TA SAN - Sentencia 686793333002-2021-00155-01 (18-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 686793333002-2021-00155-01

MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

DEMANDANTE: LUIS EMILIOS COBOS MANTILLA

luisecobosm@yahoo.com.co

DEMANDADO: MUNICIPIO DE SAN GIL

notificacionesjudiciales@sangil.gov.co juridica@sangil.gov.co defensajuridicasangil@gmail.com abogadamiranda7@gmail.com

VINCULADOS: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

notificaciones@santander.gov.co ca.mhernandez@santander.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co SENTENCIA núm.: 10

TEMA: VULNERACIÓN DERECHOS COLECTIVOS A LA

DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, AL ACCESO A

UNA INFRAESTRUCTURA , A LA SALUBRIDAD

PÚBLICA Y AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

- ESCUELA GUARIGUA, ZONA RURAL DE SAN GIL

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Floridablanca y el Departamento de Santander contra la sentencia de primera

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Floridablanca y el Departamento de Santander contra la sentencia de primera instancia, proferida el 18 de marzo de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de San Gil, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

En la demanda se refirió, en síntesis, que desde hace más de veinte años funciona en la zona rural del Municipio de San Gil, la escuela denominada Guarigua, con una

1 Proceso de Origen - Actuación núm. 37 de SAMAI – OneDrive – Archivo 01.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla

Demandado: Municipio de San Gil y Otro

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población estudiantil de setenta alumnos en prescolar y los cinco grados de primaria.

Según el actor, la institución educativa en referencia «no tiene agua potable suficiente, tiene deficiencia de baterías sanitarias y las que tiene no están funcionando por estar dañadas, los techos y los muros están deteriorados y carecen de canales y bajantes de conducción de aguas lluvia además tiene varios salones deteriorados que no se pueden utilizar, además (sic) tiene carencia de salones y una infraestructura para el funcionamiento del área administrativa».

Sostuvo que el deterioro general de la Escuela Guarigua, «se debe a la negligencia

deteriorados que no se pueden utilizar, además (sic) tiene carencia de salones y una infraestructura para el funcionamiento del área administrativa».

Sostuvo que el deterioro general de la Escuela Guarigua, «se debe a la negligencia de la Alcaldía Municipal de San Gil que no le hace el mantenimiento necesario a la planta física desde hace muchos años atrás», lo cual afecta los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la zona.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. Que se ordene al Municipio de San Gil garantizar la defensa del patrimonio público, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos . Aunado a ello, que su prestación sea eficiente y oportuna a todos los niños estudiantes y profesores de la Institución Educativa Guarigua, localizada en la zona rural del Municipio de San Gil.

1.2.2. Como consecuencia de lo anterior, que se ordene al Municipio de San Gil realizar las obras civiles necesarias, en concepto de ingeniería y arquitectura, para el mantenimiento de toda la infraestructura y el encerramiento de la Institución Educativa Veredal Guarigua, ubicada en la zona rural del Municipio de San Gil.

1.2.3. Que se ordene el cumplimiento inmediato de las órdenes que se impartan y que se condene en costas a la parte demandada.

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Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla

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1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Municipio de San Gil3, compareció a través de apoderado judicial, quien se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que no existe vulneración o amenaza de los derechos invocados y en razón de que no existe prueba aportada por el actor popular, siquiera sumaria, para sustentar sus aspiraciones.

En seguida, admitió que existían falencias en «algunas fachadas estructurales de algunas instituciones», pero adujo que tales circunstancias no son constitutivas de una vulneración de derechos, porque «desde el año 2021, hasta la actualidad, ha sido un objetivo primordial […] el cuidad o, mantenimiento, y preservación de la escuela Guarigua Alto».

Para sustentar sus dichos, indicó que el municipio viene adelantando el programa «Escuelas Vivas», para «ejercer un sin número de adecuaciones a las diversas escuelas que ejecutan sus labores en el municipio de San Gil, entre esas la institución educativa de Guarigua Alto». Adjuntó fotografías de los mantenimientos y limpiezas realizadas.

A su turno, advirtió que el Municipio de San Gil no se encuentra certificado en educación, por lo que gran parte de los recursos son girados por el Departamento

institución educativa de Guarigua Alto». Adjuntó fotografías de los mantenimientos y limpiezas realizadas.

A su turno, advirtió que el Municipio de San Gil no se encuentra certificado en educación, por lo que gran parte de los recursos son girados por el Departamento de Santander. Pese a ello, señaló que se «están invirtiendo cerca de 6.000. millones directamente en los colegios desde la administración municipal».

Por añadidura, manifestó que la escuela en cuestión no está enlistada dentro del informe rendido por el secretario de gestión social y salud, en el cual figuran las instituciones que no se encuentra en óptimas condiciones. Por ende, insistió en que la edificación donde funciona el centro educativo es apta para su funcionamiento, sin que se hayan aportado pruebas que demuestren lo contrario.

Finalmente, alegó que el demandante «únicamente presento (sic) argumentos subjetivos infundados», por lo que obvió la carga de la prueba que le asistía en este tipo de procesos y formuló la excepción denominada «INOMINADA (sic) O

GENERICA (sic)».

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1.3.2. El vinculado, Departamento de Santander 4, por medio de apoderado judicial solicitó que se nieguen las súplicas de la demanda. Para el efecto, esgrimió

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1.3.2. El vinculado, Departamento de Santander 4, por medio de apoderado judicial solicitó que se nieguen las súplicas de la demanda. Para el efecto, esgrimió que no le constaban los hechos y que la entidad es «de total ajenidad a la presunta violación de derechos fundamentales (sic) aducidos por el Actor».

Acto seguido, efectuó un breve estudio normativo de las características de la acción popular. Sobre esa base, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser responsable, en su consideración, de la presunta vulneración y afectación de derechos.

1.4. La sentencia apelada5

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de San Gil, en la sentencia del 18 de marzo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

«PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, la Seguridad y Salubridad Públicas y al acceso a los servicios públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna, establecidos en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998; de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsables al MUNICIPIO DE SAN GIL y al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por la omisión en el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, que imponen el deber de garantizar la defensa del patrimonio público, la Seguridad y Salubridad Públicas y al acceso a los servicios públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna establecido.

garantizar la defensa del patrimonio público, la Seguridad y Salubridad Públicas y al acceso a los servicios públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna establecido.

TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN GIL y al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, para que en forma coordinada, y en un término no mayor a TRES (3) MESES, efectúe todos los trámites administrativos, contractuales y presupuestales, necesarios y suficientes, tendientes a efectuar la remodelación y adecuación de la Escuela Guarigua Alto, ubicada en zona rural del Municipio de San Gil, que garanticen la seguridad física, el acceso al agua potable, y el saneamiento y salubridad para los estudiantes, docentes y administra tivos que estudian y laboran en la misma.

CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN GIL que, en coordinación con el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en un plazo de OCHO (8) DIAS contados a partir de la notificación de la presente decisión, conformen una mesa de coordinación interinstitucional, integrada por el Alcalde Municipal, el Secretario de Educación Departamental, el Personero Municipal en calidad de representante del

4 Proceso de Origen - Actuación núm. 37 de SAMAI – OneDrive – Archivo 25. 5 Proceso de Origen - Actuación núm. 56 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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Ministerio Público, un funcionario de la Defensoría del Pueblo y el actor popular. Esta mesa tendrá por objeto coordinar y determinar un plan de acción liderado por el municipio y el departamento, en el cual se comprometan a llevar a cabo, dentro del marco de sus competencias, acciones para mitigar el peligro a los que se encuentran la comunidad educativa de la Escuela Guarigua Alto, y determinar las soluciones definitivas sostenibles. La mesa deberá emitir un informe a más tardar en un (1) mes calendario después de notificada esta sentencia, en el que consten los compromisos adoptados por el Munici pio y el Departamento, los plazos de ejecución, los métodos para verificar su cumplimiento y los funcionarlos o las dependencias responsables de los mismos.

QUINTO: CONDENAR en costas al MUNICIPIO DE SAN GIL y al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a favor del ACTOR POPULAR , de conformidad con lo expuesto en el presente proveído».

Para apuntalar su decisión, se refirió al marco normativo de los derechos colectivos invocados como violados y a las pruebas obrantes en el informativo. En ese orden, encontró que existe «daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de los derechos o intereses colectivos».

Asimismo, no desconoció las adecuaciones y mantenimiento efectuados por el ente municipal a la Escuela Guarigua Alto; sin embargo, estimó que tales acciones «no han cumplido con el propósito de mejorar la infraestructura para garantizar la

Asimismo, no desconoció las adecuaciones y mantenimiento efectuados por el ente municipal a la Escuela Guarigua Alto; sin embargo, estimó que tales acciones «no han cumplido con el propósito de mejorar la infraestructura para garantizar la protección de los derechos colectivos, puesto que persiste (sic) las anomalías que atentan contra la seguridad y salubridad de la comunidad educativa».

En conclusión , el a quo consideró que se cumplieron los presupuestos para la procedencia del medio de control, porque « persiste en la infraestructura y la disponibilidad de servicios, de la escuela “GUARIGUA ALTO”, un estado de abandono que imposibilita la adecuada de prestación del servicio público de educación».

1.5. Fundamentos de la apelación6

1.5.1. El Municipio de San Gil, inconforme con la sentencia de primera instancia, solicitó que esta sea revocada y, en su lugar, que se nieguen las pretensiones de la demanda. Para apuntalar la alzada, afirmó que los argumentos del a quo carecen de asidero jurídico, por cuant o no se demostró una afectación latente o un peligro para quienes «transitan y/o recurren al lugar de los hechos».

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De este modo, refirió que la existencia de un deterioro en las instalaciones «no significa que la institución educativa presente ruina o riesgo de desastre, ya que, es

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De este modo, refirió que la existencia de un deterioro en las instalaciones «no significa que la institución educativa presente ruina o riesgo de desastre, ya que, es normal que una edificación pre sente deterioro por la inclemencia del clima, por el uso y por el paso del tiempo».

Acto seguido, cuestionó el informe rendido por el rector de la Escuela Rural Guarigua Alto y planteó que las afectaciones allí consignadas , tales como el levantamiento de baldosas o la necesidad de más conectores eléctricos, no son «un hecho fatídico que impida la recepción de clases por parte de los estudiantes y solo incide[n] en la estética de la institución».

En cuanto al agua suministrada en la edificación, explicó qu e es obtenida de una fuente «aljibe» , por lo que es «cruda». Asimismo, que la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo, se encuentra a cargo de la junta de acción comunal de la vereda, quien no fue vinculada al presente trámite.

Reiteró que la acción popular no era procedente al no cumplirse los presupuestos establecidos por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, la cual transcribió sin efectuar las correspondientes citas. Por ende, desde su perspectiva, no era posible deducir de los hechos de la demanda una amenaza a los derechos colectivos, puesto que no se logró acreditar «que las falencias constituy[er]an una vulneración», más allá de «una interpretación errónea de las pruebas».

A su turno, reprochó que no se motivaron con suficiencia y especificaran en detalle

puesto que no se logró acreditar «que las falencias constituy[er]an una vulneración», más allá de «una interpretación errónea de las pruebas».

A su turno, reprochó que no se motivaron con suficiencia y especificaran en detalle las acciones tendientes al cese de la vulneración de derechos colectivos con la «ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN», ya que no se explicó «en que (sic) consiste la vulneración, el lugar de la vulneración, y las actividades que se deben realizar para el cese del daño y el tiempo en el que se debe cumplir la medida».

En ese mismo sentido, señaló que los tres meses concedidos para el cumplimiento de la orden es «un término irrisorio», si en cuenta se tiene el inicio del nuevo gobierno municipal, los trámites ante el Concejo Municipal que deben surtirse, la apropiación presupuesta l, las etapas de la contratación estatal , la carencia de recursos y la existencia de instituciones que exigen prioridad por sus condiciones de mantenimiento.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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Asimismo, asegur ó que el rector debió accionar el Consejo Departamental del Riesgo, habida cuenta de las obligaciones a cargo del Departamento de Santander, tendientes a mitigar el «riesgo de desastre que presenta la SEDE RURAL

GUARIGUA ALTO».

Seguidamente, planteó la carencia actual de objeto, en tanto que el a quo analizó un material fotográfico antiguo, «es decir, que no procedió a verificar el estado actual

GUARIGUA ALTO».

Seguidamente, planteó la carencia actual de objeto, en tanto que el a quo analizó un material fotográfico antiguo, «es decir, que no procedió a verificar el estado actual de las sedes de la Institución Educativa Chapala (sic), en donde se realizó una inversión total de […] $272.493.882 […] , de conformidad con el contrato de obra núm. COP-012-2022 y el banco de proyectos núm. 2022686790011. Adjuntó 321 folios para acreditar sus dichos7.

Por último, se opuso a la condena en costas de primera instancia, por cuanto el actual de la parte demandante fue pasiva, toda vez que solo radicó la demanda, sin pruebas. Así las cosas, consideró que la conducta del actor fundamenta el concepto de abuso del derecho, al incumplir con sus deberes constitucionales.

1.5.2. El Departamento de Santander 8, impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que sea revocado, con el fin de que las súplicas de la demanda sean denegadas. Para ello, efectuó un análisis normativo de la acción popular y aseveró que el a quo no abordó en debida forma los presupuestos para la procedencia de este mecanismo constitucional.

Indicó que el juez de primer grado no determinó la entidad responsable de la vulneración, de conformidad con las competencias asignadas por la ley , con el fin de asignar responsabilidades ante la eventual vulneración de derechos colectivos , pues con base en el informe rendido por el ente departamental, se impusier on obligaciones funcionales sobre la Institución E scuela Guarigua Alto , que corresponde a la sede F del Centro Educativo Chapala.

pues con base en el informe rendido por el ente departamental, se impusier on obligaciones funcionales sobre la Institución E scuela Guarigua Alto , que corresponde a la sede F del Centro Educativo Chapala.

No obstante, anotó que en dicho informe se plasmó el estado de las instalaciones de la Escuela Guarigua Alto, pero advirtió que este fue rendido bajo la gravedad de juramento, en virtud de una orden judicial. Por tanto, no podía ser interpretado como una causal objetiva de responsabilidad, máxime cuando se han asignado recursos

7 Proceso de Origen - Actuación núm. 60 de SAMAI. 8 Proceso de Origen - Actuación núm. 61 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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por el sistema general de participaciones para el mantenimiento de la infraestructura educativa.

Además, refirió que el inmueble donde funciona el plantel educativo es propiedad del Municipio de San Gil. De este modo, no puede realizar inversiones directas sobre el inmueble; aunque aclaró que el ente depa rtamental sí podía apoyar con recursos económicos, siempre que el municipio presentara un proyecto de inversión con tal finalidad, lo cual no ocurrió.

De otra parte, afirmó que el accionante pretende coadministrar al interponer acciones populares con la finalidad de priorizar las obras que él considera importantes, lo cual dista de la finalidad del medio de control interpuesto, ya que ni siquiera aportó las pruebas que permitan evidenciar la vulneración alegada.

acciones populares con la finalidad de priorizar las obras que él considera importantes, lo cual dista de la finalidad del medio de control interpuesto, ya que ni siquiera aportó las pruebas que permitan evidenciar la vulneración alegada.

Finalmente, después de reiterar su falta de legitimación en la causa por pasiva, estimó la no configuración de los presupuestos para la vulneración del derecho a la defensa del patrimonio público.

Sobre el particular, expresó que «se debió hacer un análisis de las funciones y obligaciones que tienen las entidades estatales con respecto a los bienes que conforman su patrimonio», pues cada entidad cuenta con autonomía patrimonial y financiera. Por ende, como el inmueble en cuestión es propiedad del Municipio de San Gil, este debió asumir el mantenimiento primario de la infraestructura.

1.6. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto el día 17 de septiembre de 2024. A su turno, a través de auto del 25 de octubre de 2024, se admitió el recurso de apelación.

De este trámite se destaca:

1.6.1. La parte demandante, no se pronunció frente al recurso de apelación.

1.6.2. La parte demandada, no hizo pronunciamiento acerca del recurso de apelación.

1.6.3. El Ministerio Público, no rindió concepto de fondo.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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2. CONSIDERACIONES

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2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder a los problemas jurídicos que se plantearán a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá su competencia a los argumentos expuestos p or el Municipio de San Gil y el Departamento de Santander en los recursos de ape lación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual se circunscribe a determinar si:

PJ1 ¿El Departamento de Santander se encuentra legitimado en la causa por pasiva dentro del presente asunto?

PJ2 ¿El Departamento de Santander y el Municipio de San Gil vulneran los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, a la seguridad pública, a la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos, al no adelantar las gestiones administrativas y contractuales necesarias , tendientes a garantizar que las instalaciones de la Institución Educativa Veredal Guarigua Alta cuenten con

salubridad pública y al acceso a los servicios públicos, al no adelantar las gestiones administrativas y contractuales necesarias , tendientes a garantizar que las instalaciones de la Institución Educativa Veredal Guarigua Alta cuenten con sistemas de saneamiento básico y su estructura física sea apta para su funcionamiento?

9 Art. 328 del CGP.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos

El artículo 88 superior dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección «[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia ec onómica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]».

En desarrollo del canon constitucional, fue expedida la Ley 472 de 1998, que definió las acciones populares como «[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses c olectivos […] » que se ejercen para «[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]».

De esta mane ra, es claro que este medio de control tiene por objeto que «toda persona natural o jurídica» pueda disponer de un mecanismo judicial para la

derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]».

De esta mane ra, es claro que este medio de control tiene por objeto que «toda persona natural o jurídica» pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

Conforme lo anterior, el H. Consejo de Estado ha sintetizado los supuestos sustanciales para la procedencia de la acción popular: «i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses»10.

Adicionalmente, conviene señalar que el órgano de cierre de esta jurisdicción ha reiterado el carácter principal del medio de control aludido, por lo que es, en consecuencia, autónomo. Ello implica que no depende de la inexistencia de otras

10 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 28 de noviembre de 2024. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad. 250002341000201900455-01.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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acciones para solicitar la protección del derecho o interés i nvocado. Muy diferente, por ejemplo, de la acción de tutela, que es eminentemente residual11.

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acciones para solicitar la protección del derecho o interés i nvocado. Muy diferente, por ejemplo, de la acción de tutela, que es eminentemente residual11.

Dicho de otro modo, e l hecho de que la actividad de la Administración también pueda ser objeto de enjuiciamiento a través de otras acciones, no implica que deba acudirse necesariamente al ejercicio de estas, pues estando de por medio un interés o derecho colectivo, también es viable el ejercicio de la acción popular12.

Así las cosas, el juez popular tiene amplias facultades para conjurar el daño contingente, peligro, amenaza o vulneración de los derechos colectivos y del medio ambiente, contando para ello con un amplio margen de decisión en procura del amparo de los derechos de tal estirpe.

No obstante, el H. Consejo de Estado, vía jurisprudencial ha limitado sus alcances en los siguientes temas: en lo que respecta a las decisiones judiciales de constitucionalidad 13 , en lo tocante a la entrada en vigor de tratados internacionales 14, en torno a decisiones judiciales 15 y sobre la declaratoria de nulidad de los actos administrativos16.

Sobre este último aspecto, se pueden adoptar las medidas necesarias para la garantizar la efectividad y goce de los derechos e intereses colectivos, sin que ello implique forzosamente la declaración de nulidad del acto (V. gr. la suspensión de sus efectos mientras se supera la amenaza o vulneración cuya protección se invoca, su inaplicación parcial o total con efectos inter part es y la interpretación condicionada del mismo)17.

Finalmente, el legislador ratificaría esta prohibición en el inciso segundo del artículo

su inaplicación parcial o total con efectos inter part es y la interpretación condicionada del mismo)17.

Finalmente, el legislador ratificaría esta prohibición en el inciso segundo del artículo 144 del CPACA y, adicionalmente, en su libertad de configuración, también vetaría al juez popular para declarar la nulidad del contrato estatal.

11 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 13 de febrero de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Rad. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU). 12 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 9 de febrero de 2006. C.P. Camilo Arciniegas Andra de. Rad. 2002-3876 (AP). 13 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 25 de mayo de 2006. C.P. Ruth Stella Correo Palacio.

Rad: AP-25000-23-27-000-2003-00345-02. 14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 6 de julio de 2006. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad: 25000-23-27-000-2005-01725 01(AP). 15 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 7 de julio de 2005. Rad: 25000 -23-25-000-2002-0266101(AP). 16 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de noviembre de 2005. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Rad. 25000-23-25-000-2003-01278-01(AP). 17 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 13 de febrero de 2018. C.P. William Hernández

Pianeta. Rad. 25000-23-25-000-2003-01278-01(AP). 17 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 13 de febrero de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Rad. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU).Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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3. Hechos relevantes probados

Se encuentra acreditado que en zona rural del Municipio de San Gil, funciona la sede ‘F’ del Centro Educativo Chapala, esto es, la Institución Educativa denominada Guarigua Alto, la cual lleva el mismo de la vereda donde está ubicada.

Probado está también, que el predio donde funciona la Escuela Guarigua Alto , es propiedad del Municipio de San Gil, conforme se observa en el certificado de libertad y