TA SAN - Sentencia 686793333001-2015-00299-01 (06-11-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTES: 68679333300120150029901

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JAVIER RICARDO MEJIA CASTELLANOS

Alfonsorivera2012@hotmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE SAN GIL

notificacionesjudiciales@sangil.gov.co juridica@sangil.gov.co

JAIME HUMBERTO SANTOS SANCHEZ

foinsep@hotmail.com coronco2009@hotmail.com

MINISTERIO PUBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 308

TEMA: FUERO DE ATRACCIÓN - DEBER ADMINISTRACION

VIGILANCIA Y CONTROL OBRAS – Otros

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, que declaró probada la excepción de caducidad, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

El señor Jaime Humberto Santos Sánchez dio inicio a los trámites requeridos para

1. Antecedentes

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

El señor Jaime Humberto Santos Sánchez dio inicio a los trámites requeridos para obtener la respectiva aprobación y expedición de la licencia de construcción de un

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edificio, ubicado en la calle 14 No. 4 impar, lote No. 7 del Barrio San Carlos del Municipio de San Gil . Dicha licencia, fue aprobada mediante la Resolución No. 686792011-390 del 15 de diciembre de 2011.

Según la demanda, dicha resolución fue aprobada por la Administración sin observar las disposiciones técnicas relacionadas con las dimensiones de los parqueaderos, su acceso y rampas, filtraciones y la norma de sismo resistencia - SNR de 2010. A manera de ejemplo, señaló que la norma NSR de 2010 exige que los portones de acceso midan 3.5 metros, sin embargo, estos se construyeron de 2.35 metros y de 2.27 metros.

El señor Javier Ricardo Mejía Castellanos compró un inmueble en el referido edificio, mediante escritura pública No. 2618 del 16 de noviembre de 2013. Señaló que ha tenido múltiples inconvenientes, dad o el incumplimiento normativo. Precisó que la entidad demandada no realizó el control de la aplicación de los estudios técnicos por

tenido múltiples inconvenientes, dad o el incumplimiento normativo. Precisó que la entidad demandada no realizó el control de la aplicación de los estudios técnicos por parte del constructor, como estudios de suelo, respecto de los diseños de estructuras hidráulicas en la cimentación, entre otros.

Finalmente, indicó que la caducidad de la acción operó respecto del permiso que se concedió para realizar el proyecto, mas no de la estructura que se autoriza, pues debe ser construida y garantizada para que tenga y cumpla con su función social, en un periodo no menor de 50 años de vida útil.

1.1.2. Las pretensiones2

Con las demandas se solicitó:

«1.- La indemnización de PERJUICIOS MATERIALES y MORALES que se colige de los hechos antes descritos, que las partes CONVOCADAS, son responsables de REPARAR y CANCELAR LOS DAÑOS MATERIALES Y MORALES, y los derechos de uso y goce de la cosa, que pesan sobre los parqueaderos y reparación o mitigación de la filtración presente en el sótano del Edificio Silvia Cristina , que compró mi defendida en este predio, porque dicho daño se crea al aprobar este proyecto sin el lleno de requisitos en Diciembre de 2011, afectando de manera considerable el patrimonio de la aquí compradora de buena fe, en razón a la OMISIÓN de la aplicación

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de la norma por parte de la Administración en cabeza de la S ecretaría de Planeación

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de la norma por parte de la Administración en cabeza de la S ecretaría de Planeación Municipal, daño que busca ser resarcido mediante éste proceso administrativo en

DEMANDA DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (…)».

1.1.3. Fundamento de derecho

Invocó los arts. 61 y 93 de la Constitución Política ; los arts. 175, 252 del CPC; el art. 16 de la Ley 446 ; los arts. 30, 72 y siguientes de la Ley 23 de 1982, y los arts. 140, 161, 162 y siguientes del CPACA.

1.2. Contestación de la demanda

La parte demandada, Municipio de San Gil 3, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda . Para el efecto, adujo que la licencia de construcción goza de plena legalidad. Agregó que el señor Jaime Humberto Santos Sánchez, al ser el constructor del inmueble , es el llamado a responder por los vicios ocultos del inmueble.

Igualmente, se opuso al reconocimiento de los perjuicios materiales, teniendo en cuenta que no hay relación entre el daño ocasionado y la actuación de la Administración, pues si existe un defecto en la cosa comprada, el vendedor es quien debe responder. Además, manifestó su oposición respecto del reconocimiento de los perjuicios morales, al señalar que no existe nexo causal entre el daño alegado y la actuación de la administración.

Precisó la idoneidad del personal de la secretaria de planeación municipal, así como los documentos del proyecto de construcción del edificio Silvia Cristina, contaban con

actuación de la administración.

Precisó la idoneidad del personal de la secretaria de planeación municipal, así como los documentos del proyecto de construcción del edificio Silvia Cristina, contaban con las especificaciones técnicas y , por ende, se profirió la respectiva licencia de construcción.

Afirmó que realizó el seguimiento a la construcción y en el tiempo debido realizó observaciones y llamados de atención al constructor. Asimismo, aseveró que los daños alegados son responsabili dad del constructor , por tratarse de elementos de responsabilidad civil contractual entre los constructores y promotores.

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Finalmente, propuso las siguientes excepciones: «ausencia de demostración del nexo de causalidad con el daño que permita imputarle re sponsabilidad al demandado», «falta de supuestos sustanciales para la procedencia de la acción», «hecho exclusivo y determinante de un tercero», «falta de legitimidad en la causa por pasiva», «caducidad de la acción» y «falta de competencia».

La parte demandada, Jaime Humberto Sánchez, no hizo uso de esta procesal.

1.2.1. La sentencia apelada4

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil declaró probada de oficio la excepción de caducidad y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

Para sustentar la decisión, el a quo sostuvo, en primer lugar, que la demanda persiguió

oficio la excepción de caducidad y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

Para sustentar la decisión, el a quo sostuvo, en primer lugar, que la demanda persiguió cuestionar la legalidad de la Resolución No. 686792011 -390 del 15 de diciembre de 2011, mediante la cual se aprobó y se expidió la licencia para la construcción de la edificación multifamiliar . D e manera concreta, se cuestionó el incumplimiento de la normativa relacionada con la dimensión del ancho de los portones, de la pendiente de la rampa de acceso vehicular al edificio, de las normas sismorresistentes y el PBOT.

En segundo lugar, dijo que la parte actora reprochó las filtraciones del sótano del edificio, quien alegó que la secretaría de planeación del Municipio de San Gil omitió su deber se exigirle al constructor la presentación de los documentos técnicos correspondientes.

Precisó que debió intentarse e l me dio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o de simple nulidad ; sin embargo, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, dio continuidad al medio de control de reparación directa.

En ese sentido, analizó la pretensión de la demanda e indicó que, cualquier persona que consider e que la actuación legal de la administración al expedir el acto

4 Documento al No. 068 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia segunda instancia Demandante: Javier Ricardo Mejía Castellanos Demandado: Municipio de San Gil y otro Radicado: 686793333001-2015-00299-01

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administrativo causó algún daño, cuenta con dos años desde la expedición de la

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administrativo causó algún daño, cuenta con dos años desde la expedición de la licencia, esto es, hasta el 16 de diciembre de 2013, para buscar el resarcimiento de los perjuicios.

Puntualizó que el demandante adquirió el predio el 16 de noviembre de 2013 y que únicamente a partir de dicha fecha pudo advertir la afectación, momento en el cual tomó posesión del bien y constató los defectos existentes. No obstante, consideró que tal circunstancia no implica que el término de caducidad se compute desde esa fecha.

Agregó que las reclamaciones formuladas por la parte demandante no pueden ser atendidas, toda vez que, además de haberse configurado la caducidad de la acción, los hechos daños os cuya imputación se pretende corresponden al ámbito de responsabilidad del constructor o del garante de la edificación.

En consecuencia, sostuvo que tales controversias debieron ventilarse mediante los mecanismos propios del derecho privado, como la acción de protección al consumidor o la acción contractual contra el vendedor, materias que desbordan la competencia de esta jurisdicción, habida cuenta de que el Municipio de San Gil no tuvo injerencia alguna en el negocio jurídico celebrado.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante 5 se opuso a la decisión de la primera instancia, al señalar , contrario a lo expuesto por el a quo, que la pretensión de la demanda no corresponde a la legalidad de la expedición de la licencia de construcción, sino a la indemnización

La parte demandante 5 se opuso a la decisión de la primera instancia, al señalar , contrario a lo expuesto por el a quo, que la pretensión de la demanda no corresponde a la legalidad de la expedición de la licencia de construcción, sino a la indemnización de los daños derivados de la imposibilidad de usar y gozar el parqueadero del edificio Silvia Cristina, por el no cumplimiento de la función pública de control de la entidad demandada, daño que se produjo desde la fecha en que se le hizo entrega al demandante.

Explicó que el daño cuya reparación se reclama es independiente de la fecha de expedición de la Resolución No. 68679 -2011-390 del 15 de diciembre de 2011. Sostuvo, ade más, que si la entidad demandada hubiese efectuado una revisión

5 Documento al No. 021 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia segunda instancia Demandante: Javier Ricardo Mejía Castellanos Demandado: Municipio de San Gil y otro Radicado: 686793333001-2015-00299-01

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adecuada de los estudios, planos y diseños presentados, no habría aprobado la respectiva licencia de construcción, incurriendo así en una omisión en el acompañamiento y control del proceso constructivo.

Agregó que , el demandante solo tuvo conocimiento desde la fecha en que le fue entregado el apartamento, es decir, desde el 13 de noviembre de 2013, fecha a partir de la cual conoció la omisión de la entidad demandada.

Finalmente, reiteró que al Municipio de San Gil le asistía la obligación de vigilar y sancionar los defectos técnicos y yerros por parte del constructor. Además, consideró

de la cual conoció la omisión de la entidad demandada.

Finalmente, reiteró que al Municipio de San Gil le asistía la obligación de vigilar y sancionar los defectos técnicos y yerros por parte del constructor. Además, consideró que, pese a que se indicó que operó el fenómeno de la caducidad, el a quo se pronunció sobre el fondo del asunto, al señalar que no era la autoridad administrativa la llamada a responder por el daño alegado.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 21 de junio de 2024 6, se admitió el recurso de apelación de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021. Finalmente, el 12 de julio de 2024, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

La parte demandada, Municipio de San Gil, no hizo uso de esta etapa procesal.

La parte demandada, Jaime Humberto Sánchez, no hizo uso de esta etapa procesal.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

6 Documento al No. 005 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia segunda instancia Demandante: Javier Ricardo Mejía Castellanos Demandado: Municipio de San Gil y otro Radicado: 686793333001-2015-00299-01

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa – Fuero de atracción

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa – Fuero de atracción

La demanda se encuentra dirigida en contra del Municipio de San Gil y del señor Jaime Humberto Santos Sánchez, quien fue la persona que solicitó la licencia de construcción y llevó a cabo la construcción de edificio «Edificio Silvia Cristina» , inmueble sobre el que se reclama el daño alegado por la parte demandante.

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado 7 ha señalado que resulta procedente el fuero de atracción por un daño causado a la propiedad, posesión o tenencia, cuando se alega la responsabilidad de quien lo construyó. En un caso con similares supuestos facticos, analizó su responsabilidad del constructor, así:

«La Sala confirmará la tesis del tribunal de primera instancia según la cual la sociedad constructora Construhabitar edificio calle 137, quebrantó las normas urbanísticas consagradas en la Ley 810 de 2013, porque se encuentra probado que la Sociedad demandada extralimitó los parámetros dados en la licencia de construcción LC 09 -4-0-143, pues se evidenció que se hicieron modificaciones estructurales, arquitectónicas y se excedió la altura permitida en pisos. Lo anterior a todas luces constituye una infracción urbanística por desconocer la referida licencia de construcción (Licencia de construcción LC 09 -4-0-143, Resolución 563 de 2010, dictamen pericial, párrafos 72, 86, 98, 99).

Por otro lado, se encuentra acreditado q ue el bien del demandante antes de iniciar

dictamen pericial, párrafos 72, 86, 98, 99).

Por otro lado, se encuentra acreditado q ue el bien del demandante antes de iniciar la construcción aledaña se encontraba en buen estado (acta del 26 de febrero de 2009, párrafo 74) y pese a que el actor informó y se quejó de la afectación de su inmueble (quejas del 29 de septiembre, 7 y de octubre de 2009, p. 76) la obra no se suspendió ni se adecuó a la licencia. Lo anterior causó la grave afectación de la estructura del bien del demandante (acta de vecindad, Resolución 563 del 21 de junio de 2010 y diagnósticos técnicos DI 4458 del 4 de marzo d e 2010, DI 4513 del 26 de abril de 2010 y DI 5386 del 17 de noviembre de 2010, párrafos 74, 86, 81, 82 y 87).

Así las cosas, se encuentra probado que la constructora Construhabitar Edificio 137 SAS infringió las condiciones establecidas por la licencia de construcción, lo que implica la infracción a las normas urbanísticas y que esta transgresión causó, por acción, el daño al inmueble de los demandantes. Finalmente, es relevante señalar que la responsabilidad de la Constructora fue establecida en primera instancia y la

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 25000-23-36-000-2012-00214-01 (59479) del 5 de octubre de 2020.Reparación Directa Sentencia segunda instancia Demandante: Javier Ricardo Mejía Castellanos Demandado: Municipio de San Gil y otro

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sociedad no apeló tal decisión pese a ser la responsable directa y principal de los daños irrogados».

Teniendo presente lo anterior, y en atención a que resulta procedente el análisis de responsabilidad del constructor por el fuero de atracción, continuará la Sala con su estudio.

2.2. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunale s Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente con troversia en segunda instancia

2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación8, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿Operó el fenómeno de la caducidad del presente medio de control?

P.J. 02: ¿ Los demandados son administrativa y extracontractualmente responsables por la afectación sobre los parqueaderos y las filtraciones en el

P.J. 01: ¿Operó el fenómeno de la caducidad del presente medio de control?

P.J. 02: ¿ Los demandados son administrativa y extracontractualmente responsables por la afectación sobre los parqueaderos y las filtraciones en el sótano del Edificio Silvia Cristina ubicado en el municipio de San Gil o, por el

8 Art. 328 del CGP.Reparación Directa Sentencia segunda instancia Demandante: Javier Ricardo Mejía Castellanos Demandado: Municipio de San Gil y otro Radicado: 686793333001-2015-00299-01

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contrario, debe revocarse la sentencia de primera in stancia y denegarse las pretensiones de la demanda al no encontrarse acreditado el daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad estatal?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo, en el que se estudiará la responsabilidad de los municipios por las funciones de control y vigilancia de las construcciones urbanísticas y, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. Responsabilidad de los municipios por las funciones de control y vigilancia de las construcciones urbanísticas9

Tal y como lo ha sostenido el H. Consejo de Estado10, las atribuciones de inspección, vigilancia y control –como expresiones típicas del derecho administrativo sancionador– son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, de un derecho correccional propio de la intervención del Estado en el mercado, para preservar el

vigilancia y control –como expresiones típicas del derecho administrativo sancionador– son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, de un derecho correccional propio de la intervención del Estado en el mercado, para preservar el interés general, racionalizar la economía a través de seguimientos ocasionales, fiscalizaciones permanentes e incluso orden de adoptar correctivos (art. 334 de la Constitución Nacional -en adelante, CN-).

Por ello, la conducta del tercero vigilado no es, en p rincipio, extraña al Estado por el deber de vigilancia que le impone el ordenamiento. Sin embargo, no puede por vía general imputársele al Estado las consecuencias nocivas de las conductas de sus vigilados, sin tener en cuenta las condiciones materiales qu e se necesitan para el ejercicio de estas competencias.

El artículo 311 de la C arta prevé que el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, encargada de prestar los servicios públicos que determine la ley, construir obras para el progreso social, disponer el ordenamiento

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero ponente: William Barrera Muñoz, Rad. 05001-23-33-000-2013-01136-01 (63696), de fecha 23 de agosto de 2024. 10 Ibidem.Reparación Directa Sentencia segunda instancia Demandante: Javier Ricardo Mejía Castellanos Demandado: Municipio de San Gil y otro Radicado: 686793333001-2015-00299-01

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de su territorio, promover la participación comunitaria y el progreso social y cultural de sus habitantes.

En consonancia con esa atribución, el concejo municipal, corporación pública

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de su territorio, promover la participación comunitaria y el progreso social y cultural de sus habitantes.

En consonancia con esa atribución, el concejo municipal, corporación pública colegiada deliberante del orden municipal, tiene la atribución de reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites de la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Por su part e, el Decreto Ley 2150 de 1995 definió la licencia de urbanismo y construcción como el acto que autoriza la adecuación de terrenos o la realización de obras (art. 55), de conformidad con el plan de ordenamiento físico para el uso adecuado del suelo dentro de la jurisdicción de cada municipio (art. 49). El titular de la licencia debe cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que de ella se deriven, y es responsable de los perjuicios que cause a terceros con la ejecución de las obras (art. 60). En armonía con este precepto, el artículo 61 prescribió que los alcaldes tienen la función de vigilancia y control de las obligaciones impuestas en la licencia durante la ejecución de las obras. Este control se amplió a la fase posterior de la obra (Decreto 1469 de 2010).

En virtud de lo señalado en el artículo 103 de la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 de 2003 y conforme al artículo 63 del Decreto 1469 de 2010, vigente para la época de los hechos, los municipios son responsables de vigilar y controlar las obras urbanísticas durante su ejecución. Ante el incumplimiento acreditado de esta función,

época de los hechos, los municipios son responsables de vigilar y controlar las obras urbanísticas durante su ejecución. Ante el incumplimiento acreditado de esta función, se podrán activar distintos regímenes de responsabilidad, pero bajo la acreditación de las exigencias propias de cada uno de ellos (disciplinario, f iscal, penal, civil patrimonial).

Para que se configure uno de cualquiera de estos tipos de responsabilidad, es necesario que la entidad hubiera conocido o debiera tener conocimiento de la infracción de la norma urbanística que causó el daño y que se abs tuviera de adoptar medidas señaladas en la ley.

En la verificación de una exigencia como la antes referida, la jurisprudencia ha resaltado que, pese a que una entidad pública cuente con las facultades de inspecciónReparación Directa Sentencia segunda instancia Demandante: Javier Ricardo Mejía Castellanos Demandado: Municipio de San Gil y otro Radicado: 686793333001-2015-00299-01

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y control sobre la construcción de vivi endas urbanas, resulta una exigencia de imposible realización que en todos los lugares donde se están realizando obras de vivienda medie una acción efectiva de inspección y control; por ello debe mediar prueba del deber omitido o imperfectamente ejecutado, que pasa por demostrar la existencia de una solicitud de intervención del Estado por parte del interesado. En el ámbito de la responsabilidad del Estado, atribuir a las administraciones municipales y distritales una obligación de verificar todas las posibles infracciones urbanísticas que pudieren presentarse en todas las obras que se ejecutan en su ámbito de competencia, sería convertir al Estado en una suerte de asegurador universal.

distritales una obligación de verificar todas las posibles infracciones urbanísticas que pudieren presentarse en todas las obras que se ejecutan en su ámbito de competencia, sería convertir al Estado en una suerte de asegurador universal.

En ese sentido, el alto tribunal ha sostenido:

«Tratándose, entonces, de la responsabilidad del Estado por omisión, la jurisprudencia ha establecido que el juez debe determinar si están acreditados los siguientes elementos: (i) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada, de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; (ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de los que disponía la entidad para el adecuado cumplimiento del deber legal –conforme a las circunstancias del caso –; (iii) un daño antijurídico y (iv) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a este último elemento, esta Sección ha indicado que lo decisivo no es la existencia efectiva de la relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal, impidiendo la producción del daño. Por ello, el juez debe establecer el daño, la causa del mismo, y, si el Estado tenía el deber de interrumpir el proceso causal teniendo la posibilidad de hacerlo».

2.6. De las pruebas obrantes en el expediente

De la licencia y de la compra del inmueble

• Mediante la Resolución No. 686792011-390 del 15 de diciembre de 201111, el secretario de Planeación Municipal, aprobó el proyecto para la construcción de una edificación de 5 pisos, conformado por 15 unidades, Edificio Silvia Cristina,

• Mediante la Resolución No. 686792011-390 del 15 de diciembre de 201111, el secretario de Planeación Municipal, aprobó el proyecto para la construcción de una edificación de 5 pisos, conformado por 15 unidades, Edificio Silvia Cristina,

predio ubicado en la calle 14 No. 4 impar, barrio San Carlos del Municipio de San Gil.

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• Promesa de compraventa de inmueble urbano suscrito , de fecha 2 de m arzo de 2012, entre el señor Jaime Humberto Santos Sánchez y Ana Lucia Castellanos Diaz, respecto del apto. 501 del Edificio Silvia Cristina en el municipio de San Gil12.

• Escritura pública No. 2618 del 16 de noviembre de 2013, de la Notaria primera del circulo de San Gil, mediante la cual se efectuó la compraventa del inmueble

identificado con matr ícula inmobiliaria No. 319 -54577, ubicado en la calle 14 No. 4-17 unidad 13, apartamento 501 Edificio Silvia Cristina en el municipio de San Gil, entre los señores Jaime Humberto Santos Sánchez y Javier Ricardo Mejía Castellanos13.

De las actuaciones del Municipio de San Gil

• Oficio No. 130.008.112.010 del 13 de agosto de 2013, suscrito por el secretario de planeación del Municipio de San Gil, en el que indicó:

«En atención a su Derecho de Petición, me permito informarle que la Secretaría de

de planeación del Municipio de San Gil, en el que indicó:

«En atención a su Derecho de Petición, me permito informarle que la Secretaría de Planeación Municipal, expide las li cencias de construcción para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de San Gil y con la normatividad vigente.

Por otra parte y de acuerdo con la Ley 675 de 2001 en sus definiciones dice, Reglamento de Propiedad Horizontal: Estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al Régimen de Propiedad Horizontal.

Adicionalmente tiene unas exigencias técnicas en las que se definen literalmente las unidades privadas y los bienes de uso común, de acuerdo con los planos aprobados por la Curaduría o la Oficina de Planeación de la ciudad o el municipio; además, se tiene en cuenta la Licencia de Construcción.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y lo verificado en las inspecciones realizadas por funcionarios de la Secretaría de Planeación Municipal y Acuasan al Edificio Silvia Cristina, ubicado en la cal le 14 No 4 -17, deben como copropietarios del edificio en cuestión, requerir al representante legal de la firma constructora

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JAICRIN para que solucione las anomalías, de acuerdo a lo expuesto en las sugerencias del Acta de Vista No 114. (Anexa)».

• Acta de v isita No. 130.008 -114-01 del 20 de agosto de 2013 , en la que participaron la s ecretaria de planeación , Acuasan E.I.C. ESP, y una

copropietaria del edificio, allí se consignó:

«SE CONSTATÓ:

• Que por el muro medianero de las escaleras que conducen al sótano del Edificio arriba citado, se está presentando una filtración de aguas, posiblemente naturales del nivel freático o de escorrentía de aguas lluvias, según el resultado del análisis de agua, realizado por la empresa Acuasan. (Ver anexo).

• Que la rampa de ingreso al sótano no cumple con lo estipulado en el “Acuerdo Municipal 038 de 2003 - PBOT, en su Ar