TA SAN - Sentencia 686793333003-2023-00043-01 (27-03-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por el MEN -Fomag contra la sentencia proferida el tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil (S), previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

1 Págs. 2 a 4 archivo No. 002Demanda – OneDrive.

Radicado y link del expediente:

686793333003-2023-00043-01

Demandante:

NHORA ALICIA CAMACHO AMAYA con cédula de ciudadanía No. 28.410.896

Correo electrónico: silviasantanderlopezquintero@gmail.com

Demandado:

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en adelante MEN-Fomag

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co

procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER LABORAL

Tema:

Pensión de jubilación docente Ley 33 de 1985 / Se modifica la sentencia de primera instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 2

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A. Pretensiones La demandante busca que se declare la nulidad del acto ficto, mediante el cual la demandada le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación con ocasión de la petición radicada el 28 de julio de 2022.

A título de restablecimiento del derecho, pretende que, el MEN-Fomag le reconozca y pague una pensión equivalente al 75% de los salarios y las primas desde la fecha de causación de su estatus jurídico de pensionada el 20 de diciembre de 2022. Por último, pide que, le sean reconocidos los intereses de mora del retroactivo generado por mesadas pensionales dejadas de pagar y que, la condena sea actualizada con base en el IPC, se cumpla el artículo 192 ídem y se condene en costas a la parte demandada.

B. Hechos2

Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que actualmente cuenta

actualizada con base en el IPC, se cumpla el artículo 192 ídem y se condene en costas a la parte demandada.

B. Hechos2

Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que actualmente cuenta con más de 55 años, pues nació el 14 de enero de 1964 y que, laboró como docente a órdenes de prestación de servicios en el Departamento de Santander en períodos desde 1987, para posteriormente, ser vinculada en provisionalidad en ese mi smo ente territorial desde el 31 de marzo de 2004 hasta el 12 de julio de 2005 y, finalmente en propiedad desde el año 2010 a la fecha de presentación de la demanda.

C. Normas violadas y concepto de violación

Se enlistan en la demanda como normas violadas los artículos: 1, 2, 48, 53 y, 243, art. 1 de la Ley 33 de 1985, arts. 2 y 15 de la Ley 91 de 1989, art. 6 de la Ley 60 de 1993, art. 115 de la Ley 115 de 1993, arts. 141 y 279 de la Ley 100 de 1993, art. 81 de la Ley 812 de 2003, arts. 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003, Decreto 1848 de 1969 y, Decreto 2921 de 1948 y, demás normas concordantes y complementarias.

La demandante advierte que, según las normas citadas, los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se rigen por la normativa anterior, es decir, las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988; esta última, para

con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se rigen por la normativa anterior, es decir, las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988; esta última, para

2 Págs. 03 a 04 ibidem.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 3

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quienes buscan completar el tiempo de servicio con vinculaciones en entidades públicas o privadas.

Afirma que, según las normas invocadas, los docentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sector público, por haber realizado aportes antes del 26 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812, están cobijados por las disposiciones de ese momento.

Sostiene que queda excluida del Régimen General de Pensiones, por lo que las normas que lo amparan son la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988, que la posibilitan para acceder a la pensión de jubilación.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

A. El Departamento de Santander -archivo No. 011 -, por intermedio de apoderado judicial, se pronuncia respecto de los hechos afirmando que, deben ser probados durante el trámite procesal. Se opone a las pretensiones alegando que, el régimen que debe ser aplicado al caso de la demandante es el contenido en las Leyes 100 de 1993 y, 797 de 2003 porque, se vinculó al servicio docente en el año 2010.

aplicado al caso de la demandante es el contenido en las Leyes 100 de 1993 y, 797 de 2003 porque, se vinculó al servicio docente en el año 2010.

Así mismo, argumenta que, se debe aplicar lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994 para efectos de calcular el IBL pensional, con los factores sobre los que se hicieron las respectivas cotizaciones.

Propone como excepciones (i) ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y, (ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que, el encargado de reconocer y pagar prestaciones económicas de los docentes es el Fomag.

Finalmente solicita que, no se condene en costas.

B. El MEN -Fomag, -archivo No. 016 -, mediante apoderada judicial, se opone a las pretensiones de la demanda, se pronuncia sobre los hechos alegando que, los aportes efectuados bajo modalidades de OPS no pueden tenerse en cuenta para el reconocimiento de pensión de jubilación.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho

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Refiere que, no hay lugar al reconocimiento pensional pretendido porque, la norma aplicable es la Ley 812 de 2003 según la cual, para derechos pensionales se debe aplicar lo dispuesto en el régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y, 797 de 2003.

Refiere que, el tiempo acreditado por la demandante como OPS es un vínculo civil y no

lo dispuesto en el régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y, 797 de 2003.

Refiere que, el tiempo acreditado por la demandante como OPS es un vínculo civil y no laboral, por tanto, no se cumplen los requisitos para acceder al reconocimiento pensional, porque no se efectuaron aportes al Sistema de Seguridad Social.

Propone como excepciones (i) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, (ii) demandante no es beneficiaria de las disposiciones normativas que se alegan porque, se afilió al Fomag el 23 de julio de 2010, (iii) improcedencia de condena en costas, (iv) prescripción y, (v) genérica.

III. DECISIONES RELEVANTES TOMADAS PREVIAS A DICTAR SENTENCIA

DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil en providencia proferida el 22 de julio de 2023 -archivo No. 020 OneDrive - resuelve: 1. Declarar no probadas las excepciones previas formuladas por el Departamento de Santander. Posteriormente, en providencia del 14 de marzo de 2024 -archivo No. 004 SAMAIGestión Documental -, resuelve: 2. Fijar el litigio circunscribiéndolo a determinar si es nulo el acto administrativo ficto o presunto configurado el 29 de octubre de 2022, originado de la petición de fecha 28 de julio de 2022, presentada por la demandante, a través del cual le fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas con

por la demandante, a través del cual le fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del status jurídico de pensionada, esto es 20 de diciembre de 2022 , 3. Incorporar al expediente las pruebas documentales allegadas con la demanda y su contestación y, 4. Correr traslado a las partes y, al Ministerio Público para alegar de conclusión respectivamente.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

Resuelve:

3 Archivo No. 017 SAMAIGestión Documental.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 5

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«Primero. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. Declarar la nulidad del acto ficto con efectos negativos configurado el 29 de octubre de 2022, a partir de la petición realizada el 28 de julio de 2022, que negó a la señora Nohora Alicia Camacho Amaya una pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, por lo expuesto en la parte motiva.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación - Ministerio de educación fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio - FOMAG - a reconocer y pagar a partir

motiva.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación - Ministerio de educación fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio - FOMAG - a reconocer y pagar a partir del 15 de enero de 2019, una pensión de jubilación a la señora Nohora Alicia Camacho Amaya de conformidad con la Ley 33 de 1985, calculada en un monto del 75% de la asignación básica (sueldo), la bonificación mensual y la bonificación pedagógica, con el pago de las mesadas dejadas de p ercibir derivadas de este reconocimiento. En el evento de no haberse realizado el respectivo descuento por aportes la entidad deberá efectuarlo.

Cuarto. Declarar la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de julio de 2019, según lo expuesto en la parte motiva. Quinto. Las sumas que se ordena pagar a favor de la demandante se actualizarán de conformidad con la fórmula financiera señalada en la parte considerativa de este proveído, y devengarán intereses en cuanto se den los supuestos de hecho previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Sexto. La Nación - Ministerio de educación fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio - FOMAG dará cumplimiento a esta sentencia dentro de los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

Séptimo. No condenar en costas, según lo expuesto en la parte motiva».

Para tomar la decisión que atrás se reseña, la primera instancia señala que, de

Séptimo. No condenar en costas, según lo expuesto en la parte motiva».

Para tomar la decisión que atrás se reseña, la primera instancia señala que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la demandante estuvoTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 6

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vinculada al servicio docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985 para obtener la pensión de jubilación, porque laboró a órdenes de prestación de servicios en el Departamento de Santander y, mediante contrato a término fijo en el municipio de Simacota (S) antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Así mismo, refiere que posteriormente se vinculó en provisionalidad y, en propiedad en la misma entidad territorial, por lo que, cumple con los 20 años de servicio y, con la edad -55 años-. Porque nació el 14 de enero de 1964. Dice que, consolidó su derecho pensional el 14 de enero de 2019 y que, los factores que hacen parte del IBL son los señalados en la Ley 62 de 1985, junto con la bonificación mensual y, la bonificación pedagógica. Finalmente sostiene que, hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de julio de 2019 porque, la demandante adquirió su status pensional el 15 de enero de 2019 y, solicitó el reconocimiento pensional el 28 de julio de 2022.

causadas con anterioridad al 28 de julio de 2019 porque, la demandante adquirió su status pensional el 15 de enero de 2019 y, solicitó el reconocimiento pensional el 28 de julio de 2022.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN4

El MEN-Fomag, señala que la demandante no cumple con los requisitos para que se le reconozca la pensión de jubilación pues, fue vinculada a la planta docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 el 23 de julio de 2010 y. en consecuencia, se impone aplicar el régimen de prima media establecido en la Ley 100 de 1993. Anota que, los tiempos cotizados bajo la modalidad de prestación de servicios no pueden tenerse en cuenta porque, no se tiene conocimiento del responsable por los aportes para pensión durante esos períodos.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA El proceso es allegado al Despacho Ponente de esta providencia el 15.01.2025actuación No. 01-, quien admite el recurso de apelación el 04.02.2025 -actuación No. 05-. El 10.03.2023 -actuación No. 010reingresa el expediente al Despacho Ponente

4 Archivo No. 031 – SAMAI Gestión Documental.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 7

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para fallo, cuyo proyecto se registra el 26.03.2025, para ser sometido a estudio de

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para fallo, cuyo proyecto se registra el 26.03.2025, para ser sometido a estudio de la Sala de Decisión quién la aprueba al día siguiente. De trámite se destaca que, los sujetos procesales no actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia para conocer en segunda instancia Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve así: Pj. ¿La demandante se vinculó a la docencia en el sector público con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y, en consecuencia, le resulta aplicable la Ley 33 de 1985 para su reconocimiento pensional?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: La Sala encuentra probado que, la señora Nohora Alicia Camacho Amaya fue vinculada al servicio oficial docente mediante contratos de prestación de servicios desde el año 1987 al 01 de enero de 2001, contrato laboral a término fijo como educadora del municipio de Simacota del 01 de febrero de 1990 al 28 de noviembre de 1990, en provisionalidad desde el 31 de marzo de 2004 al 12 de julio de 2005 y finalmente en propiedad desde el 19 de julio de 2010 al 11 de julio de 2022. De esta manera, para su reconocimiento pensional debe aplicarse lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

Veamos, Se vincula como docente en el Departamento de Santander - mediante orden de

de 2022. De esta manera, para su reconocimiento pensional debe aplicarse lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

Veamos, Se vincula como docente en el Departamento de Santander - mediante orden de prestación de servicios en los siguientes períodos -002Demanda-.

Año Duración Tiempo laborado 1987 01 de febrero de 1987 al 15 de enero de 1988 348 días 1988 a 1990 -01 de febrero de 1988 al 17 de septiembre de 1988 853 díasTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 8

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-18 de septiembre de 1988 al 04 de junio de 1990

1992 09 de junio de 1992 al 30 de julio de 1993 416 días 1993 a 1994 31 de julio de 1993 al 31 de diciembre de 1994 518 días 1995 04 de diciembre de 1995 al 24 de diciembre de 1995 20 días 1996 -05 de marzo de 1996 al 22 de mayo de 1996 -27 de mayo de 1996 al 18 de junio de 1996 100 días 1997 02 de noviembre de 1997 al 24 de noviembre de 1997 24 días 1998 a 2001 13 de enero de 1998 al 01 de enero de 2001 1.084 días Total semanas cotizadas 3.363 días

de noviembre de 1997 24 días 1998 a 2001 13 de enero de 1998 al 01 de enero de 2001 1.084 días Total semanas cotizadas 3.363 días

Posteriormente, se vinculó como docente en provisionalidad adscrita a la secretaría de Educación departamental de Santander, Veamos: Nombramiento en provisionalidad Período Resolución No. 2967 del 30 de marzo de 20045 31 de marzo de 2004 al 12 de julio de 2005 Total 466 días

Finalmente se vinculó en propiedad adscrita al mismo ente territorial Departamento de Santander, cargo ejercido hasta la fecha de presentación de la demanda, veamos: Nombramiento en propiedad Período

5 Pág. 31 Archivo No. 002Demanda.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 9

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Resolución No. 9360 del 14 de julio de 20106 19 de julio de 2010 al 19 de enero de 2020 -fecha en la que se cumplen los 20 años de servicio docenteTotal 3.471 días 7.300 días = 20 años. Bajo este hilo conductor, se encuentra acreditado que la fecha de ingreso o vinculación de la demandante al servicio educativo oficial fue el 01 de febrero de 1987 a través de contratos de prestación de servicios y, en provisionalidad desde el 31 de marzo de 2003, ambas fechas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley

vinculación de la demandante al servicio educativo oficial fue el 01 de febrero de 1987 a través de contratos de prestación de servicios y, en provisionalidad desde el 31 de marzo de 2003, ambas fechas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y, por ende, surge con nitidez que, la señora Camacho Amaya está cobijada por el régimen de pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985. A la anterior decisión se arriba con fundamento en el siguiente:

C. Marco normativo y jurisprudencial que gobierna el caso

1. Régimen pensional aplicable a los docentes. A través de Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-20197 el Consejo de Estado , en uso de su labor unificadora de jurisprudencia, precisó la existencia de dos regímenes pensionales aplicables a los docentes y especificó los criterios de aplicación de cada uno de ellos.

Al respecto sostuvo lo siguiente:

● «Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

● El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de 1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.

● Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812

15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.

● Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».

6 Ib. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. consejero ponente: César Palomino Cortés, radicación: 680012333000201500569-01, número interno: 0935-2017.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 10

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En este sentido y conforme al precedente jurisprudencial existen dos regímenes pensionales para el magisterio y la aplicación de cada uno de estos está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente y se delimita acorde a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 26 de junio de 2003. De esta forma, se concluye que para los docentes vinculados al servicio público educativo con anterioridad al 26 de junio del 2003, se aplicarán las disposiciones del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, en particular,

De esta forma, se concluye que para los docentes vinculados al servicio público educativo con anterioridad al 26 de junio del 2003, se aplicarán las disposiciones del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, en particular, la Ley 33 de 1985 en materia de pensión de jubilación y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en materia de pensión de invalidez y los docentes vinculados después de la fecha mencionada, estarán cobijados por la Ley 812 de 2003, motivo por el cual el reconocimiento de la pensión se rige por la Ley 100 de 1993. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A 8 en sentencia del 31 de agosto de 2023, determinó:

«son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial y que la aplicación de cada uno de estos está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así9

a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enli stados en el mencionado artículo.

aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enli stados en el mencionado artículo.

b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».

8 Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado: 25000 23 42 000 2019 00334 01 (3231-2021) 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ -014 -CE-S2 -2019, del 25 de abril de 2019, radicado 68001 23 33 000 2015 00569 01.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 11

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Respecto de los factores de liquidación para el personal docente vinculado con anterioridad a la Ley 812 de 2003, la normatividad aplicable es la Ley 62 de 1985, que en su artículo 1º es del siguiente contenido:

Respecto de los factores de liquidación para el personal docente vinculado con anterioridad a la Ley 812 de 2003, la normatividad aplicable es la Ley 62 de 1985, que en su artículo 1º es del siguiente contenido:

«ARTÍCULO 1. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes»

2. Requisitos para acceder a la pensión de jubilación según lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 33 de 1985. «El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

3. Vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios.

En aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y tratándose de docentes oficiales, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 10 estimó que resulta procedente contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación:

Sobre el particular, se indicó lo siguiente:

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2020, radicación: 5400123-33-000-2014-00106-01(0156-15) actor: Carmen Cecilia Matamoros Rincón, demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Rad. No. 686793333003 -2023-00043-01 Partes. Nohora Alicia Camacho Amaya vs MEN-Fomag. 12

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«la línea jurisprudencial definida por la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016 según la cual la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter perso nal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en

la cual la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter perso nal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las d iferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado»

«Ahora bien, la Sala advierte que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos escenarios con connotaciones diferentes:

i). La primera, cuando se pretende la declaración de existencia de contrato realidad con todas sus connotaciones laborales y prestacionales, en este caso, debe darse previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la entidad territorial con la cual se suscribieron los contratos a efectos de garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así mismo el total cumplimiento de la sentencia.

“ii). - La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación de

responsable y así mismo el total cumplimiento de la sentencia.

“ii). - La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, escenario en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de exigir la cuota part e de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afilia