TA SAN - Sentencia 686793333001-2017-00024-02 (06-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, seis (06) de marzo del dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 686793333001-2017-00024-02

ENLACE DEL

EXPEDIENTE:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Cas os/list_procesos.aspx?guid=6867933330012017 00024026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: IDALID ARDILA JAIMES

jerarquiajuridica@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia - Confirma

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 021

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) ,

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) , proferida por el Juzgado Administrativo Ad Hoc – Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES.Nulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Idalid Ardila Jaimes

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 686793333001-2017-00024-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

A. Posición de la parte demandante1

Se promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución N° 02612 de fecha 15 de marzo de 2016, expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 18 de mayo de 2016, mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Aplicar de conformidad con el artículo 4° de la Constitución

Política, la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGAUDAD del

sociales de la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Aplicar de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política, la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGAUDAD del artículo primero de los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015, 0246 de 2016 y los que en dicha materia ha expedido y profiera el Gobierno nacional, donde indique que "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud: sustrayéndole a la Bonificación Judicial su naturaleza de factor salarial, conforme lo referido en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 02612 de fecha 15 de marzo de 2016 mediante el cual, la

NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL negó las peticiones solicitadas por mi poderdante. la cual consiste en la reliquidación de todas las prestaciones sociales , auxilio a las cesantías y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 01 de en ero de 2013 hasta la presente fecha y , las que a futuro se causen, incluyendo en la base de reliquidación la denominada bonificación judicial que actualmente se viene excluyendo como factor salarial y prestacional.

TERCERO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo ficto o presunto del recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el Administrativo contenido en la Resolución N° 02612 de fecha 15 de marzo de 2016, por haber operado el silencio administrativo negativo.

del recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el Administrativo contenido en la Resolución N° 02612 de fecha 15 de marzo de 2016, por haber operado el silencio administrativo negativo.

CUARTO: Conforme lo anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se condene a la NACIÓN — RAMA JUDICIAL — CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a RELIQUIDAR la Prima de Servicios, Prima de Productividad. Bonificación por Servicios, Prima de Vacaciones. Prima de Navidad. Cesantías, intereses sobre las Cesantías, Sueldo por Vacaciones, demás prestaciones y emolumentos que se liquiden con base en el salario de la Dra. IDAUD ARDILA JAIMES, como servidor ju dicial beneficiaria del Decreto 383 de 2013, desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha y las que a futuro se causen. incluyendo en la base de reliquidación la Bonificación Judicial que actualmente la entidad demandada viene excluyendo inconstitucionalmente del pago de las prestaciones sociales de mi prohijada. desconociendo que dicha bonificación es parte integral del salario percibido

1 Pág. 2-15, 001. CuadernoPrincipal.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Idalid Ardila Jaimes

Demandado: Nación – Rama Judicial

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander conforme se ha reiterado en los distintos pronunciamientos jurisprudenciales

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander conforme se ha reiterado en los distintos pronunciamientos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado.

QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración, RECONOCER Y PAGAR a favor de la Dra. IDAUD ARDILA JAIMES, las diferencias que arroje la reliquidación de las prestaciones y demás emolumentos, debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable

Consejo de Estado.

SEXTO: Igualmente, solicito el reconocimiento de intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho, por no haberse reconocido el pago de las prestaciones sociales conforme a la Ley.

SÉPTIMO: Se reconozca la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013. en adelante, dentro de la nómina de la Dra. IDALID ARDILA JAIN1ES, como parte integral de salario, para todos los efectos jurídicos, en particular. para la liquidación de todas y cada una de las presta ciones sociales que tengan como base de liquidación el salario.

OCTAVO: Reconocer a mi poderdante la SANCIÓN MORATORIA conforme el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 referida en la parte motiva.»

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

La demandante es servidora de la Rama Judicial en el cargo de asistente social I

el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 referida en la parte motiva.»

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

La demandante es servidora de la Rama Judicial en el cargo de asistente social I del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil y devenga mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 383 de 2013.

El 10 de marzo de 2016, se elevó petición ante la entidad demandada solicitando la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013, y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la Resolución N° 02612 de fecha 15 de marzo de 2016, en la que se negaron las pretensiones.

Inconforme con la decisión, se interpuso recurso de apelación el día 18 de mayo de

2016. Sin embargo, la parte demandada guardó silencio.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 y 150, numeral 19, literal e) y 215 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992, Ley 270 de 1996, Ley 482 de 1998, artículo 127 y 4 del Código Sustantivo del Trabajo, artículoNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Idalid Ardila Jaimes

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 686793333001-2017-00024-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 686793333001-2017-00024-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 42 del Decreto 1042 de 1978, artículo 5 del Decreto 1045 de 1978, Ley 244 de 1995 y 344 de 1996, artículo 9 9 de la Ley 50 de 1990, el Decreto 383 de 2013 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada.

La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 383 de 2013, la Ley 4 de 1992 y en que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, indicó que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilid ad de la

reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilid ad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Adicionalmente, propuso la excepción de prescripción trienal de los derechos reclamados.

C. Sentencia de primera instancia3.

2 Pág. 78-96, 001. CuadernoPrincipal.pdf

3011. SentenciaPrimeraInstancia.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander El Juzgado Administrativo Ad Hoc - Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, mediante sentencia del ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023), resolvió:

«PRIMERO. INAPLICAR por inconstitucional, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. DECLARAR la nu lidad de la Resolución No 02612 del 15 de marzo de 2016 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga por medio de la cual se negó la

parte motiva.

SEGUNDO. DECLARAR la nu lidad de la Resolución No 02612 del 15 de marzo de 2016 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de la parte demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra la Resolución No 02612 del 15 de marzo de 2016.

CUARTO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No 02612 del 15 de marzo de 2016.

QUINTO. ORDENAR a la NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a i) reconocer a favor de IDALID ARDILA JAIMES la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales y derechos laborales, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, y, en adelante, por el tiempo que la parte actora efectivamente labore en la R AMA JUDICIAL y devengue dicho concepto; ii) reliquidar todas las prestaciones sociales y derechos laborales devengados por la parte actora desde el 11 de marzo de 2013 y por el tiempo

actora efectivamente labore en la R AMA JUDICIAL y devengue dicho concepto; ii) reliquidar todas las prestaciones sociales y derechos laborales devengados por la parte actora desde el 11 de marzo de 2013 y por el tiempo efectivamente laborado en la Rama Judicial, con inclusión de la Bonificación Judicial como parte integrante de la base de liquidación.

SEXTO. CONDENAR a la NACION -RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRACION JUDICIAL a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales d evengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SEPTIMO. DECLARAR que en el presente asunto ha operado la prescripción trienal de las diferencias causadas con anterioridad al 11 de marzo de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO. Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander DECIMO. NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

DÉCIMO PRIMERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.»

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander DECIMO. NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

DÉCIMO PRIMERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.»

Indicó que el Decreto 383 de 2013 desconoció los postulados constitucionales respecto de la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida que despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de man era continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario. Por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Manifestó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que la demandante presentó la reclamación administrativa el 11 de marzo de 2016; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 11 de marzo de 2013 se encuentran prescritas.

D. Recurso de apelación.

reclamación administrativa el 11 de marzo de 2016; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 11 de marzo de 2013 se encuentran prescritas.

D. Recurso de apelación.

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 383 y 384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos

4013. Memorial-RecursoApelacion.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno naciona l, específicamente en la expedición del Decreto 383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de soportar y le exigió un imposible

1. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. La responsabilidad recae en el Gobierno nacional y no en la Rama Judicial, razón por la cual la prosperidad de las pretensiones requiere necesariamente la inaplicación de los Decretos 383 y 384 de 2013. En consecuencia, para el pago de emolumentos no contemplados en los cálculos de la Rama Judicial, se deberá acudir por mandato legal al Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este organismo deberá asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas, lo que implicaría una modificación del Presupuesto General de la Nación.

1. La acción de inaplicabilidad de los decreto s salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un derecho adquirido, sino que fue el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, la demandante no tiene derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.Nulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Idalid Ardila Jaimes

prestacionales adicionales. Por lo tanto, la demandante no tiene derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander vii) Los actos administrativos impugnados fueron proferidos en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

Sin pronunciamiento en segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problemas jurídicos.

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se debe resolver el siguiente interrogante que surge de los argumentos de impugnación de la parte demandada: ¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia por qué; i) La oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 383 y 384 de 2013, caducó, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos, ii) La Rama Judicial, específicamente l a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 383 y 384 de 2013, iii) la inaplicación por inconstitucionalidad de estos decreto s no es procedente en el caso particular, por

competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 383 y 384 de 2013, iii) la inaplicación por inconstitucionalidad de estos decreto s no es procedente en el caso particular, por estar vigentes y no haber sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional?

G. Tesis de la Sala.

No, el acto acusado al negar prestaciones periódicas puede ser demandado en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, no se pueden entender como demandados los decretos que crean la bonificación judicial, habida cuenta que lo único que se pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente» y no la declaratoria de ilegalidad. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo,Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

Así mismo, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las nor mas en materia salarial

Así mismo, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las nor mas en materia salarial dentro de los límites establecidos. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidore s judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

H. Metodología de la decisión.

Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y vi) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 383 de 6 de marzo deNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensualmente y solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud. Se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose

Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacio nal de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decret os 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos.

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artícul os 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

«Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.» Del análisis de estas normas se llega a las sigu