TA SAN - Sentencia 686793333001-2016-00260-01 (20-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE SANATORIO DE CONTRATACIÓN E. S. E. NIT. 890

205 335-2 gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co notificacionesjudiciales@sanatoriocontratacion.gov.co mariangel2016r@gmail.com

DEMANDADO PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES

CAPRECOM

LIQUIDADO NIT. 830.053.105-3

distiraempresarialsas@gmail.com jcjuridicas@hotmail.com procesosjudiciales@parcaprecom.com.co Eimar36@gmail.com notificacionacreencias@caprecom.gov.co notjudicial@fiduprevisora.com.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK

DE EXPEDIENTE 686793333001-2016-00260-01

TEMA Se confirma la sentencia de primera instancia / No es posible valorar los documentos presentados en el trámite ordinario de facturación vigente durante la operación de CAPRECOM, pues corresponde a los acreedores aportar aquellos exigidos en el proceso concursal de liquidación.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte

acreedores aportar aquellos exigidos en el proceso concursal de liquidación.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 20 22 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil , que negó las pretensiones.

I.ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones El demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones AL -03983 del 10 de junio de 2016 y AL -10853 del 23 de agosto de 2016, proferidas por la Fiduciaria La Previsora S.A., en su calidad de liquidador de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM EICE en Liquidación, mediante las cuales se rechazó totalmente las acreencias presentadas por el Sanatorio de Contratación E.S.E., por un valor de $15.857.895,00.

A título de restablecimiento del derecho, solicita el reconocimiento y pago de las acreencias, su clasificación como crédito de prelación B y la actualización del monto adeudado desde la presentación de cada factura hasta la ejecutoria de la sentencia. Finalmente, pide la condena en costas a la parte demandada.

2. Hechos

El Sanatorio de Contratación E.S.E. afirma que suscribió múltiples contratos con CAPRECOM EICE para la prestación de servicios de salud de primer nivel a afiliados del régimen subsidiado en el municipio de Contratación, que incluyen

El Sanatorio de Contratación E.S.E. afirma que suscribió múltiples contratos con CAPRECOM EICE para la prestación de servicios de salud de primer nivel a afiliados del régimen subsidiado en el municipio de Contratación, que incluyen

1 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 01.CUADERNOPRINCIPAL.pdf Folios 5 -14RADICADO: 686793333001-2016-00260-01

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DEMANDANTE: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E. S. E.

DEMANDADO: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAPRECOM LIQUIDADO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander actividades de promoción, prevención y suministro de medicamentos. Refiere que, en ejecución de estos contratos, radicó ante la firma auditora de la entidad demandada las facturas correspondientes a los servicios médicos prestados y anexó los soportes físi cos exigidos. Indica que, de igual manera, remitió seis facturas por servicios de urgencias prestados por evento, que no estaban amparados en los contratos, pero fueron enviadas por correo certificado a las regionales de la EPS.

Sostiene que, mediante el Decreto 2519 de 2015, el Gobierno Nacional ordenó la liquidación de CAPRECOM EICE, ante lo cual presentó una reclamación de acreencias por $15.857.895,00, sustentada en las facturas previamente radicadas.

No obstante, aduce que, a través de la Resolución No. AL-03983 del 10 de junio de

acreencias por $15.857.895,00, sustentada en las facturas previamente radicadas.

No obstante, aduce que, a través de la Resolución No. AL-03983 del 10 de junio de 2016, la fiduciaria liquidadora La Previsora S.A. rechazó en su totalidad la acreencia y la califica como un crédito de «quinta clase». Expone que esta decisión le fue notificada el 14 de junio de 2016, pero no a su apoderado, pese a que se reconoció su representación y se suministró su correo electrónico para n otificaciones, lo que le impidió interponer el recurso de reposición.

Señala que, posteriormente, mediante la Resolución No. AL-10853 del 23 de agosto de 2016, la fiduciaria declaró la pérdida de fuerza ejecutoria parcial de la Resolución AL-03983, únicamente en lo relacionado con la prelación del crédito, lo reclasificó como «Prelación B» y reiteró el rechazo total de la acreencia. Advierte que, a diferencia del acto anterior, esta decisión sí fue notificada a su apoderado.

En este contexto, argumenta que cumplió con todos los requisitos exigidos para la radicación de sus facturas y que las resoluciones expedidas por el liquidador desconocieron las constancias de radicación y los soportes previamente allegados. Alega, además, que la ausencia de glosas o devoluciones durante la ejecución de los contratos confirma la validez de su reclamación.

Finalmente, sostiene que la fiduciaria no podía exigir nuevamente la presentación de documentos que ya reposaban en los archivos de CAPRECOM antes de su liquidación y que la omisión en su verificación derivó en la expedición de los actos

Finalmente, sostiene que la fiduciaria no podía exigir nuevamente la presentación de documentos que ya reposaban en los archivos de CAPRECOM antes de su liquidación y que la omisión en su verificación derivó en la expedición de los actos administrativos demandados con falsa motivación.

3. Normas violadas y concepto de violación

Se citan como normas violadas los artículos 2, y 29 de la Constitución Política; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011 y el Decreto 019 del 2012. El demandante expone que la administración vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, particularmente sus derechos a l debido proceso administrativo, a la defensa y a la contradicción. Aduce que la Resolución No. AL03983 del 10 de junio de 2016 fue expedida de forma irregular, pues no se notificó a su apoderado, a pesar de haber sido reconocido como tal. Sostiene que esta omisión le impidió interponer el recurso de reposición en sede administrativa y controvertir el acto dentro del procedimiento liquidatorio. Afirma que el hecho de que la resolución le haya sido notificada directamente no subsanó la vulneración del derecho de defensa, pues el apoderado fue contratado para representar y proteger sus intereses, por lo que la notificación debió realizarse a quien tenía la facultad expresa para actuar en su nombre. Reitera que la confianza depositada en el representante implica que sea él quien reciba las decisiones administrativas que le afecten. Como evidencia de esta irregularidad, advierte que la entidad demandada sí notificó directamente al apoderado la Resolución No. AL -10853 del 23 de agosto de 2016,

administrativas que le afecten. Como evidencia de esta irregularidad, advierte que la entidad demandada sí notificó directamente al apoderado la Resolución No. AL -10853 del 23 de agosto de 2016, mediante la cual declaró la pérdida de fuerza ejecutoria parcial de la Resolución No. AL-03983 y reafirmó el rechazo de la acreencia. Preci sa que esta actuaciónRADICADO: 686793333001-2016-00260-01

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DEMANDADO: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAPRECOM LIQUIDADO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander demuestra que la administración reconocía la obligación de notificar al apoderado y refuerza la inconsistencia en la notificación del primer acto administrativo. Argumenta que los actos administrativos demandados deben ser declarados nulos por incurrir en la causal de falsa motivación, conforme al inciso segundo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Indica que la Resolución AL -03983 de 2016 desconoció la documentación presentada, ya que, al momento de radicar las facturas expedidas por la prestación de los servicios de salud, se anexaron todos los soportes exigidos para su pago. Aclara que entre estos se incluyen la factura original y dos copias, historia clínica, epicrisis, órdenes médicas de exámenes diagnósticos y terapéuticos, hojas de suministro de medicamentos, hojas de evolución, lectura de exámenes y la

epicrisis, órdenes médicas de exámenes diagnósticos y terapéuticos, hojas de suministro de medicamentos, hojas de evolución, lectura de exámenes y la autorización original expedida por CAPREC OM. Sostiene que la firma auditora de cuentas médicas no recibía ni radicaba facturas sin estos requisitos, lo que demuestra que la documentación allegada cumplía con lo exigido. Añade que también aportó copias de los contratos y de las facturas a la entidad demandada, pues las facturas originales y sus soportes fueron radicados previamente ante esta. Como prueba, presenta constancias de recibido de cada factura, sin que la entidad hubiera efectuado glosas o devoluciones. En este sentido, rechaza el argumento de la demandada según el cual la acreencia no podía ser reconocida por falta de soportes. Sostiene que la obligación de trasladar esta documentación a la entidad liquidadora recaía en CAPRECOM y no en él. Explica, además, que la expedición de los actos administrativos demandados vulneró por omisión el inciso primero del artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, que establece un término de 20 días hábiles para que las entidades responsables del pago de servicios de salud formulen glosas a las facturas presentadas. Asegura que radicó todas sus facturas con los soportes exigidos y nunca recibió glosas por parte de la auditoría. Enfatiza que, dado que la norma prevé un término perentorio para objetar las facturas, la ausencia de glosas confirma la validez de la acreencia y demuestra que la negativa de reconocimiento contraviene la disposición legal. De igual forma, señala que los actos administrativos demandados desconocieron el

objetar las facturas, la ausencia de glosas confirma la validez de la acreencia y demuestra que la negativa de reconocimiento contraviene la disposición legal. De igual forma, señala que los actos administrativos demandados desconocieron el inciso primero del artículo 9 del Decreto 019 de 2012, que prohíbe exigir documentos que ya reposen en la entidad. Indica que la fiduciaria liquidadora no podía solicitar nuevamente los documentos soportes de las facturas cuando estos fueron entregados en original a CAPRECOM. Aclara que solo conservó copias de dichos documentos, las cuales anexa como prueba dentro del proceso. Finalmente, advierte que las resoluciones demandadas desconocieron el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, que regula los plazos para el pago de servicios prestados por las entidades de salud. Expone que la norma establece un esquema de pagos anticipados y térmi nos máximos de 30 días para el pago de facturas sin glosas, lo que refuerza la obligación de la demandada de reconocer la acreencia. Asevera que la negativa de pago carece de justificación, pues las facturas fueron radicadas con todos s us soportes y nunca fueron glosadas ni devueltas. En consecuencia, concluye que tanto CAPRECOM como la entidad liquidadora desconocieron las normas aplicables y actuaron en contravención de principios esenciales del procedimiento liquidatario, lo que vulneró sus derechos.

B. Contestación2

La parte demandada se opone a la prosperidad de las pretensiones y plantea las siguientes excepciones:

2 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 01.CUADERNOPRINCIPAL.pdf Folios 406 -439RADICADO: 686793333001-2016-00260-01

siguientes excepciones:

2 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 01.CUADERNOPRINCIPAL.pdf Folios 406 -439RADICADO: 686793333001-2016-00260-01

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DEMANDANTE: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E. S. E.

DEMANDADO: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAPRECOM LIQUIDADO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

1. Caducidad de la acción : Aduce que se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción, pues, conforme al aplicativo de la Rama Judicial, la demanda se presentó el 7 de diciembre de 2016, fuera del término legal para atacar el acto administrativo del 10 de junio del mismo año.

2. Falta de legitimación por pasiva : Sostiene que la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM LIQUIDADO no implica que sea una extensión de la personalidad jurídica de la extinta Caja de Previsión Social de las Comunicaciones CAPRECOM EICE, cuya existencia jurídica f inalizó según lo dispuesto en los artículos 36 y 38 del Decreto 254 de 2000.

Afirma que el patrimonio autónomo de remanentes, en su condición de sujeto de derecho independiente, está afecto exclusivamente a los fines previstos en el contrato de fiducia mercantil. Reitera que la fiduciaria actúa como vocera del patrimonio autónomo y no puede ser demandada en calidad de liquidadora de la antigua entidad.

en el contrato de fiducia mercantil. Reitera que la fiduciaria actúa como vocera del patrimonio autónomo y no puede ser demandada en calidad de liquidadora de la antigua entidad.

3. Falta de soportes sobre la facturación médica : Argumenta que, al momento de la expedición del acto administrativo del 10 de junio de 2016, la demandante no acreditó la procedencia de las acreencias al no aportar los soportes exigidos por la normatividad aplicable, específicamente los establecidos en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social y el Decreto 4747 de 2007. Indica que la omisión de estos documentos impidió el reconocimiento de la acreencia en el proceso liquidatorio.

4. Aplicación de las normas del proceso liquidatorio: Señala que el proceso de liquidación de CAPRECOM EICE debía regirse por las normas especiales que regulan la liquidación forzosa administrativa de entidades financieras, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 663 de 1993, el Decreto 2555 de 2010 y el De creto 2519 de 2015. Advierte que la demandante incumplió los requisitos exigidos en el trámite liquidatorio y que las normas de este proceso tienen aplicación preferente sobre cualquier otro procedimiento.

5. Prescripción de la cuenta médica: Explica que, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 183 de 1997, la facturación presentada como consecuencia de la compraventa de servicios médicos entre las entidades promotoras y prestadoras de salud está sujeta a la prescripción trienal prevista en el artículo 789 del Código de Comercio. Aduce que, en el caso concreto, la demandante permitió que transcurriera el término legal sin ejercer su derecho

prestadoras de salud está sujeta a la prescripción trienal prevista en el artículo 789 del Código de Comercio. Aduce que, en el caso concreto, la demandante permitió que transcurriera el término legal sin ejercer su derecho oportunamente, lo que derivó en la extinción de la acreencia por prescripción.

6. Falsa motivación del acto administrativo : Rechaza la acusación de falsa motivación alegada por la demandante y sostiene que los actos administrativos expedidos en el marco del proceso liquidatorio se sustentan en normas aplicables y en auditorías efectuadas conforme al procedimiento establecido en el Decreto 2519 de 2015. Añade que las causales de rechazo de las acreencias fueron establecidas y explicadas en la parte motiva de los actos administrativos proferidos.

Por lo anterior, solicita negar las pretensiones de la demanda y reconocer la legalidad de los actos administrativos cuestionados, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable al proceso de liquidación forzosa administrativa.

C. La sentencia recurrida3

En sentencia del 15 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil declara fundadas las excepciones propuestas por la parte demandada y, en consecuencia, niega las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes consideraciones:

3 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 14.SentenciaPrimeraInstancia.pdfRADICADO: 686793333001-2016-00260-01

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DEMANDANTE: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E. S. E.

DEMANDADO: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAPRECOM LIQUIDADO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander En cuanto a la notificación de la Resolución AL-03983 de 2016, concluye que no se vulneró el debido proceso, pues esta se realizó al correo electrónico suministrado por la parte demandante para recibir comunicaciones en el proceso liquidatorio. Sostiene que la parte actora no acreditó haber proporcionado una dirección electrónica distinta y que la intención de recibir notificaciones en dicho correo estaba expresamente consignada en su solicitud de reclamación. Agrega que la notificación directa al Sanatorio es suficiente para considerarlo debidamente informado de la decisión. En consecuencia, descarta la vulneración del derecho de defensa y reitera la presunción de legalidad del acto administrativo impugnado. Frente a la supuesta falsa motivación de la resolución, señala que la carga de la prueba recaía en el demandante y que este no demostró la existencia de los soportes documentales requeridos. Indica que el liquidador tenía la facultad de rechazar las acreen cias que no estuvieran debidamente soportadas y que la negativa al reconocimiento del crédito obedeció a la falta de pruebas suficientes para acreditar su procedencia. Además, precisa que no existe prueba de que los soportes originales no fueron revisados; por el contrario, considera acreditado que sí fueron verificados, dado que la causal de rechazo denominada «Obligación

para acreditar su procedencia. Además, precisa que no existe prueba de que los soportes originales no fueron revisados; por el contrario, considera acreditado que sí fueron verificados, dado que la causal de rechazo denominada «Obligación Inexistente» requería la observación de los documentos que reposaban en los archivos de la entidad. Añade que las causales de rechazo no se limitaron a la insuficiencia de soportes o a la carencia de requisitos esenciales en los documentos aportados, sino que existieron otras razones que la par te demandante no controvirtió y que igualmente justificaban la negativa al reconocimiento de las facturas. Respecto a la aplicación de glosas en el proceso de graduación y calificación de créditos, el a quo destaca que el régimen liquidatorio faculta al agente liquidador para ejercer un control riguroso sobre la procedencia de los créditos reclamados. Apunta que, si bien las facturas presentadas por la demandante no registraban glosas previas, ello no implicaba su reconocimiento automático, pues el liquidador debía verificar su validez conforme a la normativa aplicable. Asimismo, resalta que la demandante no formuló objeciones ni interpuso recursos contra la resolución que rechazó la acreencia, lo que refuerza la legalidad de la decisión administrativa impugnada.

D. La apelación4

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Sostiene que el juez no efectuó un análisis acertado sobre la falsa motivación de los actos administrativos demandados, pues las decisiones adoptadas desconocieron las actuaciones realizadas dentro del proceso y la documentación radicada. Afirma que las facturas presentadas contaban con todos los soportes exigidos por

actos administrativos demandados, pues las decisiones adoptadas desconocieron las actuaciones realizadas dentro del proceso y la documentación radicada. Afirma que las facturas presentadas contaban con todos los soportes exigidos por la normativa aplicable, ya que , sin el cumplimiento de estos requisitos, no habría sido posible su radicación. Indica que se allegaron copias de los contratos y de las facturas, mientras que los documentos originales fueron presentados previamente ante CAPRECOM. Como prueba, señala que cada una de las copias cuenta con la constancia de recibido por parte de la entidad, sin que se haya efectuado devolución o formulado glosas. Argumenta que la expedición de los actos administrativos demandados vulneró por omisión el inciso primero del artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, el cual establece que las entidades responsables del pago de servicios de salud deben formular y comunicar las glosas dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la factura. Expone que esta norma impone un término perentorio para la formulación de glosas y, pese a haberse presentado la documentación requerida, reitera que ninguna de sus facturas fue objetada por la auditoría.

4 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 18.Memorial-Recursodeapelación.pdfRADICADO: 686793333001-2016-00260-01

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E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 3 de mayo de 20 235 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se ordenó notificar al Ministerio Público y a las partes para su conocimiento, las cuales guardaron silencio durante el termino de ejecutoria.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su distrito judicial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente

problema jurídico:

¿El hecho de que las facturas fueran correctamente presentadas y soportadas conforme a los requisitos establecidos en la auditoría ordinaria de CAPRECOM, sin haber sido glosadas ni devueltas en esa instancia, impide que el liquidador , en el proceso de liquidación forzosa , rechace dichas acreencias por falta de requisitos o soportes?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: Mediante el Decreto No. 2519 de 2015 se ordenó la supresión y liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM EICE. Esta normativa establece que el proceso de liquidación se regirá por disposiciones especiales y por un reglamento interno que de fina el

supresión y liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM EICE. Esta normativa establece que el proceso de liquidación se regirá por disposiciones especiales y por un reglamento interno que de fina el procedimiento para la reclamación de acreencias por parte de los interesados. En este contexto normativo, la validación de las facturas presentadas requiere el cumplimiento de los requisitos esenciales que estas deben contener, así como la presentación de los soportes específicos exigidos previamente a todos los interesados, en igualdad de condiciones. Por lo tanto, no resulta procedente calificar la acreencia de la entidad demandante a partir de los documentos aportados en el trámite ordinario de facturación vigente durante la operación de CAPRECOM, dado que la normativa especial impone a los acreedores la carga de probar la procedencia de sus reclamaciones conforme a las reglas previstas para el proceso de liquidación forzosa. La tesis de la entidad apelante desconoce que el liquidador es un sujeto distinto de la entidad en liquidación y que, en el proceso concursal, debe velar por los intereses de todos los acreedores. En este marco, debe garantizar que las acreencias sean claras, expresas y exigibles, lo que implica que estas sean plenamente verificadas por él, de acuerdo con las exigencias establecidas en las normas especiales. No se trata de un simple trámite interadministrativo, sino de un procedimiento sujeto a principios y reg las específicas que buscan la equidad entre los acreedores, la transparencia en la gestión y la correcta liquidación de la entidad, por lo que los requisitos deben cumplirse estrictamente. Para sustentar esta tesis, la Sala procederá a analizar las disposiciones normativas relacionadas con la calificación y el rechazo de acreencias en el marco del proceso

requisitos deben cumplirse estrictamente. Para sustentar esta tesis, la Sala procederá a analizar las disposiciones normativas relacionadas con la calificación y el rechazo de acreencias en el marco del proceso de liquidación forzosa de CAPRECOM. Con base en lo anterior, se examinarán las pruebas para concluir que asiste razón al a quo, en el sentido de que los actos acusados no adolecen de falsa motivación, dado que el crédito presentado por la ESE de Contratación fue rechazado conforme a las normas aplicables.

5 Expediente digital SAMAI. Índice 00005.RADICADO: 686793333001-2016-00260-01

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C. Marco jurídico El proceso de liquidación forzosa de CAPRECOM EICE: normas especiales y facultades del Liquidador

Mediante el Decreto No. 2519 de 2015, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" EICE, vinculada al Ministerio de Salud y Protección Social, y designó a la fiduciaria LA PREVISORA S.A. para llevar a cabo el proceso de liquidación.

Asimismo, se dispuso que el régimen de liquidación se regiría por lo establecido en

a la fiduciaria LA PREVISORA S.A. para llevar a cabo el proceso de liquidación.

Asimismo, se dispuso que el régimen de liquidación se regiría por lo establecido en el Decreto Ley 254 de 2000 6, la Ley 1105 de 2006 7 y las disposiciones que las modifiquen, sustituyan o reglamenten, así como por las normas especiales del Decreto de supresión, y en lo no previsto en estas normas, se aplicaría lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

La auditoría realizada durante el proceso de liquidación de CAPRECOM sobre las reclamaciones presentadas al proceso concursal se llevó a cabo en cumplimiento de la obligación legal de determinar el pasivo de la entidad, conforme al artículo 22 del Decreto Ley 254 de 2000.8

Por otro lado, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 9 establece el procedimiento aplicable a las entidades financieras sometidas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa, el cual se describe en términos generales de la siguiente manera: una vez decretada la liquidación, (i) se ordena el emplazamiento de quienes tengan reclamaciones contra la entidad intervenida, (ii) se abre el plazo para presentar dichas reclamaciones, y una vez vencido ese término y (iii) se expide el acto administrativo que determina los bienes que integran la masa de liquidación y las acreencias que se reconocerán para su pago con cargo a dicha masa.

En consonancia con lo anterior, el Decreto 2555 de 201010, consagra las siguientes reglas:

«Artículo 9.1.3.2.2 Término para presentar reclamaciones.

El término que se establezca para presentar las reclamaciones no podrá ser

reglas:

«Artículo 9.1.3.2.2 Término para presentar reclamaciones.

El término que se establezca para presentar las reclamaciones no podrá ser superior a un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación del último aviso de emplazamiento. (…)”

Artículo 9.1.3.2.4 Pasivo a cargo de la entidad en liquidación.

Para la determinación de las sumas a cargo de la entidad en liquidación se tendrá en cuenta lo siguiente:

(…) b) Las reclamaciones oportunamente presentadas, aceptadas y rechazadas contra la masa de la liquidación, señalando la naturaleza de las mismas, su cuantía y la prelación para el pago y las preferencias que la ley establece, de conformidad con el numeral 1 del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las regl as generales del Código Civil y demás disposiciones legales aplicables.

(…) Parágrafo. Si el liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier reclamación prevista en el presente Libro, la rechazará.

6 «Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional». 7 Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones. 8 ARTÍCULO 22. I