TA SAN - Sentencia 686793333003-2017-00050-02 (02-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

RADICADO: 686793333003-2017-00050-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ZAIDA YOLANDA PIERUCCINI MURILLO

jerarquiajuridica@gmail.com

DEMANDADO:

NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE

ADMINISTRACION JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

TEMA: BONIFICACIÓN JUDICIAL

Se decide el recurso de APELACIÓN, interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2024, por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1

Se solicitan textualmente las siguientes: “PRIMERO: Aplicar de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD del artículo primero de los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015, 0246 de 2016 y los que en dicha materia ha expedido y profiera el Gobierno Nacional, donde indique que "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización

artículo primero de los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015, 0246 de 2016 y los que en dicha materia ha expedido y profiera el Gobierno Nacional, donde indique que "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", sustrayéndole a la Bonificación Judicial su naturaleza de factor

1 Expediente SAMAI- índice No. 022 DEMANDA Y ANEXOSSIGCMA-SGC

salarial, conforme lo referido en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 03491 de fecha 06 de mayo de 2016 mediante el cual, la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL negó las peticiones solicitadas por mi poderdante, la cual consiste en la reliquidación de todas las prestaciones sociales, auxilio a las cesantías y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 01 de enero de 2013 hasta la presente fecha y, las que a futuro se causen, Incluyendo en la base de reliquidación la denominada bonificación judicial que actualmente se viene excluyendo como factor salarial y prestacional.

TERCERO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo ficto o presunto del recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el Administrativo contenido en la Resolución N° 03491 de fecha 06 de mayo de 2016. por haber operado el silencio administrativo negativo.

CUARTO: Conforme lo anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL

contra el Administrativo contenido en la Resolución N° 03491 de fecha 06 de mayo de 2016. por haber operado el silencio administrativo negativo.

CUARTO: Conforme lo anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se condene a la NACIÓN RAMA JUDICIAL CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a RELIQUIDAR la Prima de Servicios, Prima de Productividad, Bonificación por Servicios, Prima de Vacaciones. Prima de Navidad, Cesantías, intereses sobre las Cesantías, Sueldo por Vacaciones, demás prestaciones y emolumentos que se liquiden con base en el salario de la Dra. ZAIDA YOLANDA PIERUCCINI MURILLO, como servidor judicial beneficiaria del Decreto 383 de 2013, desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha y las que a futuro se causen, Incluyendo en la base de reliquidación la Bonificación Judidal que actualmente la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judi cial de Bucaramanga viene excluyendo inconstitucionalmente del pago de las prestaciones sociales de mi prohijada, desconociendo que dicha bonificación es parte integral del salario percibido conforme se ha reiterado en los distintos pronunciamientos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado.

QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración, RECONOCER Y PAGAR a favor de la Dra. ZAIDA YOLANDA PIERUCCINI MURILLO, las diferencias que arroje la reliquidación de las prestaciones y demás emolumentos, debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 deSIGCMA-SGC

diferencias que arroje la reliquidación de las prestaciones y demás emolumentos, debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 deSIGCMA-SGC

la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

SEXTO: Igualmente, solicito el reconocimiento de Intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho, por no haberse reconocido el pago de las prestaciones sociales conforme a la Ley.

SÉPTIMO: Se reconozca la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, en adelante, dentro de la nómina de la Dra. ZAIDA YOLANDA PIERUCCINI MURILLO, como parte integral de salario, para todos los efectos jurídicos, en particular, para la liquidación de todas y cada una de las prestaciones sociales que tengan como base de liquidación el salario.

OCTAVO: Reconocer a mi poderdante la SANCIÓN MORATORIA conforme el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 referida en la parte motiva.

NOVENO: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada de conformidad con el Acuerdo PSAA16 -10554 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes.”

2. Hechos

Se dice en la demanda que: La demandante, Dra. Zaida Yolanda Pieruccini Murillo, jueza del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabana de Torres, es beneficiaria de la bonificación judicial creada mediante Decreto 0383 a partir del 01 de enero de 2013. Al momento de

La demandante, Dra. Zaida Yolanda Pieruccini Murillo, jueza del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabana de Torres, es beneficiaria de la bonificación judicial creada mediante Decreto 0383 a partir del 01 de enero de 2013. Al momento de liquidar sus prestaciones, LA NACIÓN RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL no incluyó dicha bonificación como factor salarial. La demandante presentó derecho de petición solicitando la reliquidación de la bonificación judicial como factor salarial , el cual fue negado mediante Resolución No. 03491 de fecha 06 de mayo dos mil dieciséis 2016, notificado el día dieciocho 18 de Julio de ese año. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación el 21 de julio de 2016, sin obtener respuesta en el término legal, configurándose el silencio administrativo negativo el 27 de septiembre de 2016.SIGCMA-SGC

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

Preámbulo, artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 y 150 numeral 19 literal e y 215 inciso 9, entre otros, de la Constitución Política de Colombia.

Ley 4 de 1992 artículos 2 y 10, Ley 270 de 1996 artículo 152 numeral 7, Ley 482 de 1998, Código sustantivo del Trabajo artículo 4, 127; Artículo 42º del Decreto 1042 de 1978, artículo 5 del Decreto 1045 de 1978, Ley 244 de 1995 y 344 de 1996 y artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y demás normas concordantes.

de 1978, artículo 5 del Decreto 1045 de 1978, Ley 244 de 1995 y 344 de 1996 y artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y demás normas concordantes. Decreto 717 de 1978, Decretos de Aumento Salarial y Prestacional de la Rama Judicialnúmeros 057 de 1993, 110 de 1993, 106 de 1994, 043 de 1995, 036 de 1996, 076 de 1997, 064 de 1998. 044 de 1999, 2740 de 2000, 1475 y 2720 de 2001, 0673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 0936 de 2005, 0389 de 2006, 0618 de 2007, 0658 y 3902 de 2008, 0723 y 1252 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013. 194 de 2014 modificado por los Decretos 1257 de 2015 y 0245 de 2016. Decretos Bonificación judici al 383 de 2013, 1269 de 2015 y 246 de 2016.

En resumen, considera la parte demandante la inaplicación por inconstitucionalidad del artículo primero de los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015, 246 de 2016, y de aquellos actos subsiguientes expedidos por el Gobierno Nacional, en cuanto desconocen el carácter salarial y prestacional de la bonificación judicial otorgada a los servidores de la Rama Judicial. En consecuencia, solicita se ordene la reliquidación de todas las prestaciones sociales y emolumentos que legalmente le corresponden, al considerar qu e

de la bonificación judicial otorgada a los servidores de la Rama Judicial. En consecuencia, solicita se ordene la reliquidación de todas las prestaciones sociales y emolumentos que legalmente le corresponden, al considerar qu e la exclusión del factor salarial de dicha bonificación contradice el marco constitucional y jurisprudencial vigente.

4. Contestación a la Demanda

La NACION-RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, manifestó su oposición total a las pretensiones de la demanda, al considerar que los pagos realizados en favor de la parte actora, tanto en materia salarial como prestacional, se efectuaron con estricto apego al régimen jurídico aplicable a los servidores públicos en el momento en que se causaron. De igual manera, argumentó que los actos administrativos demandados fueron proferidos conforme a derecho, bajo la normatividad vigente al tiempo de la solicitud deSIGCMA-SGC

reconocimiento del carácter salarial de la Bonificación Judicial, razón por la cual dichos actos gozan de plena validez y presunción de legalidad, conforme a los artículos 87, 88 y 89 del CPACA. Además, la entidad sostuvo que la intención de la parte actora con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es que el juez contencioso inaplique las normas vigentes y los reglamentos expedidos por las autoridades competentes, pretendiendo obligar a la entidad a realizar pagos por fuera del marco legal, en abi erta contravención al ordenamiento jurídico y a los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno Nacional. Finalmente, la defensa expresó su rechazo a las pretensiones que buscan el

fuera del marco legal, en abi erta contravención al ordenamiento jurídico y a los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno Nacional. Finalmente, la defensa expresó su rechazo a las pretensiones que buscan el reconocimiento adicional al legalmente previsto de salarios y prestaciones sociales para funcionarios judiciales vinculados legal y reglamentariamente, dado que ello supondría un im pacto directo al Presupuesto General de la Nación, sin la previa autorización del CONFIS ni la asignación de partidas presupuestales adicionales por parte del Ministerio de Hacienda, requeridas para proceder con el reconocimiento del carácter salarial de la Bonificación Judicial.

II. SENTENCIA APELADA2

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, en consecuencia, ordenó el reconocimiento de la Bonificación Judicial a favor de la demandante. Así mismo, “PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 5 de mayo de 2013, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018,

992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: 5.1. -Resolución. No 03491 del 6 de mayo de 2016. proferida por la Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial.

2 Expediente SAMAI – índice No. 017 Sentencia de ApeladaSIGCMA-SGC

-Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación presentado el 21 de julio de 2016.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de JHON JAIRO ARIZA PARDO todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 05 de mayo de 2013, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: Negar la excepción relacionada con el cobro de lo no debido, por las razones expuestas.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

SEXTO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA.

SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a las partes y al Ministerio Público, conforme disponen las normas vigentes.

OCTAVO: En firme la presente providencia procédase al archivo del expediente previo envío de comunicaciones y desanotaciones a que haya lugar.”

Por consiguiente, se hace la salvedad de que la parte demand ada solicitó corrección sobre la sentencia apelada, por lo que se profirió auto de corrección de sentencia el día 11 de abril de 2025, seguidamente se resolvió,

“Primero: CORREGIR la sentencia de fecha 11 de octubre de 2024, en lo que respecta al nombre de la demandante, que se relaciona en el numeral tercero de la parte resolutiva como JHON JAIRO ARIZA PARDO, en realidad

corresponde a ZAIDA YOLANDA PIERUCCINI MURILLO.SIGCMA-SGC

Segundo: Los demás apartes de la sentencia quedaran incólumes, esta

de la parte resolutiva como JHON JAIRO ARIZA PARDO, en realidad

corresponde a ZAIDA YOLANDA PIERUCCINI MURILLO.SIGCMA-SGC

Segundo: Los demás apartes de la sentencia quedaran incólumes, esta providencia hace parte integral de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2024, proferida por este despacho.

Tercero: Conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación propuesto por la NaciónRama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial remitiéndose el expediente por secretaría al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, conforme al art. 247 del CPACA.

Cuarto: Se advierte que no se recibirá correspondencia física, la información debe ser remitida a través de la ventanilla virtual SAMAI:

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/

Así mismo, el correo de origen debe coincidir con el registrado en el SIRNA – URNA. Se les recuerda a las partes el deber de suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fin es del proceso o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 186 del CPACA modificado por el Art. 46 de la Ley 2080 de 2021 y el numeral 14 del Art. 78 del C.G del P.”

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

Art. 78 del C.G del P.”

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, sostiene que la sentencia impugnada transgredió el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 , que regula la audiencia de alegaciones y juzgamiento en los procesos contenciosos administrativos. Según argumenta, aunque el auto del 29 de agosto de 2024 supuestamente “fija litigio y decreta pruebas – alegaciones finales”, no se corrió traslado para presentar los alegatos de conclusión, lo cual constituye una omisión de una etapa procesal esencial. La no concesión de este traslado vulnera el derecho fundamental al debido proceso de la entidad demandada, impidiéndole controvertir adecuadamente las pruebas, alegar sobre el fondo del litigio y presentar su posición jurídica antes del fallo. Asimismo, insiste en que el fallo ordenó el reconocimiento y pago de factores salariales y prestaciones sociales sin tener en cuenta que el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluida la Rama Judicial, es competencia exclusiva del Gobierno Nacional , conforme a la Ley 4 de 1992 y el artículo 150, numeral 19 de la Constitución Política . Y q ue la Dirección Ejecutiva Seccional deSIGCMA-SGC

Administración Judicial no puede modificar ni ampliar el régimen prestacional , ni ordenar pagos que no estén autorizados por decreto. Por tanto, la apelante sostiene que el juez desconoció la normativa que regula la materia y excedió las competencias del poder judicial , al alterar disposiciones que

ordenar pagos que no estén autorizados por decreto. Por tanto, la apelante sostiene que el juez desconoció la normativa que regula la materia y excedió las competencias del poder judicial , al alterar disposiciones que son de reserva legal del Ejecutivo . Se hace énfasis en que la condena impuesta implica un reconocimiento económico por fuera del marco del Presupuesto General de la Nación , lo cual , c ompromete recursos sin contar con certificado de disponibilidad presupuestal, en violación del artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Supone una actuación manifiestamente ilegal que puede configurar incluso responsabilidad fiscal o penal para los funcionarios públicos, como lo señala el artículo 413 del Código Penal (prevaricato por acción). La recurrente insiste en que el juez no puede imponer una condena que implique alterar partidas presupuestales ni imponer a una entidad obligaciones que exceden su capacidad legal y financiera. Otro de los pilares del recurso se enfoca en que el fallo ordenó tratar la bonificación judicial (Decretos 383 y 384 de 2013) como un factor salarial para todos los efectos, desconociendo que d ichos decretos expresamente disponen que la bonificación solo constituye factor salarial para efectos de cotización a pensión y salud. Cualquier reconocimiento adicional vulnera el principio de legalidad y carece de respaldo normativo. Por lo tanto, el reconocimiento ordenado por el juez no solo es improcedente, sino que desnaturaliza el alcance de la bonificación, en contravía del texto expreso de los decretos y del ordenamiento jurídico vigente. Finalmente, se destaca el desconocimiento del mandato de sostenibilidad fiscal del Decreto 382 de 2013 y la vulneración al debido proceso al desconocer la obligación

texto expreso de los decretos y del ordenamiento jurídico vigente. Finalmente, se destaca el desconocimiento del mandato de sostenibilidad fiscal del Decreto 382 de 2013 y la vulneración al debido proceso al desconocer la obligación de argumentar la vulneración de las disposiciones constitucionales con la expedición del decreto citado.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 27 de mayo de 202 5 se admite un recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.SIGCMA-SGC

V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN Y

CONCEPTO DE FONDO.

Tanto las partes como el Ministerio Público no se pronunciaron en esta oportunidad.

VI. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURIDICO En el presente asunto, se circunscribe a determinar si: (i) ¿Es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la palabra “únicamente”, contenida en el artículo 1 del Decreto 383 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial? (ii) En caso afirmativo, ¿la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales de la demandante, desde el 1 de enero de 2013 y en adelante hasta cuando sigan causando?

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

VII. MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL.

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

VII. MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL.

1. De la bonificación judicial El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional a través del Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal E de la Constitución Política de Colombia; dicho mandato constitucional, fue materializado en literal a del artículo 2 de la ley 4 de 19923, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

Con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante Decreto 383 de 2013, estableció para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, el derecho a percibir una bonificación judicial, en los siguientes términos:

3 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones socialesSIGCMA-SGC

“ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2 012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de

modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así: (…)” En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013 , se cancelará mensualmente por el servidor en tanto permanezca en el servicio. Asimismo, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el sistema general de pensiones y para el sistema de seguridad social en salud.

2. Excepción de inconstitucionalidad La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están consagradas en su artículo 48.

Esta institución jurídica consiste en la inaplicación de una norma en un caso concreto, ante la evidencia del desconocimiento de una norma de raigambre constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso as unto que se somete a conocimiento del funcionario competente. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU132/13 también ha señalado que, corresponde al Juez, oficiosamente, inaplicar actos administrativos, lesivos al ordenamiento superior, en virtud de la denominada excepción de inconstitucionalidad, veamos:

que, corresponde al Juez, oficiosamente, inaplicar actos administrativos, lesivos al ordenamiento superior, en virtud de la denominada excepción de inconstitucionalidad, veamos: “La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no puede dejar de hacer uso de ella en los eventosSIGCMA-SGC

en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundament ales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”. A su turno el Consejo de Estado ha señalado sobre este tópico: “La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constituc ional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus e fectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes. (…) Ahora bien, para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea

efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus e fectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes. (…) Ahora bien, para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo res ulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea. (…)” Ahora bien, el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, que crea la bonificación judicial dispone expresamente que esta prestación “únicamente” constituye factor salarial para efecto de los aportes al sistema de seguridad social, con lo cual excluye esta prestación de la base remuneratoria de los trabajadores. En este orden de ideas, la sala estima que el término “únicamente” en el contexto ya reseñado, es contrario a los postulados constitucionales que garantizan los derechos laborales mínimos, especialmente al artículo 53 de la CP que consagra la aplicación del principio de igualdad en materia laboral, por lo cual acertó el fallador a quo al inaplicar, para el caso sub iudice la expresión que a continuación se subraya de la citada norma: "Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones II al Sistema General de Seguridad Social en Salud."SIGCMA-SGC

una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones II al Sistema General de Seguridad Social en Salud."SIGCMA-SGC

Según lo discurrido, se impone en este caso la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4° de la Constitución Política, mediante la facultad que prevé el artículo 148 del CPACA, toda vez que la exclusión que estipula el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, riñe con lo dispuesto en el artículo 53 Superior, luego resulta necesario privilegiar el imperio de esta última, con las consecuencias que se señalarán en los restantes acápites.

3. Factor salarial de la bonificación judicial: Elementos que constituyen salario: Todo derecho se desprende de la Constitución Política de 1991, mediante su Artículo 53 que facultó al Congreso de la República para expedir el estatuto del trabajo teniendo en cuenta para su creación el seguimiento de los principios de "Igualdad de oportun idades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las frentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones lab orales; garantía a la seguridad social, Ia capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad".

establecidas por los sujetos de las relaciones lab orales; garantía a la seguridad social, Ia capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad".

De igual forma dispuso que: "Los convenios internacionales del trabajo, previamente ratificados y aceptados en debida forma, serían parte de la legislación interna".

Igualmente dispuso que: "La ley los contratos los acuerdos, convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".

De esa manera, el bloque de constitucionalidad, los tratados y convenios internacionales son también aplicables y de obligatorio cumplimiento, como parámetro de legalidad de las actuaciones del Estado, de tal forma que