TA SAN - Sentencia 686793333001-2017-00030-02 (20-03-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga contra la sentencia proferida el ocho (08) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Primero Administrativo Ad Hoc del Circuito Judicial de San Gil previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones

1 Archivo No. 001 Cuaderno Principal pdf.

Radicado:

686793333001-2017-00030-02

Demandante:

CARMENZA CASTILLO MATEUS con cédula de ciudadanía No. 28.032.557

Correo electrónico: Ayala.john@hotmail.com

Demandado:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SECCIONAL BUCARAMANGA

Correo electrónico: dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Se confirma la sentencia de primera instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 2

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La demandante pretende que se declare la nulidad de : (i) la Resolución No. 02301 del 02 de marzo de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, (ii) el acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación presentado el 18 de mayo de 2016. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos, pretende se ordene a la entidad demandada reconocer la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional, así mismo que se condene en costas y que, se ajuste la condena tomando como base el IPC.

B. Hechos Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que labora en la Rama Judicial y que, desempeña el cargo de escribiente en el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Vélez (S).

De conformidad con el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , se delegó al

Judicial y que, desempeña el cargo de escribiente en el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Vélez (S).

De conformidad con el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , se delegó al Gobierno Nacional una facultad, sin que ello lo autorizara para restringir el carácter de factor salarial a las medidas adoptadas para cumplir el deseo d e n ivelación salarial a favor de los servidores de la Rama Judicial ; además, en el art. 2 ibidem, se consignó como criterio orientador el respeto de los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales y se especificó que en ningún caso se podrían desmejorar sus salarios y prestaciones sociales.

Consecuentemente, el 22 de febrero de 2016 presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bucaramanga, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho. Posteriormente, el 02 de marzo de 2016, mediante Resolución NO. 02301, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa, la cual fue notificada el 05 de mayo de 2016.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 3

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Finalmente manifiesta que, el 18 de mayo de 2016, interpuso recurso de apelación

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Finalmente manifiesta que, el 18 de mayo de 2016, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el que no ha sido resuelto, motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.

C. Normas violadas y concepto de violación

Se invocan como como violados los artículos 1 2, 4, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política, 2 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones: Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º del decreto 383 de 2013.

Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

Si bien el Gobierno Nacional con la finalidad de mitigar la brecha salarial existente

antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

Si bien el Gobierno Nacional con la finalidad de mitigar la brecha salarial existente entre los funcionarios de la Rama Judicial creó mediante la expedición del Decreto 383 de 2013 un emolumento salarial para un alto porcentaje de empleados y funcionaros, lo anterior no significa que hubiera obrado del todo de buena fe y honrado cada uno de los principios, derechos y deberes que le impuso el legislativo, toda vez que de manera premeditada le restó los efectos prestacionales que por disposición legal se le debe dar a todo emolumento que se paga al trabajador como contraprestación directa por los servicios prestados. Las autoridades administrativas tienen el deber de efectivizar los derechos de los ciudadanos; no obstante, en el presente caso es el Estado quien vulnera derechosTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 4

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ciertos, irrenunciables e indiscutibles al desconocer de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política los efectos prestacionales de la bonificación judicial.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga -págs. 88 a 114 archivo No. 001-, se opone a la prosperidad de las pretensiones. Sostiene que, la entidad demandada que debió ser vinculada al presente proceso no es la Rama Judicial sino el Gobierno Nacional por sus competencias constitucionales y legales, comoquiera que se encuentran en debate normas de

Sostiene que, la entidad demandada que debió ser vinculada al presente proceso no es la Rama Judicial sino el Gobierno Nacional por sus competencias constitucionales y legales, comoquiera que se encuentran en debate normas de carácter salarial expedidas por el ejecutivo. Dice que, no tiene f acultades ni participa en el proceso de proferir de los decretos salariales, en aras de mantener vigente el principio de separación de poderes ; además, los jueces tampoco cuentan con la facultad de violentar ese principio fundamental del Estado. Recaba en que, es ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su «inaplicabilidad” y/o su inconstitucionalidad», dado que sus actuaciones son meros actos de ejecución y que deben permanecer incólumes en el ordenamiento jurídico, motivo por el cual no pueden ser objeto de control jurisdiccional en razón a su naturaleza puesto que se limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa.

Anota que, la demanda adolece de ineptitud por cuanto no fue vinculado el poder ejecutivo ni a su representante y, en materia de competencia, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Argumenta que, e n virtud de lo establecido en la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la

fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 5

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Pone de presente que, cumple una función netamente ejecutora, vale decir, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales, en los términos y valores establecidos en los Decretos 0383 y 0384 de 2013 y de manera anual en cada tabla de salarios por el ejecutivo.

Precisa que, a este asunto no resulta aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, ni las regulaciones que en materia de relaciones de trabajo existan entre la Administración Pública y los empleados y funcionarios vinculados a la Rama Judicial, motivo por el cual no existen emolumentos que se adeuden a la parte demandante como consecuencia de su liquidación salarial y prestacional.

Sostiene que, la demandante incurrió en un error al no integrar a la parte pasiva del presente proceso al Gobierno Nacional, el cual se encuentra conformado por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los Directores de Departamentos Administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política, mandato constitucional que no puede desconocerse con la

Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los Directores de Departamentos Administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política, mandato constitucional que no puede desconocerse con la pretensión de «inaplicar» normas vigentes, toda vez que lo pretendido con la demanda es la modificación de la escala de salarios prevista en el presupuesto general de la nación, cuyo control y custodia está también a cargo del Gobierno Nacional. Afirma que, l os decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial no cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial toda vez que es el Gobierno Nacional, quien a través de las autoridades competentes debe pronunciarse respecto de lo legalidad de sus actuaciones. Se pronuncia sobre la prescripción de los derechos prestacionales, argumentando que, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, dispone que «las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre unTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 6

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derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».

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derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual». En consecuencia, considera que, ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por la demandante, toda vez que radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga el 22 de febrero de 2016 , mediante la cual reclamó el reconocimiento de la bonificación decreto 383 y 384 de 2013 , razón por la cual las sumas reclamadas con anterioridad al 22 de febrero de 2013 se encuentran prescritas. Finalmente, alega que, los Decretos 383 y 384 de 2013 y siguientes no han sido decretados nulos, razón por la cual es posible concluir que su contenido es válido y mantiene su presunción de legalidad, motivo por el cual no es posible efectuar el reconocimiento y pago pretendido, máxime cuando la demandante no demandó la legalidad de los mencionados decretos en el momento oportuno. Enfatiza que, la demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibidem, puesto que lo que resulta evidente de la lectura de las pretensiones formuladas es el restablecimiento automático de un derecho ; no obstante, las normas que regulan esa remuneración no fueron demandados, motivo por el cual no se encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de esa omisión.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve:

motivo por el cual no se encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de esa omisión.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve: «PRIMERO. INAPLICAR por inconstitucional, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución No 02301 del 2 de marzo de 2016 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de la parte demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

2 Archivo No. 008 OneDrive.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 7

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TERCERO. DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra la Resolución No 02301 del 2 de marzo de 2016. CUARTO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta derespuesta del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No 02301 del 2 de marzo de 2016.

CUARTO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta derespuesta del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No 02301 del 2 de marzo de 2016. QUINTO. ORDENAR a la NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a i) reconocer a favor de CARMENZA CASTILLO MATEUS la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales y derechos laborales, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, y, en adelante, por el tiempo que la parte actora efectivamente labore en la RAMA JUDICIAL y devengue dicho concepto; ii) reliquidar todas las prestaciones sociales y derechos laborales devengados por la parte actora desde el 22 de febrero de 2013 y por el tiempo efectivamente laborado en la Rama Judicial, con inclusión de la Bo nificación Judicial como parte integrante de la base de liquidación. SEXTO. CONDENAR a la NACION -RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRACION JUDICIAL a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada. SEPTIMO. DECLARAR que en el presente asunto ha operado la prescripción trienal de las diferencias causadas con anterioridad al 22 de febrero de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

ordenada. SEPTIMO. DECLARAR que en el presente asunto ha operado la prescripción trienal de las diferencias causadas con anterioridad al 22 de febrero de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. OCTAVO. Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. NOVENO. La entidad demandada dará cumplimiento ala sentencia de conformidad con los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. DECIMO. NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. DÉCIMO PRIMERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda».

Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene la Juez de primera instancia que, l a bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual al demandante , sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas yTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 8

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reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que , resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la

decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que , resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

Itera que, e l límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o caus a de la

otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o caus a de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

Concluye afirmando que, la bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanenteTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 9

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de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la ex presión «no constituye factor salarial » deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, por intermedio de apoderado judicial, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su solicitud expone que:

No cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial , puesto que su competencia

fundamento de su solicitud expone que:

No cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial , puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno nacional, específicamente en la expedición los Decretos 083 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

La primera instancia desconoció lo anterior porque, le impuso una carga excesiva a que no está en deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

Insiste que, el art. 103 del Decreto 270 de 1996 le asigna competencias del pago de servidores judiciales como ordenar de gasto, pero no altera o modifica el régimen legal y reglamentario de los empleados públicos ni su asignación salarial, por tanto, de acceder a lo pretendido por la demandante, desconocería el art. 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, ello porque, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados debe acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es d ecir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual , implica la alteración del Presupuesto General de la Nación. En tal virtud, insiste, debe ser vinculado el Gobierno Nacional, por ser la autoridad competente de fijar la remuneración salarial y prestacional.

3 Archivo No. 010 OneDrive.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia

por ser la autoridad competente de fijar la remuneración salarial y prestacional.

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Reitera que, hay lugar a declarar la caducidad por cuanto los Decretos 383 y 384 de 2013 no han sido decretados nulos y no han sido atacados por la parte actora, destacando que la bonificación judicial ha sido liquidada y pagada conforme a tal normatividad, siendo estos decretos salariales cuya nulidad debió pretender se dentro del término establecido en el Art. 138 del CPACA.

Finalmente, solicita mantener la decisión de no condenar en costas porque, ha planteado argumentos de defensa plausibles y, no existe temeridad en ejercicio de la defensa de la Nación.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El proceso es allegado al Despacho Ponente de esta providencia el 25.11.2024actuación No. 0 9por el H. Consejo de Estado quien declara infundado el impedimento manifestado por los Magistrados de esta Corporación. En providencia del 12.02.2025 se profiere auto que obedece y cumple lo resuelto por el superior y, admite el recurso de apelación -actuación No. 011-. El 04.03.2025 -actuación No. 17reingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo, cuyo proyecto se registra el 05.03.2025 para ser aprobado por la Sala de Decisión al día siguiente.

reingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo, cuyo proyecto se registra el 05.03.2025 para ser aprobado por la Sala de Decisión al día siguiente. Finalmente, aprobada en Sala No. 09. De trámite se destaca que, las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia para conocer en segunda instancia Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

B. Cuestión procesal previa de la suscrita Ponente en este asunto Se hace necesario traer a colación que en las pretensiones del escrito de demanda la señora Carmenza Castillo Mateus únicamente la declaración de la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negada la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional.

A la fecha se encuentra en trámite proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la primaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 11

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especial del 30% como factor salarial, el cual, es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga encontrándose en etapa de resolución de excepciones previas propuestas por esta entidad en la contestación de la demanda. Al respecto es pertinente advertir, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República

resolución de excepciones previas propuestas por esta entidad en la contestación de la demanda. Al respecto es pertinente advertir, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República es íntegramente diferente al régimen salarial de los empleados judiciales, por lo que nada tiene que ver este beneficio salarial con la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, tema que se debate en el presente proceso judicial.

Por otra parte, si bien presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dicho proceso tiene como radicado al No. 680013333014-2016-00019-00 y ya culminó con sentencia de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamente ejecutoriado. Ello significa, que si bien pudo existir un interés, este ya no es actual, toda vez, que dicho proceso ya terminó. Tal como también lo ha precisado el Consejo de Estado al declarar infundados los impedimentos, en los casos en los que los procesos ya han culminado, razón por la que los devuelve para que sean conocidos por quien realizó la manifestación de impedimento. Veamos:

En reiterada jurisprudencia el H. Consejo de Estado a decidir en casos con hechos similares, ha declarado infundado los impedimentos. Así puede verse en auto del 12 de septiembre de 2024, radicación:200013333002-2022-00570-01 (2358-2024), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, en el que sostuvo que las razones del juez para apartarse del conocimiento de un asunto,

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, en el que sostuvo que las razones del juez para apartarse del conocimiento de un asunto, deben ser claras, explícitas y actuales, y qu e debe existir correspondencia entre el hecho que las origina y el supuesto fáctico establecido por el legislador, concluyendo que : (i) respecto de la manifestación de impedimento de los magistrados la Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos, quienes fundaron el mismo al considerar que el carácter salarial de la bonificación judicial también se podría reclamar respecto de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, señaló que el interés que se plan tea no guarda identidad con la bonificación objeto de debate en ese proceso; y (ii) frente a la manifestación de impedimento del magistrado Carlos Mario Arango Hoyos, quien fundo el impedimento en atención a que ya había presentado demanda conTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Carmenza Castillo Mateus vs DEAJ. Rad. No. 6867933330012017-00030-02 12

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similar causa, sostuvo que no constituye un hecho actual, toda vez que dicho proceso cuenta con fallo de segunda instancia. Nótese:

«Lo anterior comoquiera que, por un lado, los magistrados Doris