TA SAN - Sentencia 686793333001-2017-00004-02 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 15 de mayo de 2023, proferida por el Juzgado Administrativo Ad Hoc del Circuito Judicial de San Gil mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 686793333001-2017-00004-02 DEMANDANTES Edwin Merchán Hernández abogados@rinconperez.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decretos 383 y 384 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Edwin Merchán Hernández

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001-2017-00004-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

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1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Edwin Merchán Hernández Villafañe promueve demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución No. 02285 del 2 de marzo de 2016 proferido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ii) acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Aplicar de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, la EXCEPCIÓN DE INC ONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD del artículo primero de los Decretos 0384 de 2013, 1271 de 2015, 0248 de 2016 y los que en dicha materia ha expedida y profiera el Gobierno Nacional, donde indique que «constituirá únicamente factor salarial para la base de c otización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», sustrayéndole a la Bonificación Judicial su naturaleza de factor salarial, conforme lo referido en la parte motiva.

al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», sustrayéndole a la Bonificación Judicial su naturaleza de factor salarial, conforme lo referido en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 02285 de fecha 02 de marzo de 2016 mediante el cual, la

NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL negó las peticiones solicitadas por mi poderda nte, la cual consiste en la reliquidación de todas las prestaciones sociales, auxilio a las cesantías y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 01 de enero de 2013 hasta la presente fecha, y las que a futuro se causen, incluyendo en la base de reliquidación la denominada bonificación judicial que actualmente se viene excluyendo como factor salarial y prestacional.

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 29 índice SAMAI, archivo 4, folios 4 a 24.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Edwin Merchán Hernández

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TERCERO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo ficto o presunto del recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el Administrativo contenido en la Resolución No. 02285 de fecha 02 de

TERCERO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo ficto o presunto del recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el Administrativo contenido en la Resolución No. 02285 de fecha 02 de marzo de 2016, por haber operado el silencio administrativo negativo.

CUARTO: Conforme a lo anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se condene a la NA CIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a RELIQUIDAR la prima de servicios, prima de productividad, bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses so bre las cesantías, sueldo por vacaciones, demás prestaciones y emolumentos que se liquiden con base en el salario del Dr. EDWIN MERCHAN HERNANDEZ, como servidor beneficiario del Decreto 384 de 2013, desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha y las que a f uturo se causen, incluyendo en la base de reliquidación la Bonificación Judicial que actualmente la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial viene excluyendo inconstitucionalmente del pago de las prestaciones sociales de mi prohijado, desconociendo que dicha bonificación es parte integral del salario percibido conforme se ha reiterado en los distintos pronunciamientos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado.

QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración, RECONOCER Y PAGAR a favor del Dr. EDWIN MERCHAN HERNÁNDEZ, las diferencias que arroje la reliquidación de las prestaciones y demás emolumentos,

QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración, RECONOCER Y PAGAR a favor del Dr. EDWIN MERCHAN HERNÁNDEZ, las diferencias que arroje la reliquidación de las prestaciones y demás emolumentos, debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación d esarrollada por el

Honorable Consejo de Estado.

SEXTO: Igualmente, solicito el reconocimiento de intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a favor desde que se hizo exigible el derecho, por no haberse reconocido el pago de las pre staciones sociales conforme a la Ley.

SÉPTIMO: Se reconozca la Bonificación Judicial creada con el Decreto 384 de 2013, en adelante, dentro de la nómina del Dr. EDWIN MERCHÁN HERNÁNDEZ, como parte integral de salario, para todos los efectos jurídicos, en particular, para la liquidación de todas y cada una de las prestaciones sociales que tengan como base de liquidación el salario.

OCTAVO: Reconocer a mi poderdante la SANCIÓN MORATORIA conforme el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 referida en la parte motiva.

NOVENO: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada de conformidad con el Acuerdo PSAA16 -10554 proferido por laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes.» (sic en todo el texto).

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El señor Edwin Merchán Fernández se encuentra vinculado a la Rama Judicial y labora en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, razón por la cual es beneficiario de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 384 de 2013.

1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.

1. En virtud de lo anterior, el demandante presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -Seccional Santander, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho.

1. El 2 de marzo de 2016 , mediante Resolución 2285, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa, la cual fue notificada el 5 de mayo de 2016.

1. El 18 de mayo de 2016 , se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad ha

notificada el 5 de mayo de 2016.

1. El 18 de mayo de 2016 , se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 4, 13, 25 29, 53 y 150 de la Constitución Política; 2 y 10 de la Ley 4 de 1992, 2 y 10 de la Ley 270 de 1996, 127 del Código Sustantivo del Trabajo y 5 del Decreto 1075 de 1978.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y máxime de los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del decreto 38 4 de

2013.

inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del decreto 38 4 de 2013.

1. Es pertinente otorgar todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos la posición negativa que intente erigirse.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas «del régimen legal y reglamentario de los empleados públicos» y «prescripción». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. En el presente caso, la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 29 índice SAMAI, archivo 004, folios 92 a 110.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Edwin Merchán Hernández

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folios 92 a 110.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ej ecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

1. La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Ad Hoc del Circuito Judicial de San Gil mediante sentencia del 15 de mayo de 2023, resolvió:

«PRIMERO. INAPLICAR por inconstitucional, para el caso en concreto, la

El Juzgado Administrativo Ad Hoc del Circuito Judicial de San Gil mediante sentencia del 15 de mayo de 2023, resolvió:

«PRIMERO. INAPLICAR por inconstitucional, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el artículo 1 de los Decretos 383 de 2013, y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. .

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No 02285 del 2 de marzo de 2016 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra la Resolución No 02285 del 2 de marzo de 2016.

3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 32 .Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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CUARTO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la

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CUARTO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No 02285 del 2 de marzo de 2016.

QUINTO. ORDENAR a la NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a i) reconocer a favor de EDWIN MERCHÁN HERNÁNDEZ la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial a partir de la ejecutoria de esta sentencia, y, en adelante, por el tiempo q ue el actor efectivamente labore en la RAMA JUDICIAL y devengue dicho concepto; ii) reliquidar todas las prestaciones sociales y derechos laborales devengados por el actor desde el 23 de febrero de 2013 y por el tiempo efectivamente laborado en la Rama Jud icial, con inclusión de la Bonificación Judicial como parte integrante de la base de liquidación.

SEXTO. CONDENAR, a la NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar las diferencias resultan tes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SÉPTIMO. DECLARAR que en el presente asunto ha operado la prescripción

ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar las diferencias resultan tes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SÉPTIMO. DECLARAR que en el presente asunto ha operado la prescripción trienal de las diferencias causadas con anterioridad al 23 de febrero de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO. Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

DÉCIMO. NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

DÉCIMO PRIMERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]» (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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1. Conforme a las pruebas allegadas el demandante labora en la Rama Judicial y pertenece al régimen acogido toda vez que devenga mensualmente la bonificación judicial.

1. Dicha prestación, le ha sido cancelada en forma continua, mensual y

1. Conforme a las pruebas allegadas el demandante labora en la Rama Judicial y pertenece al régimen acogido toda vez que devenga mensualmente la bonificación judicial.

1. Dicha prestación, le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señala r en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la norma que regula la bonificación judicial cuando indica que este emolumento solo c onstituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en

Salud.

1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y , por tanto, habitual y periódico de manera que cumple las características de constituirse en una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios

postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.

1. Aceptar que la bonificación judicial está exenta de su carácter salarial, salvo para las cotizaciones al sistema de seguridad social, representa una disminución en el valor de las prestaciones sociales del demandante, lo queNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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significa que la expresión «úni camente» contemplada en el artículo 1 de los Decretos 383 de 20 13 y 1269 de 2015 implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestacione s para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente se concreta con la expedición del Decreto 083 de 2013 que previó la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El a quo le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no está en su deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones de los servidores.

1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación de lo s Decretos 383 y 384 de 2013 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir, por mandato de Ley, al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 11,Nulidad y restablecimiento del derecho

Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 11,Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Edwin Merchán Hernández

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entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 25 de noviembre de 2024 5 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Ministerio público.

No rindió concepto de fondo.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente

hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias

5 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Edwin Merchán Hernández

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dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si los demandantes tienen derecho a que se le s reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 de los Decretos 383 y 384 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de

al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 de los Decretos 383 y 384 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y presta cional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Le y 4 de 1992 6, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante los Decretos 383 y 384 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respectivamente, que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993,

6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales (subrayado no original)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Radicado: 686793333001-2017-00004-02

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a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1 para cada cargo.

Los artículos 1 y 2 del Decreto 383 de 2013 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonific ación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC)

consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonific ación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el a