TA SAN - Sentencia 686793333003-2021-00185-01 (07-05-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: IVÁN FERNANDO PRADA MACÍAS

Bucaramanga, siete (07) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos promovido por el señor Luis Emilio Cobos Mantilla contra el Municipio de Mogotes.

I. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

El ciudadano Luis Emilio Cobos Mantilla presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Municipio de Mogotes, para que se acceda a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

Se transcriben a continuación:

“PRIMERO: Que se ordene al ALCALDE MUN ICIPAL DE MOGOTESSANTANDER, garantizar los derechos e intereses colectivos del goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución; la seguridad y salubridad pública y el accesos a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, contenidos en los numerales A. C. G. y J. del ARTICULO 4 DE LA LEY 472 DE 1.998.

SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior y mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se le ordene AL ALCALDE

del ARTICULO 4 DE LA LEY 472 DE 1.998.

SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior y mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se le ordene AL ALCALDE MUNICIPAL DE MOGOTES - SANTANDER, construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, con todos los requisitos Expediente: 686793333003-2021-00185-01

Medio de control: Protección de los Derechos e Intereses

Colectivos.

Demandantes: Luis Emilio Cobos Mantilla.

luisecobosm@yahoo.com.co

Demandado: Municipio de Mogotes

contactenos@mogotes-santander.gov.co

Litisconsorte necesario: Empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de Mogotes S.A ESP.

espamogotes@mogotes-santander.gov.co Ministerio

Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos

Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema: Hecho Superado. Procede la declaratoria de la carencia actual de objeto por hecho superado . Funcionamiento de PTAR. Principio de Congruencia. Facultades del Juez en el trámite de las acciones populares.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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profesionales y técnicos para evitar que las aguas negras y sucias que producen los habitantes del municipio no afecten los derechos e interés colectivos aquí demandados.

TERCERO: Ordenar el cumplimiento inmediato de las acciones que se

profesionales y técnicos para evitar que las aguas negras y sucias que producen los habitantes del municipio no afecten los derechos e interés colectivos aquí demandados.

TERCERO: Ordenar el cumplimiento inmediato de las acciones que se consideren necesarias para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivo aquí violados, otorgando un término perentorio para tal caso.

CUARTO: Que se condene en costas a la parte demandada”.

1.2. Hechos.

Como fundamento fáctico y normativo de sus pretensiones, el actor popular afirma que el Municipio de Mogotes Santander no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR conforme a los parámetros profesionales y técnicos, que permita el adecuado manejo de las aguas residuales, lo cual, en criterio del actor afecta los derechos e intereses colectivos previstos en los literales a), c), g) y j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

2. Trámite procesal de primera instancia.

Efectuado el reparto del medio de control el día 06 de septiembre de 2021 correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil1, Despacho que mediante auto de fecha 07 de septiembre de 2021, admite la acción popular de la referencia 2 y ordena la notificación al Municipio de Mogotes.

Efectuada la publicación del aviso 3 y surtido el traslado de la demanda , mediante providencia del 10 de febrero de 2022 se dispone fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento4.

La audiencia especial de pacto de cumplimiento realizada el día 12 de febrero

mediante providencia del 10 de febrero de 2022 se dispone fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento4.

La audiencia especial de pacto de cumplimiento realizada el día 12 de febrero de 20225 se declara fallida , diligencia dentro de la cual se da apertura a la etapa probatoria. Mediante auto de fecha 19 de julio de 20226 se corre traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y rendir concepto de fondo.

De este trámite se destaca:

2.1. Contestación a la demanda.

1 Archivo digital “005Actareparto” OneDrive - Gestión en otros despachos – índice Samai 00054. 2 Archivo digital “007Autoadmitepopular” OneDrive - Gestión en otros despachos – índice Samai 00054. 3 Archivo digital “009Avisocomunidad” OneDrive - Gestión en otros despachos – índice Samai 00054. 4 Archivo digital “028Autocitapactocumplimiento” OneDrive - Gestión en otros despachos – índice Samai 00054. 5 Archivo digital “037ActaAudienciapactoCumplimiento” OneDrive - Gestión en otros despachos – índice Samai 00054. 6 Archivo digital “062AutoCorreAlegatos” OneDrive - Gestión en otros despachos– índice Samai 00054.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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2.1 .1 Municipio de Mogotes7.

Por medio de su apoderado judicial, contestó la demanda, negando los hechos

Radicado 68679333300320210018501

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2.1 .1 Municipio de Mogotes7.

Por medio de su apoderado judicial, contestó la demanda, negando los hechos planteados por el actor, al respecto, sostuvo que actualmente el municipio cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la cual fue construida mediante el contrato de obra No. 187-15, suscrito entre ESANT S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Mogotes 2015, y que fue entregada en operación a ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. el 30 de agosto de 2018.

Afirmó que esta planta se encuentra en funcionamiento, operada por personal especializado, conforme al Acuerdo 005 de 2019 que creó el cargo de operario para tal fin.

Por lo anterior, se opuso a todas las pretensiones de la demanda, señalando que no existe vulneración actual o amenaza a derechos colectivos.

Propuso como excepciones de fondo, la inexistencia de vulneración a derechos colectivos y la falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que la operación y administración de la PTAR está en cabeza de la empresa ESPAMOGOTES S.A. E.S.P., y no del ente territorial.

Finalmente, solicitó además su desvinculación del proceso y la vinculación de dicha empresa como parte pasiva.

2.1.2 Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Mogotes S.A ESP8.

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P., al contestar la acción popular, negó todos los hechos formulados en la demanda, señalando que en el Municipio de Mogotes

de Mogotes S.A ESP8.

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P., al contestar la acción popular, negó todos los hechos formulados en la demanda, señalando que en el Municipio de Mogotes se encuentra en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que fue construida mediante el contrato de obra No. 187 -15 suscrito entre ESANT S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Mogotes 2015, y cuya operación fue entregada a ESPAMOGOTES el 30 de agosto de 2018.

Afirmó que desde entonces la planta es operada por personal capacitado y cumple su f unción de eliminar contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en las aguas residuales urbanas.

Frente a las pretensiones, se opuso en su integridad, aduciendo que no se ha configurado vulneración alguna a derechos colectivos, argumentando que la planta está en funcionamiento cumpliendo con su objeto técnico y ambiental.

7 Archivo digital “015Contestaciondemanda” OneDrive - Gestión en otros despachos – índice Samai 00054. 8 Archivo digital “045Anexosrecurso” OneDrive - Gestión en otros despachos – índice Samai 00054.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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Finalmente, propuso como excepción de fondo la inexistencia de amenaza o vulneración a derechos colectivos, y solicitó el reconocimiento oficioso de cualquier excepción que s e derive de las pruebas obrantes en el proceso, conforme a lo previsto en el artículo 282 del Código General del Proceso.

2.2. Concepto Ministerio Público

cualquier excepción que s e derive de las pruebas obrantes en el proceso, conforme a lo previsto en el artículo 282 del Código General del Proceso.

2.2. Concepto Ministerio Público

No rindió concepto

3. Providencia apelada.

Proferida el veinticinco (25) d e octubre de dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil , que en su parte resolutiva dispone:

“Primero. Declarar procedente la acción interpuesta por Luis Emilio Cobos Mantilla contra el municipio de Mogotes (San tander) y ESPAMOGOTES S.A E.S.P., para proteger los derechos e interés colectivos establecidos en los literales a, c, g y j del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, conforme lo indicado en la parte motiva.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, se ordena, a los representantes legales del municipio de Mogotes (Santander) y de ESPAMOGOTES S.A. E.S.P, en el marco de sus competencias, que:

2.1. Dentro del término no superior a 1 año siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, si aún no lo han hecho, coordinen la continuación y culminación del proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA

CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA

ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA,EN EL CASCO URBANO

DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, con

ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA,EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, con el fin sanear y cambiar el uso que se le ha dado al canal Chorro Picho.

2.2. Dentro de los 4 meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, si aún no lo hecho, generen las partidas presupuestales municipales y/o radiquen y concreten los proyectos y gestiones ante los entes nacionales y departamentales; para la consecución de recursos y/o financiación necesaria para implementar los correctivos y mejoras pertinentes que permitan optimizar el funcionamiento de la infraestructura del alcantarillado público y la PTAR del municipio.

2.3 Realicen los trámites y procedimientos administrativos y contractuales pertinentes que permitan que, en un término n o superior a 2 años siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, se encuentren implementadas y en funcionamiento los correctivos y mejoras necesarias para optimizar el funcionamiento de la infraestructura del alcantarillado público y de la PTAR del municipio, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, normativas y demás exigibles a este tipo de infraestructura.

Tercero. Se ordena conformar el comité de verificación, integrado por el representante legal del municipio de Mogotes, por intermedio de l as dependencias que tenga injerencia en el cumplimiento de las ordenesTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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establecidas, el personero (a) municipal de Mogotes, la defensoría del pueblo y el actor popular, el cual una vez ejecutoriada la presente decisión, deberá

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establecidas, el personero (a) municipal de Mogotes, la defensoría del pueblo y el actor popular, el cual una vez ejecutoriada la presente decisión, deberá rendir informes cada 3 meses, en los cuales precise las gestiones adelantas para el cumplimiento de la orden aquí impartida, hasta que la obligación se satisfaga en su integridad.

Cuarto. Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Mogotes, según lo expuesto en la parte motiva.

Quinto. Condenar en costas al Municipio de Mogotes en conjunto con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Mogotes S.A. E.S.P., a favor del actor popular, Luis Emilio Cobos Mantilla; valor que deberá liquidarse de conformidad con el artículo 366 del CGP.

(…).”

Para arribar a la decisión anterior, el A Quo expuso que si bien en la actualidad existe y funciona una PTAR dentro del perímetro urbano del ente territorial, tratándose de acciones populares el juez tiene facultades ultra y extra petita siempre y cuando sus decisiones guarden relación con el hecho generador del daño planteado en la causa petendi, la protección a los derechos colectivos no invocados en la demanda tengan una estrecha relación con los que si fueron invocados expresamente y cuando la parte demanda haya podido ejercer su derecho a la defensa sobre ellos a lo largo del proceso.

A continuación señala que se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para hacer uso de la faculta ultra petita en la medida que: i) en la causa petendi de

derecho a la defensa sobre ellos a lo largo del proceso.

A continuación señala que se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para hacer uso de la faculta ultra petita en la medida que: i) en la causa petendi de la demanda se alega la inexistencia de una PTAR en el municipio de Mogotes, situación estrechamente relacionada con el hecho de que sí exista pero funcione ineficientemente; ii) los derechos amparados en la presente acción fueron invocados expresamente en la demanda; y iii) las demandadas tuvieron la oportunidad de controvertir los hechos vulneradores porque quién aportó el medio de convicción que acreditó la existencia de la vulneración fue una de las demandadas.

Lo anterior al verificar que si bien el municipio de Mogotes cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), observa que ésta presenta insuficiencias operativas para atender el caudal, especialmente en temporadas de lluvia, debido a que una parte del sistema de alcantarillado es de tipo combinado y carece de estructuras de separación e ntre aguas residuales y pluviales.

Además, estableció que existen conexiones erradas al canal conocido como “Chorro Picho”, por donde se están vertiendo aguas residuales sin tratamiento previo, representando una amenaza concreta a los derechos colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la salubridad pública y al acceso a servicios públicos adecuados. Situación fue corroborada mediante informesTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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técnicos de la CAS y registros del Plan de Saneamiento y Manejo de

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técnicos de la CAS y registros del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado para el municipio.

Por lo anterior declara vulner ados los derechos e intereses colectivos contenidos en los literales a), c), g) y j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, esto, al señalar que, a pesar de la existencia de la PTAR, persiste una afectación que requiere correctivos estructurales, tanto en l a infraestructura del alcantarillado como en la optimización de la planta de tratamiento ; razón por la cual, ordena medidas específicas y progresivas para superar dichas deficiencias.

Finalmente, el a quo condena al Municipio de Mogotes y a la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Mogotes S.A. E.S.P al pago de las costas procesales y agencias en derecho a favor del actor popular.

4. Recursos de apelación.

4.1 Municipio de Mogotes.

Al respecto, señala que el a quo vulneró el debido proceso y el principio de congruencia al emitir una decisión que no se ajusta a las pretensiones formuladas en la demanda ni a los hechos probados en el proceso desconociendo lo establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso y en el artículo 29 de la Constitución, toda vez que el fallo ordena medidas sobre hechos ya superados, lo que a su modo de ver desconoce que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR del municipio fue construida y está en funcionamiento desde 2017, conforme a pruebas

medidas sobre hechos ya superados, lo que a su modo de ver desconoce que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR del municipio fue construida y está en funcionamiento desde 2017, conforme a pruebas documentales allegadas al expediente.

Afirma que se acreditó la existencia, operatividad y contratación previa de la planta, lo que , en su criterio, evidencia la configuración del hecho superado incluso antes de la presentación de la demanda.

En consecuencia, solicita se revoque la sentencia apelada por no estar llamada a prosperar una acción popular cuando el objeto de la misma ya se ha cumplido, y por haberse vulnerado los derechos procesales del demandado.

4.2 Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Mogotes S.A ESP.

ESPAMOGOTES S.A interpone recurso de apelación, al respecto, fundamenta su inconformidad en la configuración del hecho superado, argumentando que, con pruebas documentales y técnicas, en su criterio, se demostró que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Mogotes se encuentraTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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construida, en operación y funcionamiento desde el año 2017, con base en el contrato de obra No. 187 -15 y el acta de entrega suscrita el 30 de agosto de 2018.

Alega que no es procedente la orden dada por el juez de primera instancia, toda vez que la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas

2018.

Alega que no es procedente la orden dada por el juez de primera instancia, toda vez que la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR ya existe y se encuentra en operación, lo cual, a su criterio, se torna improcedente la acción popular. Razón por la cual, s olicita la revocatoria de la sentencia, al considerar que la decisión de primera instancia vulnera el principio de congruencia y el debido proceso, por cuanto impone órdenes sobre una situación ya resuelta.

5. Trámite en segunda instancia.

Por auto de fecha 10 de diciembre de 20249 fue admitido el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Mogotes y la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Mogotes S.A ESP. , posteriormente mediante proveído de fecha 19 de febrero de 202510, se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo; destacándose lo siguiente:

5.1. Actor Popular.

Concurre a la instancia procesal para solicitar se confirme la decisión y además se condene en costas de segunda instancia de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 365 del C.G.P.

5.2. Municipio de Mogotes.

Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, con fundamento en que se ha configurado un hecho superado. Indicó que las órdenes impartidas por el juez fueron ejecutadas con anterioridad, y aportó como prueba la existencia del Contrato No. 132 -21 suscrito el 28 de junio de 2021 entre

que se ha configurado un hecho superado. Indicó que las órdenes impartidas por el juez fueron ejecutadas con anterioridad, y aportó como prueba la existencia del Contrato No. 132 -21 suscrito el 28 de junio de 2021 entre ESANT S.A. E.S.P. y el Consorcio Redes Guayaguata, mediante el cual se ejecutó la optimización de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano del municipio. Dicha ob ra, según manifestó, fue concluida y liquidada en agosto de 2024.

Asimismo, señaló que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio fue construida en virtud del contrato de obra No. 187 -15 y se encuentra en operación desde 2017, siendo entregada oficialmente a ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. en 2018, entidad que desde entonces se encarga de su funcionamiento. Afirmó que incluso se creó un cargo específico

9 Samai índice 00005 10 Samai. Índice 00010Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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de operario de planta dentro de la estructura administrativa de dicha empresa, lo que evidencia el cumplimiento sostenido de las obligaciones ambientales.

Finalmente, e l apoderado invocó el principio de congruencia procesal consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, advirtiendo que la sentencia no puede ordenar medidas que excedan lo solicitado o que ya han sido ejecutadas. En ese sentido, concluyó que, al haberse probado el

consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, advirtiendo que la sentencia no puede ordenar medidas que excedan lo solicitado o que ya han sido ejecutadas. En ese sentido, concluyó que, al haberse probado el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el manejo adecuado de aguas residuales, no subsiste materia sobre la cual pronunciarse y, por tanto, procede la revocatoria del fallo impugnado.

5.3. Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Mogotes S.A ESP.

Guardo silencio en esta etapa procesal.

5.4. Ministerio Público.

No presento concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Surtidas a cabalidad las etapas legales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado y como quiera que los presupuestos procesales se encuentren satisfechos, procede la Sala a dictar la sentencia de segunda instancia.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia impugnada, conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problemas jurídicos.

De conformidad con los recursos de apelación interpuestos y lo expuesto en la sentencia de primera instancia , considera la Sala que los problemas jurídicos a resolver son los siguientes:

En primer lugar, deberá establecerse si ¿ Debe revocarse la sentencia de primera instancia por configurarse el fenómeno de carencia actual de objeto

la sentencia de primera instancia , considera la Sala que los problemas jurídicos a resolver son los siguientes:

En primer lugar, deberá establecerse si ¿ Debe revocarse la sentencia de primera instancia por configurarse el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado con ocasión de la suscripción de los contratos No. 187-15 y No. 132-21?Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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En segundo lugar, deberá establecerse si la sentencia de primera instancia vulnera el derecho al debido proceso y el principio de congruencia.

Tesis.

P.J.1 Si. La sentencia de primera instancia debe ser revocada, por cuanto se configura el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado. Esto, en razón de que el municipio de Mogotes construyó y puso en operación la PTAR mediante el contrato No. 187 -15, y posteriormente ejecutó obras de optimización del sistema de alcantarillado en virtud del contrato No. 132 -21. Además, las pruebas demue stran que, para el momento del fallo , la planta estaba operativa y se cumplían los parámetros ambientales, y que se habían adoptado medidas estructurales para mitigar los vertimientos en épocas de lluvia.

PJ.2 Si. Para la fecha de la sentencia de primera instancia , ya se había demostrado que las condiciones que motivaron la acción habían cambiado sustancialmente, por lo que las medidas adoptadas —aunque orientadas a proteger derechos colectivos — impusieron cargas innecesarias a las entidades demandadas. En este contexto, el uso ampliado de las facultades

sustancialmente, por lo que las medidas adoptadas —aunque orientadas a proteger derechos colectivos — impusieron cargas innecesarias a las entidades demandadas. En este contexto, el uso ampliado de las facultades del juez en acciones populares, sin una amenaza actual que lo justificara, terminó desbordando el marco del litigio.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto.

3.1. De la acción popular y su trámite.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un mecanismo instituido para la protección y amparo de los derec hos e intereses colectivos, siendo procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, teniendo como fin hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible.

Sobre el particular, el Consejo de Estado 11 ha precisado que las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados , exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas. Se identifican por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la protección de los referidos derechos cuya amenaza, vulneración, existencia del peligro, agravio o daño contingente,

su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la protección de los referidos derechos cuya amenaza, vulneración, existencia del peligro, agravio o daño contingente,

11 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 15 de agosto de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. rad: 52001-23-31-000-2010-00680-01 (AP)Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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deberá probarse necesariamente para la procedencia del ampar o. Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada, ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colecti vos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, y iii) la relación de causalidad que debe existir entre la acción u omisión y la señalada afectación de los derechos e intereses colectivos.

Ahora bien, para su trámite, el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que:

“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) d ías siguientes a la

ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) d ías siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. ”12 (Subraya fuera de texto original).

Conforme la anterior norma citada, existe un requisito previo a satisfacer por el demandante para dar procedencia a la reclamación ante el órgano contencioso administrativo.

3.2. De la prestación del servicio de Saneamiento básico.

Al respecto los artículos 8°, 49, 58, 79, 80, 95, 365 y 366 de la Constitución Política, advierten que el saneamiento ambiental se fundamenta en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad. Además, aquel servicio guarda estrecha relación con el derecho a gozar de un ambiente sano11 y con el deber universal de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Adicionalmente se indica que, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y, por eso, las distintas autoridades públicas deben proteger la diversidad, conservar las áreas de especial importancia ecológica y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Así la Ley 142 de 199412 contiene el esquema normativo tendiente a garantizar la adecuada prestación de las actividades objeto de debate13, cuyo artículo 14 define los siguientes conceptos relevantes para el caso:

“14.19. SANEAMIENTO BÁSICO. Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarlos de alcantarillado y aseo. (…)

define los siguientes conceptos relevantes para el caso:

“14.19. SANEAMIENTO BÁSICO. Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarlos de alcantarillado y aseo. (…) 14.22. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACU EDUCTO. Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y

12 Artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68679333300320210018501

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medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.

14.23. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. Es la reco