TA SAN - Sentencia 686793333002-2017-00030-02 (09-10-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, nueve (09) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga contra la sentencia proferida el veintinueve (29) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el Juzgado Segundo Administrativo Ad Hoc del Circuito Judicial de San Gil (S) previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones

1 Índice No. 010 SAMAI Juzgado de origen que inserta expediente OneDrive: Archivo 68679333300220170003001_C01_3_20210716160836 – copia.PDF

Radicado:

686793333002-2017-00030-02

Demandante:

JORGE LEONARDO GARCÍA LEÓN con cédula de ciudadanía No. 5.621.915

Correo electrónico: jerarquiajuridica@gmail.com

Demandado:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SECCIONAL BUCARAMANGA

Correo electrónico: dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Se modifica la sentencia de primera instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 2

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El demandante pretende se aplique de conformidad con el Art. 4 de la Constitución Política la excepción de inconstitucionalidad e ilegal idad del Art. 1 de los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015, 0246 de 2016 y los que haya expedido en esa materia el Gobierno Nacional en los que se incluya la frase «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y, al Sistema General de Seguridad Social en Salud» por sustraer la bonificación judicial de su naturaleza de factor salarial. En tal sentido se declare la nulidad de: (i) la Resolución No. 02284 del 02 de marzo de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que niega la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho a partir del 01 de enero de 2013 con la inclusión de la bonificación salarial

de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que niega la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho a partir del 01 de enero de 2013 con la inclusión de la bonificación salarial como factor salarial y prestacional y, (ii) el acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación. Como cons ecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos, pretende se ordene a la entidad demandada reconocer la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional, así como la reliquidación de prestaciones sociales de más emolumentos devengados, pago de diferencias causadas, intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor, igualmente el pago de la sanción moratoria del art. 99 Ley 50 de 1990 y el pago de costas y agencias en derecho.

B. Hechos Como fundamento de las pretensiones, el demandante afirma, en síntesis, que labora en la Rama Judicial y que es beneficiario de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 desde el 01 de enero de 2013.

Dice que, mediante petición radicada el 22 de febrero de 2016 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bucaramanga, solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

Que, mediante Resolución NO. 02284 DEL 02 DE MARZO DE 2016 y notificada el 05 de mayo del mismo año, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia

mayo del mismo año, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 3

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El 18 de mayo de 2016 se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el que no ha sido resuelto por la entidad demandada, por tanto, operó el silencio administrativo negativo el 18 de julio de 2016.

C. Normas violadas y concepto de violación

Se enrostran como vulnerad os los Arts. 2, 4, 13, 25, 29, 53 y literal e) numeral 19 del 150, inciso 9 del 215 de la Constitución Política de Colombia, arts. 2 y 10 de la Ley 4 de 1992, art. 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996, Ley 482 de 1998, art. 4 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, art. 42 del Decreto 1042 de 1978, art. 5 del Decreto 1045 de 1978, Ley 244 de 1995, Ley 344 de 1996, art. 9 de la Ley 50 de

1990. Los Decretos 717 de 1978 y, los Decretos de aumento salarial y prestacional de la Rama Judicial, entre otros.

En desarrollo del concepto de violación, el demandante expuso las siguientes razones:

Expone que, el concepto de salario del art. 127 del CST en concordancia con el art. 42 del Decreto 1042 de 1978 y, el art. 5 del Decreto 1045 de 1978 incluye a los

razones:

Expone que, el concepto de salario del art. 127 del CST en concordancia con el art. 42 del Decreto 1042 de 1978 y, el art. 5 del Decreto 1045 de 1978 incluye a los factores que lo integran, así como las prestaciones, en apoyo de los principios de igualdad material, favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas.

Precisa que, la bonificación judicial creada con el Decreto 383 de 2013 se paga de manera habitual, como consecuencia y contraprestación de la labor desempeñada concluyéndose necesariamente que es salario y que, debe tener las mismas consecuencias jurídicas de éste, no sólo para descuentos de seguridad social, sino para inclusión dentro de la base de la liquidación de las prestaciones devengadas por los servidores judiciales.

Manifiesta que, en las demandas contra Rama Judicial, se ha concluido que la bonificación judicial hace parte de salario y por tanto, se deben dar todos sus efectos jurídicos, como se estableció respecto de la prima especial creada por el art. 14 de la Ley 4 de 1992 en pronunciamientos hechos por el H. Consejo de Estado entre ellos, las sentencias proferidas en los procesos radicados a los No. 05001 -23-31000-2005-01110-01 y, 76001-33-33-012-2016-00365-00.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 4

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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 4

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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga - Índice No. 010 SAMAI Juzgado de origen que inserta expediente OneDrive: Archivo 68679333300220170003001_C01_23_20210716161302.PDF -, por intermedio de su apoderad o judicial, se opone a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos de la demanda ref iere que, tiene como ciertos los períodos de vinculación, tal como lo muestra la Certificación de Tiempo de Servicios expedida por el Coordinador de Área de Talento Humano que adjunta como prueba; empero, refiere que no puede reconocerse la bonificación ju dicial del Decreto 383 de 2013 como factor salarial porque la norma específicamente establece que será factor prestacional únicamente para cotización de salud y pensión. Sostiene que la entidad demandada que debió ser vinculada al presente proceso no es la Rama Judicial, sino el Gobierno Nacional por sus competencias constitucionales y legales, comoquiera que se encuentran en debate normas de carácter salarial expedidas por el ejecutivo. Dice que no tiene facultades ni participa en el proceso de proferir lo s decretos salariales, en aras de mantener vigente el principio de separación de poderes; además, los jueces tampoco cuentan con la facultad de violentar ese principio fundamental del Estado. Recaba en que es ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su «inaplicabilidad” y/o su inconstitucionalidad», dado que sus

fundamental del Estado. Recaba en que es ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su «inaplicabilidad” y/o su inconstitucionalidad», dado que sus actuaciones son meros actos de ejecución y que deben permanecer incólumes en el ordenamiento jurídico, motivo por el cual no pueden ser objeto de cont rol jurisdiccional en razón a su naturaleza, puesto que se limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa.

Anota que, la demanda adolece de ineptitud por cuanto no fue vinculado el poder ejecutivo ni a su representante y, en materia de competenc ia, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 5

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Argumenta que, en virtud de lo establecido en la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidore s públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia.

Pone de presente que cumple una función netamente ejecutora, vale decir, de

Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia.

Pone de presente que cumple una función netamente ejecutora, vale decir, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales, en los términos y valores establecidos en los Decretos 0383 y 0384 de 2013 y de manera anual en cada tabla de salarios por el ejecutivo.

Precisa que, a este asunto, no resulta aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, ni las regulaciones que en materia de relaciones de trabajo existan entre l a Administración Pública y los empleados y funcionarios vinculados a la Rama Judicial, motivo por el cual no existen emolumentos que se adeuden a la parte demandante como consecuencia de su liquidación salarial y prestacional.

Sostiene que el demandante incurrió en un error al no integrar a la parte pasiva del presente proceso al Gobierno Nacional, el cual se encuentra conformado por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los Directores de Departamentos Administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política, mandato constitucional que no puede desconocerse con la pretensión de «inaplicar» normas vigentes, toda vez que lo pretendido con la demanda es la modificación de la escala de salarios prevista en el presupuesto general de la nación, cuyo control y custodia está también a cargo del Gobierno Nacional. Afirma que, los decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial no cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en

Nacional. Afirma que, los decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial no cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial, toda vez que es el Gobierno Nacional, quien a través de las autoridades competentes, debe pronunciarse respecto de la legalidad de sus actuaciones.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 6

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Se pronuncia sobre la prescripción de los derechos prestacionales, argumentando que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone que «las prestac iones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o p restación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual». En consecuencia, considera que ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por el demandante, toda vez que radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga el 22 de febrero de 2016 mediante la cual reclamó el reconocimiento de la bonificación de los decretos 383 y 384 de 2013, razón por la cual las sumas reclamadas con anterioridad se encuentran prescritas.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve:

reconocimiento de la bonificación de los decretos 383 y 384 de 2013, razón por la cual las sumas reclamadas con anterioridad se encuentran prescritas.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve: «PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 23 de febrero de 2013, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de FALTA DE LEGTIMACION EN LA CAUSA, por las razones expuestas

TERCERO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

CUARTO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

-Resolución N° 02284 de fecha 02 de marzo de 2016, proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

-Acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a l a interposición del recurso de apelación

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

-Acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a l a interposición del recurso de apelación

2 Índice No. 025 SAMAI Juzgado de origen.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 7

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presentado contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 02284 de fecha 02 de marzo de 2016.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: i) reconocer a favor de JORGE LEONARDO GARCIA LEON, la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, desde el 23 de febrero de 2013 en adelante y h asta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas; ii) reliquidar todas las prestaciones sociales y derechos laborales devengados por el actor desde el 23 de febrero de 2013 y por el tiempo efectivamente laborado en la Rama Judicial, con inclusión de la Bonificación Judicial como parte integrante de la base de liquidación; iii) reconocer para el caso del demandante la Bonificación Judicial como factor salarial para efectos de liquidación de todas las prestaciones sociales en adelante y mientras persista su vínculo con la

Rama Judicial.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos

Bonificación Judicial como factor salarial para efectos de liquidación de todas las prestaciones sociales en adelante y mientras persista su vínculo con la Rama Judicial.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de la demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

[…]»

Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene el Juez de primera instancia que, la bonificación judicial le fue cancelada en forma continua, mensual y habitual al demandante, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la DEAJ al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cum plimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 8

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de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 8

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Explica que , resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considera rla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en diner o y establecida como contraprestación directa del servicio.

Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

Itera que, e l límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituy e una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la

otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituy e una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

Aduce que, la bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual , motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado.

Sobre la prescripción afirma que, el señor García León presentó su solicitud para el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales el 23 de febrero de 2016 por tanto, el derecho se debe reconocer a partir del 23 de febrero de 2013.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 9

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Aduce que no se cumplen los supuestos para que opere el reconocimiento de la sanción moratoria porque el demandante n o probó que el empleador no hubiera consignado las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente a su causación.

Finalmente anota que, se abstiene de condenar en costas atendiendo a lo dispuesto en el Art. 188 del CPACA.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

Finalmente anota que, se abstiene de condenar en costas atendiendo a lo dispuesto en el Art. 188 del CPACA.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, por intermedio de apoderad a judicial, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su solicitud expone que:

Pone de presente que, no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial , puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno nacional, específicamente en la expedición los Decretos 083 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

La primera instancia desconoció lo anterior porque, le impuso una carga excesiva a que no está en deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

Insiste que, el art. 103 del Decreto 270 de 1996 le asigna competencias del pago de servidores judiciales como ordenar de gasto, pero no alt era o modifica el régimen legal y reglamentario de los empleados públicos ni su asignación salarial, por tanto, de acceder a lo pretendido por el demandante, desconocería el art. 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, ello porque, para el pago de emolum entos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados debe acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que

Orgánico del Presupuesto, ello porque, para el pago de emolum entos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados debe acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual , implica la alteración del Presupuesto

3 Índice No. 028 SAMAI Juzgado de origen.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 10

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General de la Nación. En tal virtud, insiste, debe ser vinculado el Gobierno Nacional, por ser la autoridad competente de fijar la remuneración salarial y prestacional.

Reitera que, hay lugar a declarar la caducidad por cuanto los Decretos 383 y 384 de 2013 no han sido decretados nulos y no han sido atacados por la parte actora, destacando que la bonificación judicial ha sido liquidada y pagada conforme a tal normatividad, siendo estos decretos salariales cuya nulidad debió pretenderse dentro del término establecido en el Art. 138 del CPACA.

Finalmente, solicita mantener la decisión de no condenar en costas porque, ha planteado argumentos de defensa plausibles y, no existe temeridad en ejercicio de la defensa de la Nación y también la declaratoria de prescripción de los derechos reclamados con anterioridad al 23 de febrero de 2013.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

la defensa de la Nación y también la declaratoria de prescripción de los derechos reclamados con anterioridad al 23 de febrero de 2013.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA El proceso es allegado a l Despacho del Magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra el 19.08.2025 -índice No. 01 SAMAI - quien ordena la remisión del expediente a este Despacho judicial el 15.09.2025 -índice No. 04 SAMAI -. El 22.09.2025 se admite recurso de apelación -índice No. 012 SAMAI-. El 08.10.2025 - índice No. 017 SAMAIreingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo, cuyo proyecto se registra el mismo día para ser aprobado por la Sala de Decisión del

09.10.2025. De trámite se destaca que, las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia para conocer en segunda instancia Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve así:Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02

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PJ. ¿El demandante tiene derecho a que se reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales y, en

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PJ. ¿El demandante tiene derecho a que se reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados?

Tesis: Si Fundamento jurídico: En atención al marco jurídico de cara a las pruebas aportadas, esta Sala advierte que: (i) la bonificación judicial creada en el Decreto 383 de 2013 tiene por finalidad compensar la desnivelación salarial existente entre los funcionarios de la Rama Judicial y; (ii) esta se percibe como contraprestación de los servicios prestados de forma mensual y con carácter permanente, por lo cual se configuran los elementos para que constituya factor salarial.

En ese sentido, si bien el demandante ha sido beneficiaria de la bonificación judicial no se le ha reconocido como factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales, lo cual ha desmejorado su remuneración, y vulnerado el principio de progresividad del trabajador.

A la anterior conclusión se arriba con base en el siguiente:

D. Marco jurídico que gobierna el caso

1. De la bonificación judicial. El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispu esto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 4, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante Decreto 383 de 2013, a través del cual creó

según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem. A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante Decreto 383 de 2013, a través del cual creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1º para cada cargo. Los arts. 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

4 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones socialesTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Jorge Leonardo García León vs DEAJ. Rad. No. 6867933330022017-00030-02 12

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«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá

factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación