TA SAN - Sentencia 686793333001-2022-00190-01 (06-11-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 686793333001-2022-00190-01

LINK ACCESO

SAMAI: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=68679333300120220019001680

0123

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Amalia Santana García

notificacionesbucaramanga@giraldoabogados.com.co

DEMANDADO: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

Procuraduría 159 Judicial II Para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co TEMA: Reconocimiento pensión de jubilación – Ley 33 de 1985 / régimen aplicable docente oficial / computo tiempo OPS para efectos pensionales

MAG. PONENTE: Francy del Pilar Pinilla Pedraza

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 202 41 proferida por el Juzgado Primero

MAG. PONENTE: Francy del Pilar Pinilla Pedraza

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 202 41 proferida por el Juzgado Primero

1 El proceso fue remitido por la primera instancia el 18/09/2025 (Samai, índice 43); fecha en que fue efectuado su reparto en segunda instancia conforme Acta de Reparto 50801(Samai, índice 3).Nulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil dentro del asunto de la referencia, que negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1 Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1.1.1 Nació el día 13 de septiembre de 1962, y cumplió 55 años el 13 de septiembre de 2017.

1.1.2 Su vinculación al servicio docente tuvo lugar con anterioridad a la entidad en vigencia de la Ley 812 de 2003, cumpliendo más de 20 años de servicio, así: con vinculación provisional desde el 6 de septiembre de 1994 , por contratos de prestación de servicios desde el 19 de febrero de 2001 , y nombrada en propiedad adscrita a la Secretar ía de Educación del Departamento de Santander desde el día 18 de julio de 2005 hasta la fecha.

1.1.3 Adquirió el status de pensionada el 27 de diciembre del 2019, fecha en la cual ya había cumplido 55 años de edad y ya contaba con los 20 años de servicio

Santander desde el día 18 de julio de 2005 hasta la fecha.

1.1.3 Adquirió el status de pensionada el 27 de diciembre del 2019, fecha en la cual ya había cumplido 55 años de edad y ya contaba con los 20 años de servicio acumulados entre el tiempo laborado por orden de prestación de servicios y el tiempo en que fue nombrada oficialmente.

1.1.4 El día 03 de febrero de 2022 s e elevó reclamación administrativa ante la entidad aquí demandada, frente a la que se configuró el acto ficto demandado derivado del silencio administrativo negativo.

1.2 Pretensiones

Se sintetizan de la siguiente manera:

1.2.1 Declarar la nulidad del acto ficto configurado por el silencio administrativo negativo frente a la petición radicada el 03 de febrero de 2022, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la demandante, al amparo de la ley 33/85 o 71/88.Nulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

1.2.2 A título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a la demandante, la pensión de jubilación a la demandante, de conformidad con la ley 33/85 o con la ley 71/88, aplicando la normativa que más le favorezca, liquidada en el equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, conforme a ley 65/85 y normas complementarias. Lo anterior, en forma retroactiva desde la fecha de cumplimiento de los requisitos y hasta q ue

los factores salariales devengados durante el último año de servicios, conforme a ley 65/85 y normas complementarias. Lo anterior, en forma retroactiva desde la fecha de cumplimiento de los requisitos y hasta q ue perduren las causas que dan origen a la prestación, incluyendo todas las mesadas ordinarias y adicionales, con los reajustes para cada año como lo ordena la Ley y la Constitución Política de Colombia.

1.2.3 Se disponga el reconocimiento de la pensión, sin necesidad de acreditar el retiro de servicio, en compatibilidad con el salario de docencia oficial de conformidad con la ley 4 de 1992.

1.2.4 Se ordena a la entidad demandada incluir en nómina de pensionados la mesada a reconocer, así como el cumplimiento de la sentencia, y se le condene en costas procesales.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se señalan como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 48, 53 y 243 de la Constitución Política, artículo 1° de la Ley 33 de 1985, artículos 2 y 15 de la Ley 91 de 1989, artículo 6 de la Ley 60 de 1993, artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículos 141 y 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003, artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003, Decreto 1848 de 1969, Decreto 2921 de 1948 y demás normas concordantes y complementarias.

Como concepto de violación se afirma que, el acto administrativo demandado no se ajusta a las disposiciones en que debió fundarse, desconociendo preceptos

1948 y demás normas concordantes y complementarias.

Como concepto de violación se afirma que, el acto administrativo demandado no se ajusta a las disposiciones en que debió fundarse, desconociendo preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales al no reconocer que la demandante es beneficiaria de la pensión de jubilación a los 55 años.

Lo anterior, en la medida en que la demandante laboró en el servicio público educativo oficial con anterioridad a junio de 2003, debiendo respetársele el régimenNulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

de transición que contiene el art. 81 de la Ley 812 de 2003, Ley 91 de 1989 y Ley 33 de 1985.

Aunado a lo cual, acredita el requisito de 20 años al servicio del Estado como docente oficial, tiempo dentro del que han de considerarse los tiempos de vinculación por contratos de prestación de servicios, lo cuales tienen efectos pensionales, con fundamento en el principio constitucional de la prevalencia de la realidad sobre las formas.

1.4 Contestación de la Demanda2

La entidad demandada se opone a las pretensiones de la demanda, afirmando que el acto acusado se expidió en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes y aplicables al caso de la demandante, sin que se encuentre vicio de nulidad alguna.

Como argumentos de defensa se expone que, l a señora Amalia Santana García ingresó como docente por medio de un acto legal y reglamentario con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2006.

Así, está cobijada por el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993, lo que

ingresó como docente por medio de un acto legal y reglamentario con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2006.

Así, está cobijada por el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993, lo que significa que para el reconocimiento de su pensión se aplican las reglas previstas en esta disposición, respecto a la edad para consolidar el derecho: 57 años, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas: 1.300, y el monto: entre 65% y 85 %, no acreditándose por la demandante el requisito de semanas cotizadas exigido.

Como excepciones se formulan las siguientes: legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro de lo no debido, prescripción de mesadas.

2. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil denegó las pretensiones de la demanda (numeral primero) y se abstuvo de condenar en costas procesales (numeral segundo).

2 En relación con las excepciones propuestas por la parte demandada, el a -quo por auto del 31 de agosto de 2023 dispuso: «PRIMERO: DECLÁRESE que no existen excepciones previas por resolver en esta etapa procesal conforme lo expuesto en la motiva de la presente decisión […]».Nulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

Como sustento de su decisión, consideró que no se aportó prueba que permita establecer que la actora prestó de manera personal sus servicios durante los periodos en los que arguye estar vincula a través de contratos de prestación de servicios.

Como sustento de su decisión, consideró que no se aportó prueba que permita establecer que la actora prestó de manera personal sus servicios durante los periodos en los que arguye estar vincula a través de contratos de prestación de servicios.

Predicó que los cinco (5) contratos de prestación de servicios aportados con el fin de demostrar la vinculación de la actora a la docencia durante los años 2001 y 2002, en los que se indican como objeto la prestación del servicio como docente, únicamente demuestran que, entre las partes, se suscribió una Orden de Prestación de Servicio por el término pactado en cada uno de ellos, sin que pueda establecerse que prestó durante tales periodos el servicio de manera personal, pues no se allegó certificación de cumplimiento de los contratos o actas de liquidación, o cualquier otro medio probatorio que permitiera inferir los términos en que se ejecutaron los contratos.

Sostuvo que no se aportó al plenario prueba que llevara al convencimiento de que la demandante estaba sometida para el cumplimiento del servicio durante ese período, a órdenes de la administración que permitieran determinar la existencia del elemento de su bordinación o dependencia presente en toda relación laboral, no existiendo certeza frente a cuáles fueron las funciones desempeñadas por la demandante en virtud de los aludidos contratos.

Así, concluyó que no se podía establecer el primero de los elementos necesarios para la configuración de la relación laboral, imponiéndose la denegatoria de las pretensiones, no siendo viable computar tales periodos para efectos pensionales, y que al no existir vinculación con las características de un vínculo laboral tampoco existen obligaciones prestacionales por los contratistas.

pretensiones, no siendo viable computar tales periodos para efectos pensionales, y que al no existir vinculación con las características de un vínculo laboral tampoco existen obligaciones prestacionales por los contratistas.

3. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La p arte demandante invoca como fundamentos relevantes del recurso de apelación interpuesto, los siguientes:

• El a -quo transgredió el artículo 10° de la Ley 1437 de 2011 que ordena taxativamente la aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Además, no hizo un análisis transparente y suficiente para apartarse de la Sentencia de Unificación CESUJ2 N° 5 del 25 de agosto de 2016 y de la jurisprudencia queNulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

establece la validez para efectos pensionales de los tiempos laborales por vínculos irregulares, como lo son los contratos de prestación de servicios docentes suscritos y que pretendían ocultar una verdadera relación laboral. - En los contratos de prestación de servicio suscritos con el ente nominador, existieron todos los elementos de un contrato de trabajo, dado que su actividad de docente en instituciones públicas no era independiente, ni la desarrollaba en horarios propios, sino siguiendo los lineamientos, instrucciones y ordenes de s us superiores (Ministerio de Educación a través de las secretarias de educación de cada entidad certificada), situación que conforme a la jurisprudencia y la ley configura una verdadera labor como docente oficial. - Frente al cómputo del tiempo de los contratos de prestación de servicios para efectos pensionales, el Honorable Consejo de Estado, en múltiples fallos de tutela

configura una verdadera labor como docente oficial. - Frente al cómputo del tiempo de los contratos de prestación de servicios para efectos pensionales, el Honorable Consejo de Estado, en múltiples fallos de tutela y siguiendo los parámetros establecidos por la Honorable Corte Constitucional, ha revocado fa llos donde Tribunales Administrativos desconocían los tiempos laborados por órdenes de prestación de servicios para efectos pensionales, y le ha ordenado a estos jueces colegiados a reconocerlos en aplicación de la primacía de la realidad sobre las formalidades. - Respecto del pago de los aportes pensionales adeudados por la(s) entidad(es) territorial que oculto(aron) la relación laboral de la demandante, la Sentencia de Unificación CESUJ2 N° 5 del 25 de agosto de 2016, fijó los parámetros que deben seguir los adm inistradores en justicia en lo que respecta al pago de los aportes adeudados a pensión por parte de entidades territoriales que contrataron a docentes bajo vínculos laborales ocultos por contratos de prestación de servicios . Determinó que, el fallador siem pre debe pronunciarse al respecto ordenando el pago de dichos aportes inexistentes o faltantes a las entidades que ocultaron dicho vinculo de trabajo en la proporción que les corresponde y en igual medida ordenando el pago al trabajador en el porcentaje a que este le incumbe. - A partir de las pruebas allegadas al plenario, se acredita que tiene derecho a que se reconozca y pague la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, en forma retroactiva desde la fecha de cumplimiento de los requisitos y hasta que perduren las causas que dan origen a la prestación.

se reconozca y pague la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, en forma retroactiva desde la fecha de cumplimiento de los requisitos y hasta que perduren las causas que dan origen a la prestación.

Lo anterior, incluso sin computar los tiempos laborados por contrato de prestación de servicios, lo que fue además desconocido por el a-quo.Nulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

• El reconocimiento de la pensión de jubilación procede sin necesidad de acreditar el retiro de servicio, en compatibilidad con el salario de docencia oficial de conformidad con la ley 4 de 1992.

A partir de lo anterior, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se acojan las pretensiones de la demanda disponiendo que se reconozca y pague la pensión de jubilación de conformidad con la ley 33 de 1985.

4. INTERVENCIÓN SEGUNDA INSTANCIA

El término previsto en el numeral 4° del art. 247 de la Ley 1437 de 2011 venció en silencio.

La señora Agente del Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Problema Jurídico

Atendiendo al objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del asunto de la referencia, corresponde a la Sala establecer:

¿Tiene derecho la señora Amalia Santana García a que la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de

¿Tiene derecho la señora Amalia Santana García a que la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985?

5.2 Tesis

Si, las razones que pasan a exponerse.

5.3. Marco Normativo y JurisprudencialNulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

5.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.

En razón a la necesidad de sentar jurisprudencia sobre el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el H. Consejo de Est ado, en sentencia SUJ -014-CE-S2-20193, determinó que son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, advirtiendo que, la aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente.

Es así que para los docentes vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la normativa aplicable es la contenida en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 62 de 1985 ; y para los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la

es la contenida en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 62 de 1985 ; y para los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la normativa aplicable es la contenida en las Leyes 812 de 2003, 100 de 1993, 797 de 2003 y el Decreto 1158 de 1994.

Frente a los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, advirtió que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985 y fijó la siguiente regla: los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede i ncluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados a partir del 1º de enero de 1990 pero en todo caso antes del 27 de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

3 Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Sección Segunda, C. P: César Palomino Cortés. Rad.:

se rige por las siguientes reglas:

3 Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Sección Segunda, C. P: César Palomino Cortés. Rad.: 680012333000201500569-01, N.I: 0935-2017.Nulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

• Edad: 55 años para hombres y mujeres • Tiempo de servicios: 20 años • Tasa de remplazo: 75%. • Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

5.3.2 Tiempo de servicio prestado a través de contrato de prestación de servicios docente para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación

La Sección Segunda del H. Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 4 indicó que la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus

educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus sup eriores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, por lo cual en virtud de los principios de primacía de la realidad so bre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial del Estado.

En materia de aportes pensionales, la aludida sentencia de unificación precisó que frente a los aportes para pensión no opera el fenómeno de prescripción, en atención a la condición periódica del derecho pensional que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del menciono fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. Consecuente con lo anterior, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en tratándose de docentes

4 Ponencia del consejero Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).Nulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

oficiales, se estimó que resulta procedente contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación

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oficiales, se estimó que resulta procedente contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación.

5.4 Caso concreto.

5.4.1 Hechos probados

• La señora Amalia Santana García nació el 13 de septiembre de 19625.

• Conforme da cuenta el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de la Secretar ía de Educación del Departamento de Santander, de fecha 22/11/20216, la señora Amalia Santana García se vinculó por nombramiento en provisionalidad mediante Resolución 5984 del 31/08/1994, con fecha de posesión 06/09/1994, y hasta el 17/03/1999, según Resolución 2341 de la misma fecha, con afiliación al FOMAG.

• Con el fin de acreditar la prestación del servicio docente en los años 2001 y 2002, la parte actora únicamente aportó las copias de las ordenes de prestación de servicios suscritas con el municipio de Villanueva Santander, así como con el Departamento de Santander, cuyo objeto fue la prestación del servicio docente ; documentos a partir de los cuales se extrae la siguiente información7:

Al respecto se considera que, si bien en ciertos eventos es posible, a partir de las ordenes de prestación de servicios, inferir los requisitos de prestación personal del servicio y remuneración, ello no resulta predicable en el sub lite, en la medida en que no existe prueba adicional (documental y/o testimonial) que respalde la

ordenes de prestación de servicios, inferir los requisitos de prestación personal del servicio y remuneración, ello no resulta predicable en el sub lite, en la medida en que no existe prueba adicional (documental y/o testimonial) que respalde la ejecución de las OPS suscritas y con ello, que permita tener por satisfechos, para

5 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, pág. 4. 6 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, pág. 7-8 7 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, pág. 12-16

Modalidad de vinculación Desde Hasta Tiempo OPS-Municipio de Villanueva, Santander 19/02/2001 19/05/2021 3 meses OPSDepartamento de Santander 04/02/2002 04/05/2002 90 días OPSDepartamento de Santander 06/05/2002 28/06/2002 53 días OPSDepartamento de Santander 15/07/2002 15/10/2002 90 días OPSDepartamento de Santander 15/10/2002 30/11/2002 46 díasNulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

efectos pensionales, los requisitos constitutivos de la relación laboral que se predicaron no acreditados por el a-quo.

No existe esfuerzo probatorio alguno de la parte actora encaminado a desvirtuar la referida modalidad de contratación, como era de su cargo por virtud del art. 167 del C.G.P., limitándose a la aportación de ordenes de prestación de servicios que

No existe esfuerzo probatorio alguno de la parte actora encaminado a desvirtuar la referida modalidad de contratación, como era de su cargo por virtud del art. 167 del C.G.P., limitándose a la aportación de ordenes de prestación de servicios que impiden por sí solas predicar su acreditación en el sub lite.

Lo anterior, contrario a lo afirmado por la apelante, no implica desconocimiento de la jurisprudencia del H. Consejo de Estado en torno a validez, para efectos pensionales, de los tiempos laborales por vínculos irregulares como lo son, los contratos de prestación de servicios docentes con los que se pretende ocultar una verdadera relación laboral, pues previo a la aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas por esa Ho norable Corporación que invoca desconocidas, resulta indispensable verificar si conf igurados se encuentran los elementos esenciales del contrato de trabajo, a saber: i) prestación personal del servicio, ii) subordinación o dependencia y iii) remuneración.

Así las cosas, como quiera que la accionante era responsable de probar los elementos que estructuran la relación laboral, con miras a que el tiempo laborado bajo OPS le fuese tenido en cuenta para efectos pensionales, más aun cuando frente a la existencia de la vinculación y la consecuente prestación del servicio por esta invocado la entidad demandada manifestó en forma expresa su oposición en el escrito de contestación de la demanda, y considerando además que dicha carga no fue satisfecha, se concluye que el tiempo a que aluden las OPS no será tenido en cuenta al momento de verificar el cumplimiento del requisito de 20 años de servicios de que trata la Ley 33 de 1985.

carga no fue satisfecha, se concluye que el tiempo a que aluden las OPS no será tenido en cuenta al momento de verificar el cumplimiento del requisito de 20 años de servicios de que trata la Ley 33 de 1985.

• Conforme da cuenta el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, de fecha 22/11/20218, la señora Amalia Santana García se vinculó por nombramiento en propiedad mediante Resolución 8376 del 12/07/2005, a partir del 18/07/2005 – fecha de posesión-, en adelante; con afiliación al FOMAG.

8 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, págs. 9-11Nulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

• El Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander 9, da cuenta que, los factores salariales devengados por la docente Amalia Santana García en el año 2020 fueron: asignación básica (sueldo); prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación mensual, bonificación pedagógica (anual).

• La Coordinadora del Fondo de Pensiones Territorial Santander certifica, al 8 de abril de 2022 , que la señora Amalia Santana García no devenga pensión de jubilación por parte de esa entidad10.

En igual sentido, la Directora de Servicios Integrados de Atención de la UGPP certifica, al 07 de abril de 2022, que la señora Amalia Santana García no cuenta con pensión reconocida por esa entidad 11; lo que es además declarado por la señora

En igual sentido, la Directora de Servicios Integrados de Atención de la UGPP certifica, al 07 de abril de 2022, que la señora Amalia Santana García no cuenta con pensión reconocida por esa entidad 11; lo que es además declarado por la señora Amalia Santana García ante Colpensiones12.

• El día 03 de febrero de 202213 la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por sus servicios prestados como docente , en el marco de la Ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988, la que le resultara más favorable en su condición de docente del sector oficial.

• Ante el silencio administrativo negativo frente a la petición radicada el 03 de febrero de 2022, se configuró el acto ficto demandado.

5.4.2 Valoración crítica de los hechos probados con fundamento en el marco legal y jurisprudencial

De acuerdo con el material probatorio antes destacado, se encuentra probado que la señora Amalia Santana García nació el 13 de septiembre de 1962 y, por tanto, que cumplió 55 años de edad el 13 de septiembre de 2017, y que prestó sus servicios como docente, al servicio del Departamento de Santander, por los siguientes periodos:

MODALIDAD DE

VINCULACIÓN

DESDE HASTA TIEMPO

LABORADO

9 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, págs. 18 10 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, pág. 20 11 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, pág. 21

10 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, pág. 20 11 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, pág. 21 12 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, pág. 19 13 One Drive, Carpeta Principal, 1.LinkExpedienteDigital.pdf., pdf 002.Anexos Demanda, págs. 24-27Nulidad y restablecimiento del derecho 686793333001-2022-00190-01

PROVISIONALIDAD 06/09/1994 17/03/1999 4 años, 6 meses y 12 días PROPIEDAD 18/07/2005 22/11/2021 -fecha certificación16 años, 4 meses y 5 días Total acumulado al 22/11/2021 20 años, 10 meses y 17 días

Así, por razón de su vinculación legal y reglamentaria como docente oficial , en provisionalidad, median