TA SAN - Sentencia 686793333002-2022-00255-01 (10-04-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

DEMANDANTES:

CLEDIS BEATRIZ ATENCIO BOLAÑO

cledisat@hotmail.com leonciofuenmayor3097@hotmail.com Nilsonmiguel58@hotmail.com

DEMANDADOS:

NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO

NACIONAL

notificaciones.sangil@mindefensa.gov.co martha.torres@mindefensa.gov.co

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE: 686793333002-2022-00255-01

ASUNTO:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / FALLA EN LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO/ INSUFICIENCIA

PROBATORIA

MINISTERIO PÚBLICO xmora@procuraduria.gov.co

Se decide el recurso de APELACIÓN interpuesto contra la sentencia del 27 de septiembre de 202 4, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil.

I. ANTECEDENTES:

1. PRETENSIONES.

Del escrito de la demanda se extraen las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL, de los perjuicios ocasionados a los demandantes, con motivo del daño antijuridico causado al señor cabo tercero HUSSEPE KALI L FUENMAYOR ATENCIO

perjuicios ocasionados a los demandantes, con motivo del daño antijuridico causado al señor cabo tercero HUSSEPE KALI L FUENMAYOR ATENCIO (Q.E.P.D.) cuando prestaba su servicio militar como suboficial en el Batallón de infantería N° 41 Raúl Reyes Cimitarra, que dio como resultado la pérdida de su vida el día 19 de noviembre del 2019, por la falla en servicio a raíz de la negligencia en acción u omisión por parte de sus superiores y de la atención médica necesaria.

SEGUNDA: Se condene a la Nación -Ministerio de Defensa -Ejercito Nacional a pagar a cada uno de los demandantes, a título de perjuicios morales el equivalente en pesos de la siguiente manera; • para la menor EMILY SOFIA FUENMAYOR BLANCO representada legalmente por KAROLAY MILAGROS BLANCO LOPEZ (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes en calidad de hija, • pare la señora CLEDIS BEATRIZ ATENCIO BOLAÑO, en calidad de madre del afectado (100) SMLMV • para el señor LEONCIO LUIS FUENMAYOR ARIZA en calidad de padre del afectado (l00) SMLMVSentencia de Segunda Instancia.

Radicado 686793333002-2022-00255-01 Medio de control. Reparación Directa.

2 • para la señora JUDITZA JULIETH FUENMAYOR ATENCIO en calidad de hermana del afectado (50) SMLMV. • para la señora MALKA IRINA MONSALVE ATENCIO en calidad de hermana del afectado (50) SMLMV.

hermana del afectado (50) SMLMV. • para la señora MALKA IRINA MONSALVE ATENCIO en calidad de hermana del afectado (50) SMLMV.

TERCERA: Condenar a la Nación -Ministerio de Defensa -Ejercito Nacional a pagar a favor de CLEDIS BEATRIZ ATENCIO BOLAÑO, LEONCIO LUIS FUENMAYOR ARIZA, la menor EMILY SOFIA FUENMAYOR BLANCO representada legalmente por KAROLAY MILAGROS BLANCO LOPEZ, MALKA IRINA MONSALVE ATENCIO, JUDITZA JULIETH FUENMAYOR ATENCIO, los perjuicios materiales que han sufrido con motivo de la perdida de vida del señor Cabo Tercero HUSSEPE KALIL FUENMAYOR ATENCIO (Q.E.P.D.), el d ía 19 de noviembre del 2019, cuando prestaba su servicio militar como suboficial en el batallón de infantería N° 41 General “Rafael Reyes Prieto".

CUARTA: Condenar a la Naci ón -Ministerio de Defensa -Ejercito Nacional a pagar a favor de la menor EMILY SOFIA FUENMAYOR BLANCO en calidad de hija, representada legalmente por KAROLAY MIIAGROS BLANCO L OPEZ, el equivalente en pesos de 400 S.M.L.M.V. a la fecha de ejecutoria de la sentencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia, con motivo del da ño a la vida de relación, con motivo de la p érdida de vida del se ñor Cabo Tercero HUSSEPE KALIL FUENMAYOR ATENCIO (Q.E.P.D.), el día 19 de noviembre del 2019, por

relación, con motivo de la p érdida de vida del se ñor Cabo Tercero HUSSEPE KALIL FUENMAYOR ATENCIO (Q.E.P.D.), el día 19 de noviembre del 2019, por la falla en servicio a raíz de la negligencia en acción u omisión por parte de sus superiores y de la atención médica necesaria, tras permanecer más de 39 días con fiebre alta.

QUINTA: Condenar a la Nación -Ministerio de Defensa -Ejercito Nacional a pagar a favor de la menor EMILY SOFIA FUENMAYOR BIANCO en calidad de hija, representada legalmente por KAROLAY MILAGROS BIANCO L OPEZ, por concepto de los Perjuicios Materiales, Lucro Cesante Consolidado Y Lucro Cesante Futuro con motivo de la p érdida de vida del se ñor Cabo Tercero HUSSEPE KALIL FUENMAYOR ATENCIO (Q.E.P.D.), el d ía 19 de noviembre del 2019, por la falla en servicio a raíz de la negligencia en acción u omisión por parte de sus superiores y de la atención médica necesaria, tras permanecer más de 39 días con fiebre alta.

SEXTA: Que las cantidades liquidas a las cuales se condene a la entidad demandada, se realicen con el grado el cual ya se disponía ascender que es el de CABO SEGUNDO DEL EJERCITO NACIONAL esto cobren intereses moratorios desde el mismo en que quede en firm e, hasta el día en que efectivamente se produzca el pago de esa condena.

Solicitud con base en el artículo 192 del CPACA.

2. HECHOS.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expone los siguientes hechos:

efectivamente se produzca el pago de esa condena. Solicitud con base en el artículo 192 del CPACA.

2. HECHOS.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expone los siguientes hechos:

El señor HUSSEPE KALIL FUENMAYOR ATENCIO ingresó como alumno suboficial a la Escuela Militar Inocencio Chinca el 1 ° de marzo de 2015, a la edad de 22 años, gozando de buena salud. Posteriormente, mediante la orden administrativa deSentencia de Segunda Instancia. Radicado 686793333002-2022-00255-01 Medio de control. Reparación Directa.

3 personal No. 1239, de fecha 22 de febrero de 2017, le fue conferido el grado de Cabo Tercero.

El 29 de octubre de 2019 ingresó al Dispensario Médico del Batallón Unidad Virrey con un cuadro clínico caracterizado por fiebre alta, con una evolución de 15 días y complicaciones en los últimos tres días. Presentaba fiebre de 38.8 °C, escalofríos, dolor pélvico, disuria, ardor al orinar y tenesmo vesical, sin mejoría, según consta en su historia clínica.

El 3 de noviembre de 2019, fue trasladado a la E.S.E. Hospital Integrado San Juan del municipio de Cimitarra, Santander, donde ingresó con el siguiente diagnóstico: "Paciente de 26 años, proveniente del batallón, remitido por el médico tratante, quien reporta fiebre de 22 días, cefalea intermitente y tos seca desde el inicio de los episodios febriles. Es trasladado al servicio de urgencias por presentar un nuevo pico

reporta fiebre de 22 días, cefalea intermitente y tos seca desde el inicio de los episodios febriles. Es trasladado al servicio de urgencias por presentar un nuevo pico febril", según la historia clínica No. 584483.

El 5 de noviembre de 2019, al presentar nuevos episodios febriles, el médico de turno ordenó su remisión ambulatoria prioritaria al Hospital Militar, ubicado en la ciudad de Bogotá, D.C., donde recibió tratamiento hasta su fallecimiento, ocurrido el 19 de noviembre de 2019.

Según lo manifestado en la demanda, el fallecido habría comenzado a presentar quebrantos de salud desde el 8 de septiembre de 2019, mientras se encontraba en actividad militar en el Batallón de Ingeniería No. 41 General Rafael Reyes Prieto. Se dice que dicha circunstancia se encuentra documentada en el informe presentado por el propio FUENMAYOR ATENCIO y un testigo, así como en el informe administrativo por muerte No. 001 de 2020, elaborado por el comandante de la unidad militar mencionada.

Asegura que m ediante Resolución No. 4270, de fecha 4 de agosto de 2020, se reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, dado el fallecimiento del cabo tercero. No obstante, refiere la parte demandante que, al momento del fallecimiento del señor FUENMAYOR ATENCIO, el causante se encontraba en vías de recibir el grado de cabo segundo, al haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos. Dicho ascenso no pudo materializarse debido a la presunta negligencia de su comandante, quien se advierte

causante se encontraba en vías de recibir el grado de cabo segundo, al haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos. Dicho ascenso no pudo materializarse debido a la presunta negligencia de su comandante, quien se advierte decidió no evacuarlo oportunamente del área de operaciones, permitiendo así el agravamiento de su estado de salud.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Constitucionales. Preámbulo y artículos 1, 2, 4, 6, 43 y 90.

Legales. Leyes 1437 de 2011, 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

Manifiesta que la constituyente de 1991 fijó como criterio de la responsabilidadSentencia de Segunda Instancia. Radicado 686793333002-2022-00255-01 Medio de control. Reparación Directa.

4 patrimonial de la administración al hecho antijurídico que sea imputable a la administración con ocasión de la acción u omisión de uno de sus agentes, por ello, el daño antijurídico ha de entenderse como la lesión que sufre una persona de carácter patrimonial o extrapatrimonial debido a la gestión de sus competencias funcionales sin que, quien la sufra tenga el deber jurídico de soportarlo. Asegura que, de tal suerte, el estado no sólo responde de su actuar irregular o ilícito sino también de su actuar conforme al ordenamiento jurídico, pero en cuya actividad el particular sufre una lesión que no tenía el deber jurídico de soportar.

Con fundamento en el postulado del art. 90 de la C.N . y de su desarrollo legal y

conforme al ordenamiento jurídico, pero en cuya actividad el particular sufre una lesión que no tenía el deber jurídico de soportar.

Con fundamento en el postulado del art. 90 de la C.N . y de su desarrollo legal y jurisprudencial, concluye que, en materia de imputación, no sólo se está en un régimen de responsabilidad objetivo, sino que se subsisten los regímenes de falla probada.

Indica la demanda que el deceso del señor FUENMAYOR ATENCIO tuvo ocurrencia debido a la negligencia de sus superiores al evacuarlo de manera tardía para recibir la atención médica necesaria y , por consiguiente, se configuró una lesión a un bien jurídica y constitucionalmente tutelado como es la vida, junto a los perjuicios que de ella se desprenden, los cuales asegura deben ser integralmente resarcidos por la entidad accionada.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.1. La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

En su escrito de contestación argumentó, en primer lugar, la inexistencia de una obligación exigible a su cargo, según se puede constatar en la normatividad aplicable al caso en concreto, así como la jurisprudencia de las altas cortes, señaló igualmente que, la parte demandante no acreditó, dentro del presente asunto, la existencia de un vínculo contractual válido ni la concurrencia de los elementos esenciales para configurar una responsabilidad exigible a su costa, en ese sentido, destacó la falta de las pruebas necesarias para abordar el fondo del presente asunto.

En segundo lugar, sostuvo que, aun en el supuesto de que existiera una obligación, esta habría sido debidamente cumplida por su representada. Para ello, aportó

las pruebas necesarias para abordar el fondo del presente asunto.

En segundo lugar, sostuvo que, aun en el supuesto de que existiera una obligación, esta habría sido debidamente cumplida por su representada. Para ello, aportó documentos que daban cuenta del cumplimiento de las obligaciones contraídas y demostró que la de mandante no había realizado los trámites administrativos necesarios para perfeccionar el acto jurídico en cuestión . Asimismo, argumentó que cualquier incumplimiento se debía a la inacción de la demandante y no a una omisión de la parte demandada.

Además, la apoderada judicial de la parte demandada alegó la existencia de hechos sobrevinientes que eximían a su representada de cualquier responsabilidad. Expuso que circunstancias ajenas a la voluntad de su representada conllevaron a los hechos puestos en consideración en la presente oportunidad. E n consecuencia, afirmó que tales hechos configuraban una causal de exoneración de responsabilidad conforme a la legislación aplicable y a la doctrina especializada.Sentencia de Segunda Instancia. Radicado 686793333002-2022-00255-01 Medio de control. Reparación Directa.

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De otra parte, enfatizó la improcedencia de la indemnización solicitada por la demandante, respecto de lo cual explicó que no se demostró la existencia de un perjuicio cierto, directo y cuantificable, conforme a los criterios exigidos por la jurisprudencia, a dicionalmente sostuvo que, en caso de haberse producido algún daño, este habría sido consecuencia de la conducta de la víctima y no de la actuación de su representada, lo que hacía improcedente cualquier reparación económica.

jurisprudencia, a dicionalmente sostuvo que, en caso de haberse producido algún daño, este habría sido consecuencia de la conducta de la víctima y no de la actuación de su representada, lo que hacía improcedente cualquier reparación económica.

Finalmente, solicitó el rechazo de las pretensiones de la demanda, ello con fundamento en la falta de prueba, la ausencia de responsabilidad de su representada y la improcedencia de la indemnización solicitada y en virtud de lo anterior, instó al despacho a dictar una decisión favorable a su representada y a reconocer la carencia de fundamento en las pretensiones de la demandante.

III. SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 27 de septiembre de dos mil 2024, el A-quo resolvió:

“PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda conforme se expuso en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS por cuanto no se cumplen los presupuestos señalados en el artículo 188 de C.P.A.C.A.

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del

C.P.A.C.A.

CUARTO: Contra la presente providencia procede recurso de apelación en los términos de los artículos 243 y 247 del C.P.A.C.A.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR las diligencias previas las anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI.”

Como fundamento de su decisión, el a quo determinó que no existía evidencia suficiente para afirmar que los superiores del fallecido hubieran impedido su atención médica o retrasado injustificadamente su traslado a un centro hospitalario.

Como fundamento de su decisión, el a quo determinó que no existía evidencia suficiente para afirmar que los superiores del fallecido hubieran impedido su atención médica o retrasado injustificadamente su traslado a un centro hospitalario.

En cuanto a la presunta negligencia médica, evidencia el Juez de primera instancia que el paciente recibió atención oportuna desde su ingreso a los servicios de salud de la Fuerza Pública, así como en las distintas instituciones de mayor complejidad . Expuso que, los profesionales de la salud realizaron los exámenes necesarios, suministraron los medicamentos indicados y llevaron a cabo los procedimientos pertinentes sin que pudiera establecerse una omisión grave o un error médico inexcusable. Por lo tanto, el juez de primera instancia no pudo concluir que hubo una falla médica que derivara en la muerte del paciente.

Adicionalmente, el Juzgado determinó que los médicos actuaron conforme a losSentencia de Segunda Instancia. Radicado 686793333002-2022-00255-01 Medio de control. Reparación Directa.

6 protocolos establecidos y utilizaron los recursos disponibles para tratar al paciente, sin que ello permitiera inferir que la administración hubiera privado a la víctima de una oportunidad real y efectiva de recuperación.

IV. LA APELACIÓN

4.1.- La parte demandante.

Mediante apoderado, sostiene que la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada se configuró debido a una falla en el servicio. Argument a que el fallecimiento del Cabo Tercero se produjo por la omisión en la prestación de una atención médica oportuna y adecuada. Explic a que la víctima presentó síntomas

la entidad demandada se configuró debido a una falla en el servicio. Argument a que el fallecimiento del Cabo Tercero se produjo por la omisión en la prestación de una atención médica oportuna y adecuada. Explic a que la víctima presentó síntomas graves durante más de 22 días sin recibir el tratamiento necesario, lo que agravó su estado de salud y derivó en su muerte.

Asimismo, señala que los superiores del fallecido no autorizaron su evacuación a un centro hospitalario pese a las reiteradas solicitudes del mismo, vulnerando así su derecho a la salud y a la vida , en este sentido, afirm a que la negativa a permitir su traslado representó un incumplimiento de los deberes de custodia y protección por parte de la institución militar.

Sostiene que el Juzgado desconoció pruebas fundamentales como la historia clínica y el protocolo de autopsia, las cuales demostraban la falta de atención adecuada. Indicó que la valoración de la prueba fue insuficiente y que se omitió el análisis de documentos clave que acreditaban la responsabilidad de la entidad demandada. Por ello, solicita la revocatoria de la sentencia y el reconocimiento de la indemnización solicitada por los demandantes , en consecuencia, solicit a que se declar e la responsabilidad de la entidad demandada y se conden e al pago de los perjuicios causados a los familiares del fallecido.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante de auto del 20 de noviembre de 2024 (anotación 04 de la plataforma SAMAI de segunda instancia), se admitió el recurso de apelación in terpuesto contra la sentencia de primera instancia y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir concepto de fondo respectivamente.

de segunda instancia), se admitió el recurso de apelación in terpuesto contra la sentencia de primera instancia y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir concepto de fondo respectivamente.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA.

La Parte demandante. Concurrió en esta oportunidad judicial y reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación, esto es, que la entidad demandada debía ser declarada administrativamente responsable por la muerte del Cabo Tercero, al haberse configurado una falla en el servicio . Argumenta que la víctima presentó síntomas graves durante 22 días, incluyendo fiebre persistente, cefalea intermitente y tos seca, sin recibir la atención médica adecuada , afirma que la entidad demandada no actuó con la diligencia requerida, lo que derivó en el agravamiento de la condiciónSentencia de Segunda Instancia. Radicado 686793333002-2022-00255-01 Medio de control. Reparación Directa.

7 del paciente y su posterior fallecimiento.

Asimismo, señala que los superiores del fallecido no autorizaron su traslado oportuno a un centro de atención hospitalaria, a pesar de que sus síntomas evidenciaban la necesidad de una intervención médica especializada, explicó que la evacuación tardía impidió que la víctima recibiera el tratamiento adecuado a tiempo, lo que constituyó una omisión grave de la administración y un incumplimiento de sus deberes de protección y asistencia médica.

Además, sostuvo que la entidad demandada incumplió su obligación de velar por la

una omisión grave de la administración y un incumplimiento de sus deberes de protección y asistencia médica.

Además, sostuvo que la entidad demandada incumplió su obligación de velar por la integridad física y la salud de sus suboficiales, como lo establecen la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000. Argumenta que el derecho a la salud es un servicio público esencial y que la negligencia en su prestación resultó en un daño antijurídico para la víctima y sus familiares, quienes sufrieron perjuicios materiales e inmateriales derivados de la pérdida de su ser querido.

De otro lado, cuestiona la sentencia de primera instancia al considerar que el juzgado desconoció pruebas fundamentales, como la historia clínica y los informes médicos que demostraban la ineficacia del tratamiento brindado. Afirm a que la valoración probatoria realizada fue insuficiente y que no se tuvo en cuenta la relación causal entre la falta de atención médica y el fallecimiento de la víctima, lo que vulneró los derechos de los demandantes.

Finalmente, solicit a la revocatoria de la sentencia y el reconocimiento de las pretensiones de la demand a c on fundamento en el artículo 90 de la Constitución, reiterando que el Estado debía responder patrimonialmente por los perjuicios causados a los familiares de la víctima, quienes tenían derecho a una reparación integral por los daños sufridos.

La Parte demandada. Sostiene que el fallecimiento del Cabo Tercero no podía ser atribuido a una falla en el servicio de la entidad demandada, pues desde el momento en que la víctima manifestó sus síntomas, recibió atención médica oportuna y fue

La Parte demandada. Sostiene que el fallecimiento del Cabo Tercero no podía ser atribuido a una falla en el servicio de la entidad demandada, pues desde el momento en que la víctima manifestó sus síntomas, recibió atención médica oportuna y fue sometida a los exámenes pertinentes. Asimismo, indica que, ante la falta de respuesta favorable al tratamiento inicial, se ordenó su remisión a un hospital de mayor complejidad, lo que demostraba la diligencia en su atención.

Respecto a la imputabilidad del daño, argument a que la muerte de la víctima fue calificada como una muerte natural, lo que rompía cualquier nexo causal entre la actuación de la entidad demandada y el fallecimiento. Igualmente, afirma que no existe evidencia que demuestre que el deceso se produjo por negligencia médica o por una omisión de la administración, ya que los exámenes practicados al paciente no revelaron una patología evidente que pudiera haber sido tratada de manera distinta.

Igualmente, sost iene que la responsabilidad patrimonial del Estado solo podía configurarse cuando se demostrara que el daño alegado fue causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, en este sentido, explic a que el artículo 90 de laSentencia de Segunda Instancia. Radicado 686793333002-2022-00255-01 Medio de control. Reparación Directa.

8 Constitución exige un nexo causal directo entre la conducta estatal y el daño sufrido, elemento que, asegura, en el presente caso, no se encontraba acreditado, de este modo, enfatiz a que la ausencia de una relación de causalidad impedía endilgar responsabilidad a la entidad demandada.

elemento que, asegura, en el presente caso, no se encontraba acreditado, de este modo, enfatiz a que la ausencia de una relación de causalidad impedía endilgar responsabilidad a la entidad demandada.

Expone que la responsabilidad estatal podía ser desvirtuada con la existencia de una causa exonerativa, tal y como es la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor o el hecho de un tercero , a firmando además que, dado que la muerte se produjo por causas naturales y sin que mediara una acción negligente por parte de la entidad demandada, habría lugar a declarar la configuración de una de estas causales exonerativas de responsabilidad.

Finalmente, solicit a la confirmación de la sentencia de primera instancia, pues considera que la decisión se ajustó a derecho y se basó en un análisis riguroso de las pruebas aportadas al proceso. Con fundamento en los argumentos expuestos, concluye que no exist e mérito para revocar el fallo impugnado y por ello debe mantenerse la absolución de la entidad demandada frente a las pretensiones invocadas por la parte demandante.

El Ministerio Público. En su escrito sostiene que la entidad demandada no incurrió en una falla en la prestación del servicio de salud, ya que brindó atención médica de manera diligente y suficiente al paciente desde su primer ingreso a la unidad de sanidad, en este sentido, resalta que desde la aparición de los síntomas, el suboficial recibió atención oportuna, se le practicaron los exámenes correspondientes y se tomaron medidas médicas adecuadas en cada etapa de su evolución, enfatizando que no se puede i mputar responsabilidad al Estado por un desenlace fatal que no fue consecuencia de una omisión o negligencia en la atención médica.

tomaron medidas médicas adecuadas en cada etapa de su evolución, enfatizando que no se puede i mputar responsabilidad al Estado por un desenlace fatal que no fue consecuencia de una omisión o negligencia en la atención médica.

Asimismo, subraya que , conforme a la historia clínica y al material probatorio recaudado, el paciente fue tratado bajo protocolos médicos adecuados, incluyendo el seguimiento de exámenes y el suministro de medicamentos. Resalta que la remisión a un centro hospitalario de mayor complejidad se realizó cuando fue necesario, garantizando el acceso a servicios de salud especializados y, por tanto, considera que no existen elementos suficientes que permitan concluir que hubo una actuación deficiente por parte del personal de sanidad militar.

En cuanto a la tesis de la parte demandante sobre la omisión en la evacuación temprana del paciente, indica que no hay pruebas que demuestren que el afectado informó con antelación sobre sus síntomas a sus superiores o que se le haya negado atención médica en un momento crítico . Señaló que la atención médica prestada en cada una de las instituciones fue progresiva y acorde con la evolución del estado de salud del paciente, lo que desvirtúa la presunta negligencia atribuida a la entidad demandada.

Adicionalmente, hace referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual establece que la responsabilidad del Estado en casos de fallas en la prestación delSentencia de Segunda Instancia. Radicado 686793333002-2022-00255-01 Medio de control. Reparación Directa.

9 servicio de salud se configura cuando se demuestra una omisión grave en la atención o una demora injustificada en la prestación de los servicios médicos. En este caso,

Medio de control. Reparación Directa.

9 servicio de salud se configura cuando se demuestra una omisión grave en la atención o una demora injustificada en la prestación de los servicios médicos. En este caso, argumenta que no se configura dicha falla, ya que el paciente recibió asistencia médica de manera continua y se realizaron todos los esfuerzos posibles para diagnosticar y tratar su afección.

Por último, solicita la confirmación de la sentencia de primera instancia, en la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, asegurando que no se demostró un actuar negligente por parte de la entidad demandada y que el fallecimiento del suboficial no puede atribuirse a una omisión o irregularidad en la prestación del servicio de salud. En consecuencia, concluye que no existen fundamentos jurí dicos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso.

VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala determinar: ¿Si e l fallecimiento d el señor cabo tercero HUSSEPE KALIL FUENMAYOR ATENCIO (q.e.p.d.) es consecuencia de una falla en la prestación del servicio asistencial, médico, quirúrgico y/o hospitalario, y si por ello, corresponde a la entidad, indemnizar a los demandantes?

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

1. La Responsabilidad del Estado por falla en el servicio de atención médica.

El artículo 90 de la Carta Política, que consagra la responsabilidad extracontractual del Estado, prevé:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le

médica.

El artículo 90 de la Carta Política, que consagra la responsabilidad extracontractual del Estado, prevé:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

En relación con la responsabilidad derivada del servicio médico e n sentencia de fecha 12 de febrero de 2014 1 el Honorable Consejo de Estado recordó que “corresponde a la parte actora acreditar los supuestos de hecho que estructuran los fundamentos de la misma; es decir, debe demostrar el daño, la falla en la prestación

1 Radicación número: 88001-23-31-000-2005-00050-01(34125)Sentencia de Segunda Instancia. Radicado 686793333002-2022-00255-01 Medio de control. Reparación Directa.

10 del servicio médico hospitalario y la relación de causalidad entre estos dos elementos, para lo cual puede valerse de todos los medios probatorios legalmente aceptados, entre los cuales cobran particular importancia el o los indicios que puedan construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño ocasionado2, ya que sin la concurrencia de estos elementos no se logra estructurar la responsabilidad del Estado”.

En la misma providencia el Alto Tribunal recordó la tesis reiterada3 según la cual “la

ocasionado2, ya que sin la concurrencia de estos elementos no se logra estructurar la responsabilidad del Estado”.

En la misma providencia el Alto Tribunal recordó la tesis reiterada3 según la cual “la práctica médica debe evaluarse desde una perspectiva de medios y no de resultados, lo que lleva a entender que el galeno se encuentra en la obligación de practicar la totalidad de procedimientos adecuados para el tratamiento de las diversas patologías p uestas a su conocimiento, procedimientos que, por regla general, conllevan riesgos de complicaciones, situaciones que, de llegar a presentarse, obligan al profesional de la medicina al agotamiento de todos los medios a su alcance, conforme a la lex artis, para evitar daños mayores y, de así hacerlo, en ningún momento se compromete su responsabilidad, incluso en aquellos