TA SAN - Sentencia 686793333001-2015-00344-01 (21-10-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 686793333001-2015-00344-01 (21-10-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
SIGCMA-SGC
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Bucaramanga, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Socorro (S) contra la sentencia de primera instancia proferida el 30 de junio de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante la cual se ampararon los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 1 44 del CPACA, la señora Yeimy Yelinet Villamil Díaz formuló demanda a nte la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos colectivos de que tratan los literales d) y g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
En consecuencia, solicitó:
1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 02 índice SAMAI, archivo 01.
colectivos de que tratan los literales d) y g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
En consecuencia, solicitó:
1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 02 índice SAMAI, archivo 01. MEDIO DE CONTROL Protección de los derechos e intereses colectivos EXPEDIENTE 686793333001-2015-00344-01 DEMANDANTE Yeimy Yelinet Villamil Díaz yeli.net322@hotmail.com DEMANDADO Municipio de Socorro juridicaexterna@socorro-santander.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO
Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Andenes. Goce al espacio público de las personas en condición de discapacidad o movilidad reducidaProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
«PRIMERO: Se declare que el Municipio del Socorro (S) vulneró los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, seguridad pública, desarrollo urbano ordenado y la utilización y defensa de los bienes de uso público en relación con los hechos expuestos.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y con el fin de garantizar los derecho invocados como vulnerados, se ordene al Municipio del Socorro a través de su representante legal, la ejecución de obras civiles para la
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y con el fin de garantizar los derecho invocados como vulnerados, se ordene al Municipio del Socorro a través de su representante legal, la ejecución de obras civiles para la
construcción y mantenimiento de los sardineles y andenes ubicados en Carrera 11 entre Calles 11 y 12 de dicho municipio que ofrezcan las garantías de seguridad a los transeúntes, acorde con las especificaciones técnicas y logísticas mínimas exigidas por las autoridades correspondientes.
TERCERO: Igualmente la ejecución de las obras deberán otorgar una mejor accesibilidad a las personas de movilidad reducida o discapacidad física a fin de evitar el entorpecimiento al goce del espacio público y así garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, seguridad pública y a un desarrollo urbano ordenado y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
CUARTO: Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada
(MUNICIPIO DEL SOCORRO) conforme el artículo 6 numeral 3.2 del Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa y demás normas concordantes con la materia».
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:
- Los andenes y sardineles ubicados en la carrera 11 entre las calles 11 y 12 del municipio de Socorro no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para garantizar el acceso a la m ovilidad de las personas con discapacidad , comoquiera que no cuentan con el espacio suficiente para el tránsito.
del municipio de Socorro no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para garantizar el acceso a la m ovilidad de las personas con discapacidad , comoquiera que no cuentan con el espacio suficiente para el tránsito.
- El 20 de febrero de 2015, se presentó solicitud ante el municipio de Socorro con la finalidad de agotar el requisito de procedibilidad previsto para acudir a la jurisdicción; no obstante, la entidad territorial no emitió respuesta alguna.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Municipio de Socorro 2
Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: «falta de agotamiento del requisito de procedibilidad», « cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables», « inexistencia de evidencia científica o técnica por parte de la accionante sobre la posible vulneración de los derechos e intereses colectivos», «inexistencia del hecho productor de daño que pueda imputársele al municipio» y «conducta legítima del municipio»; además, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
- Los andenes ubicados en la carrera 11 entre las calles 11 y 12 sí cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y, contrario a lo afirmado por la parte demandante, pueden ser utilizados por todos los ciudadanos sin discriminación
2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 17 índice SAMAI, archivo 02.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia
Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro
2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 17 índice SAMAI, archivo 02.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
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alguna; además, al proceso no fue aportada la prueba que permita acreditar de manera técnica que dichos andenes no cuentan con el espacio suficiente para garantizar el tránsito peatonal.
- En cuanto a la presunta petición radicada por la parte demandante ante el ente territorial con la finalidad de dar cumplimiento al requisito previo contemplado en el artículo 144 del CPACA, se advierte que dicha solicitud no tuvo la finalidad aducida por la parte demandante comoquiera que se trataba de una simple petición de información sobre las actuaciones administrativas y obras realizadas
en los andenes ubicados en la carrera 11 #11-12, la cual sí fue respondida por el municipio de Socorro.
- En lo atinente a la necesidad de elaboración de nuevos andenes por no cumplir con las especificaciones requeridas para garantizar el tránsito peatonal, se insiste en que los municipios de sexta categoría, como lo es el municipio de Socorro, no tienen presupuesto suficiente para el mejoramiento y construcción de vías urbanas; no obstante, desde hace más de 300 años se ha n realizado múltiples obras con la finalidad de salvaguardar el sector céntrico e histórico al ser catalogado como un pueblo patrimonio de Colombia.
vías urbanas; no obstante, desde hace más de 300 años se ha n realizado múltiples obras con la finalidad de salvaguardar el sector céntrico e histórico al ser catalogado como un pueblo patrimonio de Colombia.
- Aunado a lo anterior, a nivel nacional no existen especificaciones técnicas en cuanto a las medidas que deben tener los andenes o las zonas peatonales comoquiera que a cada municipio le corresponde en su respect ivo esquema de ordenamiento territorial definir los perfiles viales y, por tanto, si bien es cierto que en el municipio de Socorro existen algunas zonas que no cumplen con las medidas mínimas establecidas en el Acuerdo 026 de diciembre de 2011 , lo anterior se debe a que fueron construidos hace demasiados años y se encuentran sobre las fachadas de las casas ubicadas en la zona, motivo por el cual para que sea posible modificarlos se requiere la autorización por parte de los propietarios.
- En todo caso, los andenes descritos por la parte demandante sí cumplen con los lineamientos fijados en el esquema de ordenamiento territorial, en el que se determinó que los ubicados en vías V9 deben tener un ancho mínimo de siete metros, medida que se cumple con exactitud.
- Incluso, de considerarse que los andenes descritos ocasionan una amenaza o riesgo para el tránsito peatonal, no resulta procedente que se ordene mediante una sentencia de acción popular la construcción de nuevos andenes toda vez que para ello es necesario que se analicen aspectos en materia de presupuesto, planes de inversión y normas de planificación territorial.
1.3. La sentencia apelada3
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante
toda vez que para ello es necesario que se analicen aspectos en materia de presupuesto, planes de inversión y normas de planificación territorial.
1.3. La sentencia apelada3
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante sentencia del 30 de junio de 2021, resolvió:
«PRIMERO: DECLÁRESE NO PROBADAS las excepciones falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables, inexistencia de evidencia científica o técnica por parte de la accionante sobre la posible v ulneración de los derechos e
3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 47 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
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intereses colectivos, inexistencia del hecho productor de daño que pueda imputársele al municipio y conducta legítima del municipio.
SEGUNDO: DECLÁRESE que los derechos colectivos i) goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; ii) la seguridad pública, han sido vulnerados por parte del MUNICIPIO DEL SOCORRO de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
TERCERO: ORDÉNESE al MUNICIPIO DEL SOCORRO hacer las respectivas adecuaciones tendientes a ampliar los andenes a un mínimo de 1,5 metros (un
conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
TERCERO: ORDÉNESE al MUNICIPIO DEL SOCORRO hacer las respectivas adecuaciones tendientes a ampliar los andenes a un mínimo de 1,5 metros (un metro con cincuenta centímetros) de ancho, conforme lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, en los sitios donde no tenga esa medida y técnicamente sea posible, sin que sea un obstáculo el tener que reducir la
calzada central, que se encuentran ubicados en la carrera 11 entre calles 11 y 12 del Municipio del Socorro, incluyendo los extremos izquierdo y derecho, conforme a la prelación del peatón. Lo anterior, deberá cumplirse en el término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
CUARTO: CONDÉNESE en costas a la parte demandada MUNICIPIO DEL SOCORRO, por ser la parte vencida del proceso, a favor del actor popular una vez se encuentre ejecutoriada la providencia, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P., la cual se hará por conducto de la secretaría de este Despacho. Las agencias en derecho serán fijadas en auto separado.
QUINTO: INTÉGRESE un Comité permane nte de verificación conformado por el actor popular, el alcalde del municipio, un representante de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, así como el Personero Municipal del Socorro, para garantizar que las anteriores órdenes s ean cumplidas.
SEXTO: ORDÉNESE remitir copia de la sentencia en los términos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998 a la Defensoría del Pueblo.
cumplidas.
SEXTO: ORDÉNESE remitir copia de la sentencia en los términos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998 a la Defensoría del Pueblo.
SÉPTIMO: DENIÉGUESE el incentivo económico conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia […]».
En lo correspondiente al fondo del asunto , el a quo sustentó la decisión en los siguientes argumentos:
- De conformidad con las pruebas allegadas, se encuentra probado que los
andenes ubicados en la carrera 11 entre calles 11 y 12 del municipio de Socorro no cumplen con las medidas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, ni las determinadas en la normatividad referida que se ocupa del tema de andenes y espacio público, motivo por el cual dicha circunstancia afecta evidentemente el interés general de toda la colectividad. Por ende, resulta necesario ordenar al ente territorial que modifique el metraje de dichos andenes en atención a los respectivos estudios técnicos y con el presupuesto necesario para la ejecución efectiva de las obras.
- En consecuencia, se ordenará al municipio de Socorro efectuar las respectivas adecuaciones con la finalidad de ampliar el ancho de los andenes a un mínimo de 1 metro con 50 centímetros, de conformidad con lo establecido en el esquema de ordenamiento territ orial, incluyendo los extremos izquierdo y derecho. Lo anterior, deberá cumplirse en el término de 1 año contado a partir de la ejecutoria de la decisión.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
Sentencia de segunda instancia Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
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- Para el seguimiento y verificación del cumplimiento de las órdenes emitidas, se conformará por parte del municipio de Socorro un comité permanente de verificación integrado por la parte demandante, la parte demandada, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el personero municipal de Socorro.
- En lo atinente a la condena en costas, resulta necesario advertir que de conformidad con la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2019, hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, esto es, al municipio de Socorro en favor de la parte demandante.
1.4. El recurso de apelación
1.4.1. Municipio de Socorro4
El municipio de Socorro, por conducto de apoderad a judicial, en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia conforme a los siguientes argumentos:
- Respecto de los procesos identificados con los radicados 201500334-00, 2015-00335-00, 2015-00336-00, 2015-00337-00, 2015-00338-00, 20150033900, 2015 -00340-00, 2015 -00341-00, 2015 -00342-00, 2015 -00343-00, 201500344-00, 2015 -00345-00, 2015 -00346-00 resulta pertinente advertir que se cumplen los requisitos para que se configure la acumulación de procesos según lo dispuesto en sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado de fecha 11 de septiembre de 2012 , dado que existe identidad de partes y supuestos fácticos.
- El a quo incurrió en un error al emitir una orden que compromete y afecta la identidad arquitectónica y cultural del municipio de Socorro , al cambiar su diseño y reducir d e manera ostensible la vía «a tal punto de convertirla en un segmento meramente peatonal».
- Contrario a lo concluido en la sentencia de primera instancia, no se pretende privilegiar la locomoción vehicular sino comprobar, con elementos de prueba, que la decisión de ampliar los andenes perjudica en gran medida la identidad cultural del municipio, motivo por el cual es necesario efectuar un test de razonabilidad basado en un estudio serio y especializado que permita establecer si la antigüedad y la cond ición de las vías consideradas como patrimonio histórico permiten ejecutar materialmente las modificaciones ordenadas.
1.5. Trámite de segunda instancia
Por auto del 5 de diciembre de 202 45 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no emitieron concepto de fondo ni allegaron pronunciamiento alguno.
4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 49 índice SAMAI.
interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no emitieron concepto de fondo ni allegaron pronunciamiento alguno.
4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 49 índice SAMAI. 5 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
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2. Consideraciones
Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.
2.1. Competencia
Conforme al artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer en segunda instancia de las decisiones adoptadas por los jueces administrativos de su jurisdicción, de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las a cciones populares originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.
2.2. Asunto previo
Para la Sala resulta pertinente pronunciarse respecto a la solicitud de acumulación de procesos elevada en el recurso de apelación formulado por la
que desempeñen funciones administrativas.
2.2. Asunto previo
Para la Sala resulta pertinente pronunciarse respecto a la solicitud de acumulación de procesos elevada en el recurso de apelación formulado por la parte demandada, motivo por el cual se efectuarán las siguientes precisiones:
El Consejo de Estado mediante la sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2012, 6 determinó que no dable acumular procesos que se hayan incoado a través del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, en razón a la naturaleza de los derechos que se discuten al interior de dichos procesos y, por tanto, lo que procede es analizar si es dable aplicar la figura del agotamiento de jurisdicción.
En virtud de lo anterior, se determinó que para tener por configurado el agotamiento de jurisdicción es preciso que las acciones populares en cuestión reúnan los siguientes presupuestos: i) que versen sobre los mismos hechos y causa petendi, ii) que ambas acciones estén en curso y iii) que se dirijan contra el mismo demandado.
Bajo ese hilo conductor, observa la Sala que si bien los procesos enlistados por el municipio de Socorro tienen como objeto la adecuación de los andenes por no garantizar la seguridad, especialmente, a las personas con discapacidad, cada uno versa sobre una dirección distinta ; además, los procesos no se encuentran en curso, tal y como se refleja en la siguiente cuadro ilustrativo, motivo por el cual no resulta posible aplicar la figura de agotamiento de jurisdicción: 7
Radicado Lugar Sentencia de primera instancia Sentencia de segunda instancia 686793333001-2015-0334-00 Calle 11 entre carreras 11 y 12
Radicado Lugar Sentencia de primera instancia Sentencia de segunda instancia 686793333001-2015-0334-00 Calle 11 entre carreras 11 y 12 30/06/2021 28/06/2024
6 Sala Plena, radicación: 2009-0003001(AP). 7 De oficio, se realizó una búsqueda de los expedientes enlistados por el municipio accionado, para corroborar que cada uno de ellos versa sobre una dirección diferente a la que origina el proceso de la referencia.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
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686793333001-2015-0336-00 Carrera 16 entre calles 13 y 14 26/03/2021 11/04/2023 686793333001-2015-0337-00 Carrera 15 entre calles 9 y 10 26/03/2021 28/03/2023 686793333001-2015-0338-00 Calle 13 entre carreras 13 y 14 18/10/2020 15/04/2024 686793333001-2015-0339-00 Calle 14 entre carreras 9 y 10 18/10/2020 19/05/2023 686793333001-2015-0341-00 Carrera 12 entre calles 9 y 10 26/03/2021 17/11/2023 686793333001-2015-0342-00 Carrera 15 entre
686793333001-2015-0341-00 Carrera 12 entre calles 9 y 10 26/03/2021 17/11/2023 686793333001-2015-0342-00 Carrera 15 entre calles 15 y 17 26/03/2021 23/11/2022 686793333001-2015-0343-00 Carrera 13 entre calles 13 y 15 26/03/2021 24/10/2022 686793333001-2015-0345-00 Calle 12 entre carreras 15 y 16 26/03/2021 31/08/2022 686793333001-2015-0346-00 Calle 10 entre carreras 15 y 16 30/06/2021 16/06/2023
2.3. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si i) en el caso bajo estudio resulta procedente amparar los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad pública como consecuencia del estado de los andenes existentes en la carrera 11 entre calles 11 y 12 del municipio de Socorro y ii) si la orden impartida en la sentencia de primera instancia, la cual implica la intervención definitiva de los andenes mencionados , desconoce el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación al tratarse de una zona ubicada en el centro histórico del municipio de Socorro.
2.4. Marco normativo
2.4.1. De la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y
histórico del municipio de Socorro.
2.4. Marco normativo
2.4.1. De la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o siempre que exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridade s, o de los particulare s que actúan en desarrollo de funciones públicas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones 8 acerca de la naturaleza de la acción popular y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:
«[…] (i) ser una acción constituci onal especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) q ue le aplican,
8 Véanse las sentencias C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez; T466 de 2003, magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra; T -443 de 2013; y T -254 de 2014, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
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Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
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particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración p ara que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]».9
En relación con el carácter preventivo de las acciones populares , tanto la Corte Constitucional10 como el Consejo de Estado 11, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, puesto que la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y ad opte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.
Según lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado en forma reiterada12, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones
para evitar que la vulneración se presente.
Según lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado en forma reiterada12, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales;13 ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos y iii) la re lación de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses mencionados.14
2.4.2. Del derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
El artículo 82 de la Constitución Política, prevé:
«[…] Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regul arán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común […]»
A su turno, respecto a la protección del espacio público, la Corte Constitucional15 determinó su importancia por estar íntimamente relacionada con la calidad de vida de las personas.
9 Corte Constitucional, sentencia T -443 de 2013; magistrado ponente J orge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 Sentencia C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2004, consejera ponente:
Chaljub. 10 Sentencia C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2004, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, radicación número: 2002-2693-01. 12 Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia del 5 de marzo de 2015, radicación 15001233300020130008601. 13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de junio de 2011, consejera ponente: María Elizabeth García González., radicado 25000232700020050065401. 14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de junio de 2011, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 50001233100020040064001. 15 Referencia: expediente D-3721, magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 64, parcial, de la Ley 675 de 2001, demandante: José Miguel de la Calle Restrepo.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Yeimi Yelinet Villamil Díaz Demandado: municipio de Socorro Radicado: 686793333001-2015-00344-01
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
En ese sentido, indicó:
«El Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una protección expresa de rango constitucional. Esta decisión resulta claramente
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
En ese sentido, indicó:
«El Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una protección expresa de rango constitucional. Esta decisión resulta claramente compatible con los principios que orientan la Carta Política y con el señalamiento del tipo de Estado en el que aspiran vivir los colombianos. Sin duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a Colombia como un Estado social de derecho guarda relación con la garantía de una s erie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre (ibid.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habitantes. De otra parte, la calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente
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