TA SAN - Sentencia 80013333001-2023-00220-01 (26-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1 Expediente digital, actuación 03 índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, actuación 02, Índice SAMAI, folios 1 a 17. MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 80013333001-2023-00220-01

DEMANDANTE

María Antonia Martínez de Guiza maria_antonia_2009@hotmail.com gomez.carlos188@gmail.com gestionlegalbga@gmail.com

DEMANDADO

Registraduría Nacional del Estado Civil bucaramangasantander@registraduria.gov.co notificacionjudicialstd@registraduria.gov.co ovguevara@registraduría.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos

bucaramangasantander@registraduria.gov.co notificacionjudicialstd@registraduria.gov.co ovguevara@registraduría.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Acto de retiro de empleado en provisionalidad por retorno del empleado de propiedad del cargo . Régimen de carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Falta de motivación. Estabilidad laboral relativa. Causal objetiva de desvinculación.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Maria Antonia Martínez de Guiza Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Radicado: 680013333001-2023-00220-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Maria Antonia Martínez de Guiza formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) la Resolución 200 del 28 de febrero de 2023 y ii) la Resolución 201 del 28 de febrero de 2023 , proferidas por los delegados departamentales del registrador nacional del estado civil en Santander.

En consecuencia, solicitó:

«1. DECLARATIVA: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.-Resolución No. 200 de fecha 28 de febrero de 2023, por la cual se da

En consecuencia, solicitó:

«1. DECLARATIVA: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.-Resolución No. 200 de fecha 28 de febrero de 2023, por la cual se da terminado el encargo y se regresa al cargo de carrera administrativa a la servidora pública SOFIA D’CARI GRIMALDOS PRADA.

2.-Resolución No. 201 del 28 de febrero de 2023, por medio de la cual se da por terminado el nombramiento en provisionalidad a la señora MARIA ANTONIA MARTINEZ DE GUIZA en al cargo de Auxiliar Administrativo 512004 e la Registraduría Especial de Bucaramanga.

2. CONDENATORIAS

2.1 A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la entidad pública convocada a reintegrar a mi representada al cargo que venía desempeñando.

2.2 REPARACION DE LOS DAÑOS: para lo cual se solicita el pago de la siguiente indemnización:

o Lucro Cesante: al pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su desvinculación hasta el día de su reintegro.

o Daño Moral: La suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 SMMLV) o el valor que determine el despacho, por la aflicción sufrida de acuerdo a lo expuesto en los hechos.

o Daños en las condiciones de existencia: La suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100SMMLV) o el valor que determine el despacho, por la aflicción sufrida de acuerdo a lo expuesto en los hechos de esta demanda.

MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100SMMLV) o el valor que determine el despacho, por la aflicción sufrida de acuerdo a lo expuesto en los hechos de esta demanda.

o Afectación de bienes constitucionalmente amparados: se condene a la accionada a pagar en favor de mi cliente el equivalente a 100 SMMLV por concepto de Afectación de bienes constitucionalmente amparados, como la estabilidad laboral, el mínimo vital, el derecho a la vida en condiciones dignas.

3. Se solicita que las anteriores sumas mencionadas sean indexadas.

4. Se ordene cumplir la sentencia de acuerdo a lo señalado en el artículo 192 del CPACA.

5. Que la parte convocada y/o demandada se condene en costas y agencias en derecho». (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Maria Antonia Martínez de Guiza Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Radicado: 680013333001-2023-00220-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. El 2 de enero de 2002, mediante Resolución 025 se incorporó al personal de la planta global de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación de Santander a la señora Martha Sofía Grimaldos Prada, en adelante Sofia D’ Cari Grimaldos Prada,2 en el cargo denominado auxiliar administrativo código 512004.

de la planta global de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación de Santander a la señora Martha Sofía Grimaldos Prada, en adelante Sofia D’ Cari Grimaldos Prada,2 en el cargo denominado auxiliar administrativo código 512004.

1. El 17 de mayo de 2005, mediante Resolución 187 proferida por los delegados del registrador nacional del estado civil en Santander , se resolvió encargar a la señora Sofia D’Cari Grimaldos Prada en el cargo de técnico operativo identificado con código 4080 -03 en la planta global de personal de la

Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

1. El 17 de mayo de 2005, mediante Resolución 187 proferida por los delegados del registrador nacional del estado civil en Santander, se resolvió nombrar en provisionalidad a la señora Maria Antonia Martínez de Guiza en el cargo de auxiliar administrativo código 5120 -04, sin hacerse mención en las consideraciones del acto administrativo a que el cargo contara con una titular en propiedad de manera definitiva.

1. El 4 de junio de 2009, a través de Resolución 0158 proferida por las delegadas del registrador nacional del estado civil en Santander se resolvió encargar a la señora Sofia D’ Cari Grimaldos Prada en el cargo de Registrador Municipal del municipio de Piedecuesta identificado con el código 4035-07 de la planta de personal de la Delegación Departamental de Santander.

1. El 28 de febrero de 2023, mediante Resolución 200 proferida por los delegados del registrador nacional del estado civil en Santander se dio por terminado el encargo de la señora Sofia D’Cari Grimaldos Prada como

1. El 28 de febrero de 2023, mediante Resolución 200 proferida por los delegados del registrador nacional del estado civil en Santander se dio por terminado el encargo de la señora Sofia D’Cari Grimaldos Prada como registradora municipal 4035-07 de Piedecuesta y se ordenó el reintegro

inmediato de la servidora pública al cargo de carrera denominado auxiliar administrativo 5120-04 de la Registraduría Especial de Bucaramanga, del cual era titular.

1. El 28 de febrero de 2023, mediante Resolución 201 proferida por los delegados del registrador nacional del estado civil en Santander se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Maria Antonia Martínez de Guiza en el cargo de auxiliar administrativo código 5120-04 y en sus

consideraciones se expuso que el cargo era de carrera y que su titular era la señora Sofia D’ Cari Grimaldos Prada.

1. En virtud de los anteriores actos proferidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Departamental de Santander , se vulneraron los derechos laborales de la señora Maria Antonia Martínez de Guiza, especialmente, a la estabilidad laboral relativa propia de los empleados en provisionalidad establecida en las sentencias de la Corte Constitucional SU 917 de 2010 y 556 de 2014 , razón por la cual se causó un daño antijurídico que da

2 Mediante Escritura Pública 246 del 1 de marzo de 2006 de la Notaría Única de Girón modificó su nombre a Sofia DCari Grimaldos Prada.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Maria Antonia Martínez de Guiza

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil

su nombre a Sofia DCari Grimaldos Prada.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Maria Antonia Martínez de Guiza Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Radicado: 680013333001-2023-00220-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

lugar al reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales, particularmente, a título de daño moral dada la edad de la demandante y el tiempo que prestó sus servicios en el cargo del cual fue desvinculada.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 29, 125 y 209 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004, la Ley 350 de 2009 y las sentencias de la Corte Constitucional SU 917 de 2010 y SU 556 de 2014.

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso que los actos administrativos demandados adolecen de nulidad, conforme a las siguientes razones:

1. Los actos de declaratoria de insubsistencia de los empleados en provisionalidad deben estar debidamente motivados conforme a lo expuesto en sentencia de unificación de la Corte Constitucional 917 del 16 de noviembre de 2010 y para el caso de la demandante, la Resolución 201 del 28 de febrero de 2023 no contiene una razón suficiente que la motive, en la medida que se limita a hacer referencia al vencimiento del término de la provisionalidad y no obedece a situaciones relacionadas con el servicio prestado o el nombramiento en

2023 no contiene una razón suficiente que la motive, en la medida que se limita a hacer referencia al vencimiento del término de la provisionalidad y no obedece a situaciones relacionadas con el servicio prestado o el nombramiento en propiedad derivado de los resultados en un concurso de méritos.

1. En armonía con lo anterior, en el fallo referido se estableció que en materia de nombramientos en provisionalidad el vencimiento del término no es razón suficiente por la cual se pueda motivar el acto administrativo de desvinculación.

1. Po otro lado, si bien a los funcionarios nombrados en provisionalidad en

cargos de carrera administrativa no les asiste el derecho de estabilidad reforzada propio de quien se vincula con ocasión de un concurso de méritos, resulta improcedente suponer que a los nombramientos que ostentan tal naturaleza se les pueda equiparar a los cargos de libre nombramiento y remoción, frente a los cuales no se predica el derecho a la estabilidad como efectivamente se presentó en el acto administrativo demandado, valga decir, la Resolución 201 del 28 de febrero de 2023, mediante la cual se ordenó la desvinculación de la demandante de su cargo y que fue expedida discrecionalmente, sin motivación razonada y equiparando esa decisión a la que se predicaría de un cargo de libre nombramiento y remoción.

1. Aunado a lo anterior , en la Resolución 188 del 17 de mayo de 2005 a través de la cual se nombró en provisionalidad a la demandante , nunca se advirtió que el cargo de auxiliar administrativo 5120 -04 tenía como titular en propiedad a la señora Sofia D’Cari Grimaldos Prad a, razón por la cual la parte

través de la cual se nombró en provisionalidad a la demandante , nunca se advirtió que el cargo de auxiliar administrativo 5120 -04 tenía como titular en propiedad a la señora Sofia D’Cari Grimaldos Prad a, razón por la cual la parte actora tenía la expectativa legítima de que hasta tanto no se efectuara el concurso de méritos , su vinculación permanecería cobijada por la estabilidad laboral relativa propia de los nombramientos en provisionalidad , máxime si se considera que la demandante prestó sus servicios durante diecisiete años continuos en la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional de Estado Civil.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Maria Antonia Martínez de Guiza Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Radicado: 680013333001-2023-00220-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.2. Contestación de la demanda3

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los medios exceptivos denominados «legalidad y debida motivación del acto administrativo-régimen de la Registraduría Nacional del Estado Civil» y la «excepción genérica».

A su turno, el apoderado de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. El régimen aplicable para la proveer los cargos de carrera en la Registraduría Nacional del Estado Civil, es el contenido en el Decret o1014 del 2000, vigente para la época de la vinculación de la demandante y la Ley 1350

1. El régimen aplicable para la proveer los cargos de carrera en la Registraduría Nacional del Estado Civil, es el contenido en el Decret o1014 del 2000, vigente para la época de la vinculación de la demandante y la Ley 1350 de 2009, normas que establecen que el nombramiento en provisionalidad, por su naturaleza, es transitorio y podrá darse por terminado en cualquier tiempo.

1. La terminación del nombramiento en provisionalidad de la señora María Antonia Martínez de Guiza se justifica legalmente por dos razones fundamentales: a) el cumplimiento del término temporal de su nombramiento en el cargo de auxiliar administrativo 5120-04 y b) la finalización del encargo como registradora municipal de Piedecuesta de la señora Sofía D'Cari Grimaldos Prada, quien debía ser reintegrada al cargo del cual era titular, esto es, el de auxiliar administrativo 5120-04, es decir, el que ocupó hasta el 28 de febrero de 2023 la demandante.

1. En virtud de lo anterior, tanto la Resolución 200 del 28 de febrero de 2023, como la Resolución 201 del 28 de febrero de 2023, fueron debidamente motivadas, conforme a los términos de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional del 16 de noviemb re de 2010, razón por la cual no se logra desvirtuar su presunción de legalidad.

1. Aunado a lo anterior, una vez verificado el contexto fáctico y el expediente de vinculación de la demandante, no se advierte la existencia de alguna condición especial constituciona l que la h aga acreedora de algún tipo de protección y que impida aplicar la discrecionalidad por parte del nominador para dar por terminada su vinculación.

condición especial constituciona l que la h aga acreedora de algún tipo de protección y que impida aplicar la discrecionalidad por parte del nominador para dar por terminada su vinculación.

1. Finalmente, no se encuentra acreditado en el expediente del proceso judicial que la demandante, pese a tener la carga procesal, haya aportado alguna prueba que acredite la existencia de los perjuicios morales que se aducen en el escrito de demanda.

1. Por todo lo anterior, se solicita desestimar en su totalidad las pretensiones de la demanda y declarar prósperas las excepciones propuestas.

1.3. La sentencia apelada4

3 Expediente digital, actuación 3 índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, actuación 14, índice SAMAI, folios 1 a 17. 4 Expediente digital, actuación 3 índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, actuación 38 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Maria Antonia Martínez de Guiza Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Radicado: 680013333001-2023-00220-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 28 de febrero de 2025, resolvió:

«PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

«PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. EJECUTORIADA la presente sentencia, por secretaría ARCHIVAR el expediente, dejando constancia de ello en SAMAI».

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo denegó las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha dispuesto que los empleados que ocupan cargos en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa y que el acto administrativo mediante el cual se da por terminado su nombramiento debe ser motivado, por cuanto el nominador no cuenta con la posibilidad de disponer del cargo a su discrecionalidad.

1. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia SU 917 del 16 de noviembre de 2010 estableció que no resultan válidas las justificaciones indefinidas, generales y abstractas para la desvinculación de los empleados nombrados en provisionalidad y , por el contrario, en el acto administrativo que resuelve dar por terminada la vinculación, se deben invocar argumentos puntuales como a) la provisión definitiva del cargo por haberse realizado concurso de méritos, b) la imposición de sanciones disciplinarias, c) la calificación insatisfactoria y d) otra razón específica atinente al servicio que se presta.

1. De igual forma , el Consejo de Estado ha interpretado que también son admisibles otras circunstancias como el fenecimiento del plazo señalado en el artículo 20, literales c) y e) de la Ley 1350 de 2009 para la motivación del acto

1. De igual forma , el Consejo de Estado ha interpretado que también son admisibles otras circunstancias como el fenecimiento del plazo señalado en el artículo 20, literales c) y e) de la Ley 1350 de 2009 para la motivación del acto administrativo de terminación de un nombramiento en provisionalidad.

1. De cualquier manera, aun cuando en el acto de nombramiento en provisionalidad no se haya especificado un término para la vinculación, ello no implica que la designación per se sea indefinida o inamovible, por el contrario, conforme a lo dispuesto el artículo 12 del Decreto 1014 de 2000, los empleos de

carrera cuyos titulares se encuentran en situaciones administrativas que implican la separación temporal del cargo solamente pueden ser provistos en forma provisional por el tiempo de duración de la circunstancia administrativa descrita.

1. En virtud de lo anterior, el acto administrativo mediante el cual se desvinculó a la señora María Antonia Martínez de Guiza fue debidamente motivado, no a causa del fenecimiento de un término pactado, como se afirmó en el escrito de demanda, sino por la terminación del encargo de la señora Sofía D’Cari Grimaldos Prada como registradora municipal de Piedecuesta código 4035-07, quien ostentaba la calidad de titular en propiedad del cargo de auxiliar administrativo 5120-04, que ocupó en provisionalidad la demandante.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Maria Antonia Martínez de Guiza Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Radicado: 680013333001-2023-00220-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Radicado: 680013333001-2023-00220-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. Ahora bien, la omisión de una referencia explícita en el acto de nombramiento en provisionalidad de la señora María Antonia Martínez de Guiza frente a que el cargo de auxiliar administrativo código 5120 -04 había sido proveído de manera definitiva y contaba con una titular en propiedad, no desvirtúa la relación suscrita entre la Resolución 187 del 17 de mayo de 2005, mediante la cual se encargó a la señora Sofía D’Cari Grimaldos Prada como técnico operativo 4080-03 y la Resolución 188 del 17 de mayo de 2005, con la cual se nombró en provisionalidad a la señora María Antonia Martínez de Guiza en el cargo de auxiliar administrativo código 5120 -04, por cuanto ambos actos administrativos fueron expedidos en la misma fecha y las servidoras tomaron posesión de sus cargos simultáneamente.

1.4. El recurso de apelación5

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a quo incurre en un error al afirmar que la señora Sofia D’Cari Grimaldos Prada es titular del cargo de auxiliar administrativo 5120 -04 que ocupó en provisionalidad hasta el pasado 28 de febrero de 2023 la señora María Antonia Martínez de Guiza, en la medida que basa su interpretación únicamente en la

Prada es titular del cargo de auxiliar administrativo 5120 -04 que ocupó en provisionalidad hasta el pasado 28 de febrero de 2023 la señora María Antonia Martínez de Guiza, en la medida que basa su interpretación únicamente en la coincidencia aparente de la fecha de expedición de las Resoluciones 187 y 188 del 17 de mayo de 2005 y la simultaneidad en la toma de la posesión de las mentadas servidoras en cada uno de sus cargos y desconoce que dentro del acervo probatorio no reposa prueba alguna que otorgue certeza sobre si algún funcionario ostentaba la titularidad del cargo objeto de la litis.

1. Ahora bien , el argumento expuesto por el a quo podría tener arraigo jurídico si se dieran los siguientes supuestos: a) si el cargo 5120-04 fuera el único existente en la planta de personal de la Delegación Departamental de Santander; no obstante, en la actualidad se encuentran creados 58 cargos con ese código de identificación o b) si en la parte considerativa de la Resolución 187 del 1 de junio de 2005, mediante la cual se nombró en provisionalidad a la demandante, se hubiera dejado constancia de la titularidad en propiedad del cargo que ostentaba la señora Sofia D’Cari Grimaldos Prada; sin embargo, se guardó silencio al respecto , lo cual conlleva a la imposibilidad de tener certeza que correspondía a una vacancia temporal.

1. Aunado a lo anterior, la demandante durante los años que prestó sus servicios en el cargo de auxiliar administrativo 5120-04, nunca tuvo conocimiento sobre la existencia de un titular en propiedad del cargo que ocupaba, motivo por el cual se arraigó la expectativa de que la terminación de su nombramiento

servicios en el cargo de auxiliar administrativo 5120-04, nunca tuvo conocimiento sobre la existencia de un titular en propiedad del cargo que ocupaba, motivo por el cual se arraigó la expectativa de que la terminación de su nombramiento tendría origen en la ejecución y culminación de un concurso de méritos.

1. En virtud de lo anterior, lo resuelto en el fallo conduce a la vulneración de la sentencia de unificación SU 917 del 16 de noviembre de 2010 según la cual los empleados nombrados en provisionalidad cuentan con una estabilidad

5 Expediente digital, actuación 3 índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, actuación 40, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Maria Antonia Martínez de Guiza Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Radicado: 680013333001-2023-00220-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

laboral relativa, que a diferencia de los cargos de libre nombramiento y remoción, trae consigo la necesidad de motivar razonadamente los actos de desvinculación, en la medida que al no tenerse certeza de la titularidad del cargo que fue ocupado en provisionalidad por la demandante , se torna carente de motivación el acto administrativo demandado contenido en la Resolución 201 del 23 de febrero de 2023.

1. Finalmente, la aplicación del literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009 efectuada por el a quo en el análisis de temporalidad de los nombramientos en provisionalidad, desconoce la garantía d el derecho a la estabilidad laboral

1. Finalmente, la aplicación del literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009 efectuada por el a quo en el análisis de temporalidad de los nombramientos en provisionalidad, desconoce la garantía d el derecho a la estabilidad laboral reforzada regulada en la Ley 909 de 2004, en aquellas situaciones fácticas en las que, como en presente asunto, una servidora pública ha prestado sus servicios bajo la figura de la provisionalidad durante un tiempo prolo ngando, valga decir, diecisiete años de manera continua , por cuanto se crea en el funcionario una expectativa legítima de que su vinculación laboral será respetada y no podrá ser terminada de manera arbitraria, conforme al principio de confianza legítima.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 21 de mayo de 20256 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante:

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada:

1.6.2.1. Registraduría Nacional del Estado Civil:7

Los argumentos de las alegaciones, se resumen de la siguiente manera:

1. En el acto administrativo mediante el cual se nombró en provisionalidad a la señora Maria Antonia Martínez de Guiza se determinó la naturaleza de su vinculación y se puso en conocimiento de la servidora, en la parte considerativa, que podía darse por terminada en cualquier tiempo.

1. El acto administrativo demandado, a través del cual se desvinculó a la demandante fue motivado, en la medida que en su parte considerativa se

que podía darse por terminada en cualquier tiempo.

1. El acto administrativo demandado, a través del cual se desvinculó a la demandante fue motivado, en la medida que en su parte considerativa se estableció que la terminación del nombramiento provisional tenía origen en el retorno de la titular del cargo de auxiliar administrativo 51250-04 en virtud de la finalización del encargo que venía ejecutando en calidad de registradora municipal de Piedecuesta.

6 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI. 7 Expediente digital, actuación 12, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Maria Antonia Martínez de Guiza Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil Radicado: 680013333001-2023-00220-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. Adicionalmente, la vinculación de la señora Maria Antonia Martínez de Guiza no se derivó de un concurso de méritos, es decir, la servidora no se

encontraba en carrera administrativa como era del caso de la señora Sofia D’Cari Grimaldos Prada, lo cual la hac ía acreedora de unos derechos laborales prevalentes a los de la demandante.

1. Por su parte, la principal característica del nombramiento en provisionalidad es la temporalidad, en esa medida debe aplicarse lo señalado en el literal c) del artículo 13 del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009 y entenderse que se trata de nombramientos que por su naturaleza, son transitorios.

1. En virtud de lo expuesto, los actos administrativos demandados fueron

el literal c) del artículo 13 del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009 y entenderse que se trata de nombramientos que por su naturaleza, son transitorios.

1. En virtud de lo expuesto, los actos administrativos demandados fueron expedidos en concordancia con las disposiciones constitucionales y legales

aplicables a los nombramientos para el régimen especial de carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil; en ese sentido, se solicita confirmar la decisión de la sentencia de primera instancia.

1.6.3. Ministerio Público:

No se presentaron.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer, si hay lugar a declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) la Resolución 200 del 28 de febrero de 2023 y ii) la R esolución 201 del 28 de febrero de 2023 proferidas por los delegados departamentales de Santander de la Registraduría

del 28 de febrero d