TA SAN - Sentencia 686793333001-2020-00131-02 (06-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE ITALO ROJAS MATEUS Y OTROS

jerarquiajuridica@gmail.com

DEMANDADO NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co

NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE

LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;

TRAMITE FALLA DEL SERVICIO – CONFIRMA PRIMERA

INSTANCIA RADICADO 686793333001-2020-00131-02

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

Se decide el recurso de APELACIÓN interpuesto contra la sentencia del 14 de junio de 2023 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES.

“PRIMERO: Se declare extracontractual, administrativa, patrimonial y solidariamente responsable a las demandadas, NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN

“PRIMERO: Se declare extracontractual, administrativa, patrimonial y solidariamente responsable a las demandadas, NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL, por los por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la privación injusta de la libertad, error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y pérdida de la oportunidad de la cual fue objeto los demandantes LUZ DARY VARGAS SANABRIA e ITALO ROJAS MATEUS como consecuencia de los daños de naturaleza antijurídica ocasionados con la acción u omisión de las entidades demandadas.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, Condenar solidariamente a la parte demandada, NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL a pagar a favor de los demandantes LUZ DARY VARGAS SANABRIA e ITALO ROJAS MATEUS los perjuicios materiales a título de lucro cesante -Consolidado y futuro), causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad.

a) LUCRO CESANTE, correspon diente al valor de veintitrés millones quinientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte ($23.535.768) para cada uno de los demandantes por concepto de su actividad laboral consistente en salarios dejados de

cinco mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte ($23.535.768) para cada uno de los demandantes por concepto de su actividad laboral consistente en salarios dejados de percibir durante el tiempo que permanecieron injustamente detenidos, prestaciones sociales, demás emolumentos y pérdida por imposibilidad de explotación económica del establecimiento de comercio denominado “LUZ DARY”.

Para un total por perjuicios equivalen a cuarenta y siete millones setenta y un mil quinientos treinta y seis pesos m/cte ($47.071.536) o lo que se pruebe dentro del proceso, en atención a los ingresos de LUZ DARY VARGAS SANABRIA e ITALO ROJAS MATEUS que dejaron de percibir o perdieron una posibilidad cierta de percibir los, suma que se actualizará debidamente al momento de la sentencia y al momento en que se haga efectiva la suma impuesta en la providencia con aplicación de los índices de precios al consumidor, tomando como inicial el vigente a la fecha de los hechos y como final el que rija al momento del pago.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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TERCERO: Como consecuencia de la declaración de la responsabilidad administrativa y como pretensión subsidiaria, CONDENAR solidariamente a las demandadas, NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓNSUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL a pagar por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por valor de cuarenta y siete millones setenta y un mil

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓNSUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL a pagar por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por valor de cuarenta y siete millones setenta y un mil quinientos treinta y seis pesos m/cte ($47.071.536), arbitrio juris, o lo que resulte demostrado en el proceso, por la “pérdida de la oportunidad como perjuicio autónomo1” como consecuencia de la Medidas de aseguramiento privativa de la libertad, pérdida por imposibilidad de explotación económica del establecimiento de comercio denominado “LUZ DARY” y valores dejados de percibir como salario y prestaciones sociales durante el tiempo que permanecieron injustamente detenidos.

CUARTO: Condenar solidariamente a la parte demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓNSUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a las víctimas directas LUZ DARY VARGAS SANABRIA e ITALO ROJAS MATEUS el equivalente en pesos a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se haga efectiva la condena impuesta mediante providencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia.

QUINTO: Condenar solidariamente a la parte demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL –

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

mediante providencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia.

QUINTO: Condenar solidariamente a la parte demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓNSUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL a pagar a favor de los demandantes LUZ DARY VARGAS SANABRIA e ITALO ROJAS MATEUS como víctimas directas, el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la providencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia, con motivo del daño a la salud (anteriormente denominado daño fisiológico perjuicio fisiológico o biológico derivado de una lesión corporal o psicofísica).

SEXTO: Condenar solidariamente a la parte demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓNSUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL a pagar a favor de los demandantes LUZ DARY VARGAS SANABRIA e ITALO ROJAS MATEUS como víctimas directas a título de daño a la vida de relación, el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SÉPTIMO: Condenar a la parte demandada a pagar a título de PERJUICIOS POR CONCEPTO DE DAÑO A LOS BIENES CONVENCIONALES Y CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS (a la honra, dignidad, buen nombre, la reputación e integridad, proyecto de

CONCEPTO DE DAÑO A LOS BIENES CONVENCIONALES Y CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS (a la honra, dignidad, buen nombre, la reputación e integridad, proyecto de vida y libertad de empresa) a favor de los demandantes, el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se haga efectiva la condena impuesta mediante providencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia.

OCTAVO: Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

NOVENO: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes.

2. HECHOS

Se dice en la demanda que los señores Luz Dary Vargas Sanabria e Italo Rojas Mateus eran propietarios de un establecimiento comercial en el Municipio de El Peñón, donde desarrollaban su actividad económica. Sin embargo, el 1 ° de enero de 2014, fue encontrado sin vida el señor Jairo Velasco González en inmediaciones de la que brada Grande, cerca del comercio y de predios vecinos. A raíz de este suceso, se les vinculó formalmente a un proceso penal adelantado por la Fiscalía Cuarta Seccional de Vélez, siendo sindicados como presuntos responsables delMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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homicidio.

Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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homicidio.

El 19 de mayo de 2016, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Vélez, en audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, atribuyó a los acusados los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Como consecuencia de esta decisión judicial, Luz Dary Vargas Sanabria fue sometida a detención preventiva en su residencia, mientras que Italo Rojas Mateus fue recluido en un establecimiento carcelario, generándose así , en su decir, una gra ve afectación en su entorno personal y económico.

Advierte que, durante el proceso penal, se evidenció que la investigación careció de pruebas concluyentes que sustentaran la teoría de la Fiscalía y resultado de ello fue la vinculación de los acusados a los delitos mencionados, circunstancia que afectó severamente su reputación y sus medios de subsistencia , ya que la tienda de su propiedad tuvo que ser cerrada debido a la estigmatización social y la consecuente disminución de ingresos, lo que perjudicó no solo a los procesados, sino también a sus familias. A grega además que , la medida de aseguramiento impuesta fue considerada desproporcionada y carente de justificación razonada.

El 31 de julio de 2018, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez, tras l a audiencia preparatoria y el juicio oral, emitió sentencia absolutoria a favor de los acusados, al considerar que la prueba indiciaria presentada por la Fiscalía no era

audiencia preparatoria y el juicio oral, emitió sentencia absolutoria a favor de los acusados, al considerar que la prueba indiciaria presentada por la Fiscalía no era suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil confirmó dicha sentencia el 20 de mayo de 2019, señalando que la investigación fiscal fue deficiente y basada en conjeturas sin sustento probatorio suficiente.

Finalmente, alega la parte actora que la detención de los demandantes generó perjuicios de orden moral, psicológico y económico. Además, la privación de la libertad de Italo Rojas Mateus afectó gravemente la estabilidad de su madre, quien dependía de su apoyo y que, a raíz de los hechos, tanto él como Luz Dary Vargas Sanabria perdieron su patrimonio y afectaron la educación y bienestar de sus hijos. En consecuencia, establece la apoderada que el Estado vulneró derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el acceso a la justicia, ocasionando un daño irreparable que los demandantes no tenían el deber de soportar.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

En el escrito de contestación argumentó que no tiene responsabilidad en los hechos alegados por los demandantes, ya que las actuaciones judiciales se realizaron en cumplimiento de la Constitución y la ley. Sostuvo que la decisión de privar de la libertad a l os demandantes obedeció a una determinación judici al legítima y no constituyó una falla en el servicio, pues se fundamentó en pruebas que justificaban la medida.

libertad a l os demandantes obedeció a una determinación judici al legítima y no constituyó una falla en el servicio, pues se fundamentó en pruebas que justificaban la medida.

La entidad demandada destacó que la simple absolución no conlleva automáticamente la configuración de un daño antijurídico y para ello citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado , con las cuales busca sostener que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad requiere la demostración de que la medida de aseguramiento fue arbitraria, desproporcionada o ilegal. Además, señaló que el proceso penal se llevó conformeMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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al debido proceso y con respeto a las garantías procesales de la parte aquí demandante.

Enfatizó que la privación de la libertad de los demandantes no fue injusta, ya que la medida de aseguramiento impuesta cumplió con los requisitos legales y se basó en inferencias razonables sobre su presunta participación en los hechos investigados. En ese sentido, argumentó que la responsabilidad de la Rama Judic ial solo podría derivarse si se demostrara que la decisión judicial fue manifiestamente arbitraria o errónea, lo cual no se acreditó en el caso concreto.

De otro lado, indicó que el proceso penal no evidenció una conducta irregular por parte de los jueces que intervinieron en la causa. Afirmó que todas las decisiones adoptadas dentro del proceso fueron producto de la valoración probatoria y la aplicación de la normatividad vigente. En virtud de ello, concluyó que no se

parte de los jueces que intervinieron en la causa. Afirmó que todas las decisiones adoptadas dentro del proceso fueron producto de la valoración probatoria y la aplicación de la normatividad vigente. En virtud de ello, concluyó que no se configuraba una falla en el servicio judicial que diera lugar a la reparación de los daños reclamados por la demandante.

Finalmente, manifestó que, aun en el evento de que se considerara la existencia de un daño, debía analizarse la conducta de los demandantes para determinar si esta contribuyó a su situación jurídica. Sostuvo que la configuración de una privación injusta de la libertad exige la verificación de la existencia de un error judicial, circunstancia que no se acreditó en el presente caso. Por lo tanto, solicit a que se nieguen las pretensiones de la demanda, al no existir fundamentos jurídicos que sustentaran la responsabilidad del Estado.

2. NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante apoderada manifestó que esa entidad actuó conforme a sus deberes constitucionales y legales en el proceso penal adelantado contra la demandante. En ese sentido, sostuvo que la investigación se basó en pruebas y testimonios que justificaban la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los ahora demanda ntes. Asimismo, indicó que la privación de la libertad no fue injustificada, pues se fundamentó en elementos materiales probatorios que permitían inferir razonablemente la posible autoría del delito por parte de la demandante.

En desarrollo de su defensa, resaltó que dicha entidad no tiene la facultad de restringir la libertad de las personas, ya que esta decisión corresponde

permitían inferir razonablemente la posible autoría del delito por parte de la demandante.

En desarrollo de su defensa, resaltó que dicha entidad no tiene la facultad de restringir la libertad de las personas, ya que esta decisión corresponde exclusivamente al juez de control de garantías. Por lo tanto, adujo que la imposición de la medida de aseguramiento fue validada por la autoridad judicial competente, lo que excluiría la existencia de una falla en el servicio atribuible a la Fiscalía General de la Nación. Además, enfatizó que la Fiscalía actuó conforme a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

De igual manera, refiere que la absolución de la parte demandante en segunda instancia no implica automáticamente la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Al respecto, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según la cual el análisis de responsabilidad debe considerar si la medida privativa de la libertad fue arbitraria o desproporcionada. En este caso, alegó que la medida se ajustó a derecho, ya que existían pruebas que sustentaban la formulación de imputación.

De otra part e, argumentó que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se enmarcó en el cumplimiento de sus funciones, previstas en el artículo 250 de la Constitución Política y en la Ley 906 de 2004. En consecuencia, sostuvo que el daño alegado por la demandante no era imputable a la Fiscalía, pues esta entidad actuó dentro del marco de la legalidad y con base en pruebas obtenidas dentro del procesoMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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investigativo.

dentro del marco de la legalidad y con base en pruebas obtenidas dentro del procesoMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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investigativo.

Finalmente, la apoderada judicial de la demandada concluyó que no existía nexo causal entre la actuación de la Fiscalía y el daño reclamado en la demanda. En su criterio, la privación de la libertad de la demandante fue resultado de una decisión judicial basada en pruebas y dentro del procedimiento penal vigente. Por lo tanto, solicitó que se negara la pretensión indemnizatoria, al considerar que no se configuró una privación injusta de la libertad que generara responsabilidad estatal.

III. SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de fecha 14 de junio de 2023, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil dispuso:

“PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte demandante, conforme a lo expuesto en precedencia.

TERCERO: INFÓRMASE a las partes que los memoriales y comunicaciones deberán ser remitidos al correo electrónico adm01sgil@cendoj.ramajudicial.gov.co, demás, DEBERÁN dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78 numeral 14 del Código General del Proceso remitiendo un ejemplar de cada memorial a la contraparte y al Ministerio Público cuyo buzón electrónico es matorres@procuraduria.gov.co

CUARTO: INFÓRMASE a las partes que en el radicado consignado en el cuadro de referencia se encuentra incluido como vínculo el link del expediente digital, el que

Ministerio Público cuyo buzón electrónico es matorres@procuraduria.gov.co

CUARTO: INFÓRMASE a las partes que en el radicado consignado en el cuadro de referencia se encuentra incluido como vínculo el link del expediente digital, el que puede ser consultado por las partes y apoderados.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente previo las anotaciones de rigor a que haya lugar.”

Como fundamentos de su decisión el a quo expuso que para el momento en que fueron impuestas las medidas de aseguramiento contra los aquí demandantes, los Jueces Penales de Control de Garantías contaban con suficientes elementos materiales puestos a su disposición por la Fiscalía para inferir razonablemente que LUZ DARY VARGAS SANABRIA e ITALO ROJAS MATEUS tuvieron participa ción en la muerte del señor JAIRO VELAZCO, así mismo , desde el ámbito de sus competencias, los funcionarios hicieron un clara exposición de los fundamentos y pruebas en que se basaron para solicitar e imponer la mediad de detención y probar su necesidad, proporcionalidad y urgencia.

En ese orden de ideas, argumenta el a quo que la Fiscalía si adelantó la investigación del caso en el momento de ocurrencia del delito y puso a disposición del Juez de Control de Garantías todas las pruebas que estructuraron e n ese momento la inferencia razonable y, el hecho que en el juicio oral los demandantes hayan resultado beneficiados con una sentencia absolutoria no permite la declaratoria de responsabilidad del Estado.

Finalmente, concluye que las actuaciones y decisio nes de la Fiscalía y la Rama Judicial encuentran respaldo en las pruebas recaudadas que identificaron los aquí

declaratoria de responsabilidad del Estado.

Finalmente, concluye que las actuaciones y decisio nes de la Fiscalía y la Rama Judicial encuentran respaldo en las pruebas recaudadas que identificaron los aquí demandantes como presuntos autores de los delitos, siendo estos ajustados al marco legal, razones suficientes para negar las pretensiones de la demanda.

IV. LA APELACIÓN

La Parte Demandante.

La parte demandante se opone a la decisión contenida en la sentencia proferidaMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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el 14 de junio de 2023 y para ello sostiene que dicha decisión debe ser revocada en su totalidad, dado que en el presente asunto si se configuró una privación injusta de la libertad en perjuicio de los señores LUZ DARY VARGAS SANABRIA e ITALO ROJAS MATEUS . Fundamentó su s argumentos en la falta de prueb as que sustentar on la imposición de la medida de aseguramiento, enfatizando que las pruebas recaudadas por la Fiscalía no demostraban de manera objetiva la responsabilidad de los ahora demandantes en los hechos investigados. En consecuencia, afirmó que la detención resultó desproporcionada e irracional, vulnerando sus derechos fundamentales y generando un daño antijurídico que debe ser reparado por el Estado.

Señaló que la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez, posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de San Gil, ratificaba la inexistencia de elementos materiales probatorios en contra de los

Señaló que la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez, posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de San Gil, ratificaba la inexistencia de elementos materiales probatorios en contra de los demandantes. Por lo tanto, insiste que la actuación de la administración de justicia, en particular de la Fiscalí a General de la Nación, resultó errónea y precipitada, afectando gravemente la dignidad y el buen nombre de sus representados.

Reiteró que los jueces de control de garantías no demostraron con suficiencia el riesgo de fuga, la necesidad de preservar las p ruebas o la protección de la comunidad, requisitos esenciales para la procedencia de la detención preventiva. Igualmente, subrayó que los informes de inteligencia no podían ser considerados pruebas concluyentes y que su uso como base probatoria para la privación de la libertad, resultaba contrario a la jurisprudencia constitucional.

Por último, solicitó la revocatoria de la condena en costas impuesta en primera instancia, argumentando que no se acreditó la causación de las mismas. En consecuencia, solicita al tribunal acceder a las pretensiones de la demanda y ordenar la reparación de los perjuicios sufridos por sus representados, en virtud de la privación injusta de la libertad a la que fueron sometidos y de los daños morales y económicos que se generaron en su entorno familiar y social.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 04 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.

Por medio de auto del 04 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.

VI. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

La Fiscalía General de la Nación concurrió dentro de esta oportunidad procesal e insiste en los argumentos sustentados en la contestación a la demanda, así como las causales de eximente de responsabilidad propuestas, señalando que las medidas de aseguramiento solicitadas en contra de los aquí demandantes se fundamentaron en las siguientes pruebas: i) declaración del testigo JORGE ELI GONZALEZ, ii) declaración de la señora FLOR ALICIA QUIROGA MONCADA; iii) informe de necropsia, en donde se evidenciaba que el occiso había sido arrastrado, hallándose sangre del mismo en el negocio de propiedad de los aquí demandantes: iv) testigo oculares que precisaron que los señores LUZ DARY VARGAS e ITALO ROJAS estuvieron sacando agua sangre muy temprano el día de los hechos, entre otros elementos que relacionó como sustento de sus pesquisas. Indicó que varios de los testigos llamados a juicio oral no pudieron comparecer, uno de ellos por amenazas y el otro al haberse hallado muerto en una zona boscosa.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administraci ón Judicial argumenta que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante carec e de una debidaMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante carec e de una debidaMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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sustentación, pues se limitó a señalar aspectos del proceso penal sin exponer de manera clara las razones por las cuales la decisión de primera instancia debía ser revocada, en este sentido, indicó que la demandante no demostró que el juez de primera instancia hubiera incurrido en error al negar las pretensiones, ni justificó la existencia de una falla en la prestación del servicio judicial. Por lo tanto, solicitó que el recurso fuera rechazado.

Sostuvo que el hecho de que los demandantes hubieran sido absueltos en el proceso penal no era suficiente para generar responsabilidad de la administración de justicia, explicando que la imposición de la medida de aseguramiento se efectuó con base en elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación y que, conforme al principio de progresividad, los estándares probatorios en la etapa inicial del proceso penal son distin tos a los exigidos en el juicio oral y que en consecuencia, la privación de la libertad no podía considerarse injusta ni atribuible a una actuación irregular del aparato judicial.

Explicó que la medida de aseguramiento fue decretada por el juez de control de garantías en cumplimiento de sus funciones y con base en las pruebas disponibles, tales como testimonios, interceptaciones telefónicas e informes de investigación, en ese sentido, enfatizó que la decisión judicial fue adoptada con fundamento en la normatividad vigente y respetando el debido proceso.

Finalmente, solicita que se confirme la sentencia de primera instancia, exonerando

ese sentido, enfatizó que la decisión judicial fue adoptada con fundamento en la normatividad vigente y respetando el debido proceso.

Finalmente, solicita que se confirme la sentencia de primera instancia, exonerando de responsabilidad a la Nación – Rama Judicial, también requirió que se condenara en costas a la parte demandante, argument ando que su recurso de apelación no logró desvirtuar los fundamentos de la decisión impugnada

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa.

VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO. Corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas son administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor ITALO ROJAS MATEUS y la señora LUZ DARY VARGAS SANABRIA, a partir de la imposición de medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso penal con radicado No. 688616106004-2014-800-02, el cual culminó con absolución en su favor.

Se analizará puntualmente: i) el régimen de responsabilidad aplicable al caso en concreto; ii) si se debe ordenar la totalidad de los perjuicios del orden material e inmaterial solicitados en la demanda.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

1. La responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Carta Política, que consagra la responsabilidad extracontractual del Estado, prevé: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las

El artículo 90 de la Carta Política, que consagra la responsabilidad extracontractual del Estado, prevé: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333001-2020-00131-02 Sentencia 2da instancia

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La noción d e daño antijurídico, de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-38 del 1 de febrero de 2006, consistirá siempre “en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”, y en el mismo sentido obra la sentencia C -333 de 1996, en la cual se estableció el daño antijurídico “no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soporta rlo”. El artículo 6 de la Constitución, señala: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

La Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado en sentencia del 13 de septiembre de 2019 1, precisó que al analizar los casos de responsabilidad el Estado, el primero elemento que debe ser abordado es el daño, el que además de

La Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado en sentencia del 13 de septiembre de 2019 1, precisó que al analizar los casos de responsabilidad el Estado, el primero elemento que debe ser abordado es el daño, el que además de ser cierto, personal y determinado – o