TA SAN - Sentencia 686793333003-2023-00100-01 (26-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL: Reparación directa RADICADO: 686793333003-2023-00100-01

D+EMANDANTE:

Jazbleidy Julied Sarmiento Correa alterius.estudiojurdicio@gmail.com Gutierrezgalvis.abogado@gmail.com

DEMANDADOS:

Municipio del Socorro juridicaexterna@socorro-santander.gov.co francoabogadousta@hotmail.com Concejo Municipio del Socorro concejo@socorro-santander.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co

ASUNTO: Sentencia de Segunda Instancia TEMA: la demandante reclama el reconocimiento de unas sumas de dinero de tracto sucesivo, las que no hacen parte de un derecho efectivamente consolidado por cuanto el Estado ejerció el poder jurisdiccional de dejar sin efectos su elección —así la actora no hubiera propiciado directamente la irregularidad— y, por ende, debido a la naturaleza del acto electoral estaba sometida a la decisión que adoptara la jurisdicción de lo contencioso - administrativo la que determinó

propiciado directamente la irregularidad— y, por ende, debido a la naturaleza del acto electoral estaba sometida a la decisión que adoptara la jurisdicción de lo contencioso - administrativo la que determinó dejarlo sin efecto. No se configura el daño antijurídico

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Tercero AdministrativoReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Jazbleidy Julied Sarmiento Correa

Demandado: Municipio del Socorro Radicado. 686793333003-2023-00100-01

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Oral del Circuito de San Gil, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda:

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, la señora Jazbleidy Julied Sarmiento Correa formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso –administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al municipio del Socorro, Concejo Municipal del Socorro por el daño antijurídico que le fue causado derivado de las actuaciones irregulares en las que incurrió la referida duma y que fueron el fundamento para que su elección como personera del referido municipio hubiese sido anulada, dentro del trámite del medio de control de nulidad electoral.

En consecuencia, solicitó:

fundamento para que su elección como personera del referido municipio hubiese sido anulada, dentro del trámite del medio de control de nulidad electoral.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: Declárese patrimonialmente responsable al Municipio de Socorro – Alcaldía Municipal de Socorro – Concejo Municipal de Socorro de los perjuicios causados a la demandante, con ocasión del daño antijurídico por la realización defectuosa del concurso público y abierto para elegir personero municipal de Socorro para el período de 2020 -2024, lo que derivó en la interrupción del recibo de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales a partir de la ejecutoria de la declaratoria de nul idad electoral en el cargo de Personera Municipal de Socorro para el período 2020 – 2024, esto es, el 24 de febrero de 2022 hasta la fecha de su elección que era el 29 de febrero de 2024, incluyendo el plazo en que estuvo suspendida como fue desde 05 de marzo de 2020 hasta el 30 de julio de 2020, con los valores debidamente indexados.

SEGUNDO: Condénese al Municipio de Socorro – Alcaldía Municipal de Socorro – Concejo Municipal de Socorro, solidaria o conjuntamente, a pagar a la demandante los perjuicios materiales por la suma de doscientos millones setecientos noventa mil trescientos seis pesos colombianos ($200.790.306 COP=) por concepto de lucro cesante, valor actualizado a la fecha de presentación de la reclamación, que deberá actualizarse a la fecha que corresponda a la fecha del fallo.

TERCERO: Condénese al Municipio de Socorro – Alcaldía Municipal de Socorro –

reclamación, que deberá actualizarse a la fecha que corresponda a la fecha del fallo.

TERCERO: Condénese al Municipio de Socorro – Alcaldía Municipal de Socorro – Concejo Municipal de Socorro, solidaria o conjuntamente, al pago de los intereses moratorios que correspondan de acuerdo a la condena que se profiera.

CUARTO: Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

QUINTO: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes».

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, señalaron los siguientes:

1 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, archivo 2.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Jazbleidy Julied Sarmiento Correa

Demandado: Municipio del Socorro Radicado. 686793333003-2023-00100-01

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1. La señora Jazbleidy Julied Sarmiento Correa fue elegida personera del municipio del Socorro para el periodo 2020 – 2024 y se posesionó en el referido cargo a partir del 1 de marzo de 2020.

1. La Procuraduría General de la Nación demandó su elección como personera a

del Socorro para el periodo 2020 – 2024 y se posesionó en el referido cargo a partir del 1 de marzo de 2020.

1. La Procuraduría General de la Nación demandó su elección como personera a través del medio de control de nulidad electoral por considerar que el proceso de elección conllevó irregularidades procesales. Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil decretó la nulidad de la elección, en sentencia del 17 de junio de 2021, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 11 de enero de 2022.

1. En primera instancia, la nulidad electoral fue decretada porque el Concejo Municipal del Socorro irrespetó el plazo para las inscripciones en el concurso, previsto en el artículo 2.2.6.7 del Decreto 1083 de 2015, circunstancia que desconoció los derechos de los demás participantes. En segunda instancia, se confirmó la nulidad, porque el proceso había sido asesorado por la Organización Líderes Territoriales para el Desarrollo (OLTED), entidad que no era idónea para ese fin.

1. La declaratoria de nulidad de la elección afectó el patrimonio personal y familiar de la demandante, quien dejó de percibir el salario, la afiliación a seguridad social y demás prestaciones y emolumentos correspondientes al cargo, durante el periodo para el cual había sido elegida.

1.1.3 Fundamentos de derecho

Invocó como violados los artículos 2 y 90 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 140 del CPACA.

En desarrollo de los fundamentos jurídicos, la parte demandante expuso que las

1.1.3 Fundamentos de derecho

Invocó como violados los artículos 2 y 90 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 140 del CPACA.

En desarrollo de los fundamentos jurídicos, la parte demandante expuso que las entidades demandadas eran responsables, conforme a las siguientes razones:

1. El medio de control de reparación directa e s procedente, porque el perjuicio reclamado fue el producto de un actuar defectuoso, por dolo o culpa, de un agente estatal, como lo es el Concejo Municipal del Socorro.

1. Los concejos municipales tienen la obligación de respetar los principios de la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, cuando ejercen la función de elegir al personero. En consecuencia, cuando el Concejo Municipal del Socorro llevó a cabo un concurso de méritos irregular, generó una serie de perjuicios a la demandante, pues le impidió ejercer el derecho político a ser elegida y a disfrutar de los emolumentos a los que tenía derecho. Tal circunstancia resultó especialmente gravosa, porque el artículo 175 de la Ley 136 de 1994 impide al personero ejercer su profesión u otro cargo público o privado diferente durante el periodo de su elección.

1.2 Contestaciones de la demandaReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Jazbleidy Julied Sarmiento Correa

Demandado: Municipio del Socorro Radicado. 686793333003-2023-00100-01

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1.2.1. Municipio del Socorro2

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1.2.1. Municipio del Socorro2

Por conducto de apoderado, la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos nominados: «falta de legitimación en la causa por pasiva », « indebida escogencia del medio de control», «caducidad» y propuso los medios exceptivos innominados: «ausencia de la responsabilidad por inexistencia del daño antijurídico», «inexistencia del nexo de causalidad», « cumplimiento de una orden judicial » y la excepción genérica. También se opuso a las pretensiones de la demanda.

1.3. La sentencia apelada

El 15 de julio de 20243, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, resolvió:

«Primero: Negar las pretensiones de la demanda, conforme con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor en el sistema SAMAI».

En lo atinente al fondo del asunto, el a quo denegó las pretensiones por las siguientes razones:

1. La demandante fue vinculada y pudo ejercer su derecho de defensa dentro del proceso de nulidad electoral, con radicado: 686793333002-2020-00037-00, en el que se anuló su elección. Ese escenario procesal era el idóneo para debatir la

proceso de nulidad electoral, con radicado: 686793333002-2020-00037-00, en el que se anuló su elección. Ese escenario procesal era el idóneo para debatir la legalidad de su nombramiento como personera, razón por la cual la controversia quedó resuelta y no resulta admisible reabrirla en sede de reparación directa.

1. No se materializó el daño reclamado, pues acudir al medio de control de nulidad electoral era una carga procesal soportable. Adicionalmente, la participación de la Organización Líderes Territoriales para el Desarrollo ( OLTED) en el proceso de selección del personero, a través de un convenio, vició el trámite, razón por la cual no se causó daño a la accionante.

1. A pesar de que los actos administrativos definitivos son aquellos pasibles de control judicial, en todo caso los preparatorios o de trámite también pueden objeto de escrutinio judici al a través del acto que pone fin a la actuación mediante el ejercicio de acciones anulatorias que resulten procedentes. Como consecuencia de lo anterior, cualquier decisión adoptada d urante un acto electoral puede ser cuestionada y potencialmente anulada si se encuentra que viola las normas superiores. En el sentido contra rio, si el juez de la n ulidad electoral confirma un nombramiento, el demandado tendría derecho a solicitar una reparación por los ingresos perdidos durante el lapso que duró su suspensión provisional.

2 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, archivo 10. 3 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, archivo 22.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

2 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, archivo 10. 3 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, archivo 22.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Jazbleidy Julied Sarmiento Correa

Demandado: Municipio del Socorro Radicado. 686793333003-2023-00100-01

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1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Parte demandante4

El apoderado de la parte demand ante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a quo no resolvió el centro de la controversia, porque en el caso concreto no se debatía el nombramiento de la señora Jazbleidy Julied Sarmiento Correa en el cargo de personera municipal , sino que se reclamaban los perjuicios derivados de las deficiencias sustanciales y procesales en el proceso de selección del personero, lo que le generó un daño al dejarla sin empleo y sin salario. En otras palabras, lo que se demanda es el daño derivado por no poder ejercer adecuadamente la función nominadora.

1. La deficiencia en la función nominadora se concretó en el hecho de que el Concejo del municipio del Socorro desplegó un proceso de selección con indebida gestión, lo que posteriormente derivó en la nulidad electoral que la dejó sin empleo y salario, a pesar de que ya se había ganado un cargo público.

Concejo del municipio del Socorro desplegó un proceso de selección con indebida gestión, lo que posteriormente derivó en la nulidad electoral que la dejó sin empleo y salario, a pesar de que ya se había ganado un cargo público.

1. El daño reclamado es antijurídico , porque la demandante tenía un derecho adquirido que se materializó con el acto de elección y posterior posesión como personera municipal. Además, no tenía la obligación de soportar la cesación de sus pagos derivados de su desempeño como servidor público sólo porque el nominador realizó de forma deficiente el proceso de elección. Adicionalmente, la demandante no tenía el deber de soportar el daño en atención al principio de confianza legítima y de buena fe, según el cual los aspirantes a un cargo público tienen el derecho de acceder a la función pública, sin que deban tolerar que su derecho político sea anulado por la deficiencia en el ejercicio de la función electoral.

1. Si se asumiera que la declaratoria de nulidad electoral no puede generar un daño antijurídico, ni siquiera cuando existe una deficiente realización del proceso de elección, ello sería tanto como hacer nugatoria la posibilidad de interponer reparaciones directas y permitiría secundar que cualquier nominador pueda ejercer defectuosamente su facultad de elección, en atención a que siempre será irresponsable del ejercicio defectuoso de sus competencias.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 30 de enero de 20255 se admitió el recurso de apelación y se ordenó la notificación personal del agente del Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. La parte demandante

la notificación personal del agente del Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. La parte demandante

4 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, archivo 31. 5 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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No se presentaron.

1.6.2. La parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Ministerio Público

No se presentaron.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal, sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el

razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el daño alegado en la demanda, en segundo lugar, si las entidades demandadas son administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios presuntamente ocasionados a la señora Jazbleidy Julied Sarmiento Correa como consecuencia de la nulidad de su elección como personera del municipio del Socorro, en atención al alegado ejercicio indebido de la función electoral por parte del concejo municipal del Socorro. Finalmente, si como consecuencia de lo anterior, el ente territorial demandado debe indemnizar a la demandante con una suma equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir en el cargo de personera municipal por el lapso no ejercido del periodo para el cual había sido elegida.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De los elementos de la responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementadoReparación directa Sentencia de segunda instancia

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basado en la noción de daño antijurídico fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.6

El daño es entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito como lo refiere la sentencia del Consejo de Estado 7 del 2 de junio de 2023, Sección Tercera siendo el primer elemento que debe quedar certera y suficientemente probado8 y no es posible presumirlo porque «sin cuya existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la doctrina nacional expone:

«[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil»9.

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el daño antijurídico tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

Sobre el particular, señaló esa Corporación:10

como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

Sobre el particular, señaló esa Corporación:10

«Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de un daño cierto, qu e afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 30 de agosto de 2017, radicado 05001233100020010230001. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340. 8 Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como «…toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce

lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de repararse encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français , tesis doctoral, universidad de París 2 Panthéon -Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual del Estado ».. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35. 9 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, magistrado ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 16 de febrero de 2017, radicado 52001 -23-31-000-2001-0096001.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Jazbleidy Julied Sarmiento Correa

Demandado: Municipio del Socorro

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Demandante: Jazbleidy Julied Sarmiento Correa

Demandado: Municipio del Socorro Radicado. 686793333003-2023-00100-01

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esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece». […]

Igualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado11 ha advertido que, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito, se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del debe r de reparar quedaron concentrados en el elemento imputación.

Se ha determinado además que, la naturaleza antijurídica del daño depende de su carácter particular y anormal, así como de la inexistencia de un título jurídico válido que imponga al afectado el deber de soportarlo. Por tanto, la ocurrencia de un daño antijurídico no está atada a la ilegalidad de la acción u omisión origen de su causación, ni el derecho a su reparación depende simplemente de la demostración de una actuación irregular o defectuosa del Estado o por la generación de un perjuicio por la acción u omisión de sus agentes.12

En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño comprendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida.13

En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño comprendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida.13 El primer elemento que se debe observar en el análisis de responsabilidad, es el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito el cual, además, debe ser antijurídico, comoquiera que se constituye en un elemento necesario para declarar la responsabilidad del Estado conforme a la máxima «sin daño no hay responsabilidad y sólo ante su acreditación hay lugar a estudiar la imputación».14

De otra parte, para la configuración del elemento imputación, deben tenerse en cuenta las situaciones fácticas y jurídicas con el fin de determinar la causa eficiente del daño y el fundamento o régimen de responsabilidad aplicable.

La Sección Tercera del Consejo de Estado15 ha establecido que la imputación es la atribución que del daño antijurídico se hace al Estado, lo que obliga a repararlo. En esta noción se comprenden los causados en ejercicio de la función pública y con ocasión de aquella, siempre en consonancia con los criterios o causales de imputación desarrollados. Es decir que, verificada la ocurrencia de un daño antijuridico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente con la finalidad de hacer efectivo el principio neminen laedere.

En consecuencia, la configuración de los anteriores elementos permite declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, la cual origina perjuicios que

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente: María Adriana Marín,

En consecuencia, la configuración de los anteriores elementos permite declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, la cual origina perjuicios que

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente: María Adriana Marín, sentencia del 9 de abril de 2021, radicación 68001-23-33-000-2013-0011201 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia del 26 de enero de 2022, radicado 25-000-23-26-000-2011-01023-01. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente: María Adriana Marín, sentencia del 24 de septiembre de 2021, radicado 85001-23-31-000-2011-00214-01 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente: María Adriana Marín, sentencia del 30 de agosto de 2022, radicado 76001-23-31-000-2010-01727-02 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, magistrado ponente: Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 19 de febrero de 2024, radicado 25000-23-26-000-2011-00220-01Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Jazbleidy Julied Sarmiento Correa

Demandado: Municipio del Socorro Radicado. 686793333003-2023-00100-01

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Radicado. 686793333003-2023-00100-01

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corresponden ser indemnizados a favor de quien sufrió el daño siempre que no se encuentre en el deber de soportarlo. Para el efecto, debe partirse de diferentes títulos de imputación establecidos en los precedentes jurisprudenciales y doctrinales los cuales se clasifican en la falla o falta en la prestación del servicio , el daño especial y el riesgo excepcional.16

Ahora bien, respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en el cumplimiento de los deberes, la Sección Tercera del Consejo de Estado 17 ha señalado lo siguiente:

«en los casos en los que se estudia la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio. Es decir, que debe establecerse que los perjuicios reclamados son imputables al incumplimiento de una obligación determinada. “(…) para atribuir responsabilidad al Estado por omisión consistente en el incumplimiento de un deber legal se debe establecer i) que existía la obligación y que la misma no fue cumplida satisfactoriamente y ii) que la omisión fue la causa del daño, es decir, que de no haberse incurrido en la omisión de cumplimiento de obligaciones atribuidas por el ordenamiento jurídico no se hubiese materializado el daño”18».

Igualmente, se ha mencionado que:19

haberse incurrido en la omisión de cumplimiento de obligaciones atribuidas por el ordenamiento jurídico no se hubiese materializado el daño”18».

Igualmente, se ha mencionado que:19

«en los casos en que se imputa a las autoridades públicas la omisión en el cumplimiento de sus deberes, es preciso identificar los preceptos de orden constitucional, legal y reglamentario, así como los pronunciamientos judiciales, que hubieren precisado el a