TA SAN - Sentencia 686793333003-2023-00159-01 (21-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Santander contra la sentencia de primera instancia proferida el 2 de julio de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante la cual se ampararon los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público , la defensa del patrimonio público y a la seguridad pública.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 03 índice SAMAI, archivo 02. MEDIO DE CONTROL Protección de los derechos e intereses colectivos EXPEDIENTE 686793333003-2023-00159-01 DEMANDANTE Luis Emilio Cobos Mantilla luisecobosm@yahoo.com.co

DEMANDADO

Municipio de Cimitarra notificacionjudicial@cimitarra-santander.gov.co pradilla.abogados@gmail.com VINCULADOS Departamento de Santander diegoh8722@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos

notificacionjudicial@cimitarra-santander.gov.co pradilla.abogados@gmail.com VINCULADOS Departamento de Santander diegoh8722@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Puente peatonal. Afectación al tránsito peatonal por deterioro de la infraestructura del puente que conecta el casco urbano del municipio de Cimitarra con la «Vereda Brillantina». Se confirma sentencia de primera instancia.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra Radicado: 686793333003-2023-00159-01

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En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 1 44 del CPACA, el señor Luis Emilio Cobos Mantilla formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos colectivos de que tratan los literales d), e) y g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Que se ordene al ALCALDE MUNICIPAL DE CIMITARRA – SANTANDER, garantizar el uso y goce del bien de uso público, patrimonio público y la seguridad pública para que todas las personas, que residan o

«PRIMERO: Que se ordene al ALCALDE MUNICIPAL DE CIMITARRA – SANTANDER, garantizar el uso y goce del bien de uso público, patrimonio público y la seguridad pública para que todas las personas, que residan o transitan por el lugar referenciado, no resulten afe ctados por las omisiones, como derecho he interés colectivo establecido en el artículo 4 numeral D, E y G de la LEY 472 de 1.998.

SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior se ordene al ALCALDE MUNICIPAL DE CIMITARRA - SANTANDER, reconstruir el puente peatonal ubicado sobre el RIO GUAYABITO, que une la vereda LA BRILLANTINA, con el casco urbano del MUNICIPIO DE CIMITARRA, el cual está casi destruido totalmente desde hace varios años.

TERCERO: Ordenar el cumplimiento inmediato de las accion es que se consideren necesarias para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivo aquí violados, otorgando un término perentorio para tal caso.

CUARTO: Que se condene en costas a la parte demandada. » (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El puente peatonal que atraviesa el río Guayabito y conecta el casco urbano del municipio de Cimitarra con la «Vereda Brillantina» se encuentra en estado de deterioro en razón a la falta de mantenimiento , lo cual ha ocasionado el abandono del bien de uso p úblico y, además, su estado representa un riesgo para la vida y la integridad de quienes lo utilizan a diario.

estado de deterioro en razón a la falta de mantenimiento , lo cual ha ocasionado el abandono del bien de uso p úblico y, además, su estado representa un riesgo para la vida y la integridad de quienes lo utilizan a diario.

1. La comunidad ha solicitado al municipio durante los últimos diez años la reparación de la estructura del puente; sin embargo, no han obtenido una solución adecuada, razón por la cual se configura la vulneración de los derechos colectivos de la población qu e reside en la «Vereda Brillantina» y demás transeúntes que usan el mencionado puente peatonal.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Municipio de Cimitarra2

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Es cierto que existe una necesidad de intervenir el puente peatonal; sin embargo, el municipio no cuenta con la apropiación presupuestal destinada a la

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 09 índice SAMAI, archivo 12.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra Radicado: 686793333003-2023-00159-01

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ejecución de la obra requerida por la parte demandante y, por tanto, en virtud de los principios legales de concurrencia y subsidiariedad, es pertinente la vinculación del departamento de Santander y la Unidad de Gestión de Riesgo

ejecución de la obra requerida por la parte demandante y, por tanto, en virtud de los principios legales de concurrencia y subsidiariedad, es pertinente la vinculación del departamento de Santander y la Unidad de Gestión de Riesgo ante la incapacidad presupuestal del municipio para destinar fondos a la reparación del insumo peatonal.

1.2.2 Departamento de Santander3

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: « falta de legitimación en la causa por pasiva », «improcedencia de la acción popular por inexistencia de acciones u omisiones del departamento de Santander» e «inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción popular». A demás, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. En el presente caso se encuentra probada la falta de legitimación en la causa por pasiva , dado que la omisión que atribuye la parte demandante se encuentra dirigida principalmente respecto de la competencia del municipio de Cimitarra, entidad territorial a la cual le corresponde a tender las necesidades derivadas del riesgo que representan los puentes peatonales ubicados en su jurisdicción.

1. El departamento de Santander no es responsable de la vulneración alegada, en razón a que no existe un incumplimiento de los deberes por acción u omisión dado que el objeto de la demanda se dirige respecto de actuaciones que incumben a las autoridades municipales.

1. La parte demandante no radicó ninguna solicitud ante el departamento de Santander con la finalidad de dar cumplimiento al requisito previo contemplado en

omisión dado que el objeto de la demanda se dirige respecto de actuaciones que incumben a las autoridades municipales.

1. La parte demandante no radicó ninguna solicitud ante el departamento de Santander con la finalidad de dar cumplimiento al requisito previo contemplado en el artículo 144 del CPACA, lo que no permitió que surgiera un espacio de diálogo entre la entidad y la parte actora.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante sentencia del 2 de julio de 2025, resolvió:

«Primero: Declarar no probadas las excepciones propuestas por el Departamento de Santander, según lo expuesto en la parte motiva de la decisión.

Segundo: Declarar probada la vulneración los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad pública; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; de la comunidad estudiantil de la Institución Educativa CICA – Colegio Integrado El Carare del municipio de Cimitarra, así como de las personas que resid en y eventualmente lo vayan a transitar, de conformidad con la parte considerativa del presente fallo.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 68 índice SAMAI, archivo 75. 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 112 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra Radicado: 686793333003-2023-00159-01

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Tercero: Como consecuencia de numeral que antecede, se ordena, a los representantes legales del Municipio de Cimitarra y; el Departamento de Santander, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia,

subsidiariedad y complementariedad, que:

a. Dentro del término de dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, se realice visita técnica presencial al predio del Colegio CICA “Colegio Integrado El Carare”, en donde se encuentra ubicado el puente colgante peatonal sobre el Río Guayabito, que une la vereda La Brillantina, con el casco urbano del Municipio de Cimitarra, y se actualice o se elabore un nuevo concepto técnico, de conformidad con las características y condiciones en que se encuentre el puente colgante referido y se establezca de manera técnica cual forma es la más conveniente, si su demolición total y construcción de un puente colgante peatonal nuevo, o en caso contrario, su reparación y/o reconstrucción.

b. Dentro del periodo de dos (2) meses siguientes a la actualización o elaboración del nuevo concepto técnico ordenado anteriormente, se proceda a radicar los proyectos y/o a concretar las gestiones necesarias para la consecución de recursos y/o financiación para la demolición total y

elaboración del nuevo concepto técnico ordenado anteriormente, se proceda a radicar los proyectos y/o a concretar las gestiones necesarias para la consecución de recursos y/o financiación para la demolición total y construcción de uno nuevo, o en caso contrario, su reparación y/o reconstrucción, de acuerdo con las conclusion es del nuevo concepto técnico.

c. El plazo para cumplir con las recomendaciones u ordenes dispuestas en el Concepto Técnico no podrá superar el término de seis (6) meses, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, incluidos los trámites y procedimientos administrativos, presupuestales, contables y contractuales que se requieran, acorde a las necesidades del lugar, con las especificaciones técnicas, normativas y demás exigibles a ese tipo de infraestructura.

Cuarto: Se ordena c onformar el comité de verificación, integrado por el Juez Tercero Administrativo de San Gil, quien lo presidirá, el actor popular, la representante del Ministerio Público delegada ante este Despacho y el municipio de Cimitarra (por intermedio de las depend encias que tenga injerencia en el cumplimiento de las ordenes establecidas), y el Departamento de Santander (por intermedio de las dependencias que tenga injerencia en el cumplimiento de las ordenes establecidas). Una vez ejecutoriada la presente decisión, el comité deberá rendir informes cada 3 meses, en los cuales precise las gestiones adelantadas para el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas, hasta que las obligaciones se satisfagan en su integridad.

Quinto: Condenar en costas al municipio de Cimi tarra y al Departamento de Santander; a favor del actor popular, el señor Luis Emilio Cobos Mantilla; valor

obligaciones se satisfagan en su integridad.

Quinto: Condenar en costas al municipio de Cimi tarra y al Departamento de Santander; a favor del actor popular, el señor Luis Emilio Cobos Mantilla; valor que deberá liquidarse de conformidad con el artículo 366 del CGP.

Sexto: Envíese copia del auto admisorio de la demanda y del fallo definitivo a la Defensoría del Pueblo, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

Séptimo: En firme este proveído, expídanse a costa de la parte solicitante, copia auténtica de esta providencia, con las constancias de ser primera copia auténtica que presta mérito ejecutivo; la misma anotación se dejará en el expediente (art.

114 C.G.P.).

Octavo: En firme esta providencia, por conducto de la Secretaría, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI»

En lo correspondiente al fondo del asunto , el a quo sustentó la decisión en los siguientes argumentos:Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra Radicado: 686793333003-2023-00159-01

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1. Con base en el concepto técnico aportado por el secretario de Obras Públicas e Infraestructura del municipio de Cimitarra , se acreditó el estado de deterioro en el que se encuentra el puente peatonal que conecta al municipio de

1. Con base en el concepto técnico aportado por el secretario de Obras Públicas e Infraestructura del municipio de Cimitarra , se acreditó el estado de deterioro en el que se encuentra el puente peatonal que conecta al municipio de Cimitarra con la «Vereda Brillantina».

1. Mediante el certificado de libertad y tradición del predio se comprobó que el inmueble en el que se encuentra ubicado el puente colgante es propiedad del municipio de Cimitarra; sin embargo, está a una distancia considerable del Colegio CICA Colegio Integrado del Carare, cuya licencia de funcionamiento o reconocimiento fue expedida por el departamento de Santander.

1. En lo ateniente a las indicaciones consignadas en el concepto técnico núm.038 emitido por el funcionario adscrito al municipio de Cimitarra, se advierte que si bien se concluyó que previo a efectuar cualquier intervención o modificación sobre el puente peatonal era necesario que se adquirieran los permisos de servidumbres d el propietario del inmueble en que se encuentra ubicado Colegio CICA Colegio Integrado del Carare, en razón a que se comprobó que dicho predio es propiedad del municipio de Cimitarra, no resulta necesaria dicha autorización.

1. En virtud de lo expuesto, se configura la vulneración de los derechos e intereses colectivos de que tratan los literales d), e) y g ) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 de las personas que residen en el municipio y eventualmente transiten por el puente peatonal, por cuanto se determinó que el municipio de Cimitarra y el departamento de Santander no iniciaron las acciones administrativas y presupuestales orientadas a mitigar la problemática existente.

transiten por el puente peatonal, por cuanto se determinó que el municipio de Cimitarra y el departamento de Santander no iniciaron las acciones administrativas y presupuestales orientadas a mitigar la problemática existente.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Departamento de Santander5

El departamento de Santander, por conducto de apoderado judicial, en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia conforme a los siguientes argumentos:

1. El a quo incurrió en un error al desconocer las competencias y atribuciones legales del ente departamental frente al asunto objeto de estudio, relacionado con la reconstrucción del puente peatonal ubicado sobre el río Guayabito, estructura que conecta la «Vereda Brillantina» con el casco urbano del municipio de Cimitarra, en razón a que la responsabilidad sobre la estructura peatonal corresponde al municipio y no al departamento de Santander, toda vez que el predio donde se enc uentra construido el puente e s de propiedad municipal , afirmación que también surge de la Ley 1228 de 2008 que asignó la competencia directamente a la entidad territorial respectiva.

1. La sentencia de primera instancia negó las excepciones propuestas por el departamento de Santander para lo cual se fundó en que la licencia de funcionamiento del Colegio Integrado del Carare, institución educativa del municipio de Cimitarra, fue otorgada por el departamento de Santander, aspecto

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 117 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra Radicado: 686793333003-2023-00159-01

Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra Radicado: 686793333003-2023-00159-01

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que no resultaba relevante para el objeto de la acción popular, debido a que guarda ninguna relación la licencia de funcionamiento con la reconstrucción del puente peatonal.

1. La responsabilidad sobre la reconstrucción del puente peatonal está determinada por la ubicación del predio el cual se encuentra ubicado sobre el río Guayabito que comunica la «Vereda Brillantina » con el casco urbano del municipio de Cimitarra y, por consiguiente, su reparación correspondía a dicha entidad territorial, de acuerdo con la ley y la asignación de competencias previstas para la infraestructura vial.

1. Aunado a lo anterior, no se encuentra prueba alguna mediante la cual se pueda concluir que el departamento de Santander puso en riesgo o amenaza los derechos colectivos invocados, razón por la cual debió prosperar la excepción de legitimación en la causa por pasiva.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 6 de agosto de 20256 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no emitieron concepto de fondo ni allegaron pronunciamiento alguno.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer en segunda instancia de las decisiones adoptadas por los jueces administrativos de su jurisdicción, de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si tiene vocación de prosperidad la excepción de falta de legitimación en la ca usa por pasiva promovida por el departamento de Santander y despachada adversamente por el a quo, respecto de las responsabilidades que le atribuyó de forma subsidiaria y concurrente con el municipio de Cimitarra para la reconstrucción del puente peatonal que conecta el casco urbano del municipio de Cimitarra con la «Vereda Brillantina», o, si por el contrario, es responsabilidad exclusiva de este último ente municipal la financiación para la demolición total y constru cción de uno nuevo, o

6 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia

Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra

6 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra Radicado: 686793333003-2023-00159-01

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en caso contrario, su reparación y/o reconstrucción, de acuerdo con las conclusiones del concepto técnico.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o siempre que exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la om isión de las autoridade s, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones 7 acerca de la naturaleza de la acción popular y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:

«[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos cons titucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota

específico de derechos cons titucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obra r por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de natu raleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]».8

En relación con el carácter preventivo de las acciones populares , tanto la Corte Constitucional9 como el Consejo de Estado10, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, puesto que la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.

Según lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado en forma reiterada,11 los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades

Según lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado en forma reiterada,11 los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes

7 Véanse las sentencias C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez; T466 de 2003, magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra; T -443 de 2013; y T -254 de 2014, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. 8 Corte Constitucional, sente ncia T -443 de 2013; magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 9 Sentencia C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2004, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, radicación número: 2002-2693-01. 11 Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia del 5 de marzo de 2015, radicación 15001233300020130008601.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra Radicado: 686793333003-2023-00159-01

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legales;12 ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o

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legales;12 ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses mencionados.13

2.3.2. Del derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público

El artículo 82 de la Constitución Política, prevé:

«[…] Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común […]»

A su turno, respecto a la protección del espacio público, la Corte Constitucional14 determinó su importancia por estar íntimamente relacionada con la calidad de vida de las personas.

En ese sentido, indicó:

«El Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una protección expresa de rango constitucional. Esta decisión resulta claramente compatible con los principios que orientan la Carta Política y con el señalamiento del tipo de Estado en el que aspiran vivir los colombianos. Sin duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a Colombia como un Estado social de derecho guarda relación con la garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.), el

manifestaciones del principio constitucional que identifica a Colombia como un Estado social de derecho guarda relación con la garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre (ibid.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habitantes. De otra parte, la calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades . De esta manera, la defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad. En tercer lugar, algunas de las formas en las que se mat erializa la democracia participativa que sustenta la estructura del Estado colombiano van de la mano de la existencia de espacios abiertos de discusión en los que las personas puedan reunirse y expresarse libremente. El espacio público es, entonces, el ágora más accesible en la que se encuentran y manifiestan los ciudadanos»

Por su parte, el Decreto 1504 de 1998 mediante el cual se reglamentó el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial, dispone que el Estado representado en sus municipios, debe dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás

12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de junio de 2011, consejera ponente:

Estado representado en sus municipios, debe dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás

12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de junio de 2011, consejera ponente: María Elizabeth García González., radicado 25000232700020050065401. 13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de junio de 2011, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 50001233100020040064001. 14 Referencia: expediente D-3721, magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 64, parcial, de la Ley 675 de 2001, demandante: José Miguel de la Calle Restrepo.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de Cimitarra Radicado: 686793333003-2023-00159-01

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usos del suelo y definió en su a