TA SAN - Sentencia 686793333001-2017-00062-02 (05-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 14 de febrero de 2025 , proferida por el Juzgado Administrativo Ad Hoc de San Gil mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Ana Milena Santander Rodríguez formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 6 índice SAMAI, archivo 01 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 686793333001-2017-00062-02 DEMANDANTE Ana Milena Santander Rodríguez jerarquiajuridica@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

jerarquiajuridica@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co info@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 383 de 2013 perteneciente al régimen de acogidosNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

administrativos: i) Resolución DESAJ BUR 02305 del 2 de marzo de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga y ii) acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Aplicar de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política, la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGAUDAD del artículo primero de los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015, ¡0246 de 2016 y los que en

la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGAUDAD del artículo primero de los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015, ¡0246 de 2016 y los que en dicha materia ha expedido y profiera el Gobierno Nacional, donde indique que “constituirá únicamente factor salaria l Para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Seguridad en Salud sustrayéndole a la Bonificación judicial su naturaleza de factor salarial, conforme lo referido en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo contenido en la Resolución N“02305 de fecha 02 de marzo de 2016 mediante el cual, la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL negó las peticiones solicitadas por mi poderdante, la cual consiste en la reliquidación de todas las prestaciones sociales, auxilio a las cesantías y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 01 de enero de 2013 hasta la presente fecha y, las que a futuro s e causen, incluyendo en la base de reliquidación la denominada bonificación judicial que actualmente se viene excluyendo como factor salarial y prestacional.

TERCERO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo ficto o presunto del recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el Administrativo contenido en la Resolución N“02305 de fecha 02 de marzo de 2016, por haber operado el silencio administrativo negativo.

CUARTO: Conforme lo anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

2016, por haber operado el silencio administrativo negativo.

CUARTO: Conforme lo anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL REUQUIDAR la Prima de Servicios, Prima de Productividad, Bonificación por Servicios, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Cesantías, intereses sobre las Cesantías, Sueldo por Vacaciones, demás prestaciones y emolumentos que se liquiden con base en el salario de la Dra. ANA MILENA SANTANDER RODRIGUEZ, como servido r judicial beneficiarla del Decreto 383 de 2013, desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha y las que a futuro se causen, incluyendo en la base de reliquidación la bonificación judicial que actualmente la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga viene excluyendo inconstitucionalmente del pago de las prestaciones sociales de mi prohijada, desconociendo que dicha bonificación es parte integral del salario percibido conforme se ha reiterado en los distintos pronunciamientos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado.

QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración, RECONOCER Y PAGAR a favor de la Dra. ANA MILENA SANTANDER RODRIGUEZ, las diferencias que arroje la reliquidación de las prestaciones y demás emolumentos, debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el

Honorable Consejo de Estado.

debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

SEXTO: Igualmente, solicito el reconocimiento de intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigibleNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

el derecho, por no haberse reconocido el pago de las prestaciones sociales conforme a la Ley.

SÉPTIMO: Se reconozca la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, en adelante, dentro de la nómina de la Dra. ANA MILENA SANTANDER RODRIGUEZ, como parte integral de salarlo, para todos los efectos jurídicos, en particular, para la liquidación de todas y cada una de las prestaciones sociale s que tengan como base de liquidación el salario.

OCTAVO: Reconocer a mi poderdante la SANCIÓN MORATORIA conforme el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 referida en la parte motiva.

NOVENO: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada de conformidad con el Acuerdo PSAA16 -10554 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes. […]» (Sic en todo el texto)

de conformidad con el Acuerdo PSAA16 -10554 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes. […]» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. La señora Ana Milena Santander Rodríguez se encuentra vinculada a la Rama Judicial a la fecha de la presentación de la demanda, razón por la cual es beneficiaria de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 , la cual ha recibido de manera periódica.

1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.

1. En virtud de lo anterior, el 23 de febrero de 2016 presentó derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bucaramanga, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho.

1. El 2 de marzo de 2016, mediante Resolución DESAJ BUR 02305, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa.

1. El 18 de mayo de 2016 , se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 y 150 de la Constitución Política ; Decreto 1042 de 1978; Ley 50 de 1990; 2 de la Ley 4 de 1992 ; Ley 270 de 1996; Ley 344 de 1996; Ley 482 de 1998 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación

Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas «falta de legitimación en la causa por pasiva»; «caducidad» y «la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. En el presente caso, la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de

con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 6 índice SAMAI, archivo 26Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Ad Hoc de San Gil mediante sentencia del 14 de febrero de 2025, resolvió:

«PRIMERO. INAPLICAR por inconstitucional, para el caso en concreto, la expresión «únicamente» contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, y

febrero de 2025, resolvió:

«PRIMERO. INAPLICAR por inconstitucional, para el caso en concreto, la expresión «únicamente» contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución No 02305 del dos (02) de marzo de dos mil dieciséis (2016) expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestacion es sociales a la parte demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra la Resolución No 02305 del dos (02) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

CUARTO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No 02305 del dos (02) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

QUINTO. ORDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a título de restablecimiento del derecho, a i) reconocer a favor de ANA MILENA SANTANDER RODRIGUEZ la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a título de restablecimiento del derecho, a i) reconocer a favor de ANA MILENA SANTANDER RODRIGUEZ la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales y derechos laborales, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, y, en adelante, por el tiempo que la parte actora efectivamente labore en la RAMA JUDICIAL y devengue dicho concepto; ii) reliquidar todas las prestaciones sociales y derechos laborales devengados por la parte actora desde el veintitrés (23) de febrero de dos mil trece (2013) y por el tiempo efectivamente laborado en la Rama Judicial, con inclusión de la Bonificación Judicial como parte integrante de la base de liquidación.

SEXTO. CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SÉPTIMO. DECLARAR que en el presente asunto ha operado la prescripción trienal de las diferencias causadas con anterioridad al veintitrés (23) de febrero de dos mil trece (2013), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO. Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 58 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

NOVENO. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. DECIMO. NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

DÉCIMO PRIMERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]» (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. Conforme a las pruebas allegadas , la señora Ana Milena Santander Rodríguez labora en la Rama Judicial, y pertenece al régimen acogido toda vez que devenga mensualmente la Bonificación Judicial.

1. La bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento d e lo dispuesto en la norma que regula la bonificación judicial cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de

depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento d e lo dispuesto en la norma que regula la bonificación judicial cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos la providencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma citada estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, ello constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto e torna en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de

1992.

1. La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el cual ostenta el carácter

1992.

1. La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar lasNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y, en este sentido, la expresión «únicamente» contemplada en los artículos 1 de los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015 deberá ser inaplicada, deberá ser inaplicada, porque implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992, al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos

1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laboral es, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente con la expedición de los Decr etos 383 y 384 de 2013 proferidos con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El a quo le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no estaba en el deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra

que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación del Decreto 383 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 24 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.

1. Frente a las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios» y «caducidad del medio de control», insiste en que deben ser declaradas probadas.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 8 de mayo de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto

«caducidad del medio de control», insiste en que deben ser declaradas probadas.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 8 de mayo de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No presentaron

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Concepto del agente del Ministerio Público:

No se presentaron.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

5 Expediente digital, actuación 8 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Rama Judicial del Poder Publico

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si la demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado ; y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad las expresiones «únicamente» y «para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenidas en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el litera l a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 6, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 383 de 2013, creó

parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 383 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1 para cada cargo.

Los artículos 1 y 2 del Decreto 383 de 2013 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposic iones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales (subrayado no original)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Milena Santander Rodríguez

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 686793333001--2017-00062-02

R