TA SAN - Sentencia 686793333001-2017-00323-02 (05-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, cinco (05) de junio dos mil veinticinco (2025)

Radicado 686793333001-2017-00323-02 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gloria Reyes Barbosa jerarquiajuridica@gmail.com ayala.john@hotmail.com Demandado Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Confirma sentencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida el seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por el Juzgado Administrativo Ad - Hoc del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil.

I. LA DEMANDA1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., instauró demanda ante esta jurisdicción por conducto de apoderado debidamente constituido la señora Gloria Reyes Barbosa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

“PRIMERO: Aplicar de conformidad con el artículo 4“ de la Constitución Política, la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD del artículo segund o del

1. Pretensiones.

“PRIMERO: Aplicar de conformidad con el artículo 4“ de la Constitución Política, la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD del artículo segund o del Decreto 383 de 2013, Decreto 1269 de 2015, Decreto 246 de 2016, Decreto 1014 de

1 Expediente digital primera instancia, One Drive, archivo “004Demanda”Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02 2017 y los que en dicha materia ha expedido y profiera el Gobierno Nacional, donde indique que “percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación Judicial”, sustrayéndole al régimen Antiguo, “No acogido” u ordinario, la totalidad de la Bonificación Judicial percibida por el régimen especial o “Acogido” de acuerdo con lo señalado el artículo 13° de la Carta Magna y conforme lo referido en la parte motiva.

SEGUNDO: Conforme lo anterior, se RECONOZCA a mi poderdante regida por el régimen Antiguo, “No acogido” u ordinario, la respectiva bonificación judicial a partir del día 01 de enero de 2013 hasta la fecha y las que a futuro se causen, así como el correspondiente PAGO de las mismas en su totalidad.

TERCERO: Aplicar de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política, la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD del artículo primero del Decreto 383 de 2013, Decreto 1269 de 2015, Decreto 246 de 2016, Decreto 1014 de 2017 y los que en dicha mater ia ha expedido y profiera el Gobierno Nacional, donde

Decreto 383 de 2013, Decreto 1269 de 2015, Decreto 246 de 2016, Decreto 1014 de 2017 y los que en dicha mater ia ha expedido y profiera el Gobierno Nacional, donde indique que “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y a l Sistema General de Seguridad Social en Salud”, sustrayéndole a la Bonificación Judicial de mi poderdante, su naturaleza de factor salarial y prestacional, conforme lo referido en la parte motiva.

CUARTO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo contenido en la resolución número DESAJBUR17-3810 de fecha 09 de junio de 2017 mediante la cual la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL negó las peticiones solicitadas por mi poderdante, las cuales consisten en el reconocimiento en su totalidad de la bonificación judicial y la reliquidación de todas las prestaciones sociales, auxilio a las cesantías y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 01 de enero de 2013 hasta la presente fecha y, las que a futuro se causen, incluyendo en la base de reliquidación la denominada bonificación judicial que actualmente se viene excluyendo como factor salarial y prestacional. Así como la adi ción del incremento del 2.5% a la asignación básica e incremento de la prima de antigüedad.

QUINTO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo ficto o presunto del recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el Acto Administrativo contenido en la resolución número DESAJBURl7 -3810, por haber operado el silencio administrativo negativo.

apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el Acto Administrativo contenido en la resolución número DESAJBURl7 -3810, por haber operado el silencio administrativo negativo.

SEXTO: Conforme lo anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSDO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a RELIQUIDAR la Prima de Servicios, Prima de Productividad, Bonificación por Servicios, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Cesantías, Sueldo por Vacaciones, demás prestaciones y emolumentos que se liquiden con base en el salario de mi representada como servidor judicial beneficiaria del Decreto 383 de 2013 de acu erdo a la modificación introducida en el artículo 2 del Decreto 1269 de 2015, Decreto 246 de 2016 y Decreto 1014 de 2017

(régimen ordinario o de los no acogidos), desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha y las que a futuro se causen, incluyendo en la ba se de reliquidación la totalidad de la Bonificación Judicial (Petición principal) o en su defecto la diferencia percibida (Petición subsidiaria), que actualmente la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga viene excluyendo in constitucionalmente del pago de las prestaciones sociales de mis prohijados, desconociendo que dicha bonificación es parte integral del salario percibido, conforme se ha reiterado en los distintos pronunciamientos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02

integral del salario percibido, conforme se ha reiterado en los distintos pronunciamientos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02

SÉPTIMO: Se RECONOZCA Y PAGUE a favor de mi poderdante, las diferencias que arroje el incremento del 2.5% pagado durante el tiempo que han servido a la entidad y lo que realmente deberían devengar por dicho concepto, toda vez que lo percibido es menor y no corresponde al porcentaje del 2.5 de la asignación básica (Salario dejado de devengar).

OCTAVO: Se RECONOZCA Y PAGUE a favor de mi poderdante, las diferencias que resulten de la prima de antigüedad pagada durante el tiempo que han servido a la entidad y lo que realmente devengarían por dicho concepto, debido que al ADICIONARSE el incremento del 2.5% a la asignación básica, de manera automática y proporcionalmente incrementa la prima de antigüedad.

NOVENO: Conforme lo anterior (adición del incremento del 2.5% a la asignación básica e incremento de la prima de antigüedad) se solicita RELIQUIDAR la Prima de Servicios, Prima de Productividad, Bonificación por Servicios, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, C esantías, Sueldo por Vacaciones, demás prestaciones sociales y emolumentos que se liquiden con base en el salario de mi representada durante el tiempo que ha fungido como servidora judicial y las que a futuro se causen, así como el PAGO debidamente indexado a favor de los mismos, de las diferencias que arroje dicha reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos.

tiempo que ha fungido como servidora judicial y las que a futuro se causen, así como el PAGO debidamente indexado a favor de los mismos, de las diferencias que arroje dicha reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos.

DÉCIMO: Como consecuencia de la anterior declaración, RECONOCER Y PAGAR a favor de mi poderdante, las diferencias que arroje la reliquidación de las prestaciones y demás emolumentos, debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el

Honorable Consejo de Estado.

DÉCIMO PRIMERO: Igualmente, solicito el reconocimiento de intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho, por no haberse reconocido el pago de las prestaciones sociales conforme a la

Ley.

DÉCIMO SEGUNDO: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada de conformidad con el Acuerdo PSAA16 -10554 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes.»

2. Hechos.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante aduce los siguientes hechos relevantes:

• La señora Gloria Reyes Barbosa se ha desempeñado como servidora judicial en el cargo de Secretari a Municipal del Juzgado Promiscuo Municipal de Palmar desde 04 de febrero de 1981 y en tal virtud ha percibido la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013 junto con su salario sin que se le haya dado connotación salarial.Nulidad y restablecimiento del derecho

desde 04 de febrero de 1981 y en tal virtud ha percibido la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013 junto con su salario sin que se le haya dado connotación salarial.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02 - Mediante petición radicada el día 08 de mayo de 2017 solicitó a la entidad demandada entre otras, la reliquidación de todas las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

• La entidad demanda, mediante la Resolución DESAJBUR17-3810 de fecha 09 de junio de 2017 negó la solicitud, frente a la cual la parte demandante formuló recurso de apelación, el cual no fue resuelto configurándose el acto administrativo ficto o presunto negativo.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan como disposiciones violadas las siguientes: De orden Constitucional: artículo 53. De orden Legal: Ley 4 de 1992 artículo 14 parágrafo y Convenio No. 095 de la OIT.

Expresa que si bien la entidad demandada contaba con fundamento legal para expedir los actos administrativos demandados apoyándose en el Decreto 383 de 2013 que desarrolla la Ley 4 de 1992, no obstante, tenía la obligación de inaplicar el apartado normativ o que impide tener en cuenta la bonificación judicial para liquidar las prestaciones sociales del demandante pues en la Ley 4° de 1992 nunca se estableció que la nivelación salarial o bonificación judicial no sería tenida en cuenta para dichos efectos.

Afirma que los actos acusados se expidieron desconociendo el Convenio No. 095

se estableció que la nivelación salarial o bonificación judicial no sería tenida en cuenta para dichos efectos.

Afirma que los actos acusados se expidieron desconociendo el Convenio No. 095 de la OIT al no reconocer la totalidad del salario para liquidar las prestaciones sociales.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA2

La entidad demandada presentó contestación a la demanda expresando su oposición a las pretensiones de la misma dado que los salarios y prestaciones sociales cancelados en favor de la parte actora fueron pagados con estricta sujeción al régimen salarial y prestacional de los servidores públicos para la época en que se causaron -régimen vigentey, a su vez, los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho atendiendo a la normativa vigente al tiempo en que la parte accionante presentó la solicitu d de reconocimiento del carácter salarial de la bonificación judicial. Adujo que dichos actos gozan de plena validez y están revestidos por la presunción de legalidad propia de los actos administrativos en firme, así como de los atributos de obligatoriedad , ejecutividad, conforme se

2 Expediente digital primera instancia archivo “022EscritoContestacion”Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02 encuentra establecido en los artículos 87, 88 y 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, teniendo en cuenta que el demandante solicita que se inaplique el Decreto 383 del 06 de marzo de 2013 en lo que se relaciona a la distinción en el que favorece a los trabajadores y servidores de la rama judicial acogidos por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de

que se relaciona a la distinción en el que favorece a los trabajadores y servidores de la rama judicial acogidos por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, dejando por fuera a otros como en el caso del accionante que pertenece a otro régimen salarial y prestacional.

Expresó que la a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para extender los efectos de las normas salariales a servidores en situaciones diferentes a las contempladas por dichas normas, lo cual implicaría abrogarse una función exclusiva del Presidente de la República, según lo dispuesto por el Literal e) del Numeral 19 del Articulo 150 de la Constitución.

Agregó que desde el 1° de enero de 1993, y por mandato legal, coexisten en la Rama Judicial dos regímenes salariales y prestacionales, a saber: -un régimen ordinario, o de los NO ACOGIDOS, que se aplica a los servidores judiciales que venían vinculados a esa fecha y que optaron por continuar bajo el amparo de las disposiciones anteriores, y -un régimen especial, o de los acogidos, cuyos destinatarios son los empleados y funcionarios judiciales que prefirieron las nuevas disposiciones salariales, y los que se vincularon a la Rama Judicial a partir del 1° de enero de 1993.

Adujo que la normatividad que se aplica en este caso es la del régimen ordinario no acogidos y, según el decreto 383 de 2013, a la demandante se le está cancelando la bonificación judicial de acuerdo al decreto citado.

Así mismo indicó que en este caso no resulta procedente acceder a las pretensiones

acogidos y, según el decreto 383 de 2013, a la demandante se le está cancelando la bonificación judicial de acuerdo al decreto citado.

Así mismo indicó que en este caso no resulta procedente acceder a las pretensiones de la demanda, pues ello afectaría directamente el presupuesto General de la Nación sin contar con la autorización previa del CONFIS ni con las partidas presupuestales adici onales asignadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que permitan el reconocimiento del carácter salarial que pretende la parte demandante a través de este medio de control, en el que se solicita la inaplicabilidad de los decretos salariales que regulan la bonificación judicial.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02

III. LA SENTENCIA APELADA3

El Juzgado Administrativo Ad Hoc Primero del Circuito Judicial de San Gil, mediante sentencia de fecha seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025), resolvió:

“PRIMERO. DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al (08) de mayo de dos mil catorce (2014).

SEGUNDO. INAPLICAR por inconstitucional, para el caso en concreto, la expresión «únicamente» contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. DESAJBUR17-3910.

y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. DESAJBUR17-3910.

CUARTO. ORDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a título de restablecimiento del derecho , a i) reconocer a favor de GLORIA REYES BARBOSA la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales y derechos laborales, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, y, en adelante, por el tiempo que la parte actora efectivamente labore en la RAMA JUDICIAL y devengue dicho concepto; ii) reliquidar todas las prestacion es sociales y derechos laborales devengados por la parte actora desde el primero (1) de enero de dos mil trece (2013) y por el tiempo efectivamente laborado en la Fiscalía General de la Nación (sic) , con inclusión de la Bonificación Judicial como parte integrante de la base de liquidación..

QUINTO. CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SEXTO. Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SÉPTIMO. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011

OCTAVO. NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la

SÉPTIMO. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011

OCTAVO. NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

3 Expediente digital primera instancia archivo “006SentenciaAntic_201700323SentenciaPr”Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02 NOVENO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda

DECIMO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las anotaciones y constancias de rigor en SAMAI. (…)”

Como fundamento de la decisión el a quo indicó que la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 constituye a un concepto devengado en forma mensual y permanente por la parte demandante en calidad de servidora de la Rama Judicial y como contraprestación del servicio que ejecuta, y en este orden, independientemente que la norma creadora señale que no t iene la naturaleza de factor salarial, lo cierto es que la sola forma en que nace el derecho para el trabajador permite afirmar que si constituye factor salarial, y no solamente para efectos de aporte a pensión y salud, sino también para efectos de liquida ción de todos los derechos laborales.

Refirió que la bonificación judicial es devengada por los servidores judiciales desde el 1 de enero de 2013, y la parte actora se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el año 2001 y aún se encontraba vinculada para el año 2018 [fecha de expedición de la certificación allegada con la co ntestación a la demanda], y esto

desde el año 2001 y aún se encontraba vinculada para el año 2018 [fecha de expedición de la certificación allegada con la co ntestación a la demanda], y esto significa que ha percibido dicho concepto mensualmente, y por lo tanto de manera habitual y periódica, además, no se encuentra en discusión que la mencionada Bonificación no ha sido incl uida como factor salarial en la liquidación de sus prestaciones sociales, y tomándose como tal únicamente al momento de efectuar la cotización al sistema de seguridad social en salud y pensión.

En virtud de lo anterior, consider ó que con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Gobierno Nacional desconoció los postulados y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, pues, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.

Adujo que la bonificación judicial esté exenta de su carácter salarial, salvo para las cotizaciones al sistema de seguridad social, representa una disminución en el valor de las prestaciones sociales de la demandante, lo que significa, que la expresión «únicamente» contemplada en los incisos 1 de los Decretos 383 de 2013 y demás, implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el art. 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992.Nulidad y restablecimiento del derecho

implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el art. 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02 Conforme lo anterior, resolvió inaplicar por inconstitucional el aparte antes mencionado y declaró la nulidad de los actos acusados . se condenará a la entidad demandada a i) reliquidar todas las prestaciones sociales y derechos laborales devengados por la parte actora desde el (08) de mayo de dos mil catorce (2014) y por el tiempo efectivamente laborado en la Rama Judicial; ii) reconocer y pagar a favor de la parte demandante las diferencias que arroje la reliquidación o rdenada; iii) reconocer para el caso de la parte demandante la Bonificación Judicial como factor salarial para efectos de liquidación de todas las prestaciones sociales a partir de la ejecutoria de esta decisión, y, en adelante y mientras persista su víncu lo con la Rama Judicial.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN4

Como argumentos de inconformidad en contra de la decisión de primera instancia la parte demandada recordó que la demandante pertenece al régimen de no acogidos como consta en los certificados expedidos por el Coordinador e Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial.

Indicó que lo pretendido con la demanda es modificar la escala de salarios prevista en el Presupuesto General de la Nación, sin embargo, dicha competencia radica en el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública quienes son los llamados a responder por estas pretensiones,

en el Presupuesto General de la Nación, sin embargo, dicha competencia radica en el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública quienes son los llamados a responder por estas pretensiones, aunado al hecho de que la rama judicial no cuenta con facultad de modificar o adicionar la partida presupuestal asignada y, por tanto, se configuran la falta de legitimación en la causa por pasiva de su parte y la ineptitud de la demanda.

Insistió que en este caso se encuentra configurada las excepciones de caducidad respecto de las pretensiones y la que denominó “la actuación administrativa fue surtida conforme con la normatividad vigente a la fecha, atendiendo a su constitucionalidad y legalidad, y que no habían sido objeto de suspensión, anulación o modificación alguna, razón por la cual, en lo que respecta a la ejecución presupuestal y a la negación del carácter salarial adicional al que reconocen los Decretos salariales para la bonifica ción judicial, por lo que no resulta posible reconocer carácter salarial a las prestaciones que legalmente no la tienen, pues eso sería ir en contravía de lo dispuesto en los Decretos salariales que regularon el salario del servidor reclamante.

Manifestó que por expreso mandato legal la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema

4 Expediente digital primera instancia archivo “007_MemorialWeb_Recurso-APELACION201700323”Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02 General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a lo que se agrega que la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran

Radicado: 686793333001-2017-00323-02

General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a lo que se agrega que la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran dicho concepto es de la exclusiva competencia de Gobierno Nacional, como lo evidencian los decretos expedidos por el Ejecutivo para ajustar el monto de la referida Bonificación en las vigencias 2015 y 2016, quedando por lo tanto resuelta de plano la pretensión del interesado concerniente a “…ajustes equivalentes al IPC del 02%…”. Así las cosas, no se puede alegar nulidad de los actos enjuiciados, cuando estos se atienen, estrictamente, al ordenamiento jurídico vigente, que es el que se pide inaplicar en este caso a solicitud de parte.

Señaló que el Decreto 383 de 2013 expresamente determinó que los servidores judiciales del régimen no acogido “percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”, es decir, que cuando sus devengados como la prima de antigüedad y el incremento del 2,5% no sumen el mismo valor de la Bonificación Judicial mes a mes de los acogidos que ostentan el mismo cargo, se les paga la diferencia a fin de que lo percibido sea igual al valor de la bonificación judicial dispuesta para los acogidos. Acotó que lo anterior, puede ser evidenciado en los desprendibles de nómina que fueron allegados como prueba por la parte accionante.

Señaló que en caso de considerarse la prosperidad de las pretensiones, deberá tenerse en cuenta que los decretos salariales vigentes que datan desde el año 2013,

prueba por la parte accionante.

Señaló que en caso de considerarse la prosperidad de las pretensiones, deberá tenerse en cuenta que los decretos salariales vigentes que datan desde el año 2013, no fueron atacados por la parte demandante en su momento, razón por la cual, al ser evidente que la parte actora perseguirse un restablecimiento automático de su derecho con la mal utilizada expresión “inaplicabilidad” que disfraza en el fondo una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de lo pretendido desde el 2013 ya ha op erado la caducidad para aquellas pretensiones de inaplicabilidad (nulidad disfrazada) que pudiere pretender respecto de dichos decretos.

Refirió que el Gobierno Nacional no desconoce ni lesiona los derechos reclamados, pues los derechos adquiridos son intangibles, y para el caso en estudio, la Bonificación Judicial creada en los Decretos 383 y 384 de 2013, fue el producto de una reclamación salarial a través del paro judicial, que hasta ese momento, era una mera expectativa o esperanza de obtener un derecho, susceptible de ser modificada discrecionalmente por el Gobierno Nacional y que a la postre, se configuró con la expedición de la norma precitada.

Advirtió que no se avizora vicio de constitucionalidad alguno en la disposición que regula la bonificación judicial, toda vez que, variada y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido que resulta ajustado a la Constitución el que elNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02 Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan

Corte Constitucional ha admitido que resulta ajustado a la Constitución el que elNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 686793333001-2017-00323-02 Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal Bonificación surgieron a partir de un acuerdo colec tivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.

Manifestó que no están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está planeado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí mayores costos para reconocer lo pretendido por la parte actora, en tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que establecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud. Aunado a ello, se generaría una alteración al Presupuesto General de la Nación.

Acotó que si bien la demandada opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados, también lo es que para cumplir esa función, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno

prestaciones sociales de los funcionarios y empleados, también lo es que para cumplir esa función, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional para liquidar el pago de estos servidores, en cumplimiento de lo establecido en cumplimiento de lo estableci do en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política, en la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, en los Decretos 383 y 384 de 2013, en concordancia con lo previsto en los artículos 71 y 85 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y el artículo 103 de la Ley 270 de 1996.

Acorde con los anteriores argumentos solicitó revocar los numerales segundo al séptimo de la sentencia de primer grado de fecha seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025) y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El proceso fue repartido al Despacho el 14 de mayo de 2025. Mediante auto del 15 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación con la salvedad que, en decisiones previas, el Magistrado ponente manifestó impedimento para conocer de asuntos en los que se pretende el reconocimiento de la bonificación judicial dispuesta en el decreto 383 de 2013 como factor salarial, el cual fue declarado infundado por lo s integrantes de la Sala . En dicha providencia se advir