TA SAN - Sentencia 686793333001-2024-00172-01 (11-12-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral. Demandante Ernesto Santos Torres, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.855.559 silviasantanderlopezquintero@gmail.com angiealarconlopezquintero@gmail.com notificacioneslopezquintero@gmail.com Demandados -Nación – Ministerio de Educación Nacional notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co ministerioeducacionballesteros@gmail.com mendecretoincrementosalarialbp@gmail.com

-Departamento de Santander – Secretaría de Educación Departamental notificaciones@santander.gov.co ln.equintero@santander.gov.co consultoresmeci@gmail.com Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co Radicado 686793333001-2024-00172-01 Tema Se confirma la sentencia de primera instancia. La diferenciación en los incrementos salariales aplicados en alguna anualidad no constituye un trato discriminatorio o desigual, ya que dichos incrementos responden a criterios objetivos, como la formación académica y la experiencia.

diferenciación en los incrementos salariales aplicados en alguna anualidad no constituye un trato discriminatorio o desigual, ya que dichos incrementos responden a criterios objetivos, como la formación académica y la experiencia.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuesto s por las partes contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 202 4 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante 1

El demandante solicita la inaplicación de los decretos que fijaron la remuneración de los docentes a partir de l año 2021 y la declaración de nulidad de los siguientes actos administrativos : Oficios 2024-EE-211191 y 20240112952, expedidos por la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, los cuales le negaron el reconocimiento y pago de la diferencia en el incremento salarial correspondiente al año 2011 entre los grados 2A y 3AM. A título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas en los tres años anteriores a las

1 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00003. Documento: Demanda Anexos(.pdf)RADICADO: 686793333001-2024-00172-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ERNESTO SANTOS TORRES

DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ERNESTO SANTOS TORRES DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO. peticiones realizadas, así como las que se causen en el futuro, y el pago de las prestaciones sociales reliquidadas conforme a la nivelación salarial que se ordene.

Sostiene que, para el año 2008, se crearon mejoramientos salariales para los docentes con especialización ubicados en el escalafón 2. Advierte que, sin embargo, para el año 2011, el incremento salarial se efectuó de manera desigual y discriminatoria para los docentes oficiales pertenecientes al grado 2A, el cual fue del 5.7%, en contraste con el incremento del 11.3% asignado para los del grado 3AM, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1027 de 2011.

Afirma que si para el año 2011 se hubiese realizado un incremento del salario de manera igualitaria por el 11.3% para ambos grados, el salario base mensual para el grado 2A al que hace parte, hubiese pasado de $ 1.262.811 a $ 1.329.730, lo que significó una diferencia de $66.919.

Indica que esta variación en la base salarial en el año 2011 tiene efectos en los salarios futuros, pues cada año el incremento se aplica sobre la base del anterior , lo que implica que, los años posteriores fueron afectados por aquel incremento desigual.

Argumenta que los actos administrativos demandados violan los artículos 13 y 53 de la Constitución Política de Colombia. Los artículos 1,3,4 y 6 de la Ley 4 de 1992

desigual.

Argumenta que los actos administrativos demandados violan los artículos 13 y 53 de la Constitución Política de Colombia. Los artículos 1,3,4 y 6 de la Ley 4 de 1992 y 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002.

Precisa que, aunque existe un sistema de escalafón para los docentes oficiales, que establece la fijación de asignaciones salariales según el grado y nivel alcanzado, en este caso se evidencia un trato desigual. Sostiene que los primeros incrementos salariales, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, se realizaron de manera igualitaria para todos los docentes que ingresaron a la carrera docente bajo el Decreto Ley 1278 de 2002. Agrega que, sin embargo, en los años 2008, 2009 y 2011 se rompió este principio de igualdad, trabajo digno y progresividad. Afirma que los incrementos salariales deben aplicarse de manera igualitaria a todos los docentes, pues no es admisible que algunos reciban incrementos porcentuales mayores que otros, lo cual vulnera el principio constitucional de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política y, por lo tanto, debe ser declarado nulo. Afirma que no es cierto que los incrementos salariales al buscar la dignificación de los docentes, el reconocimiento de su formación académica y su avance profesional sea un justificante valido para la desigualdad en el incremento. Alega que, si el Gobierno pretendía realizar un incremento superior para alguna de las categorías, debería haber efectuado un juicio conforme a los principios de igualdad, transparencia, objetividad, méritos y buen servicio, circunstancias que no se dieron

Gobierno pretendía realizar un incremento superior para alguna de las categorías, debería haber efectuado un juicio conforme a los principios de igualdad, transparencia, objetividad, méritos y buen servicio, circunstancias que no se dieron en este caso. Asevera q ue, por lo tanto, los actos administrativos no fueron expedidos conforme a las normas en las que debían haberse fundado. Concluye que, el Ministerio de Educación Nacional, al expedir los actos administrativos que dispusieron los incrementos salariales de los docentes, desconoció los principios constitucionales y legales que rigen su función. Considera que esto ha generado qu e, en la actualidad, perciba un salario inferior al que les corresponde, pues, aunque se han realizado aumentos sucesivos, la base se encuentra afectada desde años anteriores.

B. Posición de las partes demandada

1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional 2 se opone a la prosperidad de las pretensiones . Sostiene que no es cierto que los docentes se encuentren en

2 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 0000 9. Documento 7RADICADO: 686793333001-2024-00172-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ERNESTO SANTOS TORRES DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO. igualdad de condiciones, ya que la finalidad del Escalafón Docente es reconocer y remunerar la labor docente de acuerdo con la preparación académica, experiencia y desempeño, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1278 de 2002.

Expone que existen diferencias fácticas en el escalafón, como l a clasificación en

remunerar la labor docente de acuerdo con la preparación académica, experiencia y desempeño, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1278 de 2002. Expone que existen diferencias fácticas en el escalafón, como l a clasificación en distintos grados, que implican diversas formaciones, responsabilidades, competencias y desempeños, por lo que no se puede hablar de igualdad ante estos diferentes presupuestos. Alega que el incremento salarial del nivel 3AM no atentó contra las disposiciones constitucionales y normativas mencionadas en la demanda, pues la diferencia en el aumento salarial entre dicho grado y el grado 2 A, tiene su origen en criterios objetivos y razonables, ya que las condiciones de formación y experiencia de los docentes en cada uno de estos grados son diferentes. Asevera que la diferencia especifica entre un grado y otro está dada por los títulos profesionales, de maestría o doctorado exigido a los docentes, así como por la experiencia, sin que sea plausible hacer un juicio de igualdad entre situaciones desiguales, como ocurre en el presente caso. Indica que la escala salarial establecida en el Decreto 714 de 2008 buscaba retribuir el esfuerzo de los docentes que continuaron su formación académica. Subraya que este ajuste salarial no solo reconoció el esfuerzo de los docentes con posgrado, sino que también incentivó su desarrollo profesional.

2. El Departamento de Santander3 se opone a la prosperidad de las pretensiones.

Sostiene que no tiene competencia para realizar incrementos salariales a los docentes, por lo que no intervino en ninguno de los decretos emitidos entre 2010 y 2024 para tal efecto. Precisa que, debido a lo anterior, existe una clara falta de

Sostiene que no tiene competencia para realizar incrementos salariales a los docentes, por lo que no intervino en ninguno de los decretos emitidos entre 2010 y 2024 para tal efecto. Precisa que, debido a lo anterior, existe una clara falta de legitimación por pasiva, por lo que solicita ser desvinculado del proceso. Concluye que, en principio, es la Nación - Ministerio de Educación Nacional, quien debe responder en caso de prosperar las pretensiones. Agrega que esto se debe a aquel ministerio si intervino en la expedición de los decretos de incrementos salariales y es el competente para administrar y regular el Sistema General de Participaciones.

C. La sentencia recurrida4

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San Gil niega las pretensiones y no condena en costas . Sostiene que, tras confrontar los hechos probados con el marco normativo, no se evidencia que el acto acusado se encuentre viciado de nulidad. Destaca que las diferencias salariales otorgadas en 2011 a los docentes de los grados 2A y 3AM del Escalafón Nacional Doce nte están fundamentadas en disposiciones legales claras y en criterios objetivos relacionados con la formación y las competencias requeridas para cada grado.

Añade que el Decreto 1278 de 2002 establece que la clasificación y los incrementos salariales en el Escalafón Docente deben basarse en la idoneidad, las competencias y la formación académica de los educadores. Indica que los docentes del grado 3AM poseen títulos de maestría o doctorado, mientras que los del grado 2A cuentan con títulos de licenciatura o especialización, lo que justifica un tratamiento diferenciado

y la formación académica de los educadores. Indica que los docentes del grado 3AM poseen títulos de maestría o doctorado, mientras que los del grado 2A cuentan con títulos de licenciatura o especialización, lo que justifica un tratamiento diferenciado en términos salariales. Aclara que este criterio de diferenciación no vulnera el principio de igualdad, sino que lo desarrolla en su dimensión material al reconocer y compensar las diferencias reales en la cualificación de los docentes.

Expone que el hecho de que en años anteriores los incrementos salariales hayan sido iguales no implica que este tratamiento deba mantenerse indefinidamente. Asegura que las condiciones de cada grado en el escalafón pueden ajustarse para reflejar cambios en las políticas educativas y en la profesionalización docente.

3 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 000 10. Documento 12 4 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 000 24. SentenciaPrimeraInstancia(.pdf)RADICADO: 686793333001-2024-00172-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ERNESTO SANTOS TORRES

DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO.

Recalca que la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1278 de 2002 otorgan al Gobierno Nacional la facultad de establecer escalas salariales que incentiven el desarrollo profesional de los educadores, promoviendo la equidad y la eficiencia en el sistema educativo.

Afirma que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha reafirmado que los tratos diferenciados son admisibles siempre que estén

educativo.

Afirma que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha reafirmado que los tratos diferenciados son admisibles siempre que estén fundamentados en razones objetivas y legales, como ocurre en este caso.

Considera que no se evidencia que el incremento diferenciado aplicado en 2011 a los niveles aquí analizados del escalafón sea injusto, ni que quebrante las normas de las que depende, ni que con ello se atente contra el derecho a la igualdad de los docentes, por lo tanto , no es procedente la inaplicación de los decretos salariales de 2024 ni de los tres años anteriores. Indica que no es fundada la nulidad de los actos demandados por infracción en las normas en que debía fundarse, a través de una falsa motivación o expedición irregular.

Concluye que los actos administrativos demandados, se ajustan a derecho y no afecta los principios de igualdad ni los derechos de los docentes del grado 2A. Refuerza que, por el contrario, respalda la estructura y los objetivos del sistema escalafonado establecido en el Decreto 1278 de 2002, que contribuyen al fortalecimiento de la profesionalización docente en el país.

D. Las apelaciones

1. La parte demandante 5 apela la sentencia al considerar que el juez realizó un análisis fragmentado de la problemática, pues concluyó que los incrementos salariales se fundamentaron en una variable objetiva relacionada con la posición en el escalafón docente. Sostiene que la sentencia adolece de un análisis exhaustivo respecto al argumento central de la demanda, relativo a la falta de fundamentación para el trato diferenciado en los incrementos salariales aplicados en ciertos años.

el escalafón docente. Sostiene que la sentencia adolece de un análisis exhaustivo respecto al argumento central de la demanda, relativo a la falta de fundamentación para el trato diferenciado en los incrementos salariales aplicados en ciertos años. Indica que el a quo no indagó sobre las razones de hecho y derecho que justificaron los incrementos desiguales, ni sobre el fundamento técnico utilizado por la administración para adoptarlos.

Señala que, aunque el Ministerio fundamentó los incrementos en criterios de formación, experiencia y desempeño, no justificó por qué se aplicaron incrementos desiguales para algunos años, especialmente entre 2008 y 2011. Reitera que la falta de justificación técnica o legal en la modificación de los incrementos salariales para esos años implica que la actuación administrativa para este propósito careció de fundamentos claros, objetivos y congruentes. Expone que, dado que los decretos cuestionados incurrieron en una causal de nulidad por falta de motivación, los incrementos salariales desiguales deben ser inaplicados.

Concluye que los actos administrativos cuestionados desconocen principios constitucionales y legales, lo que genera que los docentes perciban un salario inferior al que deberían. Solicita que se revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones de la demanda para poner fin a la vulneración de principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

2. La Nación – Ministerio de Educación 6 solicita que se revoque el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia y, en consecuencia, se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante, vencida en el proceso. Alega que el juez de primera instancia adoptó un enfoque subjetivo excesiv amente

segundo de la parte resolutiva de la sentencia y, en consecuencia, se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante, vencida en el proceso. Alega que el juez de primera instancia adoptó un enfoque subjetivo excesiv amente restrictivo al considerar que la falta de temeridad o mala fe era suficiente para eximir a la parte demandante de la condena en costas. Indica que este criterio es contrario

5 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 000 27. MemorialWeb_Recurso-ERNESTOSANTOSTORRE(.pdf) 6 Expediente en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 000 26. Documento27RADICADO: 686793333001-2024-00172-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ERNESTO SANTOS TORRES DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO. a la tendencia actual del derecho procesal administrativo, que promueve una ponderación razonable basada en el análisis integral de la conducta procesal y la carencia de fundamento legal de la demanda.

Precisa que, en este caso, no se trata de un litigio de interés público o de especial complejidad, donde podría justificarse la exención de costas. Afirma que, por el contrario, la naturaleza del litigio y la evidencia aportada demuestran que las pretensiones de la parte demandante son de carácter particular. Subraya que negar la imposición de costas en tales circunstancias representa una aplicación incorrecta del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

Expone que este proceso ha movilizado injustificadamente parte del erario público

la imposición de costas en tales circunstancias representa una aplicación incorrecta del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

Expone que este proceso ha movilizado injustificadamente parte del erario público a la suscripción de diferentes contratos para su defensa, y añade que este gasto también ha sido destinado a más de diez mil procesos que carecen de todo fundamento normativo y técnico, tal como se expuso en el trámite judicial.

Reitera que, al revisar el expediente, el juez podrá evidenciar que las costas efectivamente se causaron, ya que, en su representación, se adelantaron sucesivas gestiones y actividades procesales ante el despacho de primera instancia. Destaca que esto configura un elemento objetivo que debió ser tenido en cuenta para condenar en costas y agencias en derecho a la parte vencida.

Afirma que negar el reconocimiento de la condena en costas y agencias en derecho no solo desnaturalizaría su finalidad, sino que atentaría contra el principio de reparación integral de los costos procesales, desincentivando el ejercicio legítimo de la defensa judicial por parte de las entidades públicas.

Recalca que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en la importancia de garantizar una aplicación estricta del principio de reparación integral, lo que incluye el reconocimiento de los costos procesales en los que incurre la parte vencedora.

E. Actuaciones de segunda instancia El recurso fue admitido mediante auto7 del 13 de mayo de 2025. Durante el trámite de ejecutoria, las partes guardaron silencio y el Ministerio Público, el 26 de mayo de 20258 rindió concepto de fondo9.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

de ejecutoria, las partes guardaron silencio y el Ministerio Público, el 26 de mayo de 20258 rindió concepto de fondo9.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

7 Expediente en SAMAI. Índice 00005. Autoadmiterec_AUTO_202417201AUTOADMITEA(.pdf) 8 Expediente en SAMAI. Índice 00010. MemorialWeb_Concepto-ConceptoExpNo00(.pdf) 9 Sostiene que, al analizar los reajustes efectuados por el Gobierno Nacional, los porcentajes aplicados no fueron uniformes para los diferentes grados y niveles del escalafón docente. Expone que, en contraste con lo señalado en la demanda, la intención normativa apu ntaba a reducir las desigualdades existentes entre los escalafones uno, dos y tres, acortando las diferencias entre los grados 1D y 2A, así como entre 2D y 3A. Destaca que esta normalización en el incremento de los niveles se fundamenta en los criterios establecidos en la Ley 4ª de 1992, especialmente en el literal j) del artículo 2°, que establece la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calid ades exigidas para su desempeño. Precisa que, por ejemplo, un normalista o tecnólogo percibía casi el doble que un profesional licenciado o no licenciado que quisiera ingresar al servicio docente, lo que justifica la diferencia. Asevera que la justificación también se basa en el objetivo del Decreto 1278 de 2002, cuyo

al servicio docente, lo que justifica la diferencia. Asevera que la justificación también se basa en el objetivo del Decreto 1278 de 2002, cuyo propósito es garantizar que la docencia sea ejercida por personal idóneo, reconociendo e incentivando su formación y experien cia. Subraya que el ejercicio de "iguald ad formal" o meramente aritmética, como lo pretende la parte actora, agravaría y profundizaría las brechas y desigualdades entre los mayores ingresos del escalafón, como el grado 1D en comparación con el salario inferior del 2A. Indica que el reajuste realizado por el Gobierno Nacional durante los períodos mencionados es un ejemplo vivo de la aplicación efectiva del artículo 13 Constitucional, que exige adoptar medidas para materializar la igualdad sustancial, promoviendo la progr esividad de los derechos laborales y la dignificación de los salarios del personal docente. Reitera que los incrementos salariales diferenciales ordenados en los decretos de 2008, 2009 y 2011 por el Ejecutivo atendieron el deber de conservar el poder adquisitivo real del salario de los docentes. Afirma que las razones t écnicas suficientemente exp licadas para proceder con el incremento salarial diferencial permiten concluir que se respetaron los principios de progresividad, proporcionalidad y razonabilidad, lo que justifica la aplicación de un enfoque material del derecho a la igualdad. Precisa que, bajo este entendimiento, la Procuraduría considera que debe negarse el reconocimiento y pago de la diferencia en los incrementos s alariales decretados en 2008, 2009 y 2011. Subraya que, en base a los aspectos y consideraciones fundamentales de sarrolladas, no se configura ninguna vulneración al principio de igualdad.RADICADO: 686793333001-2024-00172-01

decretados en 2008, 2009 y 2011. Subraya que, en base a los aspectos y consideraciones fundamentales de sarrolladas, no se configura ninguna vulneración al principio de igualdad.RADICADO: 686793333001-2024-00172-01

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DEMANDANTE: ERNESTO SANTOS TORRES

DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO.

B. El problema jurídico y su resolución

Con base en la reseña que antecede, la Sala lo plantea y resuelve así: ¿La diferencia en el incremento salarial aplicado al actor en 2011, del 5,7 % correspondiente a su grado 2A, frente al 11,3 % otorgado a los docentes del grado 3AM, constituyó una medida discriminatoria?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La diferencia en los incrementos salariales aplicados a los docentes de los distintos grados y niveles del escalafón no constituye un trato discriminatorio, ya que la normativa vigente permite la diferenciación basada en criterios objetivos como la formaci ón académica, la experiencia y la idoneidad demostrada en el desempeño de las funciones. La Ley 4 de 1992 y el Decreto 1278 de 2002 otorgan al Gobierno Nacional la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los docentes y justifican plena mente los incrementos diferenciados, sin vulnerar el principio de igualdad. E ste principio no exige aplicar un mismo porcentaje de incremento a todos los docentes, sino que legitima el trato diferenciado cuando existen diferencias objetivas entre ellos. En este caso, el actor no probó cuál es el criterio discriminatorio que alega ni ha demostrado que su

un mismo porcentaje de incremento a todos los docentes, sino que legitima el trato diferenciado cuando existen diferencias objetivas entre ellos. En este caso, el actor no probó cuál es el criterio discriminatorio que alega ni ha demostrado que su situación específica implique un trato injustificado. Los incrementos aplicados responden a los niveles de mérito, preparación y experiencia de cada docente, lo que asegura una asignación salarial proporcional a su desempeño y fortalece el sistema meritocrático que regula el escalafón docente, con el objetivo de incentivar la formación avanzada y garantizar una educación de calidad.

C. Marco jurídico

1. Los criterios y objetivos para fijar el régimen salarial de los servidores públicos y la estructura del escalafón docente La Ley 4 de 1992, en su artículo 1 10 le otorga la competencia al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Para tal efecto, deberá tener en cuenta los «criterios y objetivos» contenidos en dicha Ley11.

En su artículo 2º, consagra, entre otros, los siguientes: g. La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio; h. La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;

1. La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;

j. El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; k. El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva

responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; k. El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral; (…)

En ejercicio de su competencia, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1278 de 2002, mediante el cual estableció el Estatuto de Profesionalización Docente. El decreto estableció un sistema nacional de escalafón o clasificación de los docentes

10 ARTÍCULO 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: a. Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación , la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; c. Los miembros del Congreso Nacional, y d. Los miembros de la Fuerza Pública. 11 ARTÍCULO 12.- El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones pública s territoriales arrogarse esta facultad.RADICADO: 686793333001-2024-00172-01

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DEMANDANTE: ERNESTO SANTOS TORRES

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oficiales en carrera, teniendo como fundamento la formación académica, la

DEMANDANTE: ERNESTO SANTOS TORRES

DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO.

oficiales en carrera, teniendo como fundamento la formación académica, la experiencia, el desempeño, las competencias y los méritos reconocidos12. Dicho escalafón está constituido por distintos grados y niveles con el objeto de asignar el correspondiente salario y garantizar que la carrera docente tenga educadores idóneos que propendan por el desarrollo de una educación con calidad, a partir de la dignificación y crecimiento profesional. El artículo 46 del mencionado decreto establece la siguiente regla para fijar los salarios y prestaciones sociales de los docentes: ARTÍCULO 46. Salarios y prestaciones. El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la institución educativa que dirijan. De acuerdo con la anterior disposición, los salarios de los docentes son fijados por el Gobierno Nacional mediante una escala única nacional, y dependerán del grado y nivel en que el docente se encuentre dentro del Escalafón. Ni la Ley 4 de 1992 ni el Decr eto 1278 de 2002 establecen que los incrementos anuales de las asignaciones salariales de los docentes deban ser homogéneos entre los diferentes grados y niveles.

el Decr eto 1278 de 2002 establecen que los incrementos anuales de las asignaciones salariales de los docentes deban ser homogéneos entre los diferentes grados y niveles. En cuanto a la estructura del Escalafón Docente, el artículo 20 13 del Estatuto de Profesionalización de la Docencia dispuso que este se encuentra conformado por 3 grados que se establecen de acuerdo con la formación académica (1, 2 y 3). A su vez, cada grado tiene 4 niveles salariales (A, B, C y D)14. En ese orden, es claro para la Sala que los decretos nacionales mediante los cuales se define la asignación básica mensual de docentes escalafonados pueden establecer tratos diferenciados a partir de criterios objetivos, como la mayor experiencia, los títu los académicos obtenidos, los méritos académicos y la obtención de títulos de posgrado, tales como especializaciones, maestrías y doctorados. Estas diferencias no se pueden considerar discriminatorias porque atienden fines constitucionalmente legítimos como l