TA SAN - Sentencia 686793333001-2024-00165-01 (04-09-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral Demandante María Eugenia Lopez Cetina, identificada con cedula de ciudadanía No. 28.168.406 silviasantanderlopezquintero@gmail.com angiealarconlopezquintero@gmail.com notificacioneslopezquintero@gmail.com Demandados -Nación – Ministerio de Educación Nacional notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co ministerioeducacionballesteros@gmail.com mendecretoincrementosalarialbp@gmail.com

-Departamento de Santander – Secretaría de Educación Departamental notificaciones@santander.gov.co ln.equintero@santander.gov.co consultoresmeci@gmail.com Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co Radicado 686793333001-2024-00165-01 Tema Se confirma la sentencia de primera instancia. La diferenciación en los incrementos salariales aplicados en alguna anualidad no constituye un trato discriminatorio o desigual, ya que dichos incrementos responden a criterios objetivos, como la formación académica y la experiencia.

diferenciación en los incrementos salariales aplicados en alguna anualidad no constituye un trato discriminatorio o desigual, ya que dichos incrementos responden a criterios objetivos, como la formación académica y la experiencia.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuesto s por las partes contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 202 4 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

La demandante solicita la inaplicación de los decretos que fijaron la remuneración de los docentes a partir de l año 2021 y la declaración de nulidad de los siguientes actos administrativos: Oficios 2024-EE-091335 y 20240039922, expedidos por la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, los cuales le negaron el reconocimiento y pago de la diferencia en el incremento salarial correspondiente al año 20 09 entre los grados

2BE y 2AE.

A título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas en los tres años anteriores a las peticiones realizadas, así como las que se causen en el futuro, y el pago de las prestaciones sociales reliquidadas conforme a la nivelación salarial que se ordene.

1 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00003. Documento: Demanda Anexos(.pdf)RADICADO: 686793333001-2024-00165-01

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DEMANDANTE: MARÍA EUGENIA LOPEZ CETINA

DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO.

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Sostiene que, para el año 2008, se crearon mejoramientos salariales para los docentes con especialización ubicados en el escalafón 2. Advierte que, sin embargo, para el año 20 09, el incremento salarial se efectuó de manera desigual y discriminatoria para los docentes oficiales pertenecientes al grado 2 BE, el cual fue del 7.67%, en contraste con el incremento del 1 5.61% asignado para los del grado 2AE, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009. Afirma que si para el año 20 09 se hubiese realizado un incremento del salario de manera igualitaria por el 15.61% para ambos grados, el salario base mensual para el grado 2BE al que hace parte, hubiese pasado de $ 1.626.609 a $ 1.746.561, lo que significó una diferencia de $ 119.952. Indica que esta variación en la base salarial en el año 2009 tiene efectos en los salarios futuros, pues cada año el incremento se aplica sobre la base del anterior , lo que implica que, los años posteriores fueron afectados por aquel incremento desigual. Argumenta que los actos administrativos demandados violan los artículos 13 y 53 de la Constitución Política de Colombia. Los artículos 1,3,4 y 6 de la Ley 4 de 1992

desigual. Argumenta que los actos administrativos demandados violan los artículos 13 y 53 de la Constitución Política de Colombia. Los artículos 1,3,4 y 6 de la Ley 4 de 1992 y 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002. Precisa que, aunque existe un sistema de escalafón para los docentes oficiales, que establece la fijación de asignaciones salariales según el grado y nivel alcanzado, en este caso se evidencia un trato desigual. Sostiene que los primeros incrementos salariales, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, se realizaron de manera igualitaria para todos los docentes que ingresaron a la carrera docente bajo el Decreto Ley 1278 de 2002. Agrega que, sin embargo, en los años 2008, 2009 y 2011 se rompió este principio de igualdad, trabajo digno y progresividad. Afirma que los incrementos salariales deben aplicarse de manera igualitaria a todos los docentes, pues no es admisible que algunos reciban incrementos porcentuales mayores que otros, lo cual vulnera el principio constitucional de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política y, por lo tanto, debe ser declarado nulo. Afirma que no es cierto que los incrementos salariales al buscar la dignificación de los docentes, el reconocimiento de su formación académica y su avance profesional sea un justificante valido para la desigualdad en el incremento. Alega que, si el Gobierno pretendía realizar un incremento superior para alguna de las categorías, debería haber efectuado un juicio conforme a los principios de igualdad, transparencia, objetividad, méritos y buen servicio, circunstancias que no se dieron

Gobierno pretendía realizar un incremento superior para alguna de las categorías, debería haber efectuado un juicio conforme a los principios de igualdad, transparencia, objetividad, méritos y buen servicio, circunstancias que no se dieron en este caso. Asevera q ue, por lo tanto, los actos administrativos no fueron expedidos conforme a las normas en las que debían haberse fundado. Concluye que, el Ministerio de Educación Nacional, al expedir los actos administrativos que dispusieron los incrementos salariales de los docentes, desconoció los principios constitucionales y legales que rigen su función. Considera que esto ha generado qu e, en la actualidad, perciba un salario inferior al que les corresponde, pues, aunque se han realizado aumentos sucesivos, la base se encuentra afectada desde años anteriores.

B. Posición de las partes demandada

1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional 2 se opone a la prosperidad de las pretensiones . Sostiene que no es cierto que los docentes se encuentren en igualdad de condiciones, ya que la finalidad del Escalafón Docente es reconocer y remunerar la labor docente de acuerdo con la preparación académica, experiencia y desempeño, según lo dispuesto en el artíc ulo 19 del Decreto 1278 de 2002.

2 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 0000 9. Documento 6RADICADO: 686793333001-2024-00165-01

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DEMANDANTE: MARÍA EUGENIA LOPEZ CETINA

DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO.

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Expone que existen diferencias fácticas en el escalafón, como l a clasificación en distintos grados, que implican diversas formaciones, responsabilidades, competencias y desempeños, por lo que no se puede hablar de igualdad ante estos diferentes presupuestos. Alega que el incremento salarial del nivel 2AE no atentó contra las disposiciones constitucionales y normativas mencionadas en la demanda, pues la diferencia en el aumento salarial entre dicho grado y el grado 2 BE, tiene su origen en criterios objetivos y razonables, ya que las condiciones de formación y experiencia de los docentes en cada uno de estos grados son diferentes. Asevera que la diferencia especifica entre un grado y otro está dada por los títulos profesionales, de maestría o doctorado exigido a los docentes, así como por la experiencia, sin que sea plausible hacer un juicio de igualdad entre situaciones desiguales, como ocurre en el presente caso. Indica que la escala salarial establecida en el Decreto 714 de 2008 buscaba retribuir el esfuerzo de los docentes que continuaron su formación académica. Subraya que este ajuste salarial no solo reconoció el esfuerzo de los docentes con posgrado, sino que también incentivó su desarrollo profesional.

2. El Departamento de Santander3 se opone a la prosperidad de las pretensiones.

Sostiene que no tiene competencia para realizar incrementos salariales a los

sino que también incentivó su desarrollo profesional.

2. El Departamento de Santander3 se opone a la prosperidad de las pretensiones.

Sostiene que no tiene competencia para realizar incrementos salariales a los docentes, por lo que no intervino en ninguno de los decretos emitidos para tal efecto. Precisa que, debido a lo anterior, existe una clara falta de legitimación por pasiva, por lo que solicita ser desvinculado del proceso. Concluye que, en principio, es la Nación - Ministerio de Educación Nacional, quien debe responder en caso de prosperar las pretensiones. Agrega que esto se debe a aquel ministerio si intervino en la expedición de los decretos de incrementos salariales y es el competente para administrar y regular el Sistema General de Participaciones.

C. La sentencia recurrida4

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San Gil niega las pretensiones y no condena en costas . Sostiene que, tras confrontar los hechos probados con el marco normativo, no se evidencia que el acto acusado se encuentre viciado de nulidad. Destaca que las diferencias salariales otorgadas en 2009 a los docentes de los grados 2 BE y 2AE del Escalafón Nacional Docente están fundamentadas en disposiciones legales claras y en criterios objetivos relacionados con la formación y las competencias requeridas para cada grado.

Precisa que el Decreto 1278 de 2002 establece que la clasificación y los incrementos salariales en el Escalafón Docente deben basarse en la idoneidad, las competencias y la formación académica de los educadores. Indica que los docentes del grado 2AE poseen una formación académica y laboral diferente de quienes ostentan el grado 2 BE y una remuneración di stinta, lo que justifica un tratamiento

competencias y la formación académica de los educadores. Indica que los docentes del grado 2AE poseen una formación académica y laboral diferente de quienes ostentan el grado 2 BE y una remuneración di stinta, lo que justifica un tratamiento diferenciado en términos salariales . Aclara que este criterio de diferenciación no vulnera el principio de igualdad, sino que lo desarrolla en su dimensión material al reconocer y compensar las diferencias reales en la cualificación de los docentes.

Expone que el hecho de que en años anteriores los incrementos salariales hayan sido iguales no implica que este tratamiento deba mantenerse indefinidamente. Asegura que las condiciones de cada grado en el escalafón pueden ajustarse para reflejar cambios en las políticas educativas y en la profesionalización docente. Recalca que la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1278 de 2002 otorgan al Gobierno

3 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 000 11. Documento 16 4 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 000 24. SentenciaPrimeraInstancia(.pdf)RADICADO: 686793333001-2024-00165-01

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DEMANDANTE: MARÍA EUGENIA LOPEZ CETINA

DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO.

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Nacional la facultad de establecer escalas salariales que incentiven el desarrollo profesional de los educadores, promoviendo la equidad y la eficiencia en el sistema educativo.

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Nacional la facultad de establecer escalas salariales que incentiven el desarrollo profesional de los educadores, promoviendo la equidad y la eficiencia en el sistema educativo. Afirma que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha reafirmado que los tratos diferenciados son admisibles siempre que estén fundamentados en razones objetivas y legales, como ocurre en este caso. Considera que no se evidencia que el incremento diferenciado aplicado en 20 09 a los niveles aquí analizados del escalafón sea injusto, ni que quebrante las normas de las que depende, ni que con ello se atente contra el derecho a la igualdad de los docentes, por lo tanto , no es procedente la inaplicación de los decretos salariales de 2024 ni de los tres años anteriores. Indica que no es fundada la nulidad de los actos demandados por infracción en las normas en que debía fundarse, a través de una falsa motivación o expedición irregular. Concluye que los actos administrativos demandados, se ajustan a derecho y no afecta los principios de igualdad ni los derechos de los docentes del grado 2 BE. Refuerza que, por el contrario, respalda la estructura y los objetivos del sistema escalafonado establecido en el Decreto 1278 de 2002, que contribuyen al fortalecimiento de la profesionalización docente en el país.

D. Las apelaciones

1. La parte demandante 5 apela la sentencia al considerar que el juez realizó un análisis fragmentado de la problemática, pues concluyó que los incrementos salariales se fundamentaron en una variable objetiva relacionada con la posición en

D. Las apelaciones

1. La parte demandante 5 apela la sentencia al considerar que el juez realizó un análisis fragmentado de la problemática, pues concluyó que los incrementos salariales se fundamentaron en una variable objetiva relacionada con la posición en el escalafón docente. Sostiene que la sentencia adolece de un análisis exhaustivo respecto al argumento central de la demanda, relativo a la falta de fundamentación para el trato diferenciado en los incrementos salariales aplicados en ciertos años.

Indica que el a quo no indagó sobre las razones de hecho y derecho que justificaron los incrementos desiguales, ni sobre el fundamento técnico utilizado por la administración para adoptarlos. Señala que, aunque el Ministerio fundamentó los incrementos en criterios de formación, experiencia y desempeño, no justificó por qué se aplicaron incrementos desiguales para algunos años, especialmente entre 2008 y 2011. Reitera que la falta de justificación técnica o legal en la modificación de los incrementos salariales para esos años implica que la actuación administrativa para este propósito careció de fundamentos claros, objetivos y congruentes. Expone que, dado que los decretos cuestionados incurrieron en una causal de nulidad por falta de motivación, los incrementos salariales desiguales deben ser inaplicados. Concluye que los actos administrativos cuestionados desconocen principios constitucionales y legales, lo que genera que los docentes perciban un salario inferior al que deberían. Solicita que se revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones de la demanda para poner fin a la vulneración de principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

2. La Nación – Ministerio de Educación 6 solicita que se revoque el numeral

pretensiones de la demanda para poner fin a la vulneración de principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

2. La Nación – Ministerio de Educación 6 solicita que se revoque el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia y, en consecuencia, se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante, vencida en el proceso. Alega que el juez de primera instancia adoptó un enfoque subjetivo excesiv amente restrictivo al considerar que la falta de temeridad o mala fe era suficiente para eximir a la parte demandante de la condena en costas. Indica que este criterio es contrario a la tendencia actual del derecho procesal administrativo, que promueve una

5 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 000 27. MemorialWeb_Recurso-ERNESTOSANTOSTORRE(.pdf) 6 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 000 26. Documento30RADICADO: 686793333001-2024-00165-01

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ponderación razonable basada en el análisis integral de la conducta procesal y la carencia de fundamento legal de la demanda. Precisa que, en este caso, no se trata de un litigio de interés público o de especial complejidad, donde podría justificarse la exención de costas. Afirma que, por el

carencia de fundamento legal de la demanda. Precisa que, en este caso, no se trata de un litigio de interés público o de especial complejidad, donde podría justificarse la exención de costas. Afirma que, por el contrario, la naturaleza del litigio y la evidencia aportada demuestran que las pretensiones de la parte demandante son de carácter particular. Subraya que negar la imposición de costas en tales circunstancias representa una aplicación incorrecta del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Expone que este proceso ha movilizado injustificadamente parte del erario público a la suscripción de diferentes contratos para su defensa, y añade que este gasto también ha sido destinado a más de diez mil procesos que carecen de todo fundamento normativo y técnico, tal como se expuso en el trámite judicial. Reitera que, al revisar el expediente, el juez podrá evidenciar que las costas efectivamente se causaron, ya que, en su representación, se adelantaron sucesivas gestiones y actividades procesales ante el despacho de primera instancia. Destaca que esto configura un elemento objetivo que debió ser tenido en cuenta para condenar en costas y agencias en derecho a la parte vencida. Afirma que negar el reconocimiento de la condena en costas y agencias en derecho no solo desnaturalizaría su finalidad, sino que atentaría contra el principio de reparación integral de los costos procesales, desincentivando el ejercicio legítimo de la defensa judicial por parte de las entidades públicas. Recalca que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en la importancia de garantizar una aplicación estricta del principio de reparación integral, lo que incluye el reconocimiento de los costos procesales en los que incurre la parte vencedora.

Recalca que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en la importancia de garantizar una aplicación estricta del principio de reparación integral, lo que incluye el reconocimiento de los costos procesales en los que incurre la parte vencedora.

E. Actuaciones de segunda instancia El recurso fue admitido mediante auto7 del 12 de mayo de 2025. Durante el trámite de ejecutoria, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución Con base en la reseña que antecede, la Sala lo plantea y resuelve así: ¿Las diferencias en los incrementos salariales aplicados a los docentes oficiales de distintos grados y niveles del escalafón durante el 2008, el 2009 y el 2011 vulneran el principio de igualdad y no discriminación, y carecen de justificación suficiente?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: Las diferencias en los incrementos salariales aplicados a los docentes oficiales en el 2008, el 2009 y el 2011 fueron debidamente justificadas en criterios objetivos, como la obtención de títulos de posgrado, la mayor experiencia y la necesidad de nivelar l os salarios más bajos. Estos incrementos diferenciados perseguían fines constitucionalmente legítimos, orientados al mejoramiento de la

7 Expediente en SAMAI. Índice 00005. Autoadmiterec_AUTO_202417201AUTOADMITEA(.pdf)RADICADO: 686793333001-2024-00165-01

perseguían fines constitucionalmente legítimos, orientados al mejoramiento de la

7 Expediente en SAMAI. Índice 00005. Autoadmiterec_AUTO_202417201AUTOADMITEA(.pdf)RADICADO: 686793333001-2024-00165-01

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calidad de la educación mediante la cualificación de los docentes más idóneos y a la reducción de brechas salariales. Tales medidas se apoyan en las competencias y el margen de discrecionalidad que la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1278 del 2002 confieren al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial de los docentes oficiales a partir de ciertos criterios y objetivos generales que en este caso se cumplieron. Ninguna de estas normas exige incrementos uniformes para todos los grados y niveles del escalafón, de manera que la administración dispone de un amplio margen para hacer ajustes diferenciados siempre que con ello no desconozca el principio de igualdad y no discriminación. En este caso, no se viola dicho principio, porque el trato igual solo es predicable entre verdaderos pares. El escalafón docente distingue grados y niveles con base en la formación académica, la experiencia y los méritos, de modo que no todos los docentes se encuentran en condiciones equivalentes. Por ello, resulta ajustado al principio de igualdad que quienes comparten un mismo grado y nivel reciban un

en la formación académica, la experiencia y los méritos, de modo que no todos los docentes se encuentran en condiciones equivalentes. Por ello, resulta ajustado al principio de igualdad que quienes comparten un mismo grado y nivel reciban un tratamiento uniforme, mientras que entre categorías distintas se apliquen tratos diferenciados.

C. Marco jurídico

1. El margen de discrecionalidad del Gobierno Nacional para fijar los incrementos salariales de los docentes oficiales El artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política asigna al Congreso de la República la competencia para dictar normas generales y señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos8.

Esta competencia fue desarrollada por la Ley 4 de 1992 9, que en su artículo 1 10 autorizó al Gobierno Nacional para fijar los salarios y prestaciones del sector público, y en el artículo 2º estableció los criterios y objetivos generales que debe tener en cuenta para tal efecto. Según estas disposiciones, el Gobierno debe fijar los salarios teniendo en cuenta , entre otros criterios, el respeto de los derechos adquiridos, la eficiencia de la administración pública y el nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, responsabilidades y calidades exigidas para su desempeño11.

8 En armonía con lo anterior, el Consejo de Estado8 estableció que existe una competencia compartida entre el legislador y el Gobierno Nacional para la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Sobre el particular, esa Corporación se ñaló: «[…] Se fijó

una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, así: i) el Congreso establece unos marcos generales y unos lineamientos que le circunscriben al ejecutivo la forma cómo debe regular la materia y; ii) corresponde al Gobierno Nacional desarrollar la actividad reguladora, es decir, le compete definir directamente los sa larios y prestaciones sociales de todos los empleados públicos con fundamento en los criterios que para el efecto señale el legislador […]».Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 6 de mayo de 2021, consejero ponente: William Hernández Góme z, radicación: 11001-03-25-000-2017-00791-00(4203-17). 9 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del rég imen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fija ción de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 10 ARTÍCULO 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: a. Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación , la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; c. Los miembros del Congreso Nacional, y

b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación , la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; c. Los miembros del Congreso Nacional, y d. Los miembros de la Fuerza Pública. 11 ARTÍCULO 2.- Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacion al tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: a. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores d el Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales; b. El respe to a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura; c. La concertación como factor de mejor amiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; d. La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública; e. La utilización eficiente del recurso humano; f. La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades laborales; g. La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio; h. La sujeción al marco genera l de la política macroeconómica y fiscal; i. La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad; j. El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, su responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; k. El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo de l os organismos y

entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral; l. La adopción de sistemas de evaluación y p romoción basados en pruebas generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad; ll. El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de p rimas de localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.RADICADO: 686793333001-2024-00165-01

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En consonancia con la Ley 4ª de 1992, y en cumplimiento de la Ley 115 de 1994 que ordenó la profesionalización y capacitación continua de los educadores 12, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1278 de 2002, mediante el cual estableció el Estatuto de Profesionalización Docente. Este estatuto busca que la docencia sea ejercida por educadores idóneos con el objeto de lograr un servicio público de calidad13. El mencionado Decreto 1278 de 2002, en su artículo 19, creó el Escalafón Docente: un sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes, conformado por niveles y grados en función de su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias de los educadores. Estos criterios no

un sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes, conformado por niveles y grados en función de su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias de los educadores. Estos criterios no solo determinan el ingreso y ascenso en el escalafón, sino también «permit[en] asignar el correspondiente salario profesional»14. El Escalafón Docente se estructura en tres grados , definidos por la formación académica: el primero corresponde al normalista superior; el segundo, al licenciado en educación o profesional con título en pedagogía o especialización en educación; y el tercero, al licenciado o profesional en educación con tí tulo de maestría o doctorado en un área afín a su especialidad o desempeño (artículo 2015). Cada grado, a su vez, está compuesto por cuatro niveles salariales: A, B, C y D. El docente que supere el período de prueba se ubicará en el Nive