TA SAN - Sentencia 686793333001-2020-00006-01 (30-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL Reparación directa EXPEDIENTE 686793333001-2020-00006-01 DEMANDANTES Holman Avellaneda Moreno, Marta Moreno Moreno en nombre propio y en representación de Emely Lorena Díaz Avellaneda Joaquín Moreno Rueda Milton Avellaneda Correa Paula Andrea Avellaneda Moreno Edy Tatiana Avellaneda Moreno Maricela Aza Moerno assain_zambrano@hotmail.com

DEMANDADOS

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Fiscalía General de la Nación jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF notificacionesjudiciales@icbf.gov.co

LLAMADOS EN

GARANTÍA:

Fundación Hogares Claret notificaciones@fhclarte.org info@fhclaret.org notificaciones@gygsas.com

Seguros Generales Suramericana S.A. notificacionesjudiciales@suramericana.com.co cplata@platagrupojuridico.com carloshumbertoplata@hotmail.com

info@fhclaret.org notificaciones@gygsas.com

Seguros Generales Suramericana S.A. notificacionesjudiciales@suramericana.com.co cplata@platagrupojuridico.com carloshumbertoplata@hotmail.com MINISTERIO PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia TEMA Privación injusta de la libertadReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandantes: Holman Avellaneda Moreno y otros

Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y

Fiscalía General de la Nación.

Radicado: 686793333001-2020-00006-01

2 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia del 27 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, los señores Holman Avellaneda Moreno, Joaquín Moreno Rueda, Milton Avellaneda Correa, Paula Andrea Avellaneda Moreno, Edy Tatiana Avellaneda Moreno, Maricela Aza Moreno y Marta Moreno Moreno en nombre propio y en representación de Emely Lorena Díaz Avellan eda formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que

Avellaneda Moreno, Maricela Aza Moreno y Marta Moreno Moreno en nombre propio y en representación de Emely Lorena Díaz Avellan eda formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados al señor Hollman Avellaneda Moreno por la privación de su libertad con ocasión de la orden de captura dispuesta el 22 de abril de 2014 por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de San Gil y ejecutada el 20 de abril de 2014.

En consecuencia, solicitó:

«1.-. Se proceda mediante la presente conciliación previa a la Demanda de Reparación Directa a repare el daño por parte de los convocados (NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA R AM^ JUDICIAL) a favor de los demandantes PERJUDICADO DIRECTO señor HOLMAN AVELLANEDA MORENO con Tarjeta de identidad para la fecha de los hechos N° 98051955587 hoy con Cédula de Ciudadanía N° 1.098'358.611 de Aratoca (Santander), y de su Ascendiente Matern o (Abuelo) JOAQUIN MORENO RUEDA, identificado con cédula de Ciudadanía N° 5'575.088 de Aratoca MILTON AVELLANEDA CORREA con Cédula de Ciudadanía N° 91.463.239 de Rionegro en calidad de Progenitor y, MART A MORENO

MORENO RUEDA, identificado con cédula de Ciudadanía N° 5'575.088 de Aratoca MILTON AVELLANEDA CORREA con Cédula de Ciudadanía N° 91.463.239 de Rionegro en calidad de Progenitor y, MART A MORENO MORENO, identificada con cédula de Ciudadanía N° 27'978.049 de Aratoca y estar a mi cargo de la menor EMELY LORENA DIAZ AVELLANEDA con Registro Civil N° 1.098'358.016 de Aratoca; y hermanas, PAULA ANDREA AVELLANEDA MORENO, identificada con cédula de Ciudadanía N° 1.100'964.197 de San Gil; y EDY TATI ANA AVELLANEDA MORENO, identificada con cédula de Ciudadanía 1.098'358.062 de Aratoca; y la Compañera Permanente de la víctima MARICELA AZA MO RENO, identificada con cédula de Ciudadanía N° 1.098'356.808 de Aratoca

2.- Se procede como consecuencia resarcir e l daño ocasionado ha carga de la NaciónFiscalía General de la Nación, Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F) a favor de los convocados enunciados en el anterior numeral, al pago de las respectivas indemnizaciones,

por DAÑOS MATERIALES. MORALES, DAÑO PSICOLOGICO Y

1 Expediente digital , gestión en otras corporaciones , actuación 16 Índice SAMAI, link OneDrive, archivo 01 folios 1 a 7Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandantes: Holman Avellaneda Moreno y otros

Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y

Fiscalía General de la Nación.

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Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y

Fiscalía General de la Nación.

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PSIQUIATRICO Y DAÑO EN LA SALUD, RELACIÓN DE PAREJA que se expondrá en el acápite de DISCRIMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

(REPARACIÓN DEL DAÑO).

3.- Se procede como parte de la jurisdicción a iniciar como incidente el respectivo proceso de Acción de Repetición, por los d años causados por los convocados, el cual no es carga de la Nación, por estos mismos, al pago de las respectivas indemnizaciones, por DAÑOS MATERIALES, MORALES, DAÑO PSICOLOGICO Y PSIQUIATRICO Y DAÑO EN LA SALUD, RELACIÓN DE PAREJA que se expondrá en el acápite de DISCRIMINACIÓN DE LA

INDEMNIZACIÓN.

3.- Que se condene en el pago de costas, gastos y agencias en derecho. » (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. Con ocasión de los hechos ocurridos el 11 de julio de 2013, en los que el señor Fermín Rueda Moreno (q.e.p.d) resultó lesionado en su pierna izquierda y falleció

1. Con ocasión de los hechos ocurridos el 11 de julio de 2013, en los que el señor Fermín Rueda Moreno (q.e.p.d) resultó lesionado en su pierna izquierda y falleció el 9 de agosto de 2013 en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Juan Pablo II de Aratoca, la Fiscalía General de la Nación inició investigación bajo el radicado núm. 696796001289201400050 (I2014 -275) por el presunto delito de homicidio calificado y agravado, atribuido en calidad de coautor al entonces menor de edad

Holman Avellaneda Moreno.

1. El 22 de abril de 2014, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de San Gil, en atención a la solicitud elevada por la Fiscalía Primera Delegada para la Infancia y la Adolescencia, ordenó la captura del señor Holman Avellaneda Moreno, la cual fue ejecutada por la Policía Nacional el 20 de abril del mismo año, en el inmueble del implicado, ubicado en el municipio de Aratoca, Santander. En esa misma diligencia, también fue capturada la señora Marta Moreno Moreno, madre del señor Avellaneda Moreno, contra quien igualmente se había proferido orden judicial.

1. Durante la audiencia preliminar, realizada el 22 de abril de 2014, el juez legalizó la captura y formuló imputación en contra del mencionado adolescente por el delito de homicidio calificado y agravado. Como consecuencia, se dispuso su remisión al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , ICBF, a un centro correccional ubicado en Bucaramanga. A demás, se ordenó la privación de la libertad de su madre en el establecimiento penitenciario El Buen Pastor.

remisión al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , ICBF, a un centro correccional ubicado en Bucaramanga. A demás, se ordenó la privación de la libertad de su madre en el establecimiento penitenciario El Buen Pastor.

1. Como consecuencia del mentado proceso penal, el señor Holman Avellaneda Moreno celebró un contrato de prestación de servicios profesionales para su defensa, con honorarios pactados por valor de $40.000.000, además de gastos adicionales por $7.000.000. Aunado a lo anterior, a partir de su captura, se vieron afectados su buen nombre, su entorno familiar y su ámbito social, situación que determinó la necesidad de acceder a atención psiquiátrica y psicológica, la cual permanece vigente conforme a los diagnósticos emitidos por los profesionales de la salud.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y

Fiscalía General de la Nación.

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1.1.3. Fundamentos de reparación

En el escrito de la demanda se citó como sustento normativo los artículos 1, 26, 90 de la Constitución Política, el Decreto 1719 de 2009 y la Ley 640 de 2001.

1.2. Contestaciones de la demanda

1.2.1. Fiscalía General de la Nación2

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de

1.2. Contestaciones de la demanda

1.2.1. Fiscalía General de la Nación2

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepción nominada: «falta de legitimación en la causa por pasiva» y excepciones innominadas: «cumplimiento de un deber legal»; «inexistencia de falla del servicio por la privación de la libertad»; «ausencia de nexo causal entre las actuaciones de la Fisca lía General de la Nación y el daño antijurídico reclamado en la demanda»; «actuación legal exenta de daño antijurídico»; «inexistencia de daño antijurídico» y «causales eximentes de responsabilidad patrimonial del Estado por la culpa exclusiva de la víctima».

A su turno, l a apoderada de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. En el presente caso, la cuantía solicitada por concepto de perjuicios morales y daño a las condiciones de existencia excede los parámetros jurisprudenciales establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, especialmente en la sentencia del 28 de agosto de 2013 (Exp. 25022), en la cual se fijaron criterios objetivos para tasar perjuicios en casos de privación injusta de la libertad, como la duración de la detención, las condiciones en que se cumplió, la gravedad del delito y la posición social del afectado.

1. El 11 de julio de 2013, el señor Fermín Rueda Moreno, de 75 años, sufrió una caída desde un barranco de aproximadamente 50 metros en el municipio de

delito y la posición social del afectado.

1. El 11 de julio de 2013, el señor Fermín Rueda Moreno, de 75 años, sufrió una caída desde un barranco de aproximadamente 50 metros en el municipio de Aratoca, presuntamente por acción de Holman Avellaneda Moreno y su madre, Martha Moreno. Como consecuencia de las lesiones, fue atendido en el Hospital Juan Pablo II, donde manifestó que lo habían empujado. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que la lesión fue de origen contundente y causó una incapacidad médico-legal de 90 días.

1. El 9 de agosto de 2013, el señor Rueda falleció, y el informe de necropsia estableció como causa de muerte un tromboembolismo pulmonar derivado del trauma previo , razón por la cual la Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal contra Holman Avellaneda Moreno, quien para entonces era menor de edad, y su madre , lo que conllevó la imposición de medida de internamiento preventivo en un centro especializado para adolescentes, por el delito de homicidio agravado.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones , actuación 16 Índice SAMAI, link OneDrive , archivo 01 folios 115 a 167Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y

Fiscalía General de la Nación.

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1. La Fiscalía General de la Nación actuó conforme a los deberes constitucionales y legales previstos en el artículo 250 de la Constitución Política y la Ley 906 de

2004. Su actuación se ajustó a las normas procedimentales vigentes para la época, i ncluida la obligación de investigar los hechos delictivos y asegurar la comparecencia de los indiciados, en garantía de sus derechos fundamentales.

1. Del material probatorio allegado al proceso se desprende la existencia de señalamientos directos contra el procesado, formulados bajo juramento por personas que afirmaron haber presenciado los hechos, lo cual sirvió de fundamento para las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y, por ende, no puede atribuírsele un actuar irregular en el ejercicio de su función investigativa. En consecuencia, la sentencia absolutoria proferida en la etapa de juicio no desvirtúa la legalidad ni la leg itimidad del procedimiento llevado a cabo por el ente acusador ; por el contrario, se evidencia que la actuación se ajustó a los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto por las garantías procesales.

1. En el actual sistema penal acusatorio, la Fiscalía General de la Nación cumple funciones de investigación y acusación y, por ende, n o cuenta con facultades jurisdiccionales ni tiene poder de decisión sobre la restricción de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal. En ese sentido, la medida de

funciones de investigación y acusación y, por ende, n o cuenta con facultades jurisdiccionales ni tiene poder de decisión sobre la restricción de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal. En ese sentido, la medida de aseguramiento impuesta en el caso analizado fue resultado de una decisión judicial adoptada por el juez de Control de Garantías, autoridad encargada de verificar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las solicitudes del ente acusador y, en esa medida, el daño alegado no se deriva de la actuación de la entidad investigadora , sino de una decisión judicial, lo cual excluye su responsabilidad.

1. En el caso concreto, se encuentra acreditada la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que en el expediente está acreditado que el demandante al participar en una riña e identificarse con un nombre falso, actuó en contra de los deberes constitucionales de respeto y convivencia. Igualmente, los testimonios y documentos aportados demuestran que las lesiones sufridas por el señor Fermín Rueda se origi naron por una conducta violenta atribuida al señor Avellaneda Moreno, lo cual fue ratificado por informes de medicina legal.

1. La jurisprudencia ha señalado que no toda privación de la libertad genera automáticamente un deber de indemnizar. El análisis de la imputabilidad del daño debe centrarse en el comportamiento del afectado, y si este incurrió en culpa grave o dolo, el daño deja de ser antijurídico y, por tanto, no atribuible al Estado.

En ese contexto, en el sub examine se advierte que la conducta del demandante activó legítimamente el aparato judicial y justificó la imposición de la medida de aseguramiento.

En ese contexto, en el sub examine se advierte que la conducta del demandante activó legítimamente el aparato judicial y justificó la imposición de la medida de aseguramiento.

1. En el sub lite, se observa que, aunque el demandante no señaló de manera expresa el período de privación de la libertad, del acta de audiencia del 21 de agosto de 2014 se desprende que dicha privación se extendió por cinco meses.

No obstante, no se acreditó de forma sufic iente el daño moral ni el perjuicio a la vida en relación, al no probarse una afectación que superara el sufrimientoReparación directa Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y

Fiscalía General de la Nación.

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emocional o comprometiera la integridad psicofísica del afectado. Además, los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante tampoco fueron demostrados, ya que, aunque se afirmó que el demandante ejercía como comerciante agricultor, quedó acreditado que para la fecha de los hechos tenía la condición de estudiante, lo que evidencia una inconsistencia con lo reclamado.

1.2.2. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones

1.2.2. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas: «culpa exclusiva de la víctima»; «responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en la privación de la libertad del actor»; «conducta desplegada por la Nación, Rama Judicial»; «de la tasación de perjuicios inmateriales».

A su turno, l a apoderada de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La responsabilidad en este caso recae únicamente en el demandante, dado que su detención obedeció a su presunta participación en los hechos investigados.

Durante el proceso penal se demostró que su captura se produjo con base en informes, testimonios y evidencias que lo vinculaban al delito. Aunque fue absuelto, el fallo señala que la absolución se debió a la imposibilidad de desvirtuar la duda razonable, no a la certeza de su inocencia.

1. El daño por la privación de libertad no puede imputarse al Estado, ya que fue consecuencia directa del comportamiento del propio accionante. Su conducta generó la situación de riesgo que motivó la medida de aseguramiento.

1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la responsabilidad del Estado tanto por daño antijurídico como por fallas en la actuación judicial, pero ha considerado la necesidad que el juez administrativo elabore un examen detallado del proceso penal para identificar el verdadero fundamento de la exoneración penal.

Estado tanto por daño antijurídico como por fallas en la actuación judicial, pero ha considerado la necesidad que el juez administrativo elabore un examen detallado del proceso penal para identificar el verdadero fundamento de la exoneración penal.

1. En virtud del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos imputables a sus agentes judiciales, causados por acción u omisión. En ese sentido, para que proceda la reclamación, debe existir un acto atribuible a la administración de justicia que haya generado dicho daño.

1. En el sub examine, la medida de aseguramiento impuesta se basó en la solicitud de la Fiscalía y en elementos materiales probatorios que justificaban su imposición conforme a los requisitos del artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

Posteriormente, el Juez de conocimiento resolvió la preclusión de la investigación,

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones , actuación 16 Índice SAMAI, link OneDrive , archivo 01 folios 243 a 262Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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lo cual no implicó contradicción con la decisión inicial, sino que obedeció a dos etapas distintas del proceso.

1.2.3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar4

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

lo cual no implicó contradicción con la decisión inicial, sino que obedeció a dos etapas distintas del proceso.

1.2.3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar4

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepción nominada: «falta de legitimación en la causa por pasiva» y excepción innominada: «genérica».

A su turno, l a apoderada de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes busca aplicar un proceso penal pedagógico, específico y diferente al de los adultos, con enfoque en la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Su finalidad es lograr que el menor c omprenda su conducta y no reincida, lo cual requiere no solo su voluntad, sino también la intervención de la familia, la sociedad y el Estado.

1. En el caso concreto, el ICBF actuó dentro del marco legal, cumpliendo con sus funciones de acompañamiento. El Defensor de Familia mantuvo sus competencias administrativas y funciones de protección, garantía y restablecimiento de derechos, incluso dentro del proceso penal.

1.2.4. Seguros Generales Suramericana S.A.5

Por conducto de apoderad o la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepción nominada: «caducidad», «prescripción» y excepciones innominadas: «ausencia de cobertura para el evento reclamado»; «limitaciones de suma asegurada y

contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepción nominada: «caducidad», «prescripción» y excepciones innominadas: «ausencia de cobertura para el evento reclamado»; «limitaciones de suma asegurada y pacto de deducible, que implican menor pago por parte de seguros generales Suramericana S.A.» y «genérica».

A su turno, el apoderado de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La compañía Seguros Generales Suramericana S.A. expidió dos pólizas de responsabilidad civil derivadas del cumplimiento, identificadas con los números 0276287-1 y 0328944-7, a favor de la Fundación Hogares Claret, como tomadora y asegurada, y con beneficio para terceros afectados. Estas pólizas ampara ron contratos de aporte celebrados entre la Fundación y el ICBF, cuyos objetos consistieron en prestar atención especializada en centros de reeducación para adolescentes bajo el sistema de responsabilidad penal.

1. El demandante busca una indemnización por una presunta privación injusta de la libertad ocurrida entre el 20 de abril de 2014 y el 6 de agosto de 2015, cuando

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones , actuación 16 Índice SAMAI, link OneDrive , archivo 01 folios 205 a 209 5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 22 Índice SAMAIReparación directa Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y

Fiscalía General de la Nación.

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Demandantes: Holman Avellaneda Moreno y otros

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Fiscalía General de la Nación.

Radicado: 686793333001-2020-00006-01

8 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

fue absuelto; no obstante, las referidas pólizas no contemplan este evento como asegurado. Su cobertura solo aplica frente a daños materiales, lesiones personales o muerte atribuibles directamente al asegurado, lo cual no se presenta en este caso.

1. De configurarse responsabilidad, el monto a pagar no podrá superar la suma asegurada establecida ($123.200.000 en la póliza vigente para la fecha del hecho), aplicando además un deducible del 15%, con un mínimo de 60 salarios mínimos diarios legales vigentes.

1.3. La sentencia apelada6

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 6 de noviembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: ABSTÉNGASE de condenar en costas de conformidad con lo expuesto en el acápite correspondiente […]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo negó las pretensiones de la

TERCERO: ABSTÉNGASE de condenar en costas de conformidad con lo expuesto en el acápite correspondiente […]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo negó las pretensiones de la demanda con sustentó en los siguientes argumentos:

1. En el caso concreto se acreditó que, en audiencia preliminar de 22 de abril de 2014, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil legalizó la captura del menor H.A.M a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Durante la diligencia, se le imputó el delito de homicidio agravado según los artículos 103 y 104.7 del Código Penal, oportunidad en la cual el imputado no aceptó el cargo; en consecuencia, se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en internamiento preventivo en centro especializado, conforme al artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia.

1. Además, se demostró que el ente acusador presentó los argumentos jurídicos y fácticos que respaldaron la solicitud. De otra parte, el juez argumentó la imposición de la medida como carácter preventivo y, consideró que la misma no afectaba la presunción de inocencia. También concluyó que se cumplían los requisitos legales, tanto formales como sustanciales, así como la necesidad de proteger a otras víctimas, dado que el imputado representaba un peligro. En esa medida, luego de una ponderación de la conduc ta, se consideró adecuada la imposición de la medida de internamiento, al no existir una alternativa menos gravosa que cumpliera los fines constitucionales.

1. En relación la audiencia de prórroga del internamiento preventivo, el 21 de

imposición de la medida de internamiento, al no existir una alternativa menos gravosa que cumpliera los fines constitucionales.

1. En relación la audiencia de prórroga del internamiento preventivo, el 21 de agosto de 2015, el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de

6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 63 Índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y

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Control de Garantías decidió prorrogar la medida de internamiento preventivo y, señaló que las razones de la medida obedecían al informe psicosocial del ICBF, con un enfoque orientado a la protección y garantía de los derechos del adolescente, más que a la represión. A firmó que la privación de la libertad solo buscaba asegurar el respeto y el cumplimiento de todos sus derechos.

1. En el escrito de acusación, se indicó que dentro de las diligencias se recibió el testimonio de la señora Rosa María Caballero Gualdrón, compañera permanente de la víctima, la cual manifestó que durante varios años sufrieron agresiones y amenazas por parte de los hermanos Moreno Moreno, en el marco de un conflicto por tierras, documentadas ante autoridades que culminaron en el ataque mortal atribuido al adolescente H.A.M. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación

amenazas por parte de los hermanos Moreno Moreno, en el marco de un conflicto por tierras, documentadas ante autoridades que culminaron en el ataque mortal atribuido al adolescente H.A.M. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación concluyó que no existía causal de justificación y que se configuró una afectación al bien jurídico protegido.

1. De igual forma, en el escrito de acusación se registró la valoración emitida en el dictamen médico legal, según el cual las lesiones sufridas constituyeron la causa directa del fallecimiento.

1. En relación con el sentido del fallo y la lectura de decisión, el a quo precisó que en providencia del 14 de agosto de 2015, el Juzgado Primero de Familia profirió sentencia de primera instancia en virtud de la cual se absolvió al joven Holman Avellaneda Moreno, en aplicación del principio in dubio pro reo ; no obstante, la absolución no se fundamentó en la inexistencia del hecho, atipicidad de la conducta o error judicial, sino en la duda sobre su participación en los hechos investigados. En efecto, el j