TA SAN - Sentencia 686793333001-2016-00122-01 (18-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 29 de septiembre de 2023 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, previa la siguiente reseña:

I. Antecedentes.

1. La demanda1.

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el Artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 acuden an te esta jurisdicción los señores Bertha Chavarro de Palacios, Marcela Palacios Chavarro y Ricardo Palacios Chavarro, en contra del Municipio de Güepsa y del Consorcio CICO 2015, buscando:

Se declaren administrativa y patrimonialmente responsable al ente territorial demandado, por los daños y perjuicios ocasionados al predio denominado « La Esperanza», ubicado en la Vereda Centro del municipio de Güepsa, Santander, con ocasión de la realización de una obra pública consistente en un muro de contención que se llevó a cabo en virtud del Contrato No. 98 del 2015 que tuvo por objeto la recuperación vial de acceso al referido municipio.

1 Páginas 4 a 15, archivo OneDrive 01, índice 00112 SAMAI – gestión otros Despachos. Expediente 686793333001-2016-00122-01 Medio de control Reparación Directa. Demandante Bertha Chavarro de Palacios y otros. mmpuraganancia1@gmail.com ricardopalch@gmail.com

Expediente 686793333001-2016-00122-01 Medio de control Reparación Directa. Demandante Bertha Chavarro de Palacios y otros. mmpuraganancia1@gmail.com ricardopalch@gmail.com marcelapala060@hotmail.com

Demandado: Municipio de Güepsa.

notificacionjudicial@guepsa-santander.gov.co

Llamados en garantía:

Consorcio Interlum Güepsa. consorciointerlumguepsa@gmail.com abogadoalbertoneira@hotmail.com Departamento de Santander. notificaciones@santander.gov.co Consorcio CICO 2015. cico2015@gmail.com juanmanuelmedinah@gmail.com Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema No comprobación del daño como primer elemento de la responsabilidad – se alega la afectación a un bien inmueble como consecuencia de la ejecución de una obra pública / se confirma la sentencia que niega pretensionesTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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Como consecuencia de la anterior declaratoria, solicitan se condene al municipio demandado al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales causados, los cuales discriminan así:

Perjuicios materiales2 $58.965.600 Perjuicios inmateriales – daño moral - 20 SMLMV para la señora Bertha Chavarro de Palacios - 10 SMLMV para la señora Marcela Palacios Chavarro y - 10 SMLMV para el señor Ricardo Palacios Chavarro.

– daño moral - 20 SMLMV para la señora Bertha Chavarro de Palacios - 10 SMLMV para la señora Marcela Palacios Chavarro y - 10 SMLMV para el señor Ricardo Palacios Chavarro.

Como fundamento de sus pretensiones, los demandantes relatan los siguientes hechos relevantes:

El 28 de octubre de 2015 el municipio de Güepsa suscribió con el Consorcio CICO 2015 contrato de obra pública cuyo objeto corresponde a: la recuperación vía de acceso al municipio. En desarrollo de dicha obra se realizaron trabajos consistentes en, excavación mecanizada en tierra, excavación en material común en seco a mano, excavación en roa, relleno de material seleccionado, suministro e instalación de geotextil no tejido, concre to de zapata 300 psi, suministro e instalación de tubería perforada, instalación de baranda metálica, mejoramiento de subrasante, colocación de subbase y base granular e imprimación.

El ejercicio de las actividades antes enlistadas afectó el predio denominado « La Esperanza», toda vez que generó la pérdida de cultivo de caña existentes en 6.000 metros cuadrados y destruyó el cerramiento perimetral, ello, toda vez que, el contratista depositó los escombros de la excavación y remoción de la tierra sobre el sembrado generando n o solo la pérdida del cultivo, sino la muerte permanente del suelo para el uso avícola.

Como fundamentos de la responsabilidad que se busca sea declarada, señalan los demandantes que, el municipio de Güepsa incurrió en falla del servicio, quien omitió sus funciones de vigilancia y control en la ejecución de la obra pública que generó el

Como fundamentos de la responsabilidad que se busca sea declarada, señalan los demandantes que, el municipio de Güepsa incurrió en falla del servicio, quien omitió sus funciones de vigilancia y control en la ejecución de la obra pública que generó el daño en el predio de su propiedad.

2. Contestación a la demanda.

El municipio de Güepsa3 contestó de forma extemporánea la demanda.

No obstante, se aclara que, como excepción previa propuso la falta de legitimación en la causa por activa y la indebida integración del litisconsorcio necesario, alegando que se debe integrar la parte pasiva con el departamento de Santander y los consorcios CICO 2015 e Interlumi Güepsa. Dicha solicitud la reitera en escrito separado mediante el cual solicita el respectivo llamamiento en garantía de las personas jurídicas antes señaladas, sosteniendo que, los contratos de obra e interventoría que aduce la parte demandante causaron el daño presuntamente antijurídico del que se busca la reparación, fueron contratados por el municipio con ocasión del Convenio No. 01940 de junio de 2015, suscrito con el departamento de

2 Se trata de forma indistinta si es lucro cesante o daño emergente 3 Páginas 51 a 74, archivo OneDrive 01, índice 00112 SAMAI – gestión otros Despachos.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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Santander con el objetivo de <<Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander – secretaría de Infraestructura y el municipio de Güepsa para la recuperación vía de acceso del municipio>>.

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Santander con el objetivo de <<Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander – secretaría de Infraestructura y el municipio de Güepsa para la recuperación vía de acceso del municipio>>.

Señala también que, la disposición de los escombros por parte del contratista se da por la omisión en la supervisión por parte de la interventoría, siendo entonces los contratistas, tanto el de obra como el interventor quienes deben responder por los daños ocasionados con su actuar.

Los llamamientos fueron aceptados con auto del 06 del abril del 20174.

3. Llamados en garantía.

3.1 El Consorcio CICO 2015 5 se opone a las pretensiones de la demanda pues afirma no ser cierta la afectación al predio La Esperanza en las proporciones y área que se estiman en la demanda. Por el contrario, anota que en el sector donde está ubicado el predio de la demandante, exist en fallas geológicas que afectan la contención del terreno, fallas que estaban desde incluso antes del inicio de la obra, siendo precisamente el propósito de la obra, realizar un muro de contención que generara estabilidad al terreno, situación que benefició en gran medida a la hoy demandante.

Refiere también que, la ejecución de la obra no generaba escombros y que aquellos que se encontraban en el predio de la demandante, estaban desde antes del inicio de las obras.

Por otro lado, asegura que a la fecha de contestación de la demanda el suelo del predio La Esperanza se encuentra vegetado, lo que indica que es fértil, contrario a lo sostenido en la demanda. La anterior afirmación la utiliza igualmente para controvertir el dictamen presentado con la demanda, el cual, en su sentir, no cumple con los

predio La Esperanza se encuentra vegetado, lo que indica que es fértil, contrario a lo sostenido en la demanda. La anterior afirmación la utiliza igualmente para controvertir el dictamen presentado con la demanda, el cual, en su sentir, no cumple con los presupuestos del artículo 226 del Código General del Proceso.

3.2 El departamento de Santander 6 se opone a las pretensiones de la demanda sosteniendo que, quien intervino directamente en la ejecución de las obras que se aducen en la demanda fueron las causantes del daño antijurídico, fue el municipio de Güepsa, siendo evidente el rompimiento del nexo causal.

3.3 El Consorcio Interlumi Güepsa7 en su calidad de interventor del contrato de obra realizado por el Consorcio CICO 2015, se opone a las pretensiones de la demanda y al llamamiento en garantía realizado por el municipio, aduciendo no ser cierto que los productos de la excavación y remoción de tierra se hayan depositado en el sembrado de caña de la aquí demandante y mucho menos que se haya generado la muerte de su cultivo de caña ni del suelo como producto avícola. Máxime cuando existe registro fotográfico anterior a la ejecución de las obras en donde se observa que, el área del predio que lindera con la vía se encontraba cubierto de maleza y no se encontraba cultivo alguno.

4 Páginas 25 a 27, archivo OneDrive Llamamiento en garantía , índice 00112 SAMAI – gestión otros Despachos. 5 Páginas 117 a 124, archivo OneDrive 01, índice 00112 SAMAI – gestión otros Despachos.

Despachos. 5 Páginas 117 a 124, archivo OneDrive 01, índice 00112 SAMAI – gestión otros Despachos. 6 Páginas 77 a 86, archivo OneDrive Llamamiento en garantía , índice 00112 SAMAI – gestión otros Despachos. 7 Páginas 95 a 108, archivo OneDrive Llamamiento en garantía, índice 00112 SAMAI – gestión otros Despachos.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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Refiere que en el sector, incluido el predio de propiedad de la aquí demandante, existían desde antes de la ejecución de las obras, fallas geológicas, siendo estas la razón por la que se contrató la obra, la cual tuvo por objeto, la construcción de un muro de contención , el cual benefició en gran medida al predio de los aquí demandantes.

Por otro lado, señala que, a la fecha, en el predio de propiedad de los demandantes se observa vegetación, lo que supone que su suelo es fértil. Sumado a que lo residuos que se generaron con la construcción de la obra, fueron en su totalidad tierra, por lo que no se podría generar de forma alguna, la infertilidad del suelo.

También se opone al dictamen pericial presentado con la demanda, pues afirma, no cumple con los supuestos previstos en el artículo 226 del Código General del Proceso.

Por último y en lo que atañe al llamamiento en garantía, refiere que cumplió a cabalidad los objetivos esperados del contrato de interventoría, pues se logró el cumplimiento del objeto del contrato en el plazo y presupuesto establecido inicialmente.

4. La sentencia apelada8.

cabalidad los objetivos esperados del contrato de interventoría, pues se logró el cumplimiento del objeto del contrato en el plazo y presupuesto establecido inicialmente.

4. La sentencia apelada8.

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, mediante providencia del 29 de septiembre de 2023 negó las pretensiones y condenó en constas a la parte demandante.

Como fundamentos de su decisión expone la señora Juez estar demostrada en el expediente la suscripción por parte del municipio de Güepsa de los contratos de obra e interventoría con los Consorcios CICO 2015 e Interlumi respectivamente . No obstante, del análisis de las demás pruebas documentales y testimoniales, encuentra que en el expediente no se logró demostrar el daño como primer elemento de la responsabilidad, pues no se probó la afectación de los cultivos ni la infertilidad del suelo; conclusión a la que llega, luego de desvirtuar el dictamen pericial aportado con la demanda, por considerar que este no cumple con los requisitos normativos para ser válido, toda vez que la experiencia del perito no fue probada y las conclusiones a las que llega se derivan exclusivamente de las reglas de la lógica y la experiencia.

Explica que, en lo que atañe al cultivo de caña, se observó una inactividad probatoria por parte de los demandantes en lo que atañe a demostrar si quiera la existencia previa de este. Por otro lado y frente a la fertilidad del suelo, se tiene que, el peritaje allegado con la demanda adolece de prueba técnica que dé cuenta de dicha característica, siendo ello suficiente para no continuar con el análisis de los demás

previa de este. Por otro lado y frente a la fertilidad del suelo, se tiene que, el peritaje allegado con la demanda adolece de prueba técnica que dé cuenta de dicha característica, siendo ello suficiente para no continuar con el análisis de los demás elementos de la responsabilidad, pues insiste, no se probó el primero de ellos, cual es, el daño.

5. El recurso de apelación9.

La parte demandante solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones, por considerar que, la decisión adoptada por el A-Quo corresponde a interpretaciones rigoristas que responden a la difícil tarea pero no imposible de comprobar el daño por ellos sufrido.

8 Índice 00122 SAMAI – gestión otros Despachos 9 Índice 00128 SAMAI – gestión otros DespachosTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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Reprocha que la sentencia no valora ni hace alusión alguna al dictamen pericial decretado de oficio y realizado por el ICA en el que claramente se concluyó la existencia del daño con ocasión a la ocupación del predio con los escombros (tierra excavada).

Insiste en que, habiéndose decretado y practicado una prueba, le corresponde al Juez analizarla. Cosa distinta es que, de su análisis no sea posible cuantificar el perjuicio situación ante la cual, señalan, puede el Tribunal decretar la práctica de otro dictamen, o proferir una condena en abstracto.

Consideran que el caso se debe analizar bajo el régimen objetivo, título de daño

situación ante la cual, señalan, puede el Tribunal decretar la práctica de otro dictamen, o proferir una condena en abstracto.

Consideran que el caso se debe analizar bajo el régimen objetivo, título de daño especial, pues el daño ocasionado a ellos, aunque deviene de una actividad lícita de la administración, les generó una carga que no estaban en la obligación de soportar.

Por último y teniendo en cuenta que, en su sentir, la negativa de las pretensiones en primera instancia deviene de la ausencia de prueba técnica que determine la fertilidad del suelo, solicitan que, en virtud de lo previsto en el artículo 327 del Código General del Proceso, se requiera al ICA para que realice los estudios de suelo que sean necesarios a efectos de determinar el daño causado o su magnitud.

6. Alegatos de conclusión en sede de segunda instancia.

6.1 El consorcio Interlumi Güepsa10 solicita se mantenga la decisión adoptada por el A-Quo, al considerar que la parte demandante no logró probar, mediante prueba idónea, la existencia del daño alegado sobre el predio de su propiedad. Sostiene que el proceso carece de elementos de juicio suficientes que permitan establecer con certeza la existencia del perjuicio, y que, por tanto, el fallo de primera instancia se encuentra ajustado a derecho.

Aunque reconoce que el A-quo no hizo alusión expresa al dictamen pericial elaborado por el ICA , considera que dicha omisión no afecta la validez de la sentencia, en la medida en que dicho dictamen carece de fuerza probatoria suficiente, al no indicar la metodología empleada para sustentar sus conclusiones, ni contener elementos

por el ICA , considera que dicha omisión no afecta la validez de la sentencia, en la medida en que dicho dictamen carece de fuerza probatoria suficiente, al no indicar la metodología empleada para sustentar sus conclusiones, ni contener elementos técnicos objetivos que permitan validar la supuesta infertilidad del terreno o el impacto en el cultivo mencionado. Sumado a que en su sentir, extralimitó el objeto de la prueba decretada por la señora Juez de primera instancia.

6.2 El municipio de Güepsa11 solicita se confirma la providencia apelada, pues se encuentra de acuerdo con la conclusión en la que el A-Quo fundamenta su decisión, esto es, la inexistencia del daño. Afirmación que refuerza, señalando que el díctame pericial aportado con la demanda no cumple con los requisitos previstos en el Código General del Proceso.

En lo que atañe a la solicitud probatoria que realiza la parte recurrente en su escrito de apelación, se opone, por considerar que, tal solicitud no cumple con los presupuestos del artículo 327 del Código General del Proceso.

II. Consideraciones de la Sala.

10 Índice 000132 SAMAI – gestión otros Despachos 11 Índice 000010 SAMAITribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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1. Competencia en segunda instancia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón

1. Competencia en segunda instancia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Cuestión procesal previa – de la solicitud probatoria que realiza la parte demandante en su recurso de apelación.

Solicita los demandantes en su escrito recursivo que el Tribunal en sede de segunda instancia decrete una prueba técnica, en la que se le ordene al ICA realizar estudios y análisis del suelo del predio de su propiedad, a fin de establecer la existencia y magnitud del daño que alegan les fue causado con la obra pública realizada por el municipio demandado a través de los contratistas igualmente vinculados al proceso. Dicha solicitud se fundamenta en el hecho que, la sentencia de primera instancia niega las pretensiones por considerar que, al interior del expediente no se demostró el daño alegado por los demandantes.

Al respecto debe decir la Sala que, las oportunidades probatorias se encuentra n reguladas, para el caso del proceso ordinario contencioso administrativo, en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, disposición que establece los eventos en los cuales las partes pueden, en sede de segunda instancia, solicita el decreto de pruebas, siendo estos:

<<1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.

terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.

En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.>>

De cara a lo anterior, no encuentra el Tribunal que la prueba solicitada se encuadre en alguno de los eventos antes enlistados, pues, la demostración de la existencia del daño o su magnitud, es precisamente una carga de los demandantes y un supuesto que debe existir por supuesto, previo a interponer la demanda, por lo que, su presunta no demostración en el expediente, no es razón para que, en sede de segunda instancia se solicite el decreto de una prueba, máxime cuando no se trata de una prueba respecto de la cual en primera instancia se haya negado su decreto o queTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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habiéndose decretada no se haya practicado, pues resulta claro que con la demanda

Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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habiéndose decretada no se haya practicado, pues resulta claro que con la demanda fue aportado un dictamen pericial que tiene por objeto precisamente demostrar la existencia del daño y su magnitud y que en el transcurso del proceso se decretó otro, el cual fue practicado, siendo este respecto del cual la parte demandante alega no fue valorado por el A-Quo en la sentencia.

En consecuencia, se impone negar el decreto de la prueba solicitada en esta instancia, tal y como se dirá en la parte resolutiva de esta providencia.

3. Problema jurídico.

Con base en la reseña que antecede, especialmente en el escrito de apelación, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico.

Pj. ¿Se encuentra demostrado en el expediente la existencia del daño sufrido por los demandantes, esto es, la afectación al predio de su propiedad con ocasión a la ejecución del contrato de obra pública suscrito entre el municipio de Güepsa y el Consorcio CICO 2015?

Tesis: No.

4. Resolución del problema jurídico.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades. En desarrollo de este postulado constitucional, y co n el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado, corresponde analizar en primer lugar la existencia de un daño, el cual, una vez debidamente demostrado, permite avanzar al juicio de imputación para determinar la eventual

y co n el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado, corresponde analizar en primer lugar la existencia de un daño, el cual, una vez debidamente demostrado, permite avanzar al juicio de imputación para determinar la eventual obligación de reparación a cargo del demandado.

En ese sentido, el primer presupuesto que debe verificarse para efectos del análisis de responsabilidad es la configuración del daño, sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en los demás elementos estructurales, entre ellos la calificación de antijurídico, según lo previsto en el artículo 90 de la Constitución.

Así, el daño, entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito, debe encontrarse suficientemente acreditado en el expediente , esto es, que su existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética, debe ser personal y, debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente su características.12

Teniendo claras las características propias del primer elemento de la responsabilidad, cual es el daño, corresponde a esta Sala determinar sí tal como lo sostuvo la señora juez de primera instancia, en el expediente de la referencia no se logró acreditar la existencia del daño alegado, entendido éste como la afectación que aducen los demandantes generó el hecho de haber puesto los escombros de la excavación de tierra propia de la ejecución del contrat o de obra No. 098, en el suelo de su predio, suelo que era utilizado con fines agrícolas y que, como consecuencia del uso dado por la administración, perdió el cultivo de caña que se encontraba a la fecha en que

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del veintiocho de octubre

por la administración, perdió el cultivo de caña que se encontraba a la fecha en que

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del veintiocho de octubre de 2024, exp. 68418, C.P. William Barrera Muñoz.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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iniciaron las labores propias del contrato y perdió de forma permanente su fertilidad.

Así, se tiene que en el expediente está demostrado lo que sigue:

5.1 La suscripción de los contratos de obra pública e interventoría y sus generalidades:

a.) El 01 de junio de 2015 entre el municipio de Güepsa y el departamento de Santander se suscribió Convenio Interadministrativo No. 0000194013 el cual tuvo por objeto aunar esfuerzos para la recuperación de la vía de acceso del municipio. En virtud de dicho convenio el departamento se comprometió a destinar los recursos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato y el municipio a aportar los demás medios que fuesen requeridos.

En la cláusula novena del convenio se estableció que, el departamento realizará el control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del mismo, a través de un supervisor designado para el efecto por la oficina gestora del ente territorial departamental.

b.) En virtud del convenio interadministrativo suscrito con el departamento de Santander, el 28 de octubre de 2015 se suscribió entre el municipio de Güepsa en calidad de contratista en el Consorcio CICO 2015 en calidad de contratante, contrato

b.) En virtud del convenio interadministrativo suscrito con el departamento de Santander, el 28 de octubre de 2015 se suscribió entre el municipio de Güepsa en calidad de contratista en el Consorcio CICO 2015 en calidad de contratante, contrato de obra No. 98, con el objetivo de recuperar la vía de acceso al municipio, en un plazo de dos meses.

Para lograr el objetivo del contrato se fijaron dos tareas específicas, la construcción de un muro de contención y la rehabilitación de la calzada existente. A cada una de esas obras se les estableció unos ítems a los que se les determinó un precio determinado por su ejecución, así:

Muro de contención:

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor Parcial 1.01 Excavación Mecanizada en tierra h>2.0 m (incluye retiro y disp final) M3 825,00 $ 27.110 $ 22.355.750,00 1.02 Excavaciones varias en material común en seco a mano (incluye retiro y disp final) M3 41,25 $ 43.446 $ 1.792.147,50 1.03 Excavación en roca (incluye retiro y disp final) M3 165,00 $ 83.047 $ 13.702.755,00 1.04 Relleno de material seleccionado M3 507,50 $ 120.209 $ 73.026.967,50

13 Páginas 83 a 88 archivo 01 OneDrive, índice 000112 SAMAI – gestión otros DespachosTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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1.05 Material granular drenante M3 50,00 $ 133.707 $ 6.685.350,00 1.06 Suministro e instalación de Geotextil no tejido M2 290,00 $ 9.824 $ 2.848.960,00 1.07 Concreto de zapata de 3000 psi M3 67,50 $ 586.341 $ 39.595.017,50 1.08 Concreto de Muro de Contención de 3000 psi M3 48,75 $ 632.616 $ 30.834.030,00 1.09 Acero de refuerzo fy= 60000 psi KG 7.091,80 $ 4.816 $ 34.154.108,80 1.10 Suministro e instalación de Tubería perforada o=6'' ML 50,00 $ 124.786 $ 6.239.300,00 1.11 Suministro e instalación de Baranda Metálica h=0.9m, o=2'' ML 50,00 $ 221.266 $ 11.064.300,00

Rehabilitación de la calzada existente:

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor Parcial 2.01 Mejoramiento de subrasante M2 325,00 $ 6.833 $ 2.220.725,00 2.02 Suministro y Colocación de SubBase granular M3 65,00 $ 127.617 $ 8.308.105,00 2.03 Suministro y Colocación de Base Granular M3 48,75 $ 132.890 $

Colocación de SubBase granular M3 65,00 $ 127.617 $ 8.308.105,00 2.03 Suministro y Colocación de Base Granular M3 48,75 $ 132.890 $ 6.478.837,50 2.04 Imprimación M2 325,00 $ 6.525 $ 2.120.625,00 2.05 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2 M3 48,75 $ 660.882 $ 32.217.997,5 0

En la cláusula décima del contrato se establece que la Secretaría de Infraestructura del municipio de Güepsa o quien este designe, será quien ejerza la supervisión del contrato y especialmente, las actividades que allí enlistas, cuales son: exigir el cumplimiento del objeto contractual, solicitar al contratista los informes que requiera en desarrollo del contrato, verificar y certificar que el contratista se encuentra al día con las obligaciones propias del Sistema General de Seguridad Social integral y verificar la entrega de los elementos que se le hayan puesto a disposición delTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 686793333001-2016-00122-01

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contratista14.

c.) Igualmente, con ocasión al convenio interadministrativo señalado en el primer inciso del este numeral, el municipio de Güepsa suscribió el contrato de consultoría No. 097 del 28 de octubre de 201515 con el consorcio Interlumi Güepsa, con el objeto de realizar la intervención técnica, administrativa y financiera del contrato de obra que busca recuperar la vía de acceso al municipio.

Como obligaciones del contratista – interventor se tienen las que siguen:

de realizar la intervención técnica, administrativa y financiera del contrato de obra que busca recuperar la vía de acceso al municipio.

Como obligaciones del contratista – interventor se tienen las que siguen:

<<- presentar al supervisor del municipio de Güepsa en las fechas estipuladas por el alcalde del municipio o la persona que esta designe para apoyo de la supervisión, le informe de ejecución anexando los soportes pertinentes.

• Reintegrar al municipio los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro del término establecido.

• con los recursos públicos que reciba en razón al respectivo contrato se efectuaran gastos únicamente para el cumplimiento del objeto del mismo.

• Constituir a favor del municipio las garantías>>

A su vez, el municipio se obligó a:

<<- la supervisión y vigilancia del contrato, la cual será ejercida por el funcionario designado por el alcalde munici