TA SAN - Sentencia 686793333001-2017-00377-01 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 686793333001-2017-00377-01 Medio de control Reparación Directa Demandante José Luis Montañez Arciniegas y otros edisonemartinez@yahoo.com Demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional desan.notificacion@policia.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Exceso de fuerza. Uso de la fuerza debe hacerse atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad. Prueba indiciaria.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, contra la sentencia del 19 de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

I. Antecedentes

1. La demanda.1

La demanda fue instaurada mediante apoderado judicial por los señores José Luis Montañez Arciniegas, Gabriel Montañez Castillo, Pedro Julio Montañez Arciniegas, Juan Gabriel Montañez Arciniegas, Jairo Andrés Montañez Arciniegas, Cristian Fabián No va Arciniegas y Noema Arciniegas Rueda, quien además de actuar en nombre propio concurre en representación de los niños Yesica Lorena Montañez Arciniegas y Jazmín Andrea Montañez Arciniegas; en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, a efectos

en representación de los niños Yesica Lorena Montañez Arciniegas y Jazmín Andrea Montañez Arciniegas; en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, a efectos que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por el daño antijurídico que se les causó , como consecuencia de las lesiones físicas causadas al señor José Luis Montañez Arciniegas producto de un presunto exceso de fuerza de los uniformados que atendieron el procedimiento policial en hechos ocurridos el día 3 de octubre de 2015 en jurisdicción del Municipio de San Gil.

Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, solicita la parte demandante que se condene a la Policía Nacional, a la reparación integral de los perjuicios inmateriales y materiales; así:

Demandante Perjuicio Moral Perjuicio a la Salud Perjuicio Material

• Lucro Cesante José Luis Montañez Arciniegas 100 SMLMV 80 SMLMV X 1 Índice 00063 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia, Expediente Digital, documento «01. CUADERNO PRINCIPAL FLS 1-483», folios 1 a 23.Tribunal Administrativo de Santander

Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333001-2017-00377-01

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Demandante Perjuicio Moral Gabriel Montañez Castillo 100 SMLMV Noema Arciniegas Rueda Pedro Julio Montañez Arciniegas

50 SMLMV

Juan Gabriel Montañez Arciniegas Jairo Andrés Montañez Arciniegas Cristian Fabián Nova Arciniegas

Pedro Julio Montañez Arciniegas

50 SMLMV

Juan Gabriel Montañez Arciniegas Jairo Andrés Montañez Arciniegas Cristian Fabián Nova Arciniegas Yesica Lorena Montañez Arciniegas Jazmín Andrea Montañez Arciniegas

Como hechos relevantes se expuso en la demanda, que entre el día 3 de octubre de 2015, en inmediaciones de la calle 11 con carrera 13 del municipio de San Gil , agentes de la Policía Nacional realizaban un «procedimiento policial a un ciudadano, de una forma denigrante y violatoria a sus derechos humanos y fundamentales»; frente a lo cual, el señor José Luis Montañez Arciniegas, junto contras personas, intervino de manera «pacífica y tranquila», procurando que los uniformados «no continuaran atropellando y ultrajando la integridad física y la dignidad del capturado quien se encontraba solo e indefenso».

Por otra parte, afirmó la parte demandante, que, «con el fin de causar prevención en los uniformados y dejar registro de lo que presenciaba », el señor José Luis Montañez Arciniegas realizó una grabación videográfica con su dispositivo celular; hecho frente al cual, aseveró la parte actora, los Policías que intervenían en el procedimiento intentaron «retenerle» el celular, ante lo cual «salió corriendo, pero uno de los policiales lo persiguió», propinándole una «fuerte patada o puntapié de enganche», causándole una caída de su propia que le generó «fractura de fémur derecho, hematomas y laceraciones en el cuerpo y la cara», dejándole secuelas permanentes.

2. Contestación de la demanda.2

propia que le generó «fractura de fémur derecho, hematomas y laceraciones en el cuerpo y la cara», dejándole secuelas permanentes.

2. Contestación de la demanda.2

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional expuso, como razones de defensa por las cuales se opuso a las pretensiones de la demanda, que el demandante José Luis Montañez Arciniegas, el día 3 de octubre de 2015, «se encontraba fomentando escándalo en la vía pública» y, al llegar la patrulla de reacción, emprendió la huida, siendo perseguido por un agente con el fin de aprenderlo, sin que el demandante atendiera los llamados de alto; así, al momento de darle alcance, el demandante se enredó con el Policía cayéndose al suelo. Respecto de las lesiones del demandante, aseveró la Policía Nacional, que el demandante afirmó que «tiempo atrás había sido intervenido quirúrgicamente en una de sus extremidades cuando resultó lesional por un árbol que cortaba con una motosierra», por lo que concluyó, que la supuesta lesión que se le causó «nada tiene que ver con el procedimiento policial», esto es, no «guardan un nexo causal», en tanto que las lesiones por él padecidas fueron causadas el 27 de enero de 2015.

2. La sentencia de primera instancia.3

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, mediante providencia de fecha 19 de diciembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, 2 Índice 00063 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia, Expediente Digital, documento «01. CUADERNO

providencia de fecha 19 de diciembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, 2 Índice 00063 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia, Expediente Digital, documento «01. CUADERNO PRINCIPAL FLS 1-483», folios 1 a 23. 3 Índice 00079 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333001-2017-00377-01

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en tal sentido, declaró la responsabilidad administrativa y extracontractual la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y, la condenó a la reparación integral de los perjuicios materiales e inmateriales; así:

Por concepto de perjuicio moral:

Por concepto de perjuicios a la salud y materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor José Luis Montañez Arciniegas:

Como fundamento de la decisión, el a quo indicó, a partir de la valoración probatoria, que el daño se materializó en las lesiones a la integridad física que sufrió el demandante José Luis Montañez Arciniegas en hechos ocurridos el día 3 de octubre de 2015, las cuales se encuentran probadas con la historia clínica y que dan cuenta de la lesión de una «fractura de la epífisis inferior del fémur», además de una «fractura en tercio distal del fémur derecho que compromete diáfisis y epífisis».

Respecto de la imputación del daño acreditado a la Policía Nacional, concluyó el a quo a partir de la prueba indiciaria, que:

que compromete diáfisis y epífisis».

Respecto de la imputación del daño acreditado a la Policía Nacional, concluyó el a quo a partir de la prueba indiciaria, que:

«La lógica de la situación, aunado a la actitud agresiva que mostraron los uniformados en el video, llevan al Despacho a la conclusión que la lesión que padeció el demandante no puedo generase a partir de una simple caída por enredo, sino que se requirió del uso de la fuerza, como pasa a explicarse.

• Está probado que los uniformados presentaron actitudes bastante agresivas contra el ciudadano que estaba siendo aprehendido.

• No es cierto que el señor MONTAÑEZ ARCINIEGAS haya emprendido la huida al momento en que los otros dos (2) uniformados hicieron presencia en la escena, son que permaneció allí grabando la situación.

• Uno de los uniformados de dirigió hacia el demandante con la intención de tomar el celular, siendo este el motivo por el que decidió correr.Tribunal Administrativo de Santander

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• Conforme a lo manifestado por el mismo uniformado GUECHA FORERO los dos corrieron a una velocidad considerable, y este indicó que en dos (2) oportunidades estuvo a punto de alcanzarlo, hasta que al fin pudo tocar su espalda.

• Teniendo en cuenta la velocidad con la que los dos corrían, y que el señor MONTAÑEZ ARCINIEGAS daba la espalda al uniformado, es claro que al tocar su espalda pudo haber jalado su camiseta y esto habría generado que el actor

• Teniendo en cuenta la velocidad con la que los dos corrían, y que el señor MONTAÑEZ ARCINIEGAS daba la espalda al uniformado, es claro que al tocar su espalda pudo haber jalado su camiseta y esto habría generado que el actor cayera de espalada, sin embargo, el resultado fue una caída de tal magnitud que generó un golpe directo contra el pavimento generado la fractura en su pierna derecha.

• No puede pensarse de ninguna manera que la fractura se haya generado por un simple enredo entre el policía y el demandante, además, llama la atención del Despacho que pese a que el uniformado portaba elementos pesados en su cuerpo al caer no haya sufrido g olpes considerables, pues el mismo peso adicional habría generado para quien los porta un golpe mayor en el evento de haber caído.

• No es entendible como es que, si el uniformado y el demandante iban a la misma velocidad, se enredan y caen al mismo tiempo, solo el segundo haya sufrido una fractura en su pierna derecha que requirió atención médica, mientras el primero solo haya sufrido golpes leves.

• Lo anterior, aunado a las irregularidades en el testimonio del señor GUECHA FORERO llevan a la conclusión que en efecto al momento de la persecución este hizo un uso excesivo de la fuerza golpeando por detrás las piernas del demandante pues solo un golpe de este nivel y fuerza tiene el alcance de generar un caída desde su propia altura con la conse cuencia de una fractura de las características que fueron diagnosticadas en del centro médico que prestó atención al señor JOSE LUIS MONTAÑEZ ARCINIEGAS.

2.7. A partir de lo anterior, para el Despacho se encuentran acreditados los elementos

características que fueron diagnosticadas en del centro médico que prestó atención al señor JOSE LUIS MONTAÑEZ ARCINIEGAS.

2.7. A partir de lo anterior, para el Despacho se encuentran acreditados los elementos de responsabilidad el Estado bajo al título de imputación de falla en el servicio, pues está probado el daño que se torna en antijurídico por el uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte de la Policía Nacional motivo por el cual, se declarará administrativamente responsable a la entidad demandada y se procederá con la decisión respecto de la indemnización de los perjuicios solicitada en la demanda.»

3. Del recurso de apelación.4

En el término de ejecutoria de la providencia de primera instancia, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó recurso de apelación, en términos generales argumentó, que el a quo incurrió en una indebida determinación de los hechos y valoración probatoria. En este sentido, que los hechos no ocurrieron en la forma descrita por el demandante, toda vez que en el lugar donde se realizó el operativo de la policía se encontraban cuatro personas distintas de los dos agentes policiales, las cuales fueron identificadas como «Richard, Fortunato, José Luis y la persona que hacía parte del procedimiento». Insistió, que el demandante fue quien emprendió la huida sin causa aparente por temor a ser detenido, según lo afirmó, lo cual generó interrogantes sobre las razones de tal conducta si, como alegó, únicamente transitaba por el sitio y no había realizado actuación irregular alguna.

Frente a lo anterior, reiteró, que la patrulla de apoyo inició la persecución del señor José

razones de tal conducta si, como alegó, únicamente transitaba por el sitio y no había realizado actuación irregular alguna.

Frente a lo anterior, reiteró, que la patrulla de apoyo inició la persecución del señor José Luis Montañez, quien desatendió los llamados del agente de policía para que se detuviera, 4 Índice 00081 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333001-2017-00377-01

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siendo finalmente reducido por el policial «Javier Guecha», quien lo esposó y lo puso a disposición de la patrulla de vigilancia. En tal sentido, fue enfática en advertir, que no se logró establecer el uso de elemento del servicio, como la tonfa, ni el empleo de fuerza desproporcionada, máxime cuando el propio actor ofreció versiones contradictorias sobre la forma en que cayó, refiriendo hechos distintos en la historia clínica y en su declaración. Razón por la cual, concluyó, que la actuación del agente del orden, contrario a lo que indicó el a quo, se enmarcó dentro de los protocolos institucionales, y obedeció exclusivamente a la actitud del demandante, quien injustificadamente huyó del lugar, generando una situación de sospecha que demandó la intervención policial. Fue insistente, que la lesión alegada por el demandante derivó de una caída imprevisible al momento de ser interceptado y no de una agresión intencional o desmedida por parte de los policías, pues no se evidenció ánimo de causar daño, sino el cumplimiento del deber funcional de reducir al individuo ante un comportamiento considerado inusual.

una agresión intencional o desmedida por parte de los policías, pues no se evidenció ánimo de causar daño, sino el cumplimiento del deber funcional de reducir al individuo ante un comportamiento considerado inusual.

Por otra parte, cuestionó que, si bien el a quo aplicó los parámetros establecidos por el Consejo de Estado al reconocer perjuicios inmateriales dentro del rango previsto para lesiones entre el 20% y el 30%, dejó de atender el principio de proporcionalidad que gobierna la tasación de este tipo de indemnizaciones. Así, precisó que el dictamen pericial determinó para el señor José Luis Montañez Arciniegas una disminución de la capacidad del 22,30%, porcentaje que, aunque comprendido en el rango señalado, no alcanza el límite superior que justificaría la aplicación del tope máximo indemnizatorio. Por ende, resultaba necesario modular el quantum reconocido, ajustándolo a la entidad real del menoscabo y evitando equiparar lesiones intermedias con aquellas próximas al 30%. En tales condiciones, la indemnización fijada debió ser inferior a los máximos jurisprudenciales, armonizando así los criterios de equidad, razonabilidad y reparación integral con el grado de afectación efectivamente acreditado.

II. Consideraciones de la Sala.

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el f allo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para

decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el f allo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Asunto objeto de decisión y planteamiento del problema jurídico a resolver.

De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, previsión constitucional a partir de la cual se desarrolló el principio de la non reformartio in pejus, el cual se ha establecido, junto con el principio de la congruencia (artículo 281 del C.G.P.), en el marco fundamental de competencia para el Juez de Segunda Instancia, al imponerle como límite de la decisión, las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia; así, de manera clara, el artículo 328 del CGP determina que el Juez de segunda instancia deberá pronunciarse “solamenteTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333001-2017-00377-01

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sobre los argumentos expuestos por el apelante”, dicho en otras palabras, son los hechos sustanciales controvertidos por el recurrente, bajo el principio dispositivo 5, los que determinan el thema decidendum al que se debe enfrentar la Sala de Decisión, de donde los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los

sustanciales controvertidos por el recurrente, bajo el principio dispositivo 5, los que determinan el thema decidendum al que se debe enfrentar la Sala de Decisión, de donde los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los aspectos que se puede analizar de oficio, como son los que tienen que ver con los presupuestos procesales de la acción (competencia, caducidad o legitimación de las partes) o, en aquellos eventos en los cuales se hace exigible del Juez superior evitar la consolidación de situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico y de los derechos constitucionales fundamentales, exigencia que parte de los principios pro personae6, de prevalencia del derecho sustancial y de las garantías judiciales que se derivan de la tutela judicial efectiva dispuesta en el artículo 8 de la CADH.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer, si se estructura la responsabilidad que se le atribuye a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional; esto es, si el daño que alegan los demandantes le resulta imputable a la Policía Nacional a título de falla por el uso desproporcionado de la fuerza, evento en el cual, habría que confirmar la decisión del a quo; o, sí por el contrario, no se encuentra acreditado que el daño que padeció el señor José Luis Montañez Arciniegas en su integridad física, tenga por causa el procedimiento policial realizado el día 3 de octubre de 2015 en el Municipio de San Gil.

Ahora bien, de hallarse configurada la responsabilidad de la entidad demandada, deberá la Sala determinar, si la tasación de perjuicios realizada por el a quo se ajusta a los estándares

Gil.

Ahora bien, de hallarse configurada la responsabilidad de la entidad demandada, deberá la Sala determinar, si la tasación de perjuicios realizada por el a quo se ajusta a los estándares jurisprudenciales que gobiernan el principio de reparación integral, en particular respecto de los inmateriales reconocidos.

Como plan metodológico de la decisión, siguiendo los elementos sobre los cuales se cimienta la responsabilidad del Estado conforme al artículo 90 de la CP, la apreciación material de las pruebas que obran en el proceso se dirigirá a la acreditación del daño, como primer elemento de la responsabilidad; para posteriormente analizar, si el daño puede ser atribuido a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. De configurarse la responsabilidad, como fue declarada en la sentencia de primer grado, se determinará si la cuantía de reparación ordenada por el a quo, se encuentra consonante con los parámetros y estándares de tasación de los perjuicios que ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde el principio de la reparación integral del daño (artículo 16 de la Ley 446 de 1998).

5 En este sentido, el Consejo de Estado a través de la Sección Cuarta, en sentencia de fecha ocho (08) de marzo de dos mil diecinueve (2019) radicación número: 76001-23-31-000-2011-01132-01(21295), indicó: “…el principio dispositivo “tiene doble connotación, sustancial y procesal. En lo sustancial, implica que es el propio demandante quien puede disponer de los derechos subjetivos y quien incita la función judicial a través de los actos de postulación, lo cual ha llevado a la doctrina a precisar que «el juez no puede inmiscuirse en aquello

demandante quien puede disponer de los derechos subjetivos y quien incita la función judicial a través de los actos de postulación, lo cual ha llevado a la doctrina a precisar que «el juez no puede inmiscuirse en aquello que las partes no aduzcan como thema decidendum»5; en lo procesal, el principio dispositivo se materializa en el cumplimiento de las cargas procesales. Así, corresponde a las partes conducir el debate judicial a partir de las actuaciones procesales que ellos ejerzan dentro de los lineamientos de la ley, sin perjuicio de la actividad probatoria oficiosa que puede realizar el juez para resolver aspectos oscuros o dudosos que le impidan dirimir la controversia…” 6 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T 284 de 2006, advirtió que “El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre”.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333001-2017-00377-01

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3. De la acreditación del daño.

La concepción moderna de la responsabilidad exige que el daño se estructure a partir de una valoración objetiva que parta del reconocimiento del interés afectado, el cual debe ser constituido desde del agravio a los derechos personalísimos, en tanto determinan el contenido

La concepción moderna de la responsabilidad exige que el daño se estructure a partir de una valoración objetiva que parta del reconocimiento del interés afectado, el cual debe ser constituido desde del agravio a los derechos personalísimos, en tanto determinan el contenido del daño resarcible como medio para lograr el restablecimiento del equilibrio quebrantado por la lesión; construcción que parte del reconocimiento de la dignidad humana7 como valor supremo del Estado Constitucional8 y valor inconmensurable que define el aseguramiento de los derechos subjetivos, en cuanto posibilitan el despliegue y realización del desarrollo integral de la personificación del ser individual y, consecuentemente, genera un mandato de no hacer, esto es, de prohibición de alterar las condiciones de vida en proyecto de la persona humana.9

Bajo la anterior disertación, los bienes de especial relevancia que tienen como fin la defensa y exaltación de la persona humana y, que por lo mismo se encuentran revestidos de primacía constitucional, conforman un sistema axiológico en donde se integran l os más elementales intereses, constituyéndose en aquellos bienes trascendentales o metaderechos que justifican la función totalizadora de garantía de la dignidad humana y que se convierten en el objeto de tutela del sistema de responsabilidad, a través de la concepción del daño reparable o antijurídico10.

Es así como, el contenido de la dignidad humana, al entendimiento de la Sala, puede ser comprendido desde cuatro ámbitos que surgen del mínimo existencial y que permiten la protección integral de toda persona humana, los cuales se materializan en:

1. La prohibición de hacer de la persona un objeto, esto es, el umbral mínimo de respeto que prevalece de manera inalienable por la naturaleza misma de la persona,

protección integral de toda persona humana, los cuales se materializan en:

1. La prohibición de hacer de la persona un objeto, esto es, el umbral mínimo de respeto que prevalece de manera inalienable por la naturaleza misma de la persona, 7 A partir de la sentencia T 881 de 2002 la Corte Constitucional precisó la naturaleza, contenido y alcance de la dignidad humana desde su objeto de protección, reconociendo que el ser humano está compuesto de tres dimensiones, a saber: i. La autonomía individual o la facultad de autodeterminar su existencia, como una manifestación de la expresión de construir un proyecto de vida acorde con sus más íntimas convicciones; ii. La garantía de gozar de condiciones materiales de existencia cualificadas7 que le permite cumplir con su propósito vital; y iii. La protección de integridad corporal y el respeto por las convicciones espirituales; y a partir de lo cual señala, que «Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo «dignidad humana», la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).» 8 Cfr. Häberle, Peter. “La Dignidad del Hombre como fundamento de la comunidad Estatal”. En: Fernández

bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).» 8 Cfr. Häberle, Peter. “La Dignidad del Hombre como fundamento de la comunidad Estatal”. En: Fernández Segado, Francisco (Coordinador). Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional y otros estudios de derecho público. España, Dykinson, 2008. «La dignidad aparece así como «el valor jurídico más importante» dentro del ordenamiento constitucional, o como el «valor constitucional supremo». Lo que parece indicar el carácter «prepositivo» (präpositive) de la dignidad del hombre. También es característica la formulación de la dignidad como el «fin supremo de todo el Derecho», o como «mandamiento de inviolabilidad de la dignidad del hombre como base fundamental de todos los derechos fundamentales»”. 9 «Así, los bienes de especial relevancia, que tienen como fin la defensa y exaltación de la persona humana y que se encuentran revestidos de primacía constitucional, conforman un sistema axiológico que integran los más elementales intereses del hombre a través de lo que a nuestro juicio, constituyen los meta -derechos que justifican la función totalizadora de garantía de la dignidad humana y que se convierten en el objeto de tutela jurídica del sistema de responsabilidad, a través de la concepción del daño reparable o antijurídico». Carvajal Gamboa, Carlos Andrés (2016). Análisis del contenido y dimensión del daño reparable a la persona a partir de

la dignidad humana (Tesis de Maestría). Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., Colombia. 10 La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2008 dentro del Expediente No. 2005-406-01 ha considerado a «La persona, por definición legal, se encuentra investida de una serie de derechos y facultades que le han sido reconocidos por la norma, respecto de los cuales se predica su titularidad. Tales derechos técnicamente se conocen como derechos subjetivos; luego hay daño a la persona cuando se agravia o menoscaba un bien que hace parte de la esfera jurídica del sujeto. “El sujeto iuris es summa de valores disímiles dignos de reconocimiento y tutela, cuya lesión entraña la responsabilidad de quien lo causa, o sea, el deber legal de repararlo».Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 686793333001-2017-00377-01

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y que se estructura como una cualidad intrínseca e inherente que impide tratos deshumanizados.

1. El principio básico o cláusula general de los derechos fundamentales de la persona y que se convierte en la esencia misma del Estado Constitucional, como un mandato de protección del bienestar y desarrollo de la integralidad física y espiritual de la persona, convirtiéndose, en consecuencia, en un atributo del ser humano.

1. Manifestación de la individualidad de la persona que exalta el libre ejercicio de la facultad de desplegar sus derechos fundamentales y la voluntad de dirigirse conforme a sus propias convicciones, valores e intereses; esto es, la expresión de la vida individual y el reconocimiento de la persona como un ser en proyecto como

facultad de desplegar sus derechos fundamentales y la voluntad de dirigirse conforme a sus propias convicciones, valores e intereses; esto es, la expresión de la vida individual y el reconocimiento de la persona como un ser en proyecto como expresión de su autonomía, donde se le asegure su salud e integr idad físicoespiritual para el logro del acto de vivir, el cual encuentra un límite en los parámetros que impone la regulación normativa que coordina la vida en sociedad; en otras palabras, el bien común, como límite relativo y razonable de la cláusula general de la que emanan los derechos, y que crea un marco de obligaciones.

1. Exigencia constitucional vinculante de proveer para la persona unas condiciones cualificadas de existencia, como un espacio que permita el despliegue de la autonomía.

Bajo esta concepción constitucional, es claro que el sistema de responsabilidad administrativa al estructurarse en el principio general de protección del ser humano, protección que se define a su vez en un fin primordial del Estado Constitucional (artículo 2 Superior), hace que el estudio del daño (entendido como a un interés jurídicam