TA SAN - Sentencia 686793333002-2022-00195-01 (13-11-2025)

Tribunal Administrativo de Santander

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Detalles

Título
TA SAN - Sentencia 686793333002-2022-00195-01 (13-11-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Santander
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de julio de 2025 proferida por el Juzgado Segundo MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 686793333002-2022-00195-01

DEMANDANTE

Diana Marcela Gamboa Camelo d.gamboacamelo@yahoo.es heperez@Defensoria.edu.co

DEMANDADOS

Municipio de Oiba contactenos@oiba-santander.gov.co valencia.orlando@gmail.com

Departamento de Santander notificaciones@santander.gov.co monica.plata@gmail.com

E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba gerencia@esehospitalsanrafaeloiba.gov.co juridica@esehospitalsanrafaeloiba.gov.co

Sindicato Colombiano de Trabajadores Integrados del Sector Salud – CORE O.S. juridica@core.com.co contacto@core.com.co cesarparrag@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia TEMA Relación laboral encubierta en el contexto de un

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia TEMA Relación laboral encubierta en el contexto de un contrato sindical celebrado entre la ESE Hospital San Rafael de Oiba y la organización sindical INTEGRASALUD. Auxiliar de enfermería.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Diana Marcela Gamboa Camelo Demandados: Municipio de Oiba y otros Radicado: 686793333002-2022-00195-01

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Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil , mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Diana Marcela Gamboa Camelo formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad del oficio de fecha 16 de febrero de 2022 proferido por la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba, por medio del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral.

En consecuencia, solicitó:

«[…] SEGUNDA: : Reconocer y /o declarar que entre La E.S.E. HOSPITAL

SAN RAFAEL DE OIBA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER y la Señora

En consecuencia, solicitó:

«[…] SEGUNDA: : Reconocer y /o declarar que entre La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER y la Señora DIANA MARCELA GAMBOA CAMELO, existió una verdadera relación laboral, dentro del tiempo comprendido entre el día trece (13) de septiembre de 2013 hasta el día 31 de diciembre de 2019, periodo en que mi mandante se desempeñó como AUXILIAR DE ENFERMERIA, vinculada a través de órdenes de prestación de servicios y/o simulados contratos de prestación de servicios / afiliación al SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES

INTEGRADOS DEL SECTOR SALUD – INTEGRASALUD NACIONAL,

identificado con número de NIT 900.482.490-8, con domicilio principal en Calle 36 # 31 – 39, oficina 305 de Bucaramanga, y representado por el señor SERGIO EDUARDO NAVAS GUTIERREZ, con un s alario mensual de UN

MILLÓN DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($1.017.704)

M/TE.

TERCERA: Que en contencioso de interpretación, se tenga que: los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes entre el año 2013, y el periodo comprendido entre 13 de septiembre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2019, No como prueba de una su puesta relación contractual, entre las partes, sino como inequívoca situación Legal y reglamentaria, por la naturaleza de la función encomendada y por haberse presentado todos los elementos de una verdadera relación laboral, para que se declare po r vía de

entre las partes, sino como inequívoca situación Legal y reglamentaria, por la naturaleza de la función encomendada y por haberse presentado todos los elementos de una verdadera relación laboral, para que se declare po r vía de interpretación, que mi asistida gozó del status de empleada pública, existiendo una verdadera relación laboral o contrato realidad, teniendo en cuenta que la administración solo pretendía dejar de pagar prestaciones laborales y factores salariales, ya que resulta clara la voluntad administrativa de vincularla al cumplimiento de labores, que de ordinario son prestadas por personas vinculadas en forma Legal y reglamentaria con la administración pública.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, es nula la decisión administrativa de no cancelar a la actora las prestaciones sociales

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 22 índice SAMAI, llink OneDrive archivo 1Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Diana Marcela Gamboa Camelo Demandados: Municipio de Oiba y otros Radicado: 686793333002-2022-00195-01

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y factores salariales en los mismos términos que a los funcionarios de planta que desarrollan idénticas funciones, por la supuesta vinculación por medio de unos contratos de prestación de servicios aparentes, por ende, se declare que la vinculación inicial de la actora era de carácter indefinido y sin fecha previa de retiro, y terminó por decisión unilateral de las demandadas.

unos contratos de prestación de servicios aparentes, por ende, se declare que la vinculación inicial de la actora era de carácter indefinido y sin fecha previa de retiro, y terminó por decisión unilateral de las demandadas.

QUINTA: Que, de acuerdo con las determinaciones legales y las anteriores declaraciones, a la actora le sean cancelados conforme a las funciones del cargo que ejercía todas las prestaciones sociales y factores salariales, ordenando el pago en su favor de los siguientes derechos: 1. PRIMA

TECNICA PROFESIONAL. 2. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. 3. HORAS EXTRAS

4. RECARGOS NOCTURNOS. 5. DOMINICALES, FESTIVOS. 6. PRIMA DE

RIESGO. 7. PRIMA TECNICA DE ANTIGÜEDAD. 8. BONIFICACIÓN POR

SERVICIOS PRESTADOS. 9. PRIMA SEMESTRAL. 1 0. PRIMA DE

VACACIONES. 11. PRIMA DE NAVIDAD, 12. BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

RECREACIÓN, 13. RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA, 14. AUXILIO

DE CESANTÍAS. 15. INTERESES SOBRE CESANTÍAS. 16. PRIMA DE

SERVICIOS. 17. SUELDO DE VACACIONES. 18. INDEMNIZACIÓN DE

VACACIONES. 19. PAGO DE COMPENSATORIOS. 20. DIFERENCIAS ENTRE SUELDOS PAGADOS Y LOS ASIGNADOS AL CARGO QUE SE RECLAMA (a trabajo igual, salario (pago) igual). 21. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Y todas las demás NO canceladas por la Entidad y causadas durante el periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2013 y hasta el

RECLAMA (a trabajo igual, salario (pago) igual). 21. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Y todas las demás NO canceladas por la Entidad y causadas durante el periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2019, derivadas de la relación laboral invocada, sin que se predique la prescripción extintiva de los derechos laborales.

SEXTA: Ordenar a la demandada efectuar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensión por el tiempo de servicios prestados bajo la modalidad de O.P.S., Contratos de Prestación de Servicios, al Fondo de Pensiones que se determinará, a efecto s de proteger la expectativa pensional de mi mandante.

SÉPTIMA: Ordenar reintegrar al actor los dineros que se descontaron del salario, por concepto de retención en la fuente y pagos que realizó mi mandante a seguridad social y ARL.

OCTAVA: Ordenar que los valores que resulten a favor de mi mandante al efectuar la correspondiente liquidación, sean cancelados junto con los intereses moratorios actualizados e indexados teniendo en cuenta la corrección monetaria sobre cada uno de ellos.

NOVENA: Reconocer y pagar a mi mandante, la indemnización consagrada en la ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de cesantías y la señalada en el Artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo. “Indemnización por falta de pago”.

DÉCIMA: Reintegrar todos los valores cancelados por mí mandante por concepto de pólizas para amparar los supuestos contratos de prestación de servicios.

DÉCIMA PRIMERA: Ordenar a la demandada pagar y realizar la liquidación

DÉCIMA: Reintegrar todos los valores cancelados por mí mandante por concepto de pólizas para amparar los supuestos contratos de prestación de servicios.

DÉCIMA PRIMERA: Ordenar a la demandada pagar y realizar la liquidación indexada de todos los conceptos salariales y prestacionales con base en el valor más alto que se determine entre los pactados en los supuestos contratos de prestación de servicios y los asignados al ca rgo equivalente en la plantaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Diana Marcela Gamboa Camelo Demandados: Municipio de Oiba y otros Radicado: 686793333002-2022-00195-01

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de cargos; con motivo del trabajo que el actor desarrolló bajo sus órdenes y cumpliendo horario.

DÉCIMA SEGUNDA: Que se condene al pago total inmediato del restablecimiento del derecho y de la reparación del daño causado, ordenando liquidar intereses de mora, si el pago no se hace efectivo en la oportunidad señalada.

DÉCIMA TERCERA: Que a la sentencia favorable se le dé cumplimiento en la oportunidad prevista por el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

DÉCIMA CUARTA: Que se paguen daños morales y psicológicos subjetivados

DÉCIMA QUINTA: Que se condene en costas y agencias de derecho a las partes demandadas.

DÉCIMA SEXTA: Que como liquidación de prestaciones sociales se paguen

DÉCIMA QUINTA: Que se condene en costas y agencias de derecho a las partes demandadas.

DÉCIMA SEXTA: Que como liquidación de prestaciones sociales se paguen a favor de mi poderdante las siguientes sumas dinerarias: […]» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

  1. La señora Diana Marcela Gamboa Camelo inició labores el 13 de septiembre de 2013 en la ES.E. Hospital San Rafael de Oiba, Santander como auxiliar de enfermería, mediante contratos simulados firmados con el Sindicato Colombiano de Trabajadores Integrados del Sector Salud – Integrasalud Nacional, con un salario mensual de $1.017.704. ii) Durante más de seis años y medio cumplió horarios y órdenes impartidas por la entidad, presentó informes diarios al sindicato y cumplió con las exigencias de trabajo en equipo, manejo de conflictos y responsabilidad. Además, debía entregar y recibir tu rnos, diligenciar formatos institucionales y asistir a capacitaciones.
  1. Los salarios fueron cancelados por el sindicato mediante transferencias bancarias. De otra parte, la E.S.E. y el sindicato fijaron turnos y horarios, y la demandante atendía pacientes según los servicios habilitados por el Ministerio de Salud.
  1. El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2019 por decisión de la E.S.E.

Hospital San Rafael de Oiba y el sindicato. Las labores realizadas correspondían directamente con el objeto social y la misión de la entidad, eran permanentes y no ocasionales ni por aumentos temporales de demanda.

Hospital San Rafael de Oiba y el sindicato. Las labores realizadas correspondían directamente con el objeto social y la misión de la entidad, eran permanentes y no ocasionales ni por aumentos temporales de demanda.

  1. Los contratos de prestación de servicios firmados fueron iguales y continuos.

La E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba Santander y el Sindicato Colombiano de Trabajadores Integrados del Sector Salud – Integrasalud Nacional incumplieron sus obligaciones laborales al no pagar seguridad social, vacaciones, primas, cesantías, intereses, horas extras y otros conceptos laborales a la demandante.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Diana Marcela Gamboa Camelo Demandados: Municipio de Oiba y otros Radicado: 686793333002-2022-00195-01

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  1. En la planta de cargos de la entidad existía el puesto de auxiliar de enfermería, con el perfil de la demandante. Además, l a programación del servicio fue establecida unilateralmente por la entidad, que suministró todos los elementos necesarios para el trabajo.
  1. La demandante actuó como funcionaria pública de hecho y prestó servicios personales e ininterrumpidos durante seis años y medio sin sanciones , razón por la cual le asiste el derecho al reconocimiento de la liquidación de prestaciones sociales, la cual asciende a $18.919.283, con recargos nocturnos de $16.883.937, suma que corresponde a un total de $54.183.260, además de

por la cual le asiste el derecho al reconocimiento de la liquidación de prestaciones sociales, la cual asciende a $18.919.283, con recargos nocturnos de $16.883.937, suma que corresponde a un total de $54.183.260, además de una indemnización por despido sin justa causa de $5.088.450.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 25, 38, 53, 83, 122, 125 y 209 de la Constitución Política; 2 del Decreto Ley 2400 de 1968; 209 del Decreto 1950 de 1973; 48 núm. 29 de la Ley 734 de 2002; 1 y 2 de la Ley 909 de 2004; 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011; 59 y 103 de la Ley 1438 de 2011; el Decreto 1335 de 1990 y la Ley 911 de 2004.

En desarrollo del concepto de violación, la apoderada de la parte demandante expuso que el acto administrativo demandado adolece de nulidad, conforme a las siguientes razones:

  1. El acto administrativo demandado, suscrito por la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba, demuestra que la entidad demandada incumplió las normas legales al negar los derechos laborales de la demandante, comoquiera que, a pesar de estar acreditados los elementos que configuran un contrato de trabajo, la administración no los reconoció, lo cual vulnera principios fundamentales y constitucionales, como la supremacía de la realidad, el respeto al trabajo, la justicia y la igualdad.

estar acreditados los elementos que configuran un contrato de trabajo, la administración no los reconoció, lo cual vulnera principios fundamentales y constitucionales, como la supremacía de la realidad, el respeto al trabajo, la justicia y la igualdad.

  1. La demandante se vinculó a la E.S.E. desde el 13 de septiembre de 2013 y cumplió con sus funciones como servidora pública; no obstante, la entidad omitió la creación de empleos permanentes y recurrió de forma ilegal a contratos de prestación de servicios para funciones que debieron ser desempeñadas mediante empleo público, lo cual es contrario a lo previsto en el Decreto Ley 2400 de 1968.
  1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido el «contrato realidad» cuando una persona contratada bajo prestación de servicios realiza funciones permanentes y continuas, iguales a las de empleados públicos. Al respecto, estableció que no es válido usar contratos de prestación de servicios para actividades que requieren elementos propios de una relación laboral con el Estado. Además, ha considerado que cuando existen subordinación, prestación personal y remuneración, debe reconocerse una relación laboral con derechosNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Diana Marcela Gamboa Camelo Demandados: Municipio de Oiba y otros Radicado: 686793333002-2022-00195-01

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prestacionales, aunque no se acceda formalmente a la condición de empleado público.

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prestacionales, aunque no se acceda formalmente a la condición de empleado público.

  1. La Ley 1438 de 2011 prohíbe la vinculación del personal misional permanente de las instituciones públicas de salud mediante modalidades que afecten sus derechos laborales, como cooperativas de trabajo asociado o contratos de prestación de servicios, salvo que se trate de funciones no permanentes o especializadas.
  1. De otra parte, la doctrina y jurisprudencia establecen que la subordinación se presume para el personal auxiliar de enfermería, razón por la cual no se justifica que se les contrate bajo modalidades que desconozcan sus derechos laborales y constitucionales.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba2

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas: «inexistencia de una relación laboral individual entre la demandante y la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba»; «inexistencia de contrato realidad» y «genérica»

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

  1. La demandante no trabajó directamente para el hospital, sino que ejecutó un convenio con una organización sindical, razón por la cual no corresponde otorgar reconocimiento alguno a las pretensiones solicitadas en la demanda.
  1. El contrato colectivo sindical se pactó en condiciones de igualdad y

convenio con una organización sindical, razón por la cual no corresponde otorgar reconocimiento alguno a las pretensiones solicitadas en la demanda.

  1. El contrato colectivo sindical se pactó en condiciones de igualdad y autonomía, sin subordinación ni dependencia, diferente a un contrato individual de trabajo. El sindicato actuó bajo el derecho constitucional de asociación y en cumplimiento de normas democráticas y de autorregulación, sin que ello implique tercerización laboral.
  1. En el caso concretó se probó que la demandante suscribió convenios individuales con la organización sindical, según las necesidades de esta, sin que esto implique relación laboral con el hospital. El contrato colectivo sindical, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 1072 de 2015, s e fundamenta en la autonomía y solidaridad entre afiliados, sin subordinación ni vínculo laboral individual con la institución.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 22 índice SAMAI, llink OneDrive archivo 15Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Diana Marcela Gamboa Camelo Demandados: Municipio de Oiba y otros Radicado: 686793333002-2022-00195-01

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  1. El sindicato actúa como contratista independiente y ejecuta obras o presta servicios a través de sus afiliados, quienes reciben compensaciones no salariales por su participación colectiva. La Corte Constitucional y la legislación
  1. El sindicato actúa como contratista independiente y ejecuta obras o presta servicios a través de sus afiliados, quienes reciben compensaciones no salariales por su participación colectiva. La Corte Constitucional y la legislación laboral reconocen esta mod alidad como parte de las relaciones colectivas de trabajo, diferenciándola de la relación laboral individual. En ese sentido, el contrato sindical tiene como objetivo promover la participación sindical y combatir el desempleo, lo que permite que los si ndicatos ofrezcan servicios mediante sus afiliados con autonomía técnica y administrativa.

1.2.2. Municipio de Oiba3

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas: «falta de legitimación en la causa por pasiva»; «incapacidad o indebida representación del demandante»; «ineptitud de la demanda» y excepciones innominadas: «inexistencia de acto base de acción»; «ausencia de capacidad para accionar contra la entidad»; y «genérica o innominada».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

  1. La entidad territorial no es responsable de lo reclamado por la parte demandante, comoquiera que, de los hechos de la demanda se evidencia que no intervino en las actividades realizadas por la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba, la cual es una entidad pública descentralizada con autonomía administrativa según el Decreto 1876 de 1995.
  1. La jurisprudencia ha considerado que la legitimación en la causa consiste en la capacidad legal para formular o contradecir las pretensiones de la demanda,

administrativa según el Decreto 1876 de 1995.

  1. La jurisprudencia ha considerado que la legitimación en la causa consiste en la capacidad legal para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, basada en la relación jurídica sustancial. En ese sentido, la demandante afirmó haber trabajado como auxiliar de enfermería para la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba, mediante contratos simulados en el Sindicato Colombiano de Trabajadores Integrados del Sector Salud – Integrasalud Nacional, lo que constituye la base de su acción; sin embargo, no se menciona que el municipio de Oiba haya intervenido en las actividades o relaciones funcionales alegadas en la demanda.
  1. En el sub examine obran pruebas que evidencian la interrupción de la actividad de la demandante para el Sindicato Colombiano de Trabajadores Integrados del Sector Salud – Integrasalud Nacional, con dos fechas de terminación: 6 de diciembre de 2017, firmado por Carlos San Juan Navarro, y 25 de octubre de 2019, firmado por Shirley Karil Rivera López; sin embargo, el acto objeto de nulidad no se aportó con la demanda.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 22 índice SAMAI, llink OneDrive archivo 17Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Diana Marcela Gamboa Camelo Demandados: Municipio de Oiba y otros Radicado: 686793333002-2022-00195-01

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1.2.3. Sindicato Colombiano de Trabajadores Integrados del Sector Salud,

CORE O.S.4

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas: «inexistencia de una relación laboral individual entre las partes»: y «genérica»

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

  1. En el caso concreto, no se configuró una relación laboral individual entre las partes. La relación entre el Sindicato Colombiano de Trabajadores Integrados del Sector Salud (CORE O.S.) y las IPS se basa en un contrato colectivo sindical, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 1072 de 2015, además emerge de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Este contrato constituye una forma de contratación colectiva, diferente al contrato individual de trabajo.
  1. La relación entre el sindicato y sus afiliados es horizontal, basada en principios de autogestión, solidaridad e igualdad, sin elemento de subordinación ni relación laboral. Los afiliados participan en la ejecución del contrato sindical y reciben compensaciones no salariales, reconocidas por las altas cortes.
  1. El contrato sindical permite que los sindicatos presten servicios o ejecuten obras a través de sus afiliados, quienes cumplen la función de contratistas independientes bajo la normativa civil, enmarcados en la tercerización de
  1. El contrato sindical permite que los sindicatos presten servicios o ejecuten obras a través de sus afiliados, quienes cumplen la función de contratistas independientes bajo la normativa civil, enmarcados en la tercerización de servicios. La legislación lab oral establece esta figura para promover la participación sindical y combatir el desempleo.
  1. La señora Diana Marcela Gamboa Camelo, suscribió un convenio individual con el sindicato para participar en los contratos sindicales con la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba , Santander. En ese sentido , no fue trabajadora del sindicato, sino afiliada que ejecutó el contrato sindical sin subordinación.
  1. El Consejo de Estado ha considerado que esta forma de contratación tiene como objetivo promover la contratación directa de los trabajadores por parte de las empresas, con el fin de asegurar ingresos para el sindicato y sus afiliados, quienes reciben beneficios derivados de los acuerdos pactados con la empresa, lo que mejora su calidad de vida y la de sus familias. Esta modalidad protege la libertad contractual y pretende reducir la tercerización laboral.
  1. En un contrato colectivo sindical, las condiciones no implican subordinación ni dependencia, sino que resultan de una negociación en igualdad entre el sindicato y la empresa. En el sub examine, no existe prueba que demuestre

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 22 índice SAMAI, llink OneDrive archivo 19Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Diana Marcela Gamboa Camelo Demandados: Municipio de Oiba y otros Radicado: 686793333002-2022-00195-01

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subordinación entre la demandante y las entidades involucradas, razón por la cual no se configuró una relación laboral individual entre la señora Diana Marcela Gamboa Camelo y el sindicato ni con el hospital.

  1. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el contrato sindical, a diferencia del contrato individual de trabajo, se centra en que la prestación del servicio o la ejecución de la obra se realice según lo pactado, sin importar quienes ejecutan las labores. El empleador responde únicamente al sindicato por el pago acordado. En ese sentido, aplicar las normas del contrato individual de trabajo al contrato sindical resulta indebido y vulnera las regulaciones de ambos.

1.2.4. Departamento de Santander.5

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: Excepciones nominadas: «falta de legitimación en la causa por pasiva» y excepciones innominadas: «inexistencia de la causa para demandar al departamento de Santander»; «cobro de lo no debido» y «genérica».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

  1. La legitimación en la causa es la calidad reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se debate en el proceso , lo cual significa que las

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

  1. La legitimación en la causa es la calidad reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se debate en el proceso , lo cual significa que las personas que actúan en el juicio deben ser quienes la ley autoriza para reclamar o defender esos derechos. Al respecto, e l Consejo de Estado ha establecido que los entes territoriales departamentales carecen de legitimación pasiva si no participaron en los hechos del litigio, como en el caso del departamento de Santander, que no intervino en la contratación discutida.
  1. Respecto a la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba, el Decreto 1876 de 1994 le asigna funciones como aprobar planes de desarrollo, presupuestos, planta de personal, y contratos; supervisar el cumplimiento de programas; asesorar al gerente; establecer reglamentos internos; y determinar la estructura orgánica, entre otras responsabilidades.
  1. En el caso concreto, no existen fundamentos de hecho ni de derecho que sustenten lo solicitado por la demandante, dado que no se ha celebrado contrato ni vínculo laboral con la señora Gamboa Camelo. Según la prueba presentada, la actora estuvo afiliada libre y voluntariamente a una organización sindical y cumplió el tiempo necesario para ejercer ciertos derechos como afiliada. Además, e l convenio relacionado fue terminado por el Sindicato Colombiano de Trabajadores Integrados del sector salud, sin que el departamento de Santander tenga vínculo alguno.

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departamento de Santander tenga vínculo alguno.

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  1. Los hospitales tienen personería jurídica propia y la prestación directa de servicios de salud

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