TA SAN - Sentencia 686793333003-2017-00337-01 (22-05-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, mayo veintidos (22) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 686793333003-2017-00337-01

MEDIO DE

CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: LINA SALOME MELGAREJO ARCINIEGAS, ELKIN

ORLANDO CORREDOR MELGAREJO, GLORIA

ARCINIEGAS CORTES Y ORLANDO MELGAREJO

LOZANO

sylvis_85@hotmail.com sylvitta85@gmail.com

DEMANDADO: E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA

juridica@esehospitalsanrafaeloiba.gov.co carlos.ulibre@hotmail.com

COMPARTA E.P.S.-S

co.publico@gdle.com.co operador.judicial@comparta.com.co co.operativa@gdle.com.co jsbobadillav@unal.edu.co publico1@gdle.com.co notificacion.judicial@comparta.com.co liquidador@comparta.com.co

LLAMADOS EN

GARANTÍA:

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

garciaharkerabogados@hotmail.com salvador.yanez.osses@gmail.com

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA

juridica@esehospitalsanrafaeloiba.gov.co

MINISTERIO

PUBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante contra

PUBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, el día 3 de noviembre de 2021, en cuanto denegó las súplicas de la demanda.

DE LA DEMANDA

Pretensiones:

En síntesis, la parte demandante solicita que se declare la responsabilidad civil y administrativa del Hospital San Rafael de Oiba y de la EPS COMPARTA, por los daños y perjuicios ocasionados a Lina Salomé Melgarejo Arciniegas, su hijo Elkin Orlando Corredor Melgarejo y s us padres Gloria Arciniegas Cortés y Orlando Melgarejo Lozano, derivados de una atención médica defectuosa y tardía entreSentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

2 mayo y octubre de 2015, que culminó con la pérdida definitiva de la visión en el ojo derecho de la paciente. Se imputa a las entidades demandadas omisión en la atención oportuna y eficaz, en particular, la demora en la autorización y realización de una cirugía de vitrectomía posterior prioritaria.

Se solicita, en consecuencia, que se condene a las entidades demandadas a reparar integralmente los perjuicios causados, incluyendo:

• Daños inmateriales por perjuicios morales: se pide una compensación de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a favor de cada

reparar integralmente los perjuicios causados, incluyendo:

• Daños inmateriales por perjuicios morales: se pide una compensación de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a favor de cada uno de los afectados (la lesionada, su hijo y sus padres), por el sufrimiento emocional derivado del daño irreversible y la afectación a su núcleo familiar.

• Daño a la salud: se reclama el reconocimiento del daño inmaterial autónomo a la salud, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, solicitando una indemnización equivalente a 100 SMLMV a favor de Lina Salomé, por la afectación permanente a su integridad física, e stética, funcional y a su vida de relación.

• Daños materiales: o Por lucro cesante consolidado, se reclama la suma de $20.803.471, correspondiente a los ingresos dejados de percibir desde la fecha del hecho hasta la presentación de la demanda, con base en el salario mínimo legal y un 50% de pérdida de capacidad laboral. o Por lucro cesante futuro , se solicita $70.000.000, por los ingresos que dejará de percibir hasta su expectativa de vida (78.5 años), considerando una disminución permanente en su capacidad laboral.

• Adicionalmente, se solicita el reconocimiento de otros perjuicios materiales, conforme al dictamen pericial que valore el daño estético y funcional.

• Pretensión subsidiaria: en caso de no prosperar el reconocimiento del lucro cesante, se pide el pago de una indemnización por pérdida de chance u oportunidad, equivalente a 120 SMLMV, como compensación por la pérdida de oportunidad de haber evitado el daño si se hubiera prestado una atención

cesante, se pide el pago de una indemnización por pérdida de chance u oportunidad, equivalente a 120 SMLMV, como compensación por la pérdida de oportunidad de haber evitado el daño si se hubiera prestado una atención médica adecuada y oportuna.Sentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

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Hechos:

En la demanda se narra que la señora Lina Salomé Melgarejo Arciniegas sufrió un accidente ocular el 23 de junio de 2014 mientras realizaba labores domésticas, lo que le causó una molestia en el ojo derecho. Debido a la persistencia de los síntomas y limitación visual, acudió el 8 de julio de ese año al Hospital San Rafael de Oiba, donde fue atendida inicialmente por la Dra. Natalia Sauza Rodríguez. Esta profesional identificó un compromiso visual y la remitió a oftalmología. Sin embargo, la atención especializada fue dilatada, siendo evaluada por el Dr. Arnoldo Chacón Enciso apenas hasta el 9 de septiembre de 2014, quien también ordenó remisión prioritaria a retinología.

A pesar del carácter prioritario, la cirugía de vitrectomía posterior fue autorizada y realizada solo hasta el 28 de mayo de 2015, luego de la interposición de acción de tutela e incidente de desacato, debido a irregularidades administrativas de la EPS COMPARTA. Para entonces, ya se había deteriorado gravemente la condición ocular. En agosto de 2015 se diagnosticó desprendimiento de retina e iridociclitis, y para octubre se confirmó que la pérdida visual en el ojo derecho era irreversible, sin posibilidad de nuevo procedimiento quirúrgico. En agosto de 2016, se le diagnosticó

ocular. En agosto de 2015 se diagnosticó desprendimiento de retina e iridociclitis, y para octubre se confirmó que la pérdida visual en el ojo derecho era irreversible, sin posibilidad de nuevo procedimiento quirúrgico. En agosto de 2016, se le diagnosticó secuela de desprendimiento total de retina y ojo ciego doloroso, requiriendo solo manejo sintomático.

La demandante alega que la atención inicial fue inadecuada, pues ni el Hospital de Oiba ni el Hospital de Socorro actuaron con la diligencia debida. Las demoras en remisiones, autorizaciones y tratamientos fueron determinantes para la pérdida de visión. Además, señala que el daño ha tenido un impacto profundo en su salud física, emocional, económica y social, afectando su calidad de vida, desempeño laboral y relaciones familiares. También resalta el sufrimiento de su hijo y padres por la omisión asistencial , y plantea que, si se hubiera actuado oportunamente, habría existido una alta probabilidad de evitar el daño o reducir sus efectos.

La señora Melgarejo reclama que las entidades contaban con los medios para haber prestado un servicio médico eficiente y oportuno, pero su negligencia resultó en la pérdida de chance de recuperación. Desde el accidente, ha enfrentado dolor persistente, invalidez parcial, disminución de su capacidad laboral y afectación a su estabilidad emocional y funcional, por lo que solicita el reconocimiento de responsabilidad y reparación integral de los daños sufridos.Sentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

4 Contestación de la demanda

La E.S.E Hospital San Rafael de Oiba , se opone a todas las pretensiones

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4 Contestación de la demanda

La E.S.E Hospital San Rafael de Oiba , se opone a todas las pretensiones formuladas en la demanda, negando cualquier responsabilidad por la pérdida de visión sufrida por Lina Salomé Melgarejo Arciniegas. En su contestación, el Hospital admite que la paciente fue atendida en sus instalaciones el 8 de julio de 2014, y que la médica tratante, la Dra. Natalia Sauza Rodríguez, procedió a remitirla de forma inmediata a oftalmología, como correspondía a una institución de primer nivel, la cual no cuenta con especialidades como retinología ni oftalmología.

El Hospital señala que actuó con diligencia, cumpliendo su deber asistencial mediante la atención inicial y la correspondiente remisión el mismo día en que la paciente fue atendida. Alega que la atención posterior, incluyendo consultas, trámites administrativos y la cirugía, ya no estaba bajo su control, y correspondía a la EPS COMPARTA o a las instituciones de segundo o tercer nivel que realizaron la intervención.

Frente a los demás hechos relatados en la demanda (consultas posteriores, diagnósticos, demoras quirúrgicas y secuelas), la E.S.E. manifiesta que no le constan y que deben ser probados en el proceso, insistiendo en que no existe nexo causal entre su actuación y el daño alegado.

Como excepciones, plantea (i)Falta de causa y ausencia de nexo causal, (ii) Culpa exclusiva de la víctima, (iii) Excepción genérica y (iv) Estimación irrazonable de la cuantía,

Como excepciones, plantea (i)Falta de causa y ausencia de nexo causal, (ii) Culpa exclusiva de la víctima, (iii) Excepción genérica y (iv) Estimación irrazonable de la cuantía,

La Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada - COMPARTA EPS-S., La entidad niega categóricamente cualquier responsabilidad administrativa por los perjuicios alegados por Lina Salomé Melgarejo Arciniegas y su núcleo familiar, afirmando que no existe nexo causal entre su actuación y el daño reclamado. Señala que su papel se limitó a autorizar los servicios médicos conforme a la normatividad vigente y que no tuvo intervención directa ni indirecta en la prestación del servicio médico-asistencial.

Argumenta que la paciente acudió tardíamente al servicio de salud (15 días después del accidente), lo cual pudo influir en la progresión del daño. Asimismo, considera que el caso debe evaluarse bajo el entendido de que la medicina es una obligación de medio y no de resultado, y que en todo momento se actuó conforme a la lex artis. Rechaza las afirmaciones subjetivas de la demanda, y sostiene que losSentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

5 procedimientos fueron autorizados oportunamente y que cualquier complicación fue atribuible al estado clínico de la paciente, no a fallas en la atención.

Entre sus excepciones, plantea (i) Falta de responsabilidad y de configuración de la falla en el servicio, (ii) Ausencia de nexo causal, (iii) Causa extraña – fuerza mayor, por tratarse de un hecho insuperable, imprevisible e irresistible derivado del estado

falla en el servicio, (ii) Ausencia de nexo causal, (iii) Causa extraña – fuerza mayor, por tratarse de un hecho insuperable, imprevisible e irresistible derivado del estado clínico de la paciente. (iv) Improcedencia de los perjuicios materiales y (iv) Inexistencia de obligación de indemnizar, individual o solidaria, ya que no se acreditó su participación en los hechos generadores del daño.

La Previsora S.A. compañía de seguros - llamada en garantía, frente a los hechos de la demanda, se atiene a lo que se pruebe en el proceso y formula oposición expresa. Igualmente, manifestó oposición total a las pretensiones de la demanda, tanto principales como subsidiarias. En relación con la demanda principal, propuso las siguientes excepciones de fondo: • Inexistencia de imputación fáctica y jurídica frente a la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba, con aplicación del principio de la lex artis o estado del arte. Alegó la ausencia de nexo causal entre los actos médicos realizados y el daño alegado (“desprendimiento de retina y pérdida de visión del ojo derecho”), indicando que la atención médica se prestó conforme a los protocolos y estándares c línicos aplicables, utilizando los recursos y procedimientos adecuados según el cuadro clínico de la paciente. Resaltó que las obligaciones médicas son de medio y no de resultado. • Ausencia de falla en el servicio por parte de la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba en la atención brindada a la señora Lina Melgarejo, afirmando que el daño no fue consecuencia de una deficiencia en la prestación del servicio médico por parte de la entidad. • Improcedencia de la indemnización por daños extrapatrimoniales. En caso

daño no fue consecuencia de una deficiencia en la prestación del servicio médico por parte de la entidad. • Improcedencia de la indemnización por daños extrapatrimoniales. En caso de prosperar alguna pretensión, solicitó que la tasación se ajuste a los criterios establecidos por la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 27 de agosto de 2014, señaland o que las sumas reclamadas son desproporcionadas y sobreestimadas. • Falta de fundamento fáctico y jurídico respecto de los perjuicios materiales reclamados, específicamente en cuanto al daño emergente y lucro cesante. • Excepción genérica, relativa a cualquier hecho o circunstancia que resulte probado y que conlleve la exoneración total o parcial de responsabilidad.

En relación con el llamamiento en garantía, se opuso a las pretensiones formuladas contra la aseguradora y planteó los siguientes medios exceptivos:Sentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

6 • Ausencia de cobertura del seguro de responsabilidad civil, por haberse presentado el siniestro por fuera de los términos pactados en la póliza. • Límites de responsabilidad contractual de la aseguradora, indicando que, en caso de establecerse responsabilidad, esta no podrá exceder el monto asegurado. • Sub-límite para indemnizaciones por daños extrapatrimoniales, fijado en un tope máximo de $50.000.000 por evento, conforme a las condiciones contractuales. • Aplicación del deducible pactado, equivalente al 10% del valor de la pérdida, con un mínimo de $4.000.000, suma que deberá ser asumida directamente por el asegurado.

contractuales. • Aplicación del deducible pactado, equivalente al 10% del valor de la pérdida, con un mínimo de $4.000.000, suma que deberá ser asumida directamente por el asegurado. • Límite global por vigencia y agotamiento del valor asegurado, advirtiendo que la aseguradora solo responderá si, al momento del pago, aún existe disponibilidad dentro del monto global contratado, el cual podría verse afectado por otros siniestros. • Inexistencia de acción directa contra PREVISORA S.A., precisando que únicamente procede el llamamiento en garantía, sin posibilidad de condena directa. • Prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, de conformidad con los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, los cuales establecen un término de prescripción de dos años. • Causal genérica de exclusión o limitación, señalando que cualquier circunstancia que resulte probada en el proceso y que configure una exclusión en los términos de la póliza, será oponible como medio exceptivo.

La E.S.E Hospital San Rafael de Oiba - llamada en garantía, Reiteró los argumentos presentados dentro de la contestación de la demanda, donde se encuentra vinculado como demandado principal.

Sentencia de primera instancia La sentencia del Juzgado Tercero Administrativo Oral de San Gil del 3 de noviembre de 2021, deniega las pretensiones de la demanda y no condena en costas , el juzgado analizó si la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba y la EPS -S COMPARTA eran responsables por la pérdida total de visión en el ojo derecho y la incapacidad parcial del 35.6% sufrida por Lina Salomé Melgarejo Arciniegas, presuntamente

eran responsables por la pérdida total de visión en el ojo derecho y la incapacidad parcial del 35.6% sufrida por Lina Salomé Melgarejo Arciniegas, presuntamente ocasionadas por una atenc ión médica deficiente y tardía. Como tesis central, el A quo concluyó que no se configuró responsabilidad en cabeza de ninguna de las entidades demandadas, pues no se acreditaron los elementos esenciales de laSentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

7 responsabilidad extracontractual estatal bajo el título de imputación por falla del servicio. Respecto del Hospital San Rafael de Oiba, se estableció que es una entidad de primer nivel sin especialistas en oftalmología y que, conforme a su capacidad operativa, actuó conforme a la lex artis médica, atendiendo a la paciente oportunamente y remitiéndola a nivel superior. El peritaje de Medicina Legal confirmó que la atención prestada por el hospital fue adecuada y temprana. Además, se verificó que la paciente acudió al servicio médico 15 días después del accidente, lo que, según los expertos, afectó negativamente su pronóstico. En cuanto a COMPARTA EPS-S, aunque se reconoció que existió una demora entre la autorización de la cirugía de vitrectomía posterior y su ejecución (aproximadamente seis meses), el juez consideró que no se probó que dicha demora fuera la causa directa y determinante del daño. La sentencia resaltó que el dictamen de Medicina Legal atribuyó el mal pronóstico principalmente a la consulta tardía inicial de la paciente, y no directamente a la gestión de la EPS. Además, no se aportaron pruebas periciales concluyentes que permitieran asociar la pérdida de

dictamen de Medicina Legal atribuyó el mal pronóstico principalmente a la consulta tardía inicial de la paciente, y no directamente a la gestión de la EPS. Además, no se aportaron pruebas periciales concluyentes que permitieran asociar la pérdida de visión al retardo en la intervención quirúrgica, ni se acreditaron los requisitos exigidos por la jurisprudencia para configurar la pérdida de oportunidad como daño autónomo. Recurso de apelación

La Parte Demandante, interpone recurso de apelación, señalando que el Juzgado omitió valorar integralmente las pruebas que demostraban fallas en la atención médica prestada tanto por la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba como por COMPARTA EPS. Alegó que la actuación del hospital fue deficiente por no dar prioridad a los síntomas referidos por Lina Salomé Melgarejo al momento de la consulta (visión borrosa y escotoma), lo que ameritaba una remisión inmediata y prioritaria al especialista en oftalmología, y no simplemente una orden para que la paciente gestionara por su cuenta la cita con la EPS.

Respecto a COMPARTA, se advirtió que hubo una clara negligencia administrativa que generó demoras injustificadas en la autorización de consultas y cirugía, que solo fueron obtenidas mediante tutela e incidentes de desacato, lo que impidió un tratamiento op ortuno. Se destacó que la cirugía de vitrectomía posterior fue practicada 10 meses después del accidente inicial, cuando ya se había consolidado un daño irreversible.Sentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

8 La apelante sostuvo que el Juez valoró indebidamente el dictamen pericial rendido

un daño irreversible.Sentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

8 La apelante sostuvo que el Juez valoró indebidamente el dictamen pericial rendido por Medicina Legal, argumentando que el perito carecía de especialidad en oftalmología, emitió conclusiones hipotéticas, no consideró los síntomas iniciales ni las dilaciones en la atención, y asignó injustamente la causa del daño a una supuesta consulta tardía de la paciente. También cuestionó que no se hubiese reconocido la pérdida de oportunidad como daño autónomo y que no se valorara adecuadamente el daño moral, a la salud y estético, afectando a la víctima y su entorno familiar.

La demandante concluye solicitando la revocatoria total de la sentencia y el reconocimiento de responsabilidad patrimonial en cabeza de ambas entidades demandadas, con condena integral por los daños materiales e inmateriales acreditados en el proceso.

Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, mediante providencia del 18 de febrero de 2022, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada. De dicho trámite se destaca lo que sigue:

La Previsora S.A. compañía de segurossolicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, argumentando que no se demostró falla en el servicio por parte del Hospital San Rafael de Oiba y que este actuó conforme a la lex artis. Reiteró que el daño sufrido por Lina Salomé Melgarejo no fue imputable al hospital, sino a una consulta tardía y factores clínicos independientes. En subsidio, sostuvo que las

que el daño sufrido por Lina Salomé Melgarejo no fue imputable al hospital, sino a una consulta tardía y factores clínicos independientes. En subsidio, sostuvo que las pólizas suscritas operaban bajo la modalidad claims made , por lo que no hay cobertura porque el r eclamo fue presentado por fuera del período de vigencia, y que, en caso de condena, se deben aplicar los sublímites, deducibles y restricciones pactadas en el contrato.

La Parte Demandante y las demás partes demandadas guardaron silencio y el Ministerio público no rindió concepto de fondo

CONSIDERACIONES

CompetenciaSentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

9 De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandante.

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el problema jurídico central sobre el que ésta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si: ¿Las pruebas recaudadas en el proceso resultan suficientes para acreditar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Hospital San Rafael de Oiba y de COMPARTA EPS-S, por falla en la prestación del servicio médico asistencial derivada de la atención oftalmológica tardía y defectuosa brindad a a la señora Lina Salomé Melgarejo Arciniegas, que conllevó la pérdida definitiva de la visión en su ojo derecho?

Tesis: sí.

Solución al Problema Jurídico Planteado

conllevó la pérdida definitiva de la visión en su ojo derecho?

Tesis: sí.

Solución al Problema Jurídico Planteado

El artículo 90 Superior, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado1 cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y, (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad -la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional-.

Frente al daño antijurídico, ha manifestado el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que para efectos de que el daño sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, de ahí que se torna imprescindible la acreditación de los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama2: “i) [el daño] debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura –, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el

1 Sentencia del 23 de enero de 2003 Consejero Ponente, Alier Eduardo Hernández Enríquez.

lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el

1 Sentencia del 23 de enero de 2003 Consejero Ponente, Alier Eduardo Hernández Enríquez. 2 Sentencia del 25 de abril de 2012 Consejero Ponente, Enrique Gil Botero. “/…/ sólo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga. /…/”.Sentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

10 ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.”

Responsabilidad del Estado por Falla Médica.

La Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado ha dejado sentada una posición en materia de responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud, definiéndola como una responsabilidad de tipo subjetivo bajo el título de imputación de fall a probada del servicio, de suerte que para acreditar dicha responsabilidad es menester acreditar la existencia de la falla alegada, el daño antijurídico cuya reparación se reclama y el nexo de causalidad entre uno y otro 3. Así, el Alto Tribunal4 ha referido que la carga de la prueba del nexo causal entre la

antijurídico cuya reparación se reclama y el nexo de causalidad entre uno y otro 3. Así, el Alto Tribunal4 ha referido que la carga de la prueba del nexo causal entre la falla y el daño corresponde en principio al demandante, pero que dicha exigencia debe ser analizada en cada caso en particular y moderada mediante la aceptación de la prueba indirecta de la responsabilidad, a través de indicios, admitiendo de esta manera la acreditación de una causa probable.5

Cabe señalar que la configuración de una falla en el servicio médico exige “ que se demuestre que la atención no cumplió con estándares de calidad fijados por el estado del arte de la ciencia médica, vigente en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso6. Del mismo modo, deberá probarse que el servicio médico no ha sido cubierto en forma diligente, esto es, que no se prestó el servicio con el empleo de todos y cada uno de los medios humanos, científicos, farmacéuticos y técnicos que se tengan al alcance7.8

DEL CASO EN CONCRETO

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: agosto 31 de 2006, exp. 15772, C.P. Ruth Stella Correa; de octubre 3 de 2007, exp. 16402, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 23 de abril de 2008, exp. 15750; del 1 de octubre de 2008, exp. 16843 y 16933; del 15 de octubre de 2008, exp. 16270. C.P. Myriam Guerrero de Escobar;

del 28 de enero de 2009, exp. 16700, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 19 de febrero de 2009, exp. 16080, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: del 18 de febrero de 2010, exp. 20536, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y del 9 de junio de 2010, exp. 18683, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras. 4 Consultar sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), C.P. Dr. DANILO ROJAS BETANCOURTH, Radicación número: 66001-23-31-000-2001-00063-01(25075) 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: septiembre 13 de 1991, exp. 6253, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; del 22 de marzo de 2001, exp. 13166, C.P. Ricardo Hoyos Duque; del 14 de junio de 2001, exp. 11901; de octubre 3 de 2007, exp. 12270, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de marzo 26 de 2008, exp. 16085, C.P. Ruth Stella Correa y del 4 de junio de 2008, exp. 16646, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras. 6 Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, exp. 17149, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 7 Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 14726, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

8 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), C.P. Dr. DANILO ROJAS BETANCOURTH, Radicación número: 66001-23-31-000-2001-00063-01(25075)Sentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

11 La parte actora sostiene que se produjo un perjuicio a Lina Salomé Melgarejo Arciniegas, derivado de la pérdida definitiva de la visión en su ojo derecho, la cual fue consecuencia de una atención médica tardía y deficiente por parte del Hospital San Rafael de Oiba y de la EPS COMPARTA. Según alega, el tratamiento especializado fue autorizado y ejecutado de manera extemporánea —casi un año después del accidente ocular sufrido por la paciente —, pese a que los síntomas iniciales ameritaban una atención inmediata, lo cual generó un deterioro irreversible en su estado de salud visual.

▪ Del Daño:

Se encuentra acreditado que la señora Lina Salomé Melgarejo Arciniegas sufrió la pérdida total de la visión en su ojo derecho y fue calificada con una incapacidad parcial del 35.6%, lo cual representa una afectación grave y permanente a su salud e integrid ad personal. Corresponde ahora determinar si dicho daño reviste el carácter de antijurídico, esto es, si la víctima no tenía el deber jurídico de soportarlo y si no existió una causa legal, médica o institucional que lo justifique conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

▪ La Imputación:

Lo probado en el proceso: Resumen de los hechos probados frente a la atención

y si no existió una causa legal, médica o institucional que lo justifique conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

▪ La Imputación:

Lo probado en el proceso: Resumen de los hechos probados frente a la atención

médica y hospitalaria:

1. La E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba es un centro médico de primer nivel de complejidad que para los años 2014 y 2015 no contaba con especialista en oftalmología (testimonios de los médicos Natalia Sauza Rodríguez y

Néstor Fabián Rodríguez).

2. De acuerdo con la historia clínica, la señora Lina Salome Melgarejo Arciniegas entre los años 2014 y 2019 se encontraba adscrita a la entidad Cooperativa de Salud Comunitaria – COMPARTA EPS, régimen subsidiado.

3. Según la historia clínica de los años 2014 a 2019 la señora Lina Melgarejo registraba diagnóstico de epilepsia - síndrome convulsivo.

4. La señora Lina Salome Melgarejo Arciniegas sufrió un accidente en el lugar donde se encontraba trabajando (lesión en su ojo derecho), realizando labores domésticas.

5. La trabajadora realizaba las anteriores labores sin medidas de seguridad, vinculada de manera verbal (no mediaba contrato escrito) y sin afiliación a aseguradora de riesgos laborales.Sentencia de Segunda Instancia 686793333003-2017-00337-01

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6. Conforme a la historia clínica, la señora Lina Melgarejo recibió las siguientes atenciones en la E.S.E Hospital San Rafael de Oiba relacionadas con su