TA SAN - Sentencia 686793333002-2019-00247-01 (21-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 02 índice SAMAI, archivo 01. MEDIO DE CONTROL Protección de los derechos e intereses colectivos EXPEDIENTE 686793333002-2019-00247-01

DEMANDANTE

Angela Delgado Rangel angydapi@hotmail.com proximoalcalde@gmail.com

DEMANDADO

Municipio de Barichara alcaldia@barichara-santander.gov.co secretariagobierno@barichara-santander.gov.co VINCULADO Nación, Ministerio de Cultura notificaciones@mincultura.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA

notificaciones@mincultura.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA No se encontró probada la invasión a los andenes públicos. Ocupación temporal del espacio público otorgada mediante a utorizaciones expedidas p or el municipio de Barichara para la extensión de locales comerciales . Se confirma la decisión de primera instancia.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Angela Delgado Rangel Demandado: municipio de Barichara Radicado: 686793333002-2019-00247-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 1 44 del CPACA, la señora Angela Delgado Rangel formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos colectivos de que tratan los literales s b), d), e), g), j), l) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Que se declaren vulnerados los derechos colectivos a. La moralidad administrativa; El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; La defensa del patrimonio público; La seguridad y salubridad públicas; El acceso a una infraestructura de servicios que garantice Ia salubridad pública; El acceso a los servicios públicos y a que su prestación

de los bienes de uso público; La defensa del patrimonio público; La seguridad y salubridad públicas; El acceso a una infraestructura de servicios que garantice Ia salubridad pública; El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando la s disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de Ia calidad de vida de los habitantes.

Y en consecuencia se ordene al Municipio de BARICHARA

1. Que se ordene la apertura de las vías en mención y se ordene revocar todos los permisos concedidos de forma 'legal por el ministerio de cultura y la recuperación de las vías invadidas por ventas ambulantes.

2. Que se ordenen los créditos contra crédit os y las apropiaciones presupuestales requeridas para la recuperaci6n del espacio público invadido.

3. Garantizar Ia movilidad peatonal y vehicular en las zonas intervenidas y mitigar el impacto de las ventas ambulantes en el sector formal.

4. Que se ordene el pago de costas procesales o agencia en derecho, por valor de 4 salarios mínimos las cuales son los costos o gastos relacionados con Ia defensa judicial de quien resulta ganador en un determinado litigio. Estos costos o gastos, comúnmente conocidos como costas judiciales, deben ser asumidos por quien pierde el litigio o Ia querella. (…) 5.

Que se ordene conformarse el Comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, que trata el inciso 5° del artículo 34 de Ia Ley 472 de 1998, con la

por quien pierde el litigio o Ia querella. (…) 5.

Que se ordene conformarse el Comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, que trata el inciso 5° del artículo 34 de Ia Ley 472 de 1998, con la participación de las partes y del juez […]».

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. Entre la carrera 6 y 7 y calles 5 y 6 del municipio de Barichara existe un espacio público frente al parque principal el cual se encuentra ocupado por ventas ambulantes que no cuentan con la debida autorización. Además, dicha autorización corresponde a las entidades territoriales y no al Ministerio de Cultura, toda vez que si el ente ministerial las expidiera, se extralimitaría en sus funciones.

1. Los puntos de venta ambulantes h an perjudicado a los propietarios de negocios aledaños quienes s í cumplen con sus obligaciones tri butarias y que debido a esta situación, han sufrido una afectación hasta ocasiona rles una «quiebra» en sus negocios.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Angela Delgado Rangel Demandado: municipio de Barichara Radicado: 686793333002-2019-00247-01

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1. Aunado a lo anterior, las casetas ubicadas en el parque del municipio de Barichara afectan el derecho al goce del espacio público, por cuanto las cuestiones comerciales no deberían implicar la usurpación de los derechos de la

1. Aunado a lo anterior, las casetas ubicadas en el parque del municipio de Barichara afectan el derecho al goce del espacio público, por cuanto las cuestiones comerciales no deberían implicar la usurpación de los derechos de la colectividad y afectar el funcionamiento de las vías y el entorno arquitectónico del municipio.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Municipio de Barichara2

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Es de conocimiento público que entre la carrera 6 y 7 entre calles 5 y 6 del casco urbano del municipio de Barichara no existen vendedores ambulantes.

1. De las fotografías allegadas con el escrito de demanda en las que supuestamente se evidencia una invasión al espacio público, es pertinente indicar que no se observa la presencia de las «casetas» aducidas por la parte demandante, por cuanto únicamente se aprecia un mobiliari o compuesto por mesas, parasoles y sillas removibles y, por ende, las aseveraciones realizadas carecen de sustento.

1. Aunado a lo anterior, dichas mesas y sillas removibles no restringen el paso vehicular, toda vez que no se encuentran sobre la vía, n i el paso peatonal, comoquiera que queda bastante espacio en el andén; además, no se trata de puntos ambulantes en razón a que hacen parte de la franja de retiro y son

extensión de negocios ubicados en la carrera 6 y 7 y entre calles 5 y 6.

comoquiera que queda bastante espacio en el andén; además, no se trata de puntos ambulantes en razón a que hacen parte de la franja de retiro y son extensión de negocios ubicados en la carrera 6 y 7 y entre calles 5 y 6.

1. La señora Dorky García Lascano, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio el Bodegón de Toñita, solicitó co ncepto previo acerca de la ocupación del espacio en el municipio de Barichara al Ministerio de Cultura, ente ministerial que concluyó lo siguiente: «no se afecta los valores patrimoniales urbanos del municipio de Barichara, por lo que no se ve inconveniente en la ocupación propuesta».

1. En cumplimiento del artículo 20 del PEMP de Barichara, la Ley 9 de 1989 y el documento COMPES 3718 de 2012 (Política Nacional del Espacio Público) , el municipio de Barichara o torgó un permiso de ocupación por seis meses, el cual

estaba supeditado a las siguientes condiciones:

«1. Se considerará para efectos de esta autorización, a la zona ubicada sobre la franja de retiro o sobre la fachada del Establecimiento "CAFÉ -BAR EL BODEGÓN DE TOÑITA", como una extensión del negocio, por tanto la misma será responsabilidad de la solicitante v propietaria DORKY lOSEFINA GARCIA LASCANO identificada con Cédula de Ciudadanía 32.771.074 de BarranquillaAtlántico

2. Mantener las condiciones descritas y autorizadas en la solicitud de concepto realizada a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, las cuales se

Atlántico

2. Mantener las condiciones descritas y autorizadas en la solicitud de concepto realizada a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, las cuales se

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 17 índice SAMAI, archivo 02.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Angela Delgado Rangel Demandado: municipio de Barichara Radicado: 686793333002-2019-00247-01

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manifiestan así: - La ocupación consta de: Máximo 8 módulos compuestos cada uno por un parasol de madera, una mesa y 4 sillas en ratán. - Los toldos o carpas de los parasoles en color crudo y café, sin publicidad (gama dee colores tierra) - Franja de retiro de andén de 1 metro de ancho, libre pea tonal. - Área total a utilizar en la franja de retiro al frente del inmueble localizado en la carrera 7 # 757 será de 49 mts 2 - El espacio de circulación entre cada módulo será de 80 cm. - El mobiliario se retirará todos los días y en ningún momento ocas ionará daño alguno en los elementos urbanos donde se ubique […]».

1. De conformidad con lo anterior, se comprobó que la ocupación por la extensión del negocio no altera los valores patrimoniales del municipio de Barichara; además, no fueron instalados elementos que permitieran la ocupación permanente y/o la destrucción del espacio público, toda vez que las mesas y sillas

extensión del negocio no altera los valores patrimoniales del municipio de Barichara; además, no fueron instalados elementos que permitieran la ocupación permanente y/o la destrucción del espacio público, toda vez que las mesas y sillas tienen un horario especificado y deben retirarse a diario y en el andén se mantuvo un espacio considerable para garantizar la circulación peatonal.

1. La ocupación temporal del espaci o público es procedente cuando se establecen condiciones específicas para garantizar la no afectación de la circulación peatonal y vehicular y, además, el aprovechamiento económico del municipio de Barichara. En ese orden de ideas, no son ciertas las afirm aciones efectuadas por la parte demandante. Incluso, en enero del 2025, la propietaria del establecimiento de comercio el Bodegón de Toñita solicitó nuevamente la autorización para la ocupación temporal de los andenes bajo las condiciones antes descritas.

1.2.2. Nación, Ministerio de Cultura

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación a través del cual solicitó su desvinculación y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. No es cierto que el Ministerio de Cultura conceda, otorgue o autorice ocupación de espacio público en plazas, calles o cualquier otro espacio , ya sea en un centro histórico declarado como bien de interés cultural o en cualquier otro lugar del territorio nacional ni que el ente ministerial realice cobros a particulares para permitir la utilización de espacios públicos.

1. En el caso específico del centro histórico del municipio de Barichara no se ha otorgado n inguna autorización para ocupación de espacio público, así como

para permitir la utilización de espacios públicos.

1. En el caso específico del centro histórico del municipio de Barichara no se ha otorgado n inguna autorización para ocupación de espacio público, así como tampoco se ha autorizado la instalación de casetas o ventas ambulantes toda vez que no se tiene la competencia para ello, por cuanto ún icamente se emitieron conceptos que no son vinculantes y fueron remitidos al ente territorial.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la vulneración y/o amenaza de los derechos colectivos establecidos en los literales d) y f) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 47 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Angela Delgado Rangel Demandado: municipio de Barichara Radicado: 686793333002-2019-00247-01

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SEGUNDO: En consecuencia, DENEGAR las pretensiones incoadas por la accionante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS, gastos, expensas procesales y agencias en derecho, al actor popular y a favor de la entidad demandada, de conformidad con las razones expu estas en la parte motiva de la presente

presente providencia.

TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS, gastos, expensas procesales y agencias en derecho, al actor popular y a favor de la entidad demandada, de conformidad con las razones expu estas en la parte motiva de la presente providencia, y atendiendo lo expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación referida […]».

En lo correspondiente al fondo del asunto , el a quo sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

1. En el sub judice , resulta necesario precisar si concurren los tres presupuestos para la prosperidad de la acción popula r, esto es, a) la existencia de una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera válida e idónea en el proceso respectivo.

1. En el presente asunto, se cuestiona que el Ministerio de Cultura y el municipio de Barichara hubieren otorgado un permiso o autoriza ción para la

ocupación del espacio público, entre la carrera 6 y 7 y entre calles 5 y 6, de la zona urbana de dicha entidad territorial. En ese sentido, es necesario indicar que las vías señaladas por la parte accionante constituyen espacio público y , por tanto, pueden ser objeto de protección con la finalidad de verificar la protección al derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

las vías señaladas por la parte accionante constituyen espacio público y , por tanto, pueden ser objeto de protección con la finalidad de verificar la protección al derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

1. Aunado a lo anterior, se pone de relieve que mediante el Decreto 1654 del 3 de agosto de 1978, la Presidencia de la República declaró monumento nacional al sector antiguo del municipio de Barichara y , p osteriormente, mediante Resolución 0888 de 2015, el Ministerio de Cultura aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Barichara, el Camino de Guane y sus zonas de influencia, con lo que se corrobora el carácter de patrimonio cultural de este municipio.

1. El Despacho advierte que el municipio de Barichara posee la facultad legal para conceder autoriz ación o permiso para el uso de los bienes públicos en su jurisdicción, siempre y cuando su uso sea temporal y los objetos que se usen en dichas zonas puedan ser retirados con facilidad, lo cual permite de igual forma el uso colectivo. En consecuencia, del material probatorio aportado al expediente , se encuentra comprobado que la ocupación que se efectúa por parte de los comerciantes del espacio público delimitado en el escrito de demanda se realiza en cumplimiento de una autorización o per miso concedido por el municipio de

Barichara.

1. Además, se observa que la parte accionante no logró acreditar la vulneración de los derechos e intereses colectivos alegados, pese a que la carga de la prueba que recae sobre ella. En consecuencia, comoqui era que no se

Barichara.

1. Además, se observa que la parte accionante no logró acreditar la vulneración de los derechos e intereses colectivos alegados, pese a que la carga de la prueba que recae sobre ella. En consecuencia, comoqui era que no se cumplió con el primer presupuesto, se considera innecesario continuar con elProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Angela Delgado Rangel Demandado: municipio de Barichara Radicado: 686793333002-2019-00247-01

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análisis del cumplimiento de los demás presupuestos establecidos por la jurisprudencia y se impone denegar las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante4

La parte demandante en el recurso interpuesto solicitó modificar la sentencia de primera instancia conforme a los siguientes argumentos:

1. El a quo incurrió en un error al concluir que como se trata de mesas y sillas removibles no se invade el espacio público, comoquiera que resulta lógico que cualquier elemento que sea ubicado en el andén implica per se que el espacio se vea limitado para los peatones , lo cual ocasiona un riesgo inminente especialmente para los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Además, contrario a lo concluido por el juez de primera instancia , sí se trata de ventas ambulantes y no es posible legalizarlas como lo pretende hacer el municipio de Barichara y el Ministerio de Cultura.

Además, contrario a lo concluido por el juez de primera instancia , sí se trata de ventas ambulantes y no es posible legalizarlas como lo pretende hacer el municipio de Barichara y el Ministerio de Cultura.

1. En consecuencia, las autorizaciones otorgadas por el municipio de Barichara con concepto favorable previo del Ministerio de Cultura realmente no son temporales, motivo por el cual hay lugar a desarrollar una política pública para la reubicación y protección de los vendedores informales ubicados en el parque del municipio.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 28 de octubre 20245 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. La parte demandante no se pronunció.

1.6.2. Parte demandada

1.6.2.1. Municipio de Barichara6

Los argumentos de sus alegaciones, se resumen de la siguiente manera:

1. Se insiste en que las sillas, mesas y parasoles dispuestos en la zona mencionada pertenecientes a la extensión de los locales comerciales no evitan el goce del espacio público ni limitan la movilidad peatonal y vehicular, toda vez que, tal y como se observa en las fotografías aportadas por la demandante y en el informe allegado, es posible observar que dichos elementos se encuentran distribuidos sobre el andén o acera, d e tal manera que las personas pueden transitar por en medio o por detrás de estos con total comodidad y no existe presencia vehicular al no estar cerca de ninguna carretera o vía

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 49 índice SAMAI.

transitar por en medio o por detrás de estos con total comodidad y no existe presencia vehicular al no estar cerca de ninguna carretera o vía

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 49 índice SAMAI. 5 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI. 6 Expediente digital, actuación 9 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Angela Delgado Rangel Demandado: municipio de Barichara Radicado: 686793333002-2019-00247-01

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1.6.2.2. El Ministerio de Cultura no se pronunció.

1.6.3. El Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer en segunda instancia de las decisiones adoptadas por los jueces administrativos de su jurisdicción, de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las a cciones populares originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.

2.2. Problema jurídico

se susciten con ocasión del ejercicio de las a cciones populares originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.

2.2. Problema jurídico

Conforme a los antecedentes relacionados, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado y, para el efecto, examinará, si en el caso bajo estudio resulta procedente amparar los derechos e intereses colectivos de que tratan los literales s b), d), e), g), j), l) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 por haberse autorizado la ocupación temporal del espacio público ubicado entre la carrera 6 y 7 y entre calles 5 y 6 frente al parque principal del municipio de Barichara para la extensión de locales comerciales.

2.3. Marco normativo

2.4.1. De la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o siempre que exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridade s, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones 7 acerca de la naturaleza de la acción popular y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:

«[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo

naturaleza de la acción popular y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:

«[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo

7 Véanse las sentencias C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez; T466 de 2003, magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra; T -443 de 2013; y T -254 de 2014, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Angela Delgado Rangel Demandado: municipio de Barichara Radicado: 686793333002-2019-00247-01

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específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las person as, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que

por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]».8

En relación con el carácter preventivo de las acciones populares , tanto la Corte Constitucional9 como el Consejo de Estado10, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, puesto que la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.

Según lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado en form a reiterada11, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales;12 ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses mencionados.13

2.4.2. Del derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público

El artículo 82 de la Constitución Política, prevé:

«[…] Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del

los bienes de uso público

El artículo 82 de la Constitución Política, prevé:

«[…] Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regul arán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común […]»

A su turno, respecto a la protección del espacio público, la Corte Constitucional14 determinó su importancia por estar íntimamente relacionada con la calidad de vida de las personas.

8 Corte Constitucional, sente ncia T -443 de 2013; magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 9 Sentencia C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2004, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, radicación número: 2002-2693-01. 11 Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia del 5 de marzo de 2015, radicación 15001233300020130008601. 12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de junio de 2011, consejera ponente: María Elizabeth García González., radicado 25000232700020050065401. 13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de junio de 2011, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 50001233100020040064001. 14 Referencia: expediente D-3721, magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, demanda

Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 50001233100020040064001. 14 Referencia: expediente D-3721, magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 64, parcial, de la Ley 675 de 2001, demandante: José Miguel de la Calle Restrepo.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Angela Delgado Rangel Demandado: municipio de Barichara Radicado: 686793333002-2019-00247-01

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En ese sentido, indicó:

«El Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una protección expresa de rango constitucional. Esta decisión resulta claramente compatible con los principios que orientan la Carta Política y con el señalamiento del tipo de Estado en el que aspiran vivir los colombianos. Sin duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a Colombia como un Estado social de derecho guarda relación con la garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre (ibid.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habit antes. De otra parte, la calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada indivi duo se reconoce como

personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y