TA SAN - Sentencia 686793333002-2020-00235-01 (27-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL Protección de los derechos e intereses colectivos EXPEDIENTE 686793333002-2020-00235-01 DEMANDANTE Marco Antonio Velásquez proximoalcalde@gmail.com

DEMANDADO

Municipio de San Gil notificacionesjudiciales@sangil.gov.co defensajudicial.sangil@gmail.com juridica@sangil.gov.co

VINCULADOS

Concesionario Vial de Colombia S.A.S. En Liquidación notificaciones@hehcolombia.com felipe.angel@santosrodriguez.co

Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS contactenos@cas.gov.co sglnotificaciones@cas.gov.co secretariageneral@cas.gov.co marcosfernando.p@gmail.com Departamento de Santander notificaciones@santander.gov.co desarrollo@santander.gov.co info@santander.gov.co ca.gflorez@santander.gov.co Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de San Gil - ACUASAN EICE E.S.P jurídica@acuasan.gov.co francoabogadousta@hotmail.com carlosauribes7@gmail.co josefernandogtorres@gmail.com Instituto Nacional de Vías-INVÍAS

Gil - ACUASAN EICE E.S.P jurídica@acuasan.gov.co francoabogadousta@hotmail.com carlosauribes7@gmail.co josefernandogtorres@gmail.com Instituto Nacional de Vías-INVÍAS njudiciales@invias.gov.coProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el municipio de San Gil, contra la sentencia de primera instancia proferida el 19 de marzo de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, por medio de la cual se ampararon los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas y al derec ho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrado en el artículo 1 44 del CPACA, el señor Marco Antonio Velásquez formuló demanda a nte la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos colectivos de que tratan los literales a), b) d) e) g) h) d), e), g) h) y l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia , solicitó que se orden ara a la

colectivos de que tratan los literales a), b) d) e) g) h) d), e), g) h) y l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia , solicitó que se orden ara a la entidad accionada que realizara las acciones necesarias para la colocación de rejas, enmallado y barandas promotoras en todo el sector de la carrera 12 entre el puente Rojas Pinilla y el puente de la calle 12 margen derecho de vía San GilBogotá y sector del malecón.

En consecuencia, solicitó:

«Que se declaren vulnerados loe derechos colectivos a: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución. la ley y a disposiciones reglamentarias; b) La moralidad administrativa d) El goce del espacio público y la u tilización y defensa de los bienes d e uso público;

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 2. alvaroandrespp@hotmail.com apenuela@invias.gov.co Nación-Ministerio de Transporte notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co sgomez@mintransporte.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Recuperación de los sectores adyacentes a la vía nacional en la zona del río Fonce, del perímetro urbano del municipio de San Gil.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros

nacional en la zona del río Fonce, del perímetro urbano del municipio de San Gil.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

e) La defensa del patrimonio público: g) La seguridad y salubridad públicas: h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública: l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Y en consecuencia se ordenen al Municipio SAN GIL

1. Orden e las acciones necesarias para la colocación de rejas. enma llado y

barandas promotoras en todo el sector de la Carrera 12 entre el puente Rojas Pinilla y el puente de la calle 12 margen derecho de vía San Gil Bogotá y sector del malecón.

2. Que se ordene pan que dichas obras sean realizadas en el termino no superior a seis meses.

3. Que se ordene al municipio de SAN GIL realizar los créditos y contra créditos y las diferentes erogaciones presupuesta les necesarias para cumplir la orden judicial

4. Que se ordene el pago de costas procesales o agencias de derecho, por valor de 4 salarios mínimos […]» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes:

1. Sobre el margen derecho de la vía San Gil – Bogotá, el rio Fonce es

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes:

1. Sobre el margen derecho de la vía San Gil – Bogotá, el rio Fonce es muy alto y, por esta razón, en el año 2016 se presentó la muerte de un ciudadano que rodó al abismo.

1. En el sector existía un mirador con baranda, el cual se derrumbó y tal deslizamiento derivó en un abismo y en la desestabilización de la tierra. Al respecto, la única medida de seguridad adoptada son unas cintas de peligro.

1. La profundidad del abismo y la cercanía de ese sector con el perímetro urbano, así como el constante tránsito de peatones por el sitio, deriva en que el lugar represente un peligro para ancianos y niños.

1. La proliferación de venezolanos que frecuentan el lugar amenaza la fauna y flora del lugar, especialmente las iguanas y nutrias, ya que las cazan para su alimentación.

1. Según el plan de manejo y conservación del centro histórico , las autoridades municipales deben preservar el área ; además, la ronda del río Fonce por tratarse de un corredor ambiental. Pese a ello, las autoridades han sido omisivas en efectuar estudios de riesgo de la ronda del río y en realizar las obras de mitigación en la ladera del cauce.

1. Por lo anterior, se requiere la instalación de rejas, enmallado y barandas

protectoras en todo el sector de la carrera 12 entre el puente Rojas Pinilla y el puente de la calle 12 margen derecho de la vía San Gil Bogotá , en el sector

1. Por lo anterior, se requiere la instalación de rejas, enmallado y barandas

protectoras en todo el sector de la carrera 12 entre el puente Rojas Pinilla y el puente de la calle 12 margen derecho de la vía San Gil Bogotá , en el sector del malecón, lo que además favorecería que se dejara de utilizar el sector como botadero de basuras.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Municipio de San Gil2

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual solicitó la denegatoria de las pretensiones, en los siguientes términos:

1. El municipio de San Gil no es el competente para adelantar acciones de mantenimiento del sector, pues el lugar donde se deslizó la baranda de mampostería y la bancada hace parte de la v ía nacional Ruta No. 45 A 07, adscrita a la Nación - Ministerio de Transporte – Invias.

1. Como medida de protección provisional, mientras el Mi nisterio de Transporte, a trav és del INVIAS, realiza las obras necesarias para la recuperación del sector, especialmente las obras de estabilización del talud, que son las que corresponderían a la Nación, el municipio opt ó por instalar cintas de seguridad junto con una cerca en alambre de púas con el fin de evitar

recuperación del sector, especialmente las obras de estabilización del talud, que son las que corresponderían a la Nación, el municipio opt ó por instalar cintas de seguridad junto con una cerca en alambre de púas con el fin de evitar que la ciudadanía transite por el sector.

1. Las obras de conservación de la Fauna y Flora corresponden a las autoridades ambientales , en concreto, a la Corporación Autónoma de Santander y a la Policía Nacional.

1. Como razones de defensa propuso l os siguientes medios exceptivos: «ausencia de demostración del nexo de causalidad con el daño que permita imputarle responsabilidad al demandado », «hecho exclusivo y determinante de un tercero», «causa extraña no imputable al municipio de San Gil» y «falta de legitimación en la causa por pasiva».

1.2.2. Departamento de Santander3

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación e n el cual solicitó la denegatoria de las pretensiones, en los siguientes términos:

1. El departamento de Santander cumple funciones de coordinación entre la Nación y los municipios y no le es imputable ninguna acción u omisión respecto de los hechos alegados.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 27. 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 56.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

archivo 56.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. La vía que conduce desde el municipio de Bucaramanga hacia el municipio de San Gil (sector donde describe el actor popular que se encuentra la baranda en el puente al borde del río Fonce) está categoriza da como de carácter nacional, razón por la cual el departamento de Santander no tiene competencia para realizar su mantenimiento. La Red Nacional de Carreteras en Colombia está regulada por el Ministerio de Transporte, de modo que las carreteras primarias corresponden al INVÍAS, las secundarias están a cargo del departamento y las terciarias, están distribuidas a los diversos niveles territoriales y las vecinales, asignadas a los municipios.

1. Como razones de defensa, propuso l os siguientes medios exceptivos: «improcedencia de la acción popular en contra del departamento de Santander por inexistencia de la vulneración o amenaza del derecho o interés colectivo invocado», «falta de legitimación en la causa material por pasiva respecto al departamento de Santander», «inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción popular», «inexistencia de la vulneración o amenaza del derecho o interés colectivo invocado», «tratar de comprometer el patrimonio del departament o de Santander por acción de un tercero», «improcedencia de la acción popular por inexistencia de acciones u

vulneración o amenaza del derecho o interés colectivo invocado», «tratar de comprometer el patrimonio del departament o de Santander por acción de un tercero», «improcedencia de la acción popular por inexistencia de acciones u omisiones del ente territorial que conlleven a endilgar su responsabilidad».

1.2.3. Corporación Autónoma de Santander - CAS4

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual solicitó la denegatoria de las pretensiones, en los siguientes términos:

1. No existe prueba sobre la afectación de la fauna y flora po r cuenta de algún asentamiento humano, concretamente, de venezolanos en el sector de

la carrera 12 entre el puente Rojas Pinilla y el puente de la calle 12, margen derecho de la vía San Gil – Bogotá, sector del Malecón. Por lo anterior, en el presente asunto existe « falta de legitimación en la causa por pasiva» y «ausencia de demostración del nexo de causalidad entre el hecho originador de la demanda y la corporación autónoma regional de Santander – CAS».

1.2.4. Instituto Nacional de Vías - INVIAS5

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual solicitó la denegatoria de las pretensiones, en los siguientes términos:

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 71. 5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 76.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 76.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. El INVIAS no tiene dentro de sus funciones la conservación del margen del río Fonce, toda vez que se trata de una competencia del municipio de San Gil y de la CAS.

1. El literal d) del artículo 1 Decreto 80 de 1987 prevé que los municipios tienen la obligación de adecuar la estructura de las vías nacionales dentro del respectivo perímetro urbano, de conformidad con las necesidades de la vida

Municipal.

1. En informe de l 14 de febrero de 2021, suscrito por un Ingeniero Residente de la Administración Vial G4 Consorcio CG Troncal Central, manifiesta el INVIAS, que el 22 de octubre de 2020 se inició la remoción en masa en el PR125+700 en el talud inferior, por la ruptura de la red de acueducto instalada la que es operada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil. Acuasan E.I.C.E. -E.S.P. Por lo anterior, la referida empresa de aseo es la llamada a mitigar el impacto que la remoción en masa pueda causar en la zona.

1. Como razones de defensa propu so los siguientes medios exceptivos

referida empresa de aseo es la llamada a mitigar el impacto que la remoción en masa pueda causar en la zona.

1. Como razones de defensa propu so los siguientes medios exceptivos «improcedencia de la acción», «falta de legitimación en la causa por pasiva del INVIAs», «inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica de deducirobligaciones y responsabilidades al instituto nacional de vías».

Finalmente solicitó vincular al proceso a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de San Gil Acuasan E.I.C.E. – E.S.P.

1.2.5. Ministerio de Transporte6

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual solicitó la denegatoria de las pretensiones y señaló que de conformidad con las competencias funcionales de esa cartera ministerial , acontece la «Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva», al tiempo que «no existe vinculación formal respecto al ministerio de transporte».

1.2.6. ACUASAN E.I.C.E E.S.P.7

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual solicitó la denegatoria de las pretensiones, en los siguientes términos:

1. No se presentan los elementos sustanciales para que exista responsabilidad por parte de la entidad. Como razones de defensa formuló los siguientes medios exceptivos «improcedencia de la acción popular6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 79. 7 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 116.Protección de los derechos e intereses colectivos

archivo 79. 7 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 116.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

inexistencia de vulneración, daño o amen aza actual contra los derechos colectivos – inexistencia de responsabilidad por parte de la empresa ACUASAN E.I.C.E.- ESP», «falta de legitimación en la causa por pasiva», e «inexistencia de prueba ante la vulneración de derech os e intereses colectivos ». Finalmente resaltó que la carga de la prueba corresponde al actor popular.

1.2.7. Concesionaria vial de Colombia S.A.S en liquidación - CONVICOL8

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual solicitó la denegatoria de las pretensiones, en los siguientes términos:

1. En la Cláusula 78 del Contrato de Concesión No. 517 de 2013 se estableció que el riesgo de las acciones populares estaba a cargo de la ANI.

A la fecha de la presentación de la acción popular, el 12 de noviembre de 2020, ya se había suscrito el acta de reversión entre la ANI, el INVÍAS y CONVICOL, cuya fecha de suscripción fue el 30 de junio de 2017. El 4 de septiembre de 2018,

ya se había suscrito el acta de reversión entre la ANI, el INVÍAS y CONVICOL, cuya fecha de suscripción fue el 30 de junio de 2017. El 4 de septiembre de 2018, se suscribió el acta de liquidación del contrato de concesión No. 517 de 2013 entre CONVICOL y la ANI, en la que la ANI se abstuvo de realizar reserva alguna en relación con los hechos del proceso.

1. El Plan Especial de Mejoramiento y Protección del centro histórico de San Gil previsto en la Resolución No. 2970 de 2015, es responsabilidad del indicado municipio.

1. Formuló como razones de defensa la s excepciones de «falta de legitimación por pasiva de la Concesionaria Vial de Colombia S.A.S en liquidación» y la «falta de responsabilidad de la Concesionaria Vial de Colombia S.A.S en Liquidación: las obras solicitadas no se encuentran dentro de las obligaciones pactadas en el Contrato de Concesión No. 517 de 2013 suscrito entre la Concesionaria Vial de Colombia S.A.S en Liquidación y la

Agencia Nacional de Infraestructura».

1.3. La sentencia apelada9

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante sentencia del 19 de marzo de 2024, resolvió:

«PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas y al derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, establecidos en los literales g) y l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998; de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

públicas y al derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, establecidos en los literales g) y l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998; de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

8 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, link one drive, archivo 120. 9 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 102, índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable al MUNICIPIO DE SAN GIL por la omisión en el cumplimien to de las normas constitucionales y legales, que imponen el deber de garantizar la seguridad y salubridad públicas y el derecho a la prevención de desastres previsibles técnicamente.

TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN GIL para que en un término no mayor a TRES (3) MESES, efectúe todos los trámites administrativos, contractuales y presupuestales, necesarios y suficientes, tendientes a efectuar las obras de mitigación señaladas en el CONCEPTO TÉCNICO VIA NACIONAL SAN GIL – BOGOTÁ SECTOR PUENTE GUSTAVO ROJA S PINILLA MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER, de fecha abril 26 de 2023, proferido por el Departamento de Santander, visible a Pdf No: A160 del

NACIONAL SAN GIL – BOGOTÁ SECTOR PUENTE GUSTAVO ROJA S PINILLA MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER, de fecha abril 26 de 2023, proferido por el Departamento de Santander, visible a Pdf No: A160 del expediente One Drive, índice 81 de SAMAI. ” en el sector afectado, con el objeto de garantizar la estabilidad del talud y la seguridad de las personas que transiten por el lugar.

CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN GIL, que en un plazo de OCHO (8) DIAS contados a partir de la notificación de la presente decisión, conformen una mesa de coordinación interinstitucional, i ntegrada por el Alcalde Municipal, el Secretario de Secretaría de Control Urbano e Infraestructura Municipal, el Personero Municipal en calidad de representante del Ministerio Público, un funcionario de la Defensoría del Pueblo y el actor popular. Esta mesa tendrá por objeto coordinar y determinar un plan de acción liderado por el municipio en el cual se comprometan a llevar a cabo, dentro del marco de sus competencias, acciones para mitigar el peligro a los que se encuentran

expuesta la ciudadanía en general, en el sector de la carrera 12 entre el puente Rojas Pinilla y el puente de la calle 12, margen derecho de vía San Gil - Bogotá y el sector del malecón. La mesa deberá emitir un informe a más tardar en un (1) mes calendario después de notificada esta se ntencia, en el que consten los compromisos adoptados por el municipio, los plazos de ejecución, los métodos para verificar su cumplimiento y los funcionarlos o las dependencias responsables de los mismos. Esta mesa de trabajo igualmente conformará el comité de verificación del cumplimiento del fallo.

los compromisos adoptados por el municipio, los plazos de ejecución, los métodos para verificar su cumplimiento y los funcionarlos o las dependencias responsables de los mismos. Esta mesa de trabajo igualmente conformará el comité de verificación del cumplimiento del fallo.

QUINTO: CONDENAR en costas al MUNICIPIO DE SAN GIL a favor del ACTOR POPULAR, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído».

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió parcialmente las pretensiones de la demanda con sustentó en los siguientes argumentos:

1. Se acreditó la transgresión del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente como consecuencia de los graves problemas de seguridad por la falta de estabilidad del terreno en el

sector de la carrera 12, entre el puente Rojas Pinilla y el Puente de la Calle 12, en el margen derecho de la vía San Gil-Bogotá y en el sector del Malecón.

1. De conformidad con el informe técnico del departamento de Santander, deben realizarse una serie de obras de mitigación en la ladera del rí o Fonce pues el talud presenta problemas de deslizamientos y erosión . Tales obras pueden ser la construcción de muros de contención con el fin de soportar el peso del suelo y de prevenir la erosión; el montaje de sistemas de anclaje para estabilizar los taludes, la instalación de geomallas con el fin de estabilizar elProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

suelo y prevenir la erosión y la plantación de vegetación para ayudar a fijar el suelo y reducir la erosión.

1. El literal d) del artículo 1 del decreto 80 de 1987 establece que los municipios tienen la obligación de adecuar o acomodar la estructura de las vías o carreteras nacionales según las necesidades de la «vida municipal», lo que incluye llevar a cabo las obras estructurales requeridas para su debido funcionamiento, con exclusión del mantenimiento y de la señalización pues estas son actividades atribuidas al INVIAS. De lo anterio r emerge que el municipio es el responsable de atender la violación al derecho colectivo, en la medida en que las acciones no son consecuencia de l mal estado de la vía nacional, sino de los procesos de erosión propios de l afluente, de la inestabilidad de l a zona del río Fonce y de la necesidad de adecuar el lugar para la vida municipal.

1. Se condenó en costas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P, norma aplicable por remisión expresa del art ículo 44 de la Ley 472 de 1998.

1.4. El recurso de apelación10

1.4.1. Municipio de San Gil

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar

de 1998.

1.4. El recurso de apelación10

1.4.1. Municipio de San Gil

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y revocar la condena en costas. Para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. No se acreditó la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos. El a quo fundamentó su decisión en el informe técnico presentado por el departamento de Santander, en el que se indica que « El sector de estudio donde se realizó la visita se encuentra estable, con afectaciones l eves a la banca, las cuales requieren medidas de estabilización y mantenimiento del talud ».11 Tampoco se logró atribuir, siquiera sumariamente, una acción u omisión imputable al municipio de San Gil, como causa de la amenaza o agravio de algún derecho o in terés colectivo , ni el nexo de causalidad entre los hechos que fundamentaron la acción y la vulneración de aquellos

1. Respecto de la seguridad pública y de la prevención de desastres previsibles técnicamente debe valorarse que «el municipio se caracteriza por una extensión aproximada de 14.767 hectáreas, de las cuales un 20% corresponde a un relieve ligeramente plano, 4.3% a moderadamente inclinado,

10 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 105, índice SAMAI. 11 Pagina 10, Conclusiones y recomendaciones, Concepto Técnico, Vía Nacional San GilBogotá, Sector Puente Gustavo Rojas Pinilla, Municipio de San Gil, Santander, Presentado

11 Pagina 10, Conclusiones y recomendaciones, Concepto Técnico, Vía Nacional San GilBogotá, Sector Puente Gustavo Rojas Pinilla, Municipio de San Gil, Santander, Presentado por: Ing. Civ. Miguel Ángel Rodríguez, Geol. William Jaime Rueda Rivera.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: municipio de San Gil y otros Radicado: 686793333002-2020-00235-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

32.9% a fue rtemente inclinado, 35% a moderadamente escarpado, 6% escarpado y 1.7% muy escarpado, razón por la cual existe un riesgo por movimientos de remoción en masa y atendiendo a que la extensión superficiaria del ente territorial es tan grande; […] que se deben atender por prioridad los puntos realmente críticos, tanto es así, que se demuestra que la entidad ha cumplido con su deber, ya que, se han realizado intervenciones colectivas para mitigar el riesgo por movimientos de remoción en masa, mediante obra y esta bilización de los taludes para los barrios ciudadela del Fonce, alameda real, Oscar Martínez, Ciudad Jardín, Ciudad Blanca, Pedro Fermín y Niño Jesús ». En consecuencia, no habría lugar a condenar a l municipio cuando existen necesidades que por su prioridad deben ser atendidas previamente, en pro del beneficio de la comunidad.

1. El actor no cumplió con la carga de acreditar la violación o una amenaza a los derechos colectivos, especialmente, si se tiene en cuenta que la

atendidas previamente, en pro del beneficio de la comunidad.

1. El actor no cumplió con la carga de acreditar la violación o una amenaza a los derechos colectivos, especialmente, si se tiene en cuenta que la vulneración debe ser real y no meramente hipotética, es decir, que reúna las condiciones de inminente, concreta y actual . Tal condición no fue cumplida, porque la condena se fundó en una interpretación errónea de las pruebas bajo suposiciones, toda vez que no se acreditó una amenaza de ruina, ni de desastre como lo indicó el juez de primera instancia.

1. El término de 3 meses concedido para ejecutar los trámites administrativos, contractuales y presupuestales para efectuar las obras de mitigación señaladas en el concepto técnico es insuficiente, en la medida en que deben efectuarse las apropiaciones presupuestales, una consultoría para el estudio de viabilidad, la etapa precontractual y contractual, así como la licitación pública y su ejec