TA SAN - Sentencia 686793333001-2016-00045-01 (21-08-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Medio de control Reparación directa Demandante Marco Antonio Velásquez , identificado con C.

C. No. 91.073.302

proximoalcalde@gmail.com; asesoriajuridicaricardomartinez@hotmail.com Demandados - Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; mjimenecas@cendoj.ramajudicial.gov.co - Nación - Congreso de la RepúblicaCámara de Representantes notificacionesjudiciales@camara.gov.co; - Nación - Congreso de la RepúblicaSenado judiciales@senado.gov.co; Ministerio público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co; Radicado y link de expediente 686793333001-2016-00045-01 Tema No se configura la responsabilidad del Estado por pérdida de incentivo económico. El trámite de una acción popular fuera de los términos legales no configura automáticamente un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El daño que alega el demandante, debido a la pérdida de oportunidad de recibir el incentivo económico derogado por el legislador, no es atribuible a una negligencia de las

defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El daño que alega el demandante, debido a la pérdida de oportunidad de recibir el incentivo económico derogado por el legislador, no es atribuible a una negligencia de las autoridades judiciales que tramitaron la acción popular. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación 1 interpuesto oportunamente por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2018 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte actora2

1. Pretensiones La parte actora pretende que se declare la responsabilidad extracontractual de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación - Rama Legislativa por los perjuicios materiales e inmateriales que le fueron causados al no

1 Mediante auto del 6 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandante. Durante la oportunid ad procesal la parte demandante y el Ministerio guardaron silencio. La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicita que se confirme la sentencia. 2 Expediente físico. Folios 1 a 19Radicado: 686793333001-2016-00045-01

Medio de control: Reparación directa Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander haberse tramitado y fallado la acción popular No. 2007-00017 dentro de los términos legales, antes de que entrara en vigencia la Ley 1425 de 2010, mediante la cual se derogó el incentivo económico ordenado en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, lo que le impidió el reconocimiento del mencionado beneficio en su condición de actor popular.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicita que se condene a la s demandadas pagar las siguientes sumas:

Demandante Concepto Sumas Marco Antonio Velásquez (víctima directa) Lucro cesante 80 SMLMV Perjuicios morales 20 SMLMV

2. Hechos El demandante dice que el 23 de enero de 2007 presentó una acción popular, la cual fue asignada al Juzgado Único Administrativo de San Gil bajo el radicado 2007-00017.

Advierte que después de una serie de impedimentos el proceso fue asignado al Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, quien profirió fallo de primera instancia el 27 de febrero de 2015. Sostiene que a pesar de que la Ley 472 de 1998 establece un término perentorio de seis meses desde la presentación de la demanda para que se profiera sentencia esta fue emitida ocho años y un mes después. Manifiesta que, en su calidad de actor popular, no tuvo participación directa ni indirecta

meses desde la presentación de la demanda para que se profiera sentencia esta fue emitida ocho años y un mes después. Manifiesta que, en su calidad de actor popular, no tuvo participación directa ni indirecta en la transgresión de los términos perentorios, ya que corresponde al juez impulsar oficiosamente el proceso hasta la emisión de la decisión de fondo. Resalta que se trata de una acción constitucional con trámite preferente y sumario, por lo que la congestión judicial no puede justificar el incumplimiento de los plazos legales. Considera que la mora en que incurrió la Rama Judicial al tramitar y fallar la acción popular le privó de la posibilidad de obtener el reconocimiento y pago del incentivo económico consagrado en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, lo que constituye una falla en el servicio de la Administración de Justicia.

B. Posición de las demandadas

1. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 se opone a la prosperidad de las pretensiones. Señala que las actuaciones dentro de la acción popular 2007-00017 se surtieron de conformidad con la aplicación de las normas procesales y sustanciales vigentes en cada una de las instancias.

Refiere que los argumentos del demandante son meras apreciaciones carentes de soporte probatorio, además, que el no otorgamiento del incentivo económico se dio por mandato expreso de la Ley, comoquiera que el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 fue derogado por la Ley 1425 de 2010.

3 Expediente físico. Folios 136 a 145Radicado: 686793333001-2016-00045-01

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Marco Antonio Velásquez

derogado por la Ley 1425 de 2010.

3 Expediente físico. Folios 136 a 145Radicado: 686793333001-2016-00045-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Precisa que el asunto litigioso ya fue resuelto de manera desfavorable por el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 3 de septiembre de 2013 dentro del proceso con radicado 17001-33-31-001-2009-01566-01. Sostiene que lo que motivó al demandante en el presente medio de control es el declive de su empresa, dedicado al ejercicio masivo y sistemático de la acción popular con fines netamente económicos, por lo cual el supuesto perjuicio deviene de su propia culpa. Considera que el incentivo del que gozaban los actores populares antes de la promulgación de la Ley 1425 de 2010, no era un derecho adquirido sino una mera expectativa, por lo que el daño expuesto en la demanda no es cierto.

2. La Nación - Rama Legislativa - Senado4 se opone a las pretensiones. Argumenta que no existe un nexo causal entre el supuesto daño sufrido por el actor y la eliminación del incentivo económico en las acciones populares.

Destaca que el demandante pasó por alto que al promulgarse la Ley 1425 de 2010 no tenía un derecho adquirido o consolidado que le permitiera exigir el reconocimiento de dicho incentivo , por lo que no se requería un régimen de transición por parte del

Destaca que el demandante pasó por alto que al promulgarse la Ley 1425 de 2010 no tenía un derecho adquirido o consolidado que le permitiera exigir el reconocimiento de dicho incentivo , por lo que no se requería un régimen de transición por parte del legislador frente a una mera expectativa.

3. La Nación - Rama Legislativa – Cámara de representantes 5 pide que se nieguen las pretensiones. Refiere que la sola presentación de la acción popular no constituye derecho alguno para el actor, pues el juez constitucional es quien tiene la competencia para decidir de fondo el objeto de la controversia. Alega la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la mora en la resolución del asunto solo podría ser atribuible a la Rama Judicial.

C. La sentencia recurrida6

Mediante sentencia del 13 de febrero de 2018 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones sin condena en costas. Para fundamentar su decisión , el a quo afirma que la omisión del juez popular en el impulso oficioso del proceso no podía entenderse como un hecho generador de daño que afectara un interés subjetivo , puesto que la acción popular tiene como finalidad la protección de derechos e intereses que son indivisibles y se proyectan de manera unitaria a una colectividad. Precisa que ninguna persona puede atribuirse de forma exclusiva la titularidad de los derechos que se protegen mediante dicha acción , porque a través de esta se persiguen fines públicos, y no fines subjetivos o individuales. Asegura que la pérdida del incentivo económico previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 no representa un daño antijurídico para el demandante, en tanto no se trataba

Asegura que la pérdida del incentivo económico previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 no representa un daño antijurídico para el demandante, en tanto no se trataba de un derecho adquirido, sino de una mera expectativa sujeta a cambios normativos. Considera que no se configuró una falla en el servicio ya que la mora judicial obedeció, en gran medida, a circunstancias excepcionales que afectaron a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el país. Dice que antes del año 2006 los tribunales se

4 Expediente físico. Folios 86 a 96 5 Expediente físico. Folios 108 a 118 6 Expediente físico. Folios 262 a 268Radicado: 686793333001-2016-00045-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander encontraban desbordados en su capacidad de respuesta . Cita jurisprudencia del H. Consejo de Estado7 en la que se precisa que la sola duración del proceso no constituye, por sí sola, una mora injustificada , pues para que esta se configure se debe demostrar negligencia por parte de la autoridad judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, lo cual no ocurrió en el presente caso.

D. La apelación8

El demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se concedan las pretensiones. Señala que el juez desestimó equivocadamente la existencia del daño, al considerar que el incentivo económico previsto en la ley constituía

El demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se concedan las pretensiones. Señala que el juez desestimó equivocadamente la existencia del daño, al considerar que el incentivo económico previsto en la ley constituía una mera expectativa y no una expectativa legítima derivada de la normativa vigente al momento de interponer la acción popular. En su criterio la interpretación del a quo desconoce la vulneración concreta de derechos constitucionales fundamentales, como el acceso a la administración de justicia y el debido proceso . Alega que, al haber acudido a la Jurisdicción de lo C ontencioso Administrativo mediante una acción popular para la protección de derechos colectivos, adquirió el derecho a un trámite preferente, el cual fue desconocido por la autoridad judicial, generando un daño evidente por la excesiva demora en la resolución del proceso. El demandante enfatiza que dicha demora no fue atribuible a su conducta procesal, sino a la negligencia del Estado, que no garantizó los recursos ni los mecanismos necesarios para que la administración de justicia funcionara de manera eficiente. Asegura que dentro del proceso no se allegó prueba documental alguna que justificara la dilación por parte del Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión o de la rama judicial en general. Advierte que al presentar la acción popular no solo buscaba la protección de un derecho colectivo, sino también acceder al incentivo económico previsto por la ley vigente en ese momento, el cual se vio frustrado por un mal funcionamiento de la administración de justicia. Agrega que la norma que derogó el incentivo económico no tiene efectos retroactivos , por tanto, no se puede aplicar a las actuaciones iniciadas bajo la vigencia de la ley

justicia. Agrega que la norma que derogó el incentivo económico no tiene efectos retroactivos , por tanto, no se puede aplicar a las actuaciones iniciadas bajo la vigencia de la ley anterior, salvo que así se hubiera establecido expresamente, lo cual no ocurrió.

II.CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema

jurídico:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia 23 de enero de 2014, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, rad. 11001-03-15-000-2013-02547-00 (ac) 8 Expediente físico. Folios 277 a 278Radicado: 686793333001-2016-00045-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander ¿Se configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el hecho de no haberse tramitado y fallado la acción popular 2007-00017 dentro del término legal, lo que hubiese permitido que el demandante accediera al incentivo económico previsto en el artículo 29 de la Ley 472 de 1998 antes de su derogatoria?

Tesis: No

término legal, lo que hubiese permitido que el demandante accediera al incentivo económico previsto en el artículo 29 de la Ley 472 de 1998 antes de su derogatoria?

Tesis: No Fundamento: La superación del término previsto en la ley para tramitar un proceso judicial no configura per se un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Existen circunstancias que justifican y que eximen de responsabilidad al Estado por la mora judicial, entre ellas, el volumen de trabajo, la complejidad del asunto y la actitud de las partes, factores que en este caso fueron determinantes para que la acción popular 2007-00017 no se tramitara y decidiera con anterioridad a la derogatoria de la norma que reconocía el incentivo económico a favor de los actores populares. Adicionalmente, la eliminación de un incentivo económico sin un régimen de transición hace parte de la libre configuración del legislador y no constituye una ruptura del principio de igualdad de cargas públicas, porque no se trata de un daño especial ni desproporcionado que deba soportar un ciudadano en particular.

C. Marco jurídico

1. La responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y la mora judicial De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 270 de 1997, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados con la actividad judicial que le sean imputables a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Este es un régimen de imputación residual que se configura por una falla en el ejercicio de la actividad judicial que no provenga de una providencia judicial, ni implique la afectación del derecho a la libertad. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia comprende todas las

Este es un régimen de imputación residual que se configura por una falla en el ejercicio de la actividad judicial que no provenga de una providencia judicial, ni implique la afectación del derecho a la libertad. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia comprende todas las acciones u omisiones constitutivas de falla que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, las cuales pueden provenir no sólo de los funcionar ios judiciales, sino también de los empleados judiciales, de los auxiliares judiciales y de cualquier particular investido con funciones jurisdiccionales. Sobre el alcance de este régimen de imputación, el Consejo de Estado ha precisado que la administración de justicia se manifiesta en las decisiones jurisdiccionales, las cuales están precedidas de una serie de actos. Cuando estos actos causan daños, se evidencia un mal funcionamiento del servicio público, y, en consecuencia, se configura la responsabilidad del Estado Uno de los supuestos que puede configurar el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es la demora injustificada en el trámite de un proceso judicial, circunstancia denominada por la jurisprudencia como «mora judicial». Esta constituye una tipología de falla del servicio por desconocimiento del artículo 228 constitucional que establece el deber de los jueces de observar con diligencia los términos procesales.Radicado: 686793333001-2016-00045-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander El Consejo de Estado ha hecho énfasis en que la mora judicial no da lugar a una responsabilidad objetiva, de manera que el mero vencimiento de los términos previstos en la ley para impulsar un proceso judicial no estructura la responsabilidad del Estado, sino que es necesario, además, establecer que el retardo constituye «una carga injustificada para los demandantes», lo cual acontece cuando la duración del proceso no es razonable9. Según jurisprudencia pacífica de esa Corporación, la razonabilidad de la duración del proceso debe analizarse en cada caso concreto con el fin de verificar si se presentaron circunstancias justificantes, como el volumen de trabajo del despacho que tramitó el proceso, la complejidad del asunto, la falta de impulso procesal, la conducta de las partes, la existencia de problemas estructurales en la administración de justicia y otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles , t odo lo cual debe analizarse desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión y no desde un estado de cosas ideal10. La mora será injustificada si se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes. En el caso de las acciones populares, es correcta la afirmación del demandante sobre el carácter oficioso de su impulso, sin embargo, ello no niega el deber que toda parte tiene dentro de un proceso judicial de colaborar con la justicia cumpliendo con los deberes que

En el caso de las acciones populares, es correcta la afirmación del demandante sobre el carácter oficioso de su impulso, sin embargo, ello no niega el deber que toda parte tiene dentro de un proceso judicial de colaborar con la justicia cumpliendo con los deberes que le hayan sido impuestos, como una correcta identificación de los demandados o adelantar las notificaciones. Así, entonces, son elementos de la imputación de responsabilidad del Estado por mora judicial los siguientes: (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar un proceso judicial, (ii) el desconocimiento de un plazo razonable que involucra el análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora11.

2. La derogatoria del incentivo económico en las acciones populares o la ausencia de un régimen de transición no aparejan un daño especial por ruptura del principio de igualdad de cargas públicas La Ley 1425 de 2010 derogó el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 que consagraba un incentivo económico a favor de los actores populares, sin prever un régimen de transición que garantizara el reconocimiento del derecho en aquellos procesos que se habían iniciado con anterioridad a la expedición de la ley derogatoria.

En lo que concierne a la constitucionalidad de la Ley 1425 de 2010 12 la Corte Constitucional, en sentencia C -360 de 2011, la declaró exequible, incluyendo el artículo 2º que establece la vigencia de la norma a partir de su expedición13.

Constitucional, en sentencia C -360 de 2011, la declaró exequible, incluyendo el artículo 2º que establece la vigencia de la norma a partir de su expedición13.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Alberto Montaña Plata, Sentencia del 3 de agosto de 2020, Rad. 73001-23-00-000-2010-00394-01(46623). 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, expediente 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo , criterio reiterado en sentencia de esta Subsección del 24 de mayo de 2018, expediente 44.861; igualmente, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2018, expediente 41.978, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 11 Corte Constitucional, sentencias T-803 de 2012 y T-230 de 2013. 12 Ley 1425 de 2010 “Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo Artículo 1º. Deróguense los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998. Artículo 2º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga y modifica todas las disposiciones que le sean contrarias”. 13 El artículo 2º establece que la mencionada ley derogatoria del incentivo “rige a partir de su promulgación y deroga y modifica todas las disposiciones que le sean contrarias”.Radicado: 686793333001-2016-00045-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander En esa oportunidad, la Corte sostuvo que la eliminación del incentivo económico en las acciones populares no constituía una restricción irrazonable o desproporcionada de derechos, ni vulneraba el principio de igualdad de cargas públicas. Tampoco una restricción injustificada al acceso a la administración de justicia, ni una pérdida de eficacia de la herramienta constitucional para la defensa de los derechos colectivos. Por el contrario, la Corte consideró que la derogatoria del incentivo hacía parte del amplio margen de configuración del legislador y que tanto la decisión de fijarlo como la de eliminarlo, eran opciones constitucionales igualmente válidas. Aclaró que la norma tenía por fin evitar el abuso en el ejercicio de la acción popular por parte de algunos actores populares que promovían demandas sobre asuntos recurrentes y de baja incidencia en términos de protección de derechos e intereses colectivos , con el único propósito de percibir el incentivo económico, por lo que resultaba legítimo y ajustado a la Constitución que el legislador buscara con la norma derogatoria «evitar la búsqueda del lucro individual como variante primordial para la decisión de la interposición de acciones populares». La ausencia de reglas de transición ante cambios legislativos se considera violatorio de la Constitución ante derechos laborales o pensionales que están a punto de consolidarse, pero no frente a meros reconocimientos económicos que el legislador ha creado para

de acciones populares». La ausencia de reglas de transición ante cambios legislativos se considera violatorio de la Constitución ante derechos laborales o pensionales que están a punto de consolidarse, pero no frente a meros reconocimientos económicos que el legislador ha creado para incentivar una determinada acción ciudadana. Así como crea un incentivo lo puede eliminar, si considera innecesaria o inviable su estrategia legislativa.

3. Improcedencia del reconocimiento del incentivo económico en acciones populares iniciadas con anterioridad a la expedición de la Ley 1425 de 2010

La Ley 1425 de 2010 derogó el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 que consagraba un incentivo económico a favor de los actores populares, sin prever un régimen de transición que garantizara el reconocimiento del derecho en aquellos procesos que se habían iniciado con anterioridad a la expedición de la ley derogatoria. En lo que concierne a la constitucionalidad de la Ley 1425 de 2010 la Corte Constitucional, en sentencia C-360 de 2011, la declaró exequible, incluyendo el artículo 2º que establece la vigencia de la norma a partir de su expedición. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que la eliminación del incentivo económico en las acciones populares no constituía una restricción irrazonable o desproporcionada de derechos, ni vulneraba el principio de igualdad de cargas públicas. Tampoco una restricción injustificada al acceso a la administración de justicia, ni una pérdida de eficacia de la herramienta constitucional para la defensa de derechos colectivos. Por el contrario, la Corte consideró que la derogatoria del incentivo hacía parte del amplio margen de configuración del legislador y que tanto la decisión de fijarlo como la de eliminarlo, eran

de la herramienta constitucional para la defensa de derechos colectivos. Por el contrario, la Corte consideró que la derogatoria del incentivo hacía parte del amplio margen de configuración del legislador y que tanto la decisión de fijarlo como la de eliminarlo, eran opciones constitucionales igualmente válidas. Aclaró que la norma tenía por fin evitar el abuso en el ejercicio de la acción popular por parte de algunos actores populares que promovían demandas sobre asuntos recurrentes y de baja incidencia en términos de protección de derechos e intereses colectivos , con el único propósito de percibir el incentivo económico, por lo que resultaba legítimo y ajustado a la Constitución que el legislador buscara con la norma derogatoria «evitar laRadicado: 686793333001-2016-00045-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander búsqueda del lucro individual como variante primordial para la decisión de la interposición de acciones populares».

4. Plan Nacional de Descongestión, creación de juzgados de descongestión y redistribución de procesos Debido a la grave congestión que presentaba la justicia colombiana, especialmente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo durante los años 2007 y 2008, se expidió el CONPES 3559 del 15 de diciembre de 2008 en el que se dispensó concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por

el CONPES 3559 del 15 de diciembre de 2008 en el que se dispensó concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por USD$62.000.000, o su equivalente en otras monedas, para financiar un proyecto de fortalecimiento de los servicios de justicia y lograr soluciones oportunas, eficientes, eficaces y de calidad a las controversias de los ciudadanos. En el documento CONPES se reconoce expresamente que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra gravemente congestionada, más que cualquier otra jurisdicción, y se reconoce que la mayor carga laboral la tienen los juzgados administrativos. También se aduce que, sumado a las dificultades relacionadas con los inventarios, congestión y productividad, otra de las dificultades palpables es la mora en los procesos, y aunque en los últimos años gracias a las mejoras e inversiones realizadas se ha n alcanzado reducciones en el tiempo de duración de los litigios, éstos siguen siendo altos. La congestión judicial que presentaba esta Jurisdicción con anterioridad al año 2010, es decir, antes de proferirse la ley derogatoria del incentivo económico pretendido por el actor popular, trató de conjurarse por el Consejo Superior de la Judicatura med iante la adopción de sendas medidas de descongestión 14 que incluyeron la creación de despachos de descongestión 15, sin embargo, era tal la demanda de justicia que fue imposible la evacuación total de los procesos represados durante décadas16. Lo anterior justifica que miles de procesos, se tramitaran por fuera de los términos judiciales.

D. Análisis de las pruebas De conformidad con las pruebas válidamente recaudadas, la Sala encuentra probado lo

siguiente:

justifica que miles de procesos, se tramitaran por fuera de los términos judiciales.

D. Análisis de las pruebas De conformidad con las pruebas válidamente rec