TA SAN - Sentencia 686793333001-2020-00075-01 (27-02-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER LABORAL

DEMANDANTE

LUCIANO GARCÍA CORDOBA, identificado con C.C 5.688.355 lopezquinteronotificaciones@gmail.com

DEMANDADO

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co; procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co;

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK

DE EXPEDIENTE 686793333001-2020-00075-01

TEMA RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS ANUALIZADAS . Las cesantías correspondientes al año 1994 nunca fueron pagadas al docente. Se niega la sanción moratoria / Se revoca sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte

sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre del 2021 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San Gil1, que declaró la prescripción y negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones El demandante solicita que se declare la nulidad de los actos fictos derivados del silencio administrativo negativo configurado frente a las peticiones radicadas el 14 de junio y el 20 de marzo de 2019, dirigidas al Departamento de Santander, al Municipio de Guacamayo y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

(FOMAG), mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en el año 1994, así como la sanción moratoria derivada de dicho incumplimiento. En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, pretende que se ordene al Ministerio de Educación Nacional, al Departamento de Santander y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) el reconocimiento y pago de las cesantías anual izadas adeudadas correspondientes al año 1994, junto con la sanción moratoria generada por su no pago oportuno. De igual forma, solicita el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia. También pide condenar en costas a la entidad demandada.

2. Hechos El demandante afirma que se encuentra vinculado laboralmente con la Secretaría de Educación del Departamento de Santander desde el año 1994 y continúa en

sentencia. También pide condenar en costas a la entidad demandada.

2. Hechos El demandante afirma que se encuentra vinculado laboralmente con la Secretaría de Educación del Departamento de Santander desde el año 1994 y continúa en ejercicio de sus funciones hasta la fecha.

1 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 08.SentenciaPrimeraInstancia 2 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 01.CuadernoPrincipal Folios 1 a 30.RADICADO: 686793333001-2020-00075-01

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Sostiene que la entidad territorial incumplió con la obligación de consignar, dentro del plazo legalmente establecido, las cesantías correspondientes al año 1994 en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Manifiesta que el 14 de junio de 2019 presentó solicitud ante la entidad territorial con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las cesantías adeudadas. No obstante, al no recibir respuesta dentro del término legal de tres meses, se configuró el silencio administrativo negativo el 14 de septiembre de 2019.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

Se citan como normas violadas los artículos 13, 25, 58 y 83 de la Constitución

administrativo negativo el 14 de septiembre de 2019.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

Se citan como normas violadas los artículos 13, 25, 58 y 83 de la Constitución Política; la Ley 344 de 1946, la Ley 91 de 1989, los Decretos 1582 de 1998 y 1252 del 2000.

Sostiene que la omisión en el pago oportuno de las cesantías dentro del término legal establecido en la normativa aplicable constituye una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. En este sentido, expone que, ante el incumplimiento de dicha obligación por parte de la administración, surge en favor del trabajador el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, la cual tiene un carácter sancionatorio y resarcitorio, consistente en el pago de un día de salario por cada día de mora en la consignación de la prestación adeudada.

B. Contestación3

La entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

C. La sentencia recurrida4

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil declaró probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos reclamados y la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.

El juez de primera instancia sostuvo que la solicitud de reconocimiento de las cesantías fue presentada por fuera del término de tres años previsto en la normativa vigente para su reclamación oportuna, lo que generó la configuración de la prescripción extintiva del derecho. Asimismo, precisó que la solicitud se dirigió a una entidad que no tenía responsabilidad material en el reconocimiento y pago de la

vigente para su reclamación oportuna, lo que generó la configuración de la prescripción extintiva del derecho. Asimismo, precisó que la solicitud se dirigió a una entidad que no tenía responsabilidad material en el reconocimiento y pago de la prestación reclamada, toda vez que, conforme al acervo probatorio, para el año 1994 el señor Luciano Garc ía Córdoba se encontraba vinculado laboralmente al Municipio de Guacamayo, mientras que su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) solo se produjo a partir del año

1995. En consecuencia, la entidad responsable del pago de las cesantías causadas en 1994 era el Municipio de Guacamayo.

Con base en lo expuesto, estableció que, al haber estado vinculado al Municipio de Guacamayo en el año 1994, el término para solicitar el reconocimiento y pago de las cesantías se extendía hasta el año 1997, es decir, tres años después de la finalización d e su relación laboral con dicha entidad territorial. En ese sentido, advirtió que el traslado del demandante a la planta de personal del Departamento de Santander en 1995 puso fin a su vínculo con el Municipio de Guacamayo, lo que activaba el término prescriptivo para el ejercicio de la acción.

3 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 01.CuadernoPrincipal 4 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 08.SentenciadePrimeraInstanciaRADICADO: 686793333001-2020-00075-01

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D. La apelación5

El demandante argumenta que las decisiones adoptadas por el juez de primera instancia carecen de fundamento jurídico, toda vez que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, mientras subsista un vínculo laboral vigente, no opera el fenómeno de la prescripción extintiva respecto de los derechos laborales, lo que permite su reclamación en cualquier tiempo, siempre que el trabajador continúe en servicio al momento de formular la respectiva solicitud. En este sentido, argumenta que dicha situación se configura en su caso, porque se encuentra vinculado como docente oficial y presta sus servicios en el Departamento de Santander. Sostiene que las cesantías anualizadas no están sujetas a prescripción, salvo que se trate de cesantías definitivas, las cuales sí están sometidas a dicho fenómeno, dado que su exigibilidad se genera con la terminación de la relación laboral. Con esta precisión, enfatiza que las entidades demandadas incumplieron su obligación legal de consignar el auxilio de cesantías en el plazo establecido, específicamente respecto de la anualidad de 1994, lo que generó el derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable a los empleados del régimen anualizado por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998.

prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable a los empleados del régimen anualizado por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998. Expone que, en consecuencia, la sanción moratoria se hizo exigible desde el 15 de febrero de 1995, fecha en la cual se configuró el incumplimiento en la consignación de la prestación social, y se ha causado de manera ininterrumpida hasta el momento en que se verifique el pago de las cesantías adeudadas. Con fundamento en lo expuesto, solicita revocar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 y, en su lugar, se despachen favorablemente las súplicas de la demanda.

E. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 13 de marzo de 20236, fue admitido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se ordenó notificar al Ministerio Público y a las partes para su conocimiento. Ninguno se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

De acuerdo con el art. 153 del CPACA, l a Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida en primera instancia por un juez de este distrito judicial, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con una cuantía inferior a 50 SMLMV.

B. Los problemas jurídicos y su resolución

Con base en la reseña que antecede, la Sala pla ntea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: PJ1: ¿Tiene derecho el demandante, en su calidad de docente oficial, al

B. Los problemas jurídicos y su resolución

Con base en la reseña que antecede, la Sala pla ntea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: PJ1: ¿Tiene derecho el demandante, en su calidad de docente oficial, al reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondientes al año 1994?

Tesis: sí

5 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 10.Memorial-RecursoApelación 6 Auto que admite recurso de apelación.RADICADO: 686793333001-2020-00075-01

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Fundamento: Aunque el demandante prestó sus servicios como docente oficial desde el año 1994, cuando solicitó el pago parcial de sus cesantías, se omitió el reconocimiento de la prestación reclamada correspondiente a dicha anualidad. En consecuencia, le corresponde a l FOMAG, administrada por la FIDUPREVISORA, asumir el pago de las cesantías anualizadas del demandante, tal como lo dispone el artículo 2.5 de la Ley 91 de 1989.

PJ2: ¿Tiene la parte demandante, en su calidad de docente oficial, derecho a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, con ocasión de la mora alegada en la consignación de las cesantías causadas durante el año 1994?

PJ2: ¿Tiene la parte demandante, en su calidad de docente oficial, derecho a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, con ocasión de la mora alegada en la consignación de las cesantías causadas durante el año 1994?

Tesis: No Fundamento: El Consejo de Estado, en criterio unificado, ha determinado que los docentes afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por ser incompatible con el sistema especial de cesantías de la Ley 91 de 1989. No o bstante, si el docente no estaba afiliado al FOMAG, su régimen se rige por la Ley 50 de 1990, lo que implica que opera la sanción moratoria ante la falta de consignación oportuna de la prestación.

Dado que el demandante laboró como docente en el Municipio del Hato desde 1994, con financiación proveniente del presupuesto municipal y vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), conforme a las pruebas allegadas al expediente, no procede el reconocimiento de la sanción moratoria en aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. En todo caso, la reclamación de la sanción moratoria se hizo transcurridos más de 3 años desde que se hizo exigible, por tanto, no habría lugar a su reconocimiento por haber operado el fenómeno de la prescripción.

C. Marco jurídico

1. El régimen de cesantías anualizadas de los docentes oficiales y la imprescriptibilidad de su pago durante el servicio activo 1.1 Las cesantías anualizadas de los docentes oficiales El auxilio de cesantías es una prestación social universal de la que son beneficiarios

imprescriptibilidad de su pago durante el servicio activo 1.1 Las cesantías anualizadas de los docentes oficiales El auxilio de cesantías es una prestación social universal de la que son beneficiarios todos los empleados del Estado y está prevista con dos fines: el primero, para cubrir las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro del servicio, de manera que se conv ierte en “un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo”7, y el segundo, promover el acceso de los trabajadores a los componentes de educación y vivienda8. Inicialmente las cesantías se pagaban de manera retroactiva, es decir, aunque se causaban anualmente, su liquidación y pago se hacía al final de la relación laboral o cuando el empleado las solicitaba para inversión en vivienda o educación. Posteriormente, a partir del Decreto 3118 de 1968 9, se implementó la liquidación anualizada de las cesantías y con la Ley 50 de 1990 10 se estableció la obligación

7 Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "B", C.P. CARMELO PERDOMO CUÉTER, Sentencia del 19 de agosto de 2021, Rad. 2147-19. 9 “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y

se dictan otras disposiciones”. Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1o. de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado, liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definit ivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador 10 «ARTÍCULO 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspo ndiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos d e las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se li quide definitivamente. 3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un dí a de salario por cada retardo. 4ª. Si al término d la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.RADICADO: 686793333001-2020-00075-01

pagará directamente con los intereses legales respectivos.RADICADO: 686793333001-2020-00075-01

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del empleador de liquidarlas con corte al 31 de diciembre de cada año y consignarlas en el respectivo fondo administrador antes del 15 de febrero del respectivo año siguiente. También se dispuso que el empleador pagaría al trabajador los intereses legales del 12% anual, o proporcional por fracción, de las cesantías causadas en el año correspondiente. En el caso de los docentes oficiales, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y puso a su cargo el pago de las cesantías de «los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990 », a quienes se les liquidaría las cesantías de manera anualizada y se les pagaría «un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año». Tal como lo disponen los artículos 2.5, 11 5.112 y 15 de la mencionada Ley 91, las prestaciones sociales de los docentes oficiales vinculados a partir de su promulgación se encuentran a cargo de la Nación y deben ser pagadas por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al cual debían ser afiliados . De acuerdo con lo anterior, no puede endilgársele obligación alguna , frente al pago de

promulgación se encuentran a cargo de la Nación y deben ser pagadas por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al cual debían ser afiliados . De acuerdo con lo anterior, no puede endilgársele obligación alguna , frente al pago de prestaciones sociales de dicho personal , a las entidades territoriales nominadoras que cumplieron con el deber de afiliación de sus empleados al mencionado fondo.

1.2 El auxilio de cesantías docentes es imprescriptible mientras no se produzca el retiro del servicio

Si bien la sanción por mora en el pago de las cesantías anualizadas está sujeta a las reglas de la prescripción extintiva, ello no implica que la prestación principal, el auxilio de cesantías siga igual suerte, pues sus fines son diferentes, en tanto este último es un ahorro del empleado y no puede aceptarse que él esté sometido a asumir la pérdida de su ahorro ante la negligencia de su empleador.

Para el Consejo de Estado, el auxilio de cesantías es imprescriptible mientras el empleado continúe prestando el servicio, es decir, siempre que no se haya terminado la relación laboral. Al respecto, en sentencia de unificación CE -SUJ2004-16 del 25 de agosto de 2016 esa Corporación señaló:

«Las cesantías constituyen un “ahorro” del trabajador, a ser reclamado al terminar su relación laboral, con el objeto de cubrir la contingencia de quedar cesante. Al

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

su relación laboral, con el objeto de cubrir la contingencia de quedar cesante. Al

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto. 6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza, y cuyas características serán pr ecisadas en los decretos que dicta el Gobierno Nacional, en orden a: a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el territorio nacional; b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas. 7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía. PARÁGRAFO.- En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de S ociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.» (Subrayas y negrillas de la Sala) 11 ARTÍCULO 2. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumi rán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

1. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, así como los reajustes y la sustitución

prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

1. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y el Fondo Nacional del Ahorro y en consecuencia seguirán siendo pagadas por dichas entidades, o las que hicieren sus veces.

2. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975, así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que h icieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal y, en consecuencia, seguirán siendo pagadas por dichas entidades.

3. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas en el período correspondiente al proceso de nacionalización (1 de enero de 1976 a 31 de diciembre de 1980), así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades territoriales o de las cajas de previsión, o de las entidades que hicieren sus veces. La Nación pagará, pero estas entidades contribuirán, por este período, con los aportes de ley, para la cancelación de las prestaciones sociales en los mismos porcentajes definidos en el artículo 3 de la Ley 43 de 1975.

4. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas y no pagadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 1981 y la fecha de promulgación de la presente Ley, serán reconocidas y pagadas por las respectivas entidades territoriales o la s cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal.

promulgación de la presente Ley, serán reconocidas y pagadas por las respectivas entidades territoriales o la s cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal. Pero para atender los respectivos pagos, la Nación tendrá que hacer los aportes correspondientes, tomando en consideración el valor total de la deuda que se liquide a su favor, con fundamento en los convenios que para el efecto haya suscrito o suscriba ésta con las entidades territoriales y las cajas de previsión social o las entidades que hicieren sus veces.

5. Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de l a presente Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las e ntidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

PARÁGRAFO . Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se r econocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal. 12 ARTÍCULO 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:

1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. (…)RADICADO: 686793333001-2020-00075-01

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tener esa naturaleza de ahorro, producto de un emolumento -prestacióncausado a su favor durante ese vínculo, no se puede predicar la prescripción respecto de las sumas que la componen, así ocurría respecto de las cesantías bajo la modalidad de liquidación con retroactividad y así ha de predicarse respectos de las mismas, bajo el régimen de liquidación anualizado(…)Respecto de las cesantías anualizadas, en el marco de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, pues la obligación de su con signación en una fecha determinada surge de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término perentorio para realizar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el empleado y la omisión en el cumpli miento de ese término no puede redundar en la afectación de los derechos del empleado. No obstante, cuando se trata de la consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al em pleado, sí procede el fenómeno prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago, no puede constituir un beneficio a su favor. En los anteriores términos se precisa que las c esantías

prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago, no puede constituir un beneficio a su favor. En los anteriores términos se precisa que las c esantías anualizadas no están sometidas al fenómeno prescriptivo, mientras que las definitivas sí están sujetas a ese fenómeno»13

De acuerdo con lo anterior, la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio debe garantizar el pago de las cesantías adeudadas a los docentes oficiales, por ser la entidad que tiene a su cargo las prestaciones sociales de dichos servidores, y en el evento de que no lo haya hecho, dado que se trata de un derecho imprescriptible mientras la relación laboral se encuentre vigente, el docente oficial podrá reclamarlo en cualquier tiempo a través del ejercicio del derecho de petición, aunque con anterioridad se hayan efectuado reconocimientos y pagos parciales. El acto enjuiciable ante esta Jurisdicción será la respuesta tácita o expresa de la respectiva Secretaría de Educación frente a la reclamación que en cualquier tiempo haga el docente oficial para obtener el reconocimiento y pago de sus cesantías imprescriptibles.

2. Aplicación del precedente jurisprudencial sobre la sanción moratoria en docentes oficiales: Incompatibilidad de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 con el régimen de cesantías de los docentes afiliados al

FOMAG

La H. Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU-098 de 2018, concluyó que los docentes oficiales afiliados al FOMAG tienen derecho a la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley

que los docentes oficiales afiliados al FOMAG tienen derecho a la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 199014.

13 CONSEJO DE ESTADO . SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . SECCION SEGUNDA . Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO. Sentencia de Unificación del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016) . Radicación número: 08001 -23-31-000-2011-0062801(0528-14)CE-SUJ2-004-16 Referente a la consignación de las cesantías anualizadas, su reclamación, la sanción por mora y el salario para su liquidación el Consejo de Estado concluyó en la mencionada sentencia de unificación lo siguiente: “1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción. “2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. “3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación de las cesantías anual izadas, es el momento mismo en que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pa go. “4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la desvinculación del servicio.

“4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del i