TA SAN - Sentencia 686793333003-2013-00407-01 (26-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 686793333003-2013-00407-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: INGRID MARTÍNEZ APARICIO CUADRADO

marthaisabelarmirola20@hotmail.com meyer182@gmail.com

DEMANDADO: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN

DEL SOCORRO1

hmbjuridica@qmail.com carlos.mario.vargas.s@gmail.com lilianrocio162@hotmail.com

LLAMADA EN GARANTÍA: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

notificacionesjudiciales@previsora.gov.co garciaharkerabogados@hotmail.com olgomezs@hotmail.com olgaluciagomezs@gmail.com martinezvillalbagomezabogados@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co SENTENCIA núm.: 155

TEMA: RESPONSABILIDAD MÉDICA – FALLA EN EL

SERVICIO – FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR

PRODUCTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITOCONFIRMA – Otros

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 19 de julio de 2019 por el

PRODUCTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITOCONFIRMA – Otros

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 19 de julio de 2019 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, previo a la siguiente reseña:

1 En adelante, HRMB.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Ingrid Martínez Aparicio Cuadrado

Demandado: ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro

Radicado: 2013-00407-01

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1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos2

En la demanda se planteó, en síntesis, lo siguiente:

La señora Ingrid Martínez Aparicio Cuadrado acudió el día 14 de octubre de 2011 al servicio de urgencias del HRMB, porque presentó dolores agudos «en miembro superior derecho» . Fue diagnosticada con «INFECCIÓN CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE» . E n consecuencia, se le realizó un cultivo de muestra de secreción, cuyo resultado fue negativo y se le practicó una «SECUESTRECTOMÍA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO Y CÚBITO». Fue dada de alta dos días después de este último procedimiento.

Desde el momento de la cirugía, la señora Martínez Aparicio Cuadrado «se encuentra inutilizada (sic) totalmente de su brazo derecho […] por la indebida praxis a que fuera

CÚBITO». Fue dada de alta dos días después de este último procedimiento.

Desde el momento de la cirugía, la señora Martínez Aparicio Cuadrado «se encuentra inutilizada (sic) totalmente de su brazo derecho […] por la indebida praxis a que fuera sometida». A causa del procedimiento, según el escrito inicial, la demandante «se convirtió en discapacitada producto de la pérdida total anatómica y funcional». Por ende, dejó de percibir sus ingresos en calidad de comerciante y presenta «altísimas deudas las cuales han comprometido su salud siquica (sic)».

1.2. Las pretensiones3

Con la demanda se pretendió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. Que se declare a l HRMB «administrativa y solidariamente responsable» del perjuicio de orden material sufrido en la humanidad de la señora Ingrid Martínez Aparicio Cuadrado, «con ocasión de la indebida praxis cirugía realizada en la fecha 14 de octubre de 2011».

1.2.2. Como consecuencia de la anterior declaración, que se condene al HRMB a pagar: i) los perjuicios materiales generados en la salud física de la demandante, los cuales produjeron la pérdida anatómica y funcional de su extremidad superior derecha, tasados en $246.979.944 y, ii) los perjuicios morales, establecidos en 100 SMLMV.

2 Folios 1-7. 3 Folios 8-9.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.2.3. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 188, 192 y 195 del CPACA.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La parte demandada, HRMB4, por medio de apoderado judicial se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Para el efecto, aclaró que la actora sí acudió a urgencias el día 14 de octubre de 2011 ; no obstante, omitió señalar en los hechos que, cuando ingresó a la institución «lo hizo porque presentaba una herida quirúrgica, no ocasionada en el hospital MANUELA BELTRAN (sic), sino al parecer en otra institución médica, la cual ya venía infectada tal (sic) y como lo refiere la valoración realizada al momento del ingreso».

Seguidamente, resaltó que la atención en el HRMB ocurrió seis meses después del accidente y que la paciente, después de ser tratada, acudió tardíamente a los siete días de las recomendaciones médicas. Asimismo, subrayó que la de mandante se negó a seguir las directrices de manejo ordenadas por los galenos tratantes y no concurrió a las citas programadas.

Consideró, igualmente, que se cumplieron los lineamientos internacionales para el manejo de fracturas abiertas y de las secuelas padecidas por la paciente, las cuales juzgó que eran inherentes al accidente de tránsito por ella sufrido.

Consideró, igualmente, que se cumplieron los lineamientos internacionales para el manejo de fracturas abiertas y de las secuelas padecidas por la paciente, las cuales juzgó que eran inherentes al accidente de tránsito por ella sufrido.

En ese mismo orden, descartó la pérdida anatómica y funcional alegada por la parte actora, en tanto que no se presentó una amputación y/o pérdida de funcionalidad de la extremidad durante el procedimiento que se llevó a cabo para corregir la fractura.

Sumado a ello, sostuvo que el Hospital no t uvo conocimiento de la intervención quirúrgica que se le practicó en abril de 2011, cuando sufrió el accidente de tránsito, y que desconoce si fue o no adecuad a, «pues la entidad lo único que hizo en octubre de 2011, fue un procedimiento médico para evitar que la herida se contaminara mas (sic) de lo que ya estaba» e insistió en que, al momento del ingreso a urgencias, ya existía una infección aguda que requirió manejo antibiótico.

4 Folios 55-58.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente, recalcó que la cirugía practicada por el HRMB no fue la causante del daño antijurídico y que, estas «son probablemente inherentes a un accidente de tránsito (sic) presentado mucho antes del cuadro relatado y de la última intervención» , máxime

daño antijurídico y que, estas «son probablemente inherentes a un accidente de tránsito (sic) presentado mucho antes del cuadro relatado y de la última intervención» , máxime cuando la paciente fue descuidada y causó con ello un daño en su brazo.

1.3.2. La llamada en garantía Previsora S.A. Compañía de Seguros 5, se pronunció por medio de apoderad o judicial frente a las aspiraciones de la demandante y al llamamiento en garantía formulado por la demandada. Al respecto, solicitó que todas las pretens iones en su contra sean desestimadas, por cuanto «carecen totalmente de respaldo fáctico y jurídico».

A su turno, propuso las excepciones que denominó: «inexistencia de imputación fáctica y jurídica […]», «ausencia de falla en el servicio […]», «aplicación de la lex artis o estado del arte (sic)», «improcedencia de las pretensiones de la demanda por inexistencia de juramento estimatorio» . Como excepciones subsidiarias planteó las que enunció como «ausencia de fundamento fáctico y jurídico para los montos pretendidos» y la «genérica».

Por contera, sostuvo que «la única póliza que puede eventualmente verse afectada en el presente llamamiento, es el contrato de seguro de Responsabilidad Civil Clínicas y Hospitales No. 1004863, certificado 5, vigencia (01/02/2013 - 01/02/2014) -que se adjuntatoda vez que dicha póliza era la ÚNICA que se encontraba vigente para la época en que se efectuó la primera reclamación a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

toda vez que dicha póliza era la ÚNICA que se encontraba vigente para la época en que se efectuó la primera reclamación a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO (solicitud de conciliación extrajudicial /10 de Abril de 2013) con ocasión de los hechos que se ventilan en el presente asunto».

1.4. La sentencia apelada6

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil , mediante la sentencia proferida el 19 de julio de 2019 , resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Para sustentar su decisión, el a quo analizó, entre otros aspectos, el régimen de imputación aplicable a la actividad médi ca, así como el acervo probatorio obrante

5 Folios 216-255. 6 Folios 689-697.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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en el expediente, con el fin de determinar la configuración de los elementos de la responsabilidad en el caso concreto.

En ese contexto, juzgó que la imputación fáctica se circunscribió a la falla en el servicio en la prestación de los servicios médicos brindados por la HRMB el día 14 de octubre de 2011, cuando le fue practicado a la demandante «el procedimiento quirúrgico denominado SECUESTRECTOMÍA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO

de octubre de 2011, cuando le fue practicado a la demandante «el procedimiento quirúrgico denominado SECUESTRECTOMÍA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO Y CÚBITO», pues se sostuvo en la demanda que esta intervención fue ejecutada de forma indebida, lo cual causó la pérdida completa del brazo derecho a la paciente.

Bajo ese marco, consideró que l a parte actora no explicó en qué consistió la mala praxis alegada y que, desde la vertiente subjetiva aplicable a este tipo de procesos, pudo acreditarse que la atención brindada por la entidad demandada el día 7 de octubre de 2011 en el servicio de urgenc ias fue adecuada; por el contrario, resaltó que la señora Martínez Aparicio Cuadrado se negó en repetidas ocasiones al procedimiento quirúrgico de lavado en el proceso infeccioso de su antebrazo y a usar la férula para su mano caída.

Aunado a ello, consig nó que, pese a haber sido citada la paciente «en ayunas por urgencias» para realizar el lavado quirúrgico, esta se presentó solo hasta el día 14 de octubre de 2011 con una infección en el sitio intervenido. Por ende, fue necesario realizar un lavado quirúrgico urgente y aplicar manejo antibiótico, para finalmente practicarle el procedimiento arriba señalado.

Por otra parte, después de transcribir fragmentos de la historia clínica, estimó que estos documentos permiten concluir que la demandante desde el 19 de abril de 2011 presentaba «mano caída y leve compromiso en la región de inervación del nervio radial derecho», lo cual analizó en conjunto con el dictamen obrante en el plenario.

estos documentos permiten concluir que la demandante desde el 19 de abril de 2011 presentaba «mano caída y leve compromiso en la región de inervación del nervio radial derecho», lo cual analizó en conjunto con el dictamen obrante en el plenario.

Así las cosas, consideró que el daño antijurídico no resultaba imputable al HRMB, debido a que «no se logró acreditar que la causa eficiente del daño en el presente asunto» haya sido la cirugía mencionada . Al efecto y para solidificar su postura, resaltó la experticia rendida por Medicina Legal , en la cual se consignó que «la infección presentada en el miembro superior y la lesión del nervio radial con las secuelas informadas, [fueron] consecuencia del accidente de tránsito, que no se pudieron evitar con una atención oportuna y adecuada».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.5. Fundamentos de la apelación7

La parte demandante, inconforme con la decisión, solicitó que esta sea revocada y en su lugar, que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para ello, insistió en que las secuelas padecid as por la señora Ingrid Martínez Aparicio Cuadrado fueron consecuencia de la «indebida praxis en el manejo de sus fracturas [en] el procedimiento realizado el 14 de octubre de 2011, llamado Secuestrectomía, drenaje y desbridamiento de cúbito y radio».

fueron consecuencia de la «indebida praxis en el manejo de sus fracturas [en] el procedimiento realizado el 14 de octubre de 2011, llamado Secuestrectomía, drenaje y desbridamiento de cúbito y radio».

Adujo que, contrario a lo señalado en la sentencia, la historia clínica refleja que la demandante acudió en repetidas ocasiones a urgen cias y asistió a los controles médicos solicitados, habida cuenta de que presentó varias infecciones en la zona de la cirugía.

Desde su perspectiva, una de las causas de lo ocurrido, radica en que nunca se le retiró y cambió el material de osteosíntesis , para que las áreas afectadas se pudieran recuperar, lo cual «desembocó en una perdida (sic) funcional de su miembro superior derecho».

Argumentó que «nunca se le hizo una intervención » para revertir el daño del nervio radial, el cual todavía presenta la lesión. Asimismo, se refirió a la historia clínica del 11 de abril de 2011, en la que uno de los médicos cuestionó el hecho de la no realización de la osteosíntesis de cúbito, con miras a que el hueso consolidara adecuadamente.

Indicó que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente la historia clínica de la accionante, en la que resulta evidente, desde su óptica, que aquella cumplió con la carga postoperatoria.

De otro lado, aseveró que Medicina Legal nunca rindió un informe pericial definitivo y que no fue posible acceder a un dictamen científico de un tercero proveniente de alguna universidad, debido a que estas se negaron al no contar con un especialista

De otro lado, aseveró que Medicina Legal nunca rindió un informe pericial definitivo y que no fue posible acceder a un dictamen científico de un tercero proveniente de alguna universidad, debido a que estas se negaron al no contar con un especialista para el caso en particular y en razón de la carencia de recursos económicos de la demandante.

7 Folios 699-705.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Por último, transcribió fragmentos de estudios científicos de la especialidad de ortopedia -extraídos de internet-, y subrayó , con fundamento en tales apartados, que hubo falencias en la atención de las fracturas sufridas por la actora a partir del 11 de abril de 2011.

1.6. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto, el día 9 de septiembre de 2019, al Despacho 06 de esta Corporación, quien admitió el recurso de apelación mediante auto del 3 de octubre de 2019. A su turno, a través de auto del 27 de septiembre de 2021, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. El Proceso fue redistribuido al Despacho 08 de este Tribunal.

Posteriormente, el día 23 de mayo de 2024 se aceptó el impedimento de la Dra. Claudia Ximena Ardila Pérez y la Magistrada Ponente asumió el conocimiento del asunto en el estado en que se encontraba.

De este trámite se destacan los siguientes aspectos:

Claudia Ximena Ardila Pérez y la Magistrada Ponente asumió el conocimiento del asunto en el estado en que se encontraba.

De este trámite se destacan los siguientes aspectos:

1.6.1. La parte demandante, insistió en la ocurrencia de una «mala praxis» y reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

1.6.2. La parte demandada HRMB, pidió que se confirme la sentencia impugnada y para el efecto, reafirmó los argumentos expuestos al contestar la demanda.

1.6.3. La llamada en garantía Previsora S.A. Compañía de Seguros, deprecó la íntegra confirmación de la decisión proferida en primera instancia.

1.6.4. El Ministerio Público, no emitió concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentenciasNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder a los problemas jurídicos que se plantearán a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá su competencia a

segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder a los problemas jurídicos que se plantearán a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá su competencia a los argumentos expuestos p or la parte demandante en su recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Problemas jurídicos

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de la apelación8, el cual se circunscribe a determinar si:

PJ. 01. ¿La entidad demandada es administrativa y patrimonialmente responsable por la deformidad física y pérdida funcional que sufrió la señora Ingrid Martínez Aparicio Cuadrado en su brazo derecho, como consecuencia de una «mala praxis» en la realización del «procedimiento quirúrgico denominado SECUESTRECTOMÍA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO Y CÚBITO» el día 14 de octubre de 2011 , practicado para la corrección de las fracturas que presentó en su antebrazo derecho o, por el contrario, debe confirmarse la sent encia apelada al no estar probado el nexo causal entre la presunta omisión y el daño antijurídico invocado?

En caso afirmativo,

PJ. 02. ¿Le corresponde a aseguradora la llamada en garantía responder en nombre del HRMB por el daño a ella atribuido en el porcentaje establecido en la respectiva póliza de seguros?

8 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

nombre del HRMB por el daño a ella atribuido en el porcentaje establecido en la respectiva póliza de seguros?

8 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Responsabilidad del Estado en el servicio médico asistencial

El H. Consejo de Estado desde el año 2006 9, decantó que la responsabilidad del Estado derivada de la actividad médico -asistencial debe abordarse desde el régimen de la falla probada del servicio.

A lo anterior agregó desde el año 2008 que, en atención al carácter técnico de la actividad médica y a la dificultad probatoria que ello conlleva, el nexo de causalidad puede acreditarse de diversas maneras, en especial mediante la utilización de indicios, que no en pocas ocasiones constituye el único medio probatorio que permite establecer la presencia de la falla endilgada10.

Bajo ese entendido, «quien demanda la responsabilidad médico asistencial, debe acreditar los supuestos de hecho que estructuran los fundamentos de la misma; es decir, debe demostrar el daño, la falla en la prestación del servicio médico hospitalario y la relación de causalidad entre estos dos elementos»11.

En ese orden de ideas, si bien el régimen aplicable a los eventos en los cuales se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por las actividades médico sanitarias es, por anton omasia, el de la falla probada del servicio, debido a la

En ese orden de ideas, si bien el régimen aplicable a los eventos en los cuales se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por las actividades médico sanitarias es, por anton omasia, el de la falla probada del servicio, debido a la especial naturaleza del ejercicio de la medicina, le es permitido al juez acudir a diversos medios probatorios (v. gr. la prueba indiciaria o la probabilidad preponderante), «para formar su convencim iento acerca de la existencia del nexo de causalidad, sin que por ello se pueda afirmar que dicha relación causal se presume»12.

2.5. De las pruebas obrantes al expediente

• Historia clínica de la señora Ingrid Martínez Aparicio Cuadrado13.

9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2006. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 68001-23-31-000-2000-09610-01 (15772). 10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 2008. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 66001-23-31-000-1995-02755-01 (15563). 11 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de mayo de 2022. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Rad. 68001-23-31-000-2004-01503-01 (55134). 12 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 19 de octubre de 2023. C.P. Freddy Ibarra Martínez. Rad. 05001-23-31-000-2007-03206-01 (60.182). 13 Folios 13-60, 63-208 y 277-364.Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Martínez. Rad. 05001-23-31-000-2007-03206-01 (60.182). 13 Folios 13-60, 63-208 y 277-364.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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• Dictamen núm. GRCOPPF-DRNORIENTE-1361 del 13 de octubre de 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga. • Informe Pericial de Clínica Forense núm. GRCOPPF-DRNORIENTE del 30 de noviembre de 2015, practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga14. • Testimonios de los médicos Amaury Martínez Howard y Javier Norberto Rugeles, rendido en la audiencia de pruebas del 9 de noviembre de 201515.

2.6. Caso concreto

En el caso objeto de estudio, la demandante pretendió la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por la deformidad física y pérdida funcional que sufrió en su brazo derecho, ocasionada por la «mala praxis» en que incurrió la demandad a el día 14 de octubre de 2011, al practicarle una

«SECUESTRECTOMÍA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO Y CÚBITO».

Al respecto, el juez de primera instancia, al analizar la historia clínica de la paciente y el peritaje obrante en el proceso, concluyó que la i nfección presentada en su

Al respecto, el juez de primera instancia, al analizar la historia clínica de la paciente y el peritaje obrante en el proceso, concluyó que la i nfección presentada en su miembro superior derecho, así como la lesión del nervio radial y sus secuelas, no fueron ocasionadas por la atención brindada en el HRMB, sino que derivaron del accidente de tránsito del cual fue víctima la demandante. Además, det erminó que dichas afecciones no habrían podido evitarse, aun con la intervención oportuna y adecuada que se le proporcionó.

Sumado a ello, destacó que la parte actora no explicó en qué consistió la mala praxis alegada y que la conducta de la señora Martínez Aparicio Cuadrado al negarse en repetidas ocasiones a cumplir órdenes médicas y a usar la férula para su mano caída, contribuyó al resultado dañoso.

En relación con esta última secuela, el juez de primer grado señaló que la historia clínica de la demandante permitía evidenciar que, desde el 19 de abril de 2011, la paciente presentaba «mano caída» y un compromiso de la zona de inervación del

14 Folio 674. 15 Folios 377-378.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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nervio radial derecho, por lo que decidió no imputar responsabilidad a la demandada.

Por su lado, la parte recurrente insistió en que las secuelas padecidas por la señora

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nervio radial derecho, por lo que decidió no imputar responsabilidad a la demandada.

Por su lado, la parte recurrente insistió en que las secuelas padecidas por la señora Ingrid Martínez Aparicio Cuadrado fueron consecuencia de la «indebida praxis en el manejo de sus fracturas [en] el procedimiento realizado el 14 de octubre de 2011, llamado Secuestrectomía, drenaje y desbridamiento de cúbito y radio».

Asimismo, argumentó que el juez de primera instancia no valoró debidamente la historia clínica de la paciente, en la cual consta el cumplimiento de su carga postoperatoria y que nunca s e le retiró o cambió el material de osteosíntesis, para que las áreas afectadas se pudieran recuperar.

Además, afirmó que «nunca se le hizo una intervención» para revertir el daño del nervio radial, razón por la cual resaltó una mala praxis en la intervención quirúrgica adelantada por el HRMB e incluso, señaló que las falencias iniciaron en abril del año 2011.

Pues bien, en orden a dar respuesta al primer problema jurídico planteado, la Sala abordará el acervo documental y las demás pruebas recaudadas, c on la finalidad concluir si, en efecto, está acreditada la «mala praxis» en que incurrió la entidad demandada al practicarle a la señora Claudia Arci niegas Martínez el día 14 de octubre de 2011 el «procedimiento quirúrgico denominado SECUESTRECTOMÍA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO Y CÚBITO» y si esta fue la causa eficiente

octubre de 2011 el «procedimiento quirúrgico denominado SECUESTRECTOMÍA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO Y CÚBITO» y si esta fue la causa eficiente del daño antijurídico alegado por la parte actora. Antes de desplegar este análisis, se referirá a la acreditación del daño como primer elemento de la responsabilidad.

2.6.1. Del daño antijurídico

Sobre el particular, encuentra la Sala que no hay discusión en la ocurrencia del daño antijurídico padecido por la señora Ingrid Martínez Aparicio Cuadrado, traducido en: i) la deformidad ósea a nivel del tercio medio del brazo derecho; ii) las cicatrices verticales y lacunares, antiguas y ostensibles en la cara externa del brazo derecho y en la cara posterior del antebrazo de esa mism a extremidad; iii) la pérdida funcional del brazo derecho; iv) la mano derecha caída, con disminución de laNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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capacidad para ejecutar maniobras de presión y piza y mínima fuerza de agarre y, v) la movilidad de hombro, codo y muñeca del brazo derecho abolida.

Todo lo anterior quedó demostrado con los diagnósticos anotados en la historia clínica y en el contenido del dictamen núm. GRCOPPF-DRNORIENTE-1361 del 13 de octubre de 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

clínica y en el contenido del dictamen núm. GRCOPPF-DRNORIENTE-1361 del 13 de octubre de 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga16.

Dejado en claro lo anterior, se procederá a lo anunciado, esto es, a la corroboración fáctica y al juicio de responsabilidad de los eventos anunciados en la demanda y en el recurso de apelación, conforme se expuso en líneas precedentes.

2.6.2. Imputación

En el asunto puesto a consideración de la Sala, la pérdida funcional y la deformidad que sufrió la demandante en su miembro superior derecho, no era una carga tuviera el deber jurídico de soportar . Por lo tanto, lo acontecido es antijurídico de manera objetiva, esto es, desligado por completo de la actuación -lícita o irregular - del Estado. Cosa distinta es que resulte imputable a la demandada, lo cual no ocurrió en el presente caso, como pasa a explicarse.

Al respecto, en la historia clínica allegada por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, quedó registrado que la señora Ingrid Martínez Aparicio Cuadrado sufrió el día 11 de abril de 2011 un accidente de tránsito al caer del vehículo en un hueco, lo cual le produjo una fractura de húmero derecho de cúbito abierta. Igualmente, se anotó que «FUE ATENDIDA EN LA CLÍNICA LOMAS DE SAN GIL Y EN EL HOSPITAL

DEL SOCORRO».

Asimismo, probado está también que le realizaron en el HRMB una

«OSTEOSINTESIS DE HUMERO (sic) Y DE CUBITO (sic). REFIERE TUVO

DEL SOCORRO».

Asimismo, probado está también que le realizaron en el HRMB una «OSTEOSINTESIS DE HUMERO (sic) Y DE CUBITO (sic). REFIERE TUVO OSTEOMIELITIS QUE DRENO (sic) POR UN AQO (sic) EN ANTEBRAZO DERECHO QUE DESDE FEBRERO 12 DE ESTE AQO (sic) DEJO (sic) DE DRENAR LUEGO DE

ESTRACCIÓN DE UN TORNILLO QUE SE ENCONTRABA EXPUESTO»17.

16 Folio 375. 17 Folio 296.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Ahora bien, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó un resumen de los antecedentes relevantes de la historia cl ínica de la demandante, cuando rindió el dictamen con destino a este proceso:

«2011/04/10-Paciente que el 2011/04/10 es llevada de urgencias de la Clínica Santa Cruz de la Loma de San