TA SAN - Sentencia 686793333003-2025-00155-01 (27-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: Acción de tutela RADICADO: 686793333003-2025-00155-01

ACCIONANTE:

Nicolasa Cáceres Castro casojuntascomunales@gmail.com

ACCIONADO:

Nación, Ministerio de Educación Nacional notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co Departamento de Santander, Secretaría de Educación notificaciones@santander.gov.co notificaciones@santander.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: Tutela derecho fundamental a la educación para la continuidad de los estudios de educación media mediante los Ciclos Lectivos Especiales Integrado, CLEI

Decide la Sala la impugnación presentada contra la sentencia del 19 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, mediante la cual se tuteló el derecho fundamental de la accionante a la educación.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

Circuito Judicial de San Gil, mediante la cual se tuteló el derecho fundamental de la accionante a la educación.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Nicolasa Cáceres Castro promovió demanda en procura de

1 Expediente digital, actuación 03 índice SAMAI, archivo 002.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia Accionante: Nicolasa Cáceres Castro Accionado: Ministerio de Educación Nacional y otro Radicado 686793333003-2025-00155-00

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obtener el amparo de su derecho fundamental a la educación.

En consecuencia, solicitó:

«Con base en la urgencia manifiesta, solicito a usted, señor(a) Juez, que se tutelen nuestros derechos fundamentales y, como medida de protección inmediata, se ordene a Secretaría de Educación Departamento de Santander, Gobernación de Santander y ministerio de educación, Reanudar de manera inmediata y urgente la prestación del servicio educativo del programa programas flexibles bachillerato SAT para garantizar nuestra continuidad y permitirnos culminar el presente año lectivo.

1. En caso de que sea materialmente imposible reanudar el mismo programa, se ordene a las entidades implementar una solución educativa alternativa, equivalente y pertinente, en un término no mayor a por ejemplo, 5 días, que nos permita continuar con nuestros estudios sin perder el año cursado.

ordene a las entidades implementar una solución educativa alternativa, equivalente y pertinente, en un término no mayor a por ejemplo, 5 días, que nos permita continuar con nuestros estudios sin perder el año cursado.

2. Que se garantice la financiación y continuidad del programa hasta su culminación, protegiendo a la cohorte de estudiantes que ya habíamos iniciado »

(Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Se exponen como hechos relevantes de la acción de tutela, los siguientes:

1. La señora Nicolasa Cáceres Castro vive en la vereda El Centro, en el municipio de Galán y se inscribió en el programa de educación para jóvenes adultos implementado por el departamento de Santander, denominado « programas flexibles por Ciclos Lectivos Especializados Integrados , CLEI», dirigido a la población rural dispersa y vulnerable del municipio de Galán, a efectos de cursar el bachillerato, para así terminar lo estudios de educación básica.

1. Actualmente, la señora Nicolasa Cáceres Castro aprobó el ciclo cuatro del programa, mediante el Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT, con aprobación de la totalidad de las materias para grado octavo y noveno . Por su parte, e n 2025 debía cursar los ciclos cinco y seis equivalentes a décimo y once grado, respectivamente. No obstante, el programa fue interrumpido y se dio por terminado sin justificación, razón por la cual la accionante no pudo dar continuidad a sus estudios, situación que afecta, no solo su proceso formativo, sino su proyecto de vida, dado que dicho programa de educación representaba la única posibilidad viable de acce der a la educación, dadas las barreras

continuidad a sus estudios, situación que afecta, no solo su proceso formativo, sino su proyecto de vida, dado que dicho programa de educación representaba la única posibilidad viable de acce der a la educación, dadas las barreras económicas y geográficas que enfrenta la comunidad de su vereda para ver materializado su eficaz acceso al mencionado derecho.

1.2. Intervenciones

1.2.1. Departamento de Santander, Secretaría de Educación2

1. La suspensión del programa de bachillerato del Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT, obedeció a causas técnicas y presupuestales, ajenas a la competencia del departamento de Santander . En ese sentido, aunque se

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 8 índice SAMAI, archivo 12.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia Accionante: Nicolasa Cáceres Castro Accionado: Ministerio de Educación Nacional y otro Radicado 686793333003-2025-00155-00

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suscribió el contrato CO1.PCCNTR.61411717 del 22 de marzo de 2024 y su correspondiente acta de inicio , la ejecución no pudo mantenerse durante 2025 comoquiera que los recursos provenientes del Ministerio de Educación Nacional, asignados a través del Sistema General de Participa ciones, resultaron insuficientes e ingresaron de manera tardía, es decir tan solo a comienzos del segundo semestre. De manera que para ese momento, el calendario escolar se encontraba avanzado, circunstancia de gran relevancia, toda vez que el modelo

insuficientes e ingresaron de manera tardía, es decir tan solo a comienzos del segundo semestre. De manera que para ese momento, el calendario escolar se encontraba avanzado, circunstancia de gran relevancia, toda vez que el modelo SAT exigía un mínimo de ocho meses de aplicación continua, condición imposible de cumplir sin afectar la calidad del servicio educativo.

1. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación del departamento de Santander realizó gestiones reiteradas ante el Gob ierno Nacional para obtener la financiación necesaria, de modo que logró apropiar $1.200.000.000 con recursos de la entidad territorial —$400.000.000 iniciales y $800.000.000 adicionales—, con la finalidad de garantizar la continuidad del programa en la siguiente vigencia escolar. Sin embargo, la implementación del SAT depende de la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de la Ciencia , FUNDAEC, entidad titular del modelo, que impone condiciones técnicas obligatorias como la formación de tutores, la entrega de textos y el pago de derechos de uso. En ese orden de ideas, FUNDAEC, mediante Oficio del 23 de julio de 2025, comunicó su decisión de no autorizar la aplicación del SAT en Santander durante el año en curso, dado que no se cumplía el requisito mínimo de duración de ocho meses.

1. Por otra parte, existen alternativas oficiales y equivalentes, particularmente los Ciclos Lectivos Especiales Integrados, CLEI. Dichos programas, avalados por el Ministerio de Educación Nacional, permiten homologar los logros alcanzados en el SAT y continuar la formación en los niveles correspondientes, para así garantizar la permanencia y la culminación del ciclo educativo. En el municipio de Galán, se encuentran disponibles instit uciones como el Instituto Integrado

en el SAT y continuar la formación en los niveles correspondientes, para así garantizar la permanencia y la culminación del ciclo educativo. En el municipio de Galán, se encuentran disponibles instit uciones como el Instituto Integrado Alfonso Gómez Gómez y el Instituto San Isidro, que ofrecen esta modalidad sin costo alguno para los estudiantes.

1. Finalmente, la presente tutela es improcedente, dado que no puede utilizarse este medio constitucional para imponer la reanudación de un modelo pedagógico específico cuando existen otros medios idóneos que aseguran el derecho presuntamente vulnerado, máxime, si la reanudación inmediata del SAT no es jurídica ni materialmente viable, comoquiera que depende de una metodología externa y de un periodo mínimo de implementación que excede el calendario escolar vigente. Ahora bien, la entidad accionada se compromete a reactivar el programa a partir de l próximo año lectivo, una vez se cumplan las condiciones técnicas y presupuestales exigidas.

1.2.2. Nación, Ministerio de Educación Nacional

La entidad accionada fue notificada del auto admisorio el 9 de septiembre de 20253 y, no obstante, guardó silencio.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 7 índice SAMAI, archivo 9, folio 3.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia Accionante: Nicolasa Cáceres Castro Accionado: Ministerio de Educación Nacional y otro Radicado 686793333003-2025-00155-00

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Radicado 686793333003-2025-00155-00

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1.3. La Sentencia Impugnada4

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante sentencia del 19 de septiembre de 2025, resolvió:

«Primero: Tutelar el derecho fundamental a la educación de la señora Nicolasa Caseres Castro identificada con cedula de ciudadanía No 28.134.095 conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Segundo: Ordenar a los accionados Departamento De Santander – Secretaría De Educación Departamental De Santander o a quien corresponda, para que en el término máximo de diez (10) contados a partir de la notificación de esta providencia, realice el trámite de asignación de cupo para la continuación y finalización de los estudios básicos secundarios de la accionante en una de las instituciones autorizadas para la prestación del servicio académico en el

Municipio de Galán – Santander.

Tercero: Notificar el presente proveído a las partes, por el medio más expedito o en la forma señalada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Contra la presente decisión procede el recurso de impugnación, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación (por medios tecnológicos y el canal digital dispuesto para tal fin), en el evento de no mediar impugnación, una vez ejecutoriada, se ordena su remisión a la H. Corte

deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación (por medios tecnológicos y el canal digital dispuesto para tal fin), en el evento de no mediar impugnación, una vez ejecutoriada, se ordena su remisión a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.»

Para tal efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. En atención a los hechos expuestos y al material probatorio obrante en el expediente, se observa que la señora Nicolasa Cáceres Castro interpuso la presente acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental a la educación, el cual estima vulnerado ante la interrupción injustificada de su proceso académico; en ese sentido, de las pruebas allegadas al proceso, se extrae que la accionante era estudiante activa del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural, IDEAR, dentro del programa Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT, de los Ciclos Lectivos Especiales Integrados, CLEI y que su proceso educativo se vio interrumpido al finalizar el ciclo cuarto —grados octavo y noveno—, razón por la cual no pudo cursar los ciclos quinto y sexto —décimo y undécimo grado—.

1. Por otro lado, de la respuesta remitida por la Secretaría de Educación de Santander se desprende que existen alternativas institucionales plenamente habilitadas en el municipio de Galán, lugar de residencia de la accionante, para cursar los grados faltantes . En efecto, la entidad territorial aportó el archivo de excel núm. 016, mediante el cual se relacionan las instituciones autorizadas para la prestación del servicio educativo a personas adultas, tales como, el Instituto

cursar los grados faltantes . En efecto, la entidad territorial aportó el archivo de excel núm. 016, mediante el cual se relacionan las instituciones autorizadas para la prestación del servicio educativo a personas adultas, tales como, el Instituto Integrado Alfonso Gómez Gómez y el Instituto San Isidro. La prueba en mención reviste relevancia sustancial, dado que acredita la existencia de cupos, programas y modalidades disponibles para cursar lo s ciclos lectivos faltantes dentro del municipio, bajo esquemas flexibles que reconocen los logros académicos previamente alcanzados. La normativa educativa vigente, en particular, la relativa a los Ciclos Lectivos Especiales Integrados, CLEI, contempla

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 8 índice SAMAI, archivo 12.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia Accionante: Nicolasa Cáceres Castro Accionado: Ministerio de Educación Nacional y otro Radicado 686793333003-2025-00155-00

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estas modalidades como instrumentos pedagógicos diseñados para garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de la educación básica y media por parte de la población adulta, conforme a los principios de accesibilidad, pertinencia y continuidad formativa.

1. En consecuencia, la omisión de las entidades accionadas en facilitar la incorporación de la accionante a alguna de las instituciones educativas habilitadas configura una vulneración efectiva de su derecho fundamental a la educación, comoquiera q ue el carácter transformador y digno de la educación

incorporación de la accionante a alguna de las instituciones educativas habilitadas configura una vulneración efectiva de su derecho fundamental a la educación, comoquiera q ue el carácter transformador y digno de la educación de adultos, exige respuestas institucionales eficaces, sensibles y ajustadas a las condiciones particulares de quienes retoman su proceso formativo en etapas posteriores de la vida. En ese sentido, en el caso concreto, aunque el sistema educativo dispone de mecanismos ordinarios suficientes para la satisfacción de este derecho, su inobservancia administrativa privó a la tutelante de la posibilidad real de continuar sus estudios.

1.4. La impugnación

1.4.1. Departamento de Santander, Secretaría de Educación5

La entidad accionada en su escrito de impugnación solicitó revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual, refirió los siguientes argumentos en el escrito de impugnación:

1. La Secretaría de Educación del Departamento de Santander en cumplimiento de su misión constitucional y legal, garantiza plenamente el derecho fundamental a la educación mediante una amplia oferta de programas educativos. Dentro de estos mecanismos se encuentr an la educación regular, los programas flexibles para jóvenes y adultos, y los Ciclos Lectivos Especiales Integrados, CLEI, modalidad reconocida formalmente por la Ley General de Educación, que permite avanzar de manera ágil y estructurada en los niveles básico y medio sin afectar la calidad del aprendizaje. Con esta diversidad de opciones, la entidad territorial asegura que ningún ciudadano quede excluido del sistema educativo.

1. Asimismo, los CLEI constituyen una modalidad formal y válida para continuar los estudios, especialmente dirigida a personas con rezago educativo,

opciones, la entidad territorial asegura que ningún ciudadano quede excluido del sistema educativo.

1. Asimismo, los CLEI constituyen una modalidad formal y válida para continuar los estudios, especialmente dirigida a personas con rezago educativo, razón por la cual garantizan la homologación de los logros alcanzados en otros programas como el Sistema de Aprendizaje Tutorial , SAT. En ese sentido , quienes cursaron y aprobaron ciclos en el SAT pueden continuar su formación sin perder el año lectivo, en aplicación del principio de continuidad educativa reconocido por la Corte Constitucional. En consecuencia, esta equivalencia demuestra la existencia de mecanismos adecuados para asegu rar la permanencia y culminación del proceso formativo.

1. Por último, se discrepa de la conclusión del juez de primera instancia según la cual se vulneraron los derechos de la accionante por falta de notificación

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 12 índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia Accionante: Nicolasa Cáceres Castro Accionado: Ministerio de Educación Nacional y otro Radicado 686793333003-2025-00155-00

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de la oferta institucional , dado que se informó a los estudiantes del programa SAT, tanto a través del grupo de calidad educativa como mediante el portal web de la Gobernación de Santander , sobre las instituciones habilitadas para continuar sus estudios. Sin embargo , el proceso de matrícula depende de la gestión individual de cada estudiante. En consecuencia, no se configuró

de la Gobernación de Santander , sobre las instituciones habilitadas para continuar sus estudios. Sin embargo , el proceso de matrícula depende de la gestión individual de cada estudiante. En consecuencia, no se configuró vulneración alguna y , de cualquier manera, la acción de tutela resu lta improcedente, en la medida en que la accionante cuenta con otros mecanismos efectivos para garantizar su derecho fundamental a la educación.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Por la naturaleza del asunto, esta Sala de Decisión, es competente para conocer de la impugnación del fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, conforme a lo consagrado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. El problema jurídico

En consonancia con la motivación del fallo de primera instancia y los argumentos del recurso de apelación , el problema jurídico se contrae a establecer si el departamento de Santander , Secretaría de Educación vulneró el derecho a la educación de Nicolasa Cáceres Castro, al no haber gestionado e informado a la accionante alternativas para dar continuidad a sus estudios de educación media que le permitieran cursar el grado décimo y once dentro los programas de educación flexibles para adultos, particularmente, dentro del programa de Ciclos Lectivos Especiales Integrados , CLEI, una vez fue dado por terminado el programa en que venía cursando sus estudios la accionante, esto es, el Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, dirigido a la población rural.

2.3. De la acción de tutela

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legale s que regulan la acción de tutela, esta puede ejercerse con el objeto de reclamar ante la

de Aprendizaje Tutorial SAT, dirigido a la población rural.

2.3. De la acción de tutela

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legale s que regulan la acción de tutela, esta puede ejercerse con el objeto de reclamar ante la jurisdicción, a través de un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando se vean amenazados o vulnerados por acci ón u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

La acción de tutela tiene su origen en el artículo 86 de la constitución política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria, esto es que, no suple a los mecanismos judiciales ordinarios, sino que entra a operar ante la inexistencia de estos o cuando pese a existir no se tornan en el medio eficaz para la defensa de sus derechos fundamentales.

Por ende, cuando el interesado tiene la oportunidad de acceder a la administración de justicia haciendo uso de los instrumentos constitucional y legalmente esta blecidos acorde con las competencias y procedimientos paraAcción de tutela Sentencia de segunda instancia Accionante: Nicolasa Cáceres Castro Accionado: Ministerio de Educación Nacional y otro Radicado 686793333003-2025-00155-00

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obtener la protección de sus derechos fundamentales y no lo hace, no resulta válido instaurar la acción de tutela, salvo que se promueva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 6

obtener la protección de sus derechos fundamentales y no lo hace, no resulta válido instaurar la acción de tutela, salvo que se promueva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 6

2.4. Del derecho a la educación

La Constitución Política en su artículo 67 establece el derecho fundamental a la educación, bajo el siguiente tenor:

«La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura […]»

A su turno, los artículos 365 y 366 ibidem imponen al Estado el deber de «asegurar la prestación continua y eficiente del se rvicio educativo», de manera que se debe priorizar la inversión de recursos públicos en su financiación. Dicha obligación ha sido reiterada por los instrumentos internacionales de derechos humanos y por pronunciamientos de la Cortes Constitucional, como sucede con la Sentencia SU -032 de 2022, en la cual se enfatizó que «la educación es un multiplicador de derechos, porque permite acceder a la ciencia, la cultura y el conocimiento, garantizando la igualdad de oportunidades y el desarrollo social».

Asimismo, esa Corporación en la Sentencia T -343 de 2021, sostuvo que el derecho a la educación tiene «carácter autónomo y esencial para la efectividad del principio de igualdad», en la medida en que promueve el desarrollo integral de las personas, facilita el ejerc icio de otros derechos y materializa la dignidad humana. En la doctrina constitucional se ha destacado que la educación cumple varias dimensiones dado que: i) es un servicio público; ii) un derecho—deber, iii)

de las personas, facilita el ejerc icio de otros derechos y materializa la dignidad humana. En la doctrina constitucional se ha destacado que la educación cumple varias dimensiones dado que: i) es un servicio público; ii) un derecho—deber, iii) un derecho fundamental en ciertos contextos y iv) un derecho de carácter prestacional, cuya satisfacción depende de la disponibilidad de recursos y de la regulación legal aplicable.

En cuanto a su contenido esencial, la sentencia ibidem reconoció que el derecho a la educación se compone de cuatro dimensiones: i) asequibilidad, relacionada con la obligación estatal de garantizar la existencia y financiación de instituciones educativas ;ii) accesibilidad, que impone asegurar la igualdad en el ingreso y eliminar toda forma de discriminación; iii) adaptabilidad, que exige ajustar el servicio a las necesidades de los educandos y iv) aceptabilidad, que se refiere a la calidad del proceso educativo. Cualquier restricción a estas dimensiones debe estar «sustentada en razones legítimas y proporcionadas»; de lo contrario, se constituye una actuación arbitraria que puede ser corregida mediante la acción de tutela.

2.5. Derecho a la educación de la población adulta

La Ley 115 de 1994, en su artículo 50, establece que la educación para adultos es aquella que «se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la

6 El perjuicio irremediable debe reunir las características de urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad. Ver sentencia T-953 de 2013.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia Accionante: Nicolasa Cáceres Castro Accionado: Ministerio de Educación Nacional y otro Radicado 686793333003-2025-00155-00

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aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios». A su turno, el Decreto 3011 de 1997, compilado en el Decreto 1075 de 2015 reguló la educación para adultos y la definió como el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera particula r las necesidades y potencialidades: i) de las personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos, o ii) de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales.

Por su parte, el artículo 2.3.3.5.3.1.3 del Decreto 1075 de 2015, dispone que la finalidad de la educación para adultos es, entre otras cosas, que: i) las personas que ingresan a este tipo de programas adquieran y actualicen su formación básica y faciliten su acceso a los distintos niveles educativos; ii) erradicar el analfabetismo y iii) actualizar los conocimientos según el nivel de educación, y desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. Sobre el particular, ha señalado el Consejo de Estado:7

analfabetismo y iii) actualizar los conocimientos según el nivel de educación, y desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. Sobre el particular, ha señalado el Consejo de Estado:7

«[…] el modelo de educación para adultos se ofrece a quienes por diferentes razones no pudieron acceder o agotar los diferentes ciclos formativos en las edades en los que estos suelen ser desarrollados en virtud del modelo de educación formal. Así, el modelo de educación para adultos se ofrece como una opción de educación especial que garantiza su derecho a la educación y en el cual pueden a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos; b) Erradicar el analfabetismo; c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. En consideración a ello, quien pretenda alcanzar tales objetivos, deberá reunir los requisitos que para tal efecto establecerá la ley. Hasta este punto puede considerarse que no existe gran diferencia con las finalidades que persigue el Estado en cualquier otro modelo de educación distinto a la educación para adultos».

2.5.1. Del programa de Ciclos Lectivos Especiales Integrados , CLEI en el contexto de la implementación d el modelo del Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT como estrategia orientada a garantizar la educación de la población históricamente excluida del sistema educativo

El Decreto 3011 de 1997, 8 en su artículo 1 establece que l a educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace parte del servicio público educativo, razón por la cual les aplica la Ley General de Educación, esto es, la

El Decreto 3011 de 1997, 8 en su artículo 1 establece que l a educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace parte del servicio público educativo, razón por la cual les aplica la Ley General de Educación, esto es, la Ley 115 de 1994. Asimismo, se constituye como «el conjunto de procesos y de acciones formativas org anizadas para atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas pe rsonas que deseen

7 Corte Constitucional, Sentencia T 132 de 2021, referencia: Expediente T-8.011.920, magistrada ponente: Cristina Pardo Schlesinger, accionante: Ana María Rodríguez Torres, accionado: Secretaría de Educación Municipal de Armenia. 8 «Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones».Acción de tutela Sentencia de segunda instancia Accionante: Nicolasa Cáceres Castro Accionado: Ministerio de Educación Nacional y otro Radicado 686793333003-2025-00155-00

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mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales».

El artículo 46 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015 regulan el modelo de educación para adultos, ofrecido a aquellas personas no pudieron cursar los ciclos formativos en la edad regular , para lo cual se indica que dentro de los

El artículo 46 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015 regulan el modelo de educación para adultos, ofrecido a aquellas personas no pudieron cursar los ciclos formativos en la edad regular , para lo cual se indica que dentro de los objetivos del sistema se incluyen la erradicación del analfabetismo, la formación básica y media flexible y la actualización de conocimientos.

Por su parte, el artículo 148 del Decreto 1075 de 2015 dispone que las entidades territoriales deben destinar recursos del Sistema General de Participaciones pa