotizadas a pensión a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Siendo claro que, a partir de esos tiempos, tampoco es beneficiaria del régimen especial aplicable a los docentes oficiales con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2002, al

partir de esos tiempos, tampoco es beneficiaria del régimen especial aplicable a los docentes oficiales con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2002, al no tratarse de vinculaciones en la docencia oficial. Por ello, no es posible que se le reconozca una pensión por aportes, lo que conlleva a que se nieguen las pretensiones de la demanda.»

De otro lado agregó que en este caso la demandante tampoco es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y como quiera que su vinculación a la docencia oficial se produjo el 01 de agosto de 2009 en provisionalidad y en propiedad a partir del 20 de septiembre de 2010 no es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988 pues la misma fue establecida para los docentes oficiales que, sin tener 20 años de servicio en el sector público, buscan completar ese tiempo con servicios prestados en el sector privado o público, siempre que su vinculación oficial sea anterior a la Ley 812 de 2003 lo cual no ocurrió en el asunto bajo estudio.

4. El recurso de apelación4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia argumentando que la misma incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al desconocer el contrato de prestación de servicios No. 1698 de 1998, en el que se acreditó que la señora Cala Rodríguez ejerció labores docentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en la Escuela Rural Llano Grande, bajo subordinación y dependencia funcional. Sostuvo que el mencionado contrato fue decretado como prueba sin embargo el a quo omitió su valoración sobre

antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en la Escuela Rural Llano Grande, bajo subordinación y dependencia funcional. Sostuvo que el mencionado contrato fue decretado como prueba sin embargo el a quo omitió su valoración sobre vínculos laborales encubiertos, contraviniendo la jurisprudencia constitucional (T-190 de 2018) y contenciosa (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de febrero de 2022).

De la misma manera expuso que la sentencia impugnada desconoce la línea de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, especialmente la Sentencia CESUJ2 No. 5 del 25 de agosto de 2016, que estableció la obligación de reconocer efectos laborales y pensionales a los docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, por configurarse una relación laboral subordinada. Reiter ó que la demandante cumplió funciones propias de una docente oficial y que, conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, los tiempos laborados deben ser computados para efectos pensionales y en tal virtud ha de revocarse la decisión apelada y disponer el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada.

3 Índice SAMAI 00017 Gestión otros despachos 4 Índice 00020 SAMAI. Gestión otros despachosTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado. 68679333300320240005501

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5. Trámite de segunda instancia.

Por auto de fecha 18 de septiembre de 2025 5 se admitió el recurso de apelación, indicando a las partes que dentro del término de ejecutoria podrían pronunciarse

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5. Trámite de segunda instancia.

Por auto de fecha 18 de septiembre de 2025 5 se admitió el recurso de apelación, indicando a las partes que dentro del término de ejecutoria podrían pronunciarse sobre el recurso interpuesto, sin embargo, la partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. Consideraciones de la Sala.

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir sentencia de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Problema Jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, corresponde a esta Sala determinar si,

PJ1. ¿La demandante es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 en atención a la vinculación al servicio de la docencia oficial través de contrato de prestación de servicios, suscrito con el Departamento de Santander con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma?

PJ2. En caso de determinarse la aplicación del régimen anterior, deberá la Sala analizar ¿si la señora Luz Edith Cala Rodríguez tiene derecho a que la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

PJ2. En caso de determinarse la aplicación del régimen anterior, deberá la Sala analizar ¿si la señora Luz Edith Cala Rodríguez tiene derecho a que la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la Ley 71 de 1988?.

3. Marco Normativo y Jurisprudencial

3.1. Régimen pensional de los docentes

La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta del presupuesto Nacional, que se encargaría del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los docentes vinculados al momento de su expedición y de los vinculados a partir del 1° de enero de 1990. Así mismo, el artículo 15 de la mencionada ley dispuso que los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, como son los Decretos Nos. 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o los que se expidan a futuro; manteniendo a los docentes nacionalizados

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vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el régimen pensional vigente que tenían en su respectiva entidad territorial.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 812 de 2003 se definió el régimen

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vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el régimen pensional vigente que tenían en su respectiva entidad territorial.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 812 de 2003 se definió el régimen pensional aplicable al personal docente estatal, en los siguientes términos i) los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que están vinculados al servicio público educativo oficial al momento de entrar en vigencia la ley (27 de junio de 2003), su régimen pensional es el establecido por las normas que los regían para esa fecha (como las Leyes 33 y 62 de 1985) y, ii) el régimen pensional de los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812/03 es el de prima media establecido en la Ley 100 de 1993, Decreto 1158 de 1994 y la Ley 797 de 2003, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

Lo expuesto fue reiterado en el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 “por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”.

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de su aplicación a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por ello, es sólo hasta la vigencia de la Ley 812 de 2003 que resulta aplicable a los docentes oficiales las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y, por ello, también, la aplicación de las normas anteriores a esta última se hace en virtud de la remisión que hace la Ley 91 de 1989 y la Ley 812 de 2003 y no del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de

anteriores a esta última se hace en virtud de la remisión que hace la Ley 91 de 1989 y la Ley 812 de 2003 y no del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ -014CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, reiteró que los regímenes pensionales que regulan la pensión de jubilación para docentes vinculados al servicio público oficial son los siguientes:

• Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

• Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de liquidación del monto de la mesada pensional.

• El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de 1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985. (…)

• Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos

• Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de l a edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.Tribunal Administrativo de Santander

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3.2. De los servicios docentes prestados mediante contrato de prestación de servicios - Contabilización para efectos de cotización a pensión.

Al respecto la jurisprudencia del H. Consejo de Estado6 ha definido la procedencia de contabilizar el tiempo de servicio de los docentes vinculados a través de contratos de prestación de servicios para efectos pensionales. Ello, en atención a la naturaleza de la actividad docente, que en el caso del personal vinculado a través de contratos tiene la misma vocación de permanencia y semejanza material de su desempeño respecto a los demás maestros y profesores. Así se pronunció el alto Tribunal:

“(…) la línea jurisprudencial definida por la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 20167 según la cual la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el

educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la r ealidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.”

“Ahora bien, la Sala advierte que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos escenarios con connotaciones diferentes: (i). La primera, cuando se pretende la declaración de existencia de contrato realidad con todas sus connotaciones laborales y prestacionales, en este caso, debe darse previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la entidad ter ritorial con la cual se suscribieron los contratos a efectos de garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así mismo el total cumplimiento de la sentencia.

“(ii).- La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, escenario en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión. Esto

prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, escenario en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación de tiempos de servi cio con la posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a cuyo cargo esté el

6 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A, consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020). Radicación número: 54001 -23-33-000-2014-00106-01(015615), Actor: CARMEN CECILIA MATAMOROS RINCÓN, Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 7 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado. 68679333300320240005501

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23001233300020130026001 (00882015).Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado. 68679333300320240005501

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reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.” (Negrilla fuera de texto)

En las anteriores condiciones, al hallarse la situación de la demandante en el segundo escenario, la Sala acoge los criterios jurisprudenciales concluyendo que el tiempo de servicios docentes prestados mediante contrato de prestación de servicios debe ser atendido para efectos pensionales sin que la interrupción en los periodos de vinculación contractual sea óbice para desconocer los periodos al servicio del magisterio y, por ende, determinar el régimen pensional aplicable.8

3.3. De la pensión por aportes.

En los eventos en que los docentes no hayan estado vinculados al servicio oficial docente durante toda su vida laboral, sino que hayan prestado sus servicios en entidades públicas y privadas, realizando sus aportes a pensión al ISS hoy Colpensiones, la norma aplicable es la Ley 71 de 1988.

Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A9 en sentencia del 31 de agosto de 2023, consideró:

“La Ley 71 de 1988 creó la “pensión de jubilación por aportes”, concebida como un respaldo para que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo laborado como empleados públicos y privados pudieran

“La Ley 71 de 1988 creó la “pensión de jubilación por aportes”, concebida como un respaldo para que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo laborado como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de jubilación sum ando tiempos del uno y otro, ya que las normas que se habían expedido con antelación regulaban en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores. Así, esta se obtiene sumando los tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado, con la condición de que en el primer caso se hubieren efectuado aportes y, en el segundo, realizado cotizaciones”

Adicionalmente, el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, dispuso:

“ARTICULO 7o. A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden na cional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en