TA SANT - 680013333002-2019-00127-01-(16-09-2021)

1

SIGCMA-SGC

Bucaramanga, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Magistrado Ponente MILCIADES RODRÍGUEZ QUINTERO Radicado 680013333002-2019-00127-01

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante NÉSTOR ANDRÉS PÉREZ OSORIO

guacharo440@hotmail.com Demandado

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

DE FLORIDABLANCA

notificaciones@transitofloridablanca.gov.co

Asunto SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tema RESOLUCIÓN SANCIÓN CON OCASIÓN DE

ORDEN DE COMPARENDO

Decide la Sala el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha Trece (13) de mayo de dos mil veinte (2020) proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. LA DEMANDA

La demanda fue interpuesta mediante apoderado por el señor NÉSTOR ANDRÉS PÉREZ OSORIO en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra la DIRECCIÓN DE

TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA.

1. HECHOS

La parte accionante precisa como hechos relevantes de la demanda, verificables a folios 1 al 2 del expediente, los siguientes:

TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA.

1. HECHOS

La parte accionante precisa como hechos relevantes de la demanda, verificables a folios 1 al 2 del expediente, los siguientes:

a. Qué el demandante al realizar un trámite ante la entidad demandada, se entera de la existencia de sancio nes impuestas, las cuales fueron reportadas al SIMIT (Sistema de Información de multas e infracciones de tránsito). b. Que al demandante no se le realizó la notificación personal de la orden de comparendo ni fue por él recibida dentro de la oportunidad legal; así mismo sostiene que no existió notificación por aviso. c. Que no existió citación a la audiencia de descargos, razón por la cual se desconoció el derecho de defensa del demandante. d. Que no existe en el expediente administrativo prueba sumaria de la que se pueda desprender la responsabilidad del demandante en la comisión de laSentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

infracción de tránsito, sancionándolo como propietario del vehículo sin probarse que el hubiere cometido la infracción e. Que las resoluciones acusadas carecen de firma real, motivación, firma del funcionario de tránsito que suscribió la orden de comparendo, fotos, autos y las resoluciones obrantes en el expediente administrativo.

2. PRETENSIONES

“Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución(es) sanción número 096222del25 de agosto de 2016, 096967 de 2016 de agosto de 2016, 087930

2. PRETENSIONES

“Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución(es) sanción número 096222del25 de agosto de 2016, 096967 de 2016 de agosto de 2016, 087930 del 06 julio 2016 y 088895 de 2l06 de julio de 2016, relacionadas, respectivamente, con los comparendos electrónicos No. 68276000000012810510 de 06 de junio de 2016, 68276000000012811822 de 11 de junio de 2 016, 68276000000012800537 de 12 de abril de 2016 y 68276000000012802160 de 2016 de abril de 2016

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto el acto administrativo de cobro coactivo que emana de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, referidos a la nulidad planteada.

Tercera: Se remita oficio a todas las centrales de inform ación SIMIT, RUNT y demás, donde haya sido incluido mi mandante como contraventor por el hecho acá demandado.

Cuarta: que en consecuencia a lo anterior se paguen los perjuicios morales cercana a medio salario mínimo valorados en quinientos mil ($500.000) por concepto de gastos generales, días de trabajo perdido y desplazamiento que fueron causados en las visitas infructuosas a tránsito de Floridablanca los cuales se establecerán durante el transcurso del proceso.

Quinto: que en consecuencia a lo anterior se paguen los perjuicios morales en cuantía cercana a medio salario mínimo legal mensual para el demandante, por los sentimiento de zozobra, discriminación, ira, dolor

Quinto: que en consecuencia a lo anterior se paguen los perjuicios morales en cuantía cercana a medio salario mínimo legal mensual para el demandante, por los sentimiento de zozobra, discriminación, ira, dolor padecido de acuerdo a los hechos de demanda.

Sexta: que se ordene el pago de costas, costos procesales agencias en derecho y-o honorarios profesionales.

PETICIÓN ESPECIAL: En caso de continuar el proceso de cobro por parte de tránsito de Floridablanca, y constriñan a pagar los valores señalados en el acto demandado, a través de acciones cautelares o por restringir a mi mandante el acceso a cualquier trámite propio de tránsito (renovar licencia, matricular o vender vehículos, pignoración u otros), solicito se haga la devolución de los dineros pagados, con su respectiva indexación al momento del pago efectivo.” (fls.10)

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Invoca como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 29, 121 y 122 de la Constitución Política; artículo 135 de la Ley 769 de 2002, reformado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010; artículos 42, 66 a 69 de la Ley 1437 de 2011; parágrafo 1° del artículo 129 de la Ley 769 de 2002. De igual forma cita también como precedente jurisprudencial, las sentencias C - 539 DE 2003 y C-980 DE 2010.Sentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

también como precedente jurisprudencial, las sentencias C - 539 DE 2003 y C-980 DE 2010.Sentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

Como concepto de violación considera la pate demandante que en el trámite contravencional de tránsito, especialmente en la audiencia que se celebró, se vulneró el principio de publicidad, el cual ordena a las autoridades administrativas dar a conocer sus actuac iones mediante “comunicaciones o notificaciones”; Señala que en el caso concreto hubo ausencia de notificación personal, y como fundamento de ello trae a colación las sentencias C-980 de 2010 y la T -051 de 2016, en las cuales se establece que para que las “foto multas” puedan cobrarse, los comparendos deben notificarse por correo dentro de los 3 días siguientes a su realización, la cual no puede entenderse surtida con el simple envío de la comunicación, debiéndose constatar que el administrado conozca realmente el contenido del acto.

Por otra parte, expone que la notificación al propietario del vehículo procede si las autoridades han reunido elementos de juicio suficientes para inferir su responsabilidad en los hechos; es decir, que la parte demandante como propietaria es la responsable de la infracción. Para ello señala las sentencias C530 de 2003 y C -980 de 2010, las cuales proscriben la responsabilidad objetiva en las infracciones de tránsito.

Finalmente, señala que los hechos aducidos en la Resolución acusada son inexistentes y distorsionados. Igualmente indica que las órdenes de comparendo carecen de firma real del funcionario público que las profirió. (fls.2-10)

Finalmente, señala que los hechos aducidos en la Resolución acusada son inexistentes y distorsionados. Igualmente indica que las órdenes de comparendo carecen de firma real del funcionario público que las profirió. (fls.2-10)

ll. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLAN CA no contestó la demanda en el término previsto.

lll. SENTENCIA APELADA

El Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que del análisis del material probatorio aportado al proceso se concluye que el trámite de notificación de los comparendos no se adecuó a lo previsto en las normas que regulan dicha actuación, ello por cuanto si bien se enviaron las citaciones de comparecencia dentro de los tres (3) días siguientes a la ocu rrencia de la s presuntas infracciones, las mismas fueron devueltas por la empresa de correo certificado sin que se haya surtido en debida forma el procedimiento previsto para la notificación por aviso de conformidad con lo dispuesto en el artículoSentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

69 de la Ley 1437 de 2011, en la medida que no hay constancia del envío del aviso junto con sus soportes a la dirección física, ni tampoco existe constancia procesal de servidor que dé fe que el aviso permaneció en lugar de acceso al público en la DTTF durante el término que ordena la norma. Además advirtió el A quo que dentro del expediente administrativo no obra constancia de

procesal de servidor que dé fe que el aviso permaneció en lugar de acceso al público en la DTTF durante el término que ordena la norma. Además advirtió el A quo que dentro del expediente administrativo no obra constancia de publicación del aviso donde se notificara la fecha para llevar a cabo la realización de la audiencia de descargos, ni que los actos administrativos que impusieron las sanciones hayan sido expedidos en audiencia . En virtud de lo anterior el Juez de primera instancia encontró debidamente probado el cargo de violación al debido proceso propuesto por la demandante.

Por lo anterior declaró la nulidad del acto administrativo demandado proferido por la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA y dispuso que la parte demandante no estaba en la obligación de cancelar las sumas de dinero impuestas con ocasión de las sanciones contenidas en las resoluciones declaradas nulas, advirtiendo que en caso que la parte demandante ya hubiese realizado el pago, correspondía a la DTF devolver los respectivos dineros en forma indexada. Así mismo, ofició a todas las centrales de información SIMIT, RUNT y demás donde se haya reportado como contraventora a la aquí demandante con el fin de que se levanten las restricciones que se hayan generado. Por otra parte, denegó las pretensiones de reconocimientos indemnizatorios en la medida que las mismas carecían de soporte probatorio. Finalmente se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada. (Exp digital, archivo 06)

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

1. PARTE DEMANDADA.

La parte demandada solicita que se revoque la sentencia de primera instancia,

demandada. (Exp digital, archivo 06)

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

1. PARTE DEMANDADA.

La parte demandada solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, para que en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda, argumentando que contrario a lo manifestado por el Juez de primera instancia, no es cierto que la citación de notificación por aviso se haya hecho de manera incorrecta, pues la entidad demandada una vez generado el comparendo procedió a enviar el mismo junto con todos sus soportes dentro de los 3 días hábiles siguientes a la dirección reportada en el RUNT tal y como lo establece el artículo 135 de la Ley 769 de 2002. Indica que no obstante lo anterior, dicha citación fue devuelta por la empresa de servicios postales 472, para los comparendo No. 68276000000012810510 de 06 de junio de 2016, 68276000000012811822 de 11 de junio de 2016, 68276000000012800537 deSentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

12 de abril de 2016 y 68276000000012802160 de 16 de abril de 201 6, por esta razón y al desconocerse otra dirección física de la parte demandante, se procedió a realizar la publicación por aviso en la página electrónica de la entidad, cumpliéndose así con lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 2018.

Por otra parte argumenta que el comparendo no es un acto administrativo, razón por la cual no se constituye como el resultado de un proceso sancionatorio cuya decisión adquiere el carácter de público, el cual en virtud

Estado en sentencia del 2018.

Por otra parte argumenta que el comparendo no es un acto administrativo, razón por la cual no se constituye como el resultado de un proceso sancionatorio cuya decisión adquiere el carácter de público, el cual en virtud del principio de presunción de inocencia está sometido a cierto velo de reserva hasta que se desvirtúe dicha presunción a través del proceso pertinente y se profiera una decisión, por lo tanto no podría hacerse su publicación indiscriminada en la página electrónica de la entidad, toda vez que el mismo contiene datos de carácter priva do, los cuales a la luz del derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución no podrían ser ventilados por la DTTF al público en general.

Ahora bien, aduce que si se hubiera hecho una interpretación como lo dispuso el a quo, es decir haber publicado el aviso en la página y en un lugar físico de la entidad, el resultado no hubiera aportado resultados más garantes del principio de publicidad que es lo que busca la notificación. En conclusión señala que, los comparendos fueron notificados en debida forma, siguiéndole los parámetros fijados en la ley y en la jurisprudencia, aunado a esto indica que, el procedimiento se realizó conforme a la Ley y la sentencia T - 051 de 2016 de la Honorable Corte Constitucional. (Exp digital, Carpeta 001. Archivo Apelación)

V. ALEGACIONES

1. PARTE DEMANDANTE

No presentó alegatos de conclusión en esta instancia.

2. PARTE DEMANDADA

Reitera los argumentos del escrito de contestación de la demanda y del recurso de apelación. (Exp. digital, archivo 24)

No presentó alegatos de conclusión en esta instancia.

2. PARTE DEMANDADA

Reitera los argumentos del escrito de contestación de la demanda y del recurso de apelación. (Exp. digital, archivo 24)

3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

No rindió concepto de fondo en esta instancia.Sentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

VI. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

1. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación, el problema jurídico de esta instancia se contrae en determinar si ¿Se vulneró el derecho al debido proceso del señor NÉSTOR ANDRÉS PÉREZ OSORIO, dentro del trámite de imposición de multa por orden de comparendo, adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, que originó la expedición del acto administrativo acusado?

Tesis: Sí, toda vez que en atención al Art.135, inciso 5o de la Ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito, modificada por el Art.22 de la Ley 1383 de 2010, se ordena una notificación, en el caso de los comparend os impuestos por haberse detectado la infracción a través de medios tecnológicos, la cual debe surtirse, acompañándola, necesariamente de la prueba de la infracción.

2. MARCO NORMATIVO.

2.1 DEL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.

En relación con el debido proceso administrativo , en sentencia T -051 de 2016 la H. Corte Constitucional precisó que, este derecho fundamental está

2. MARCO NORMATIVO.

2.1 DEL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.

En relación con el debido proceso administrativo , en sentencia T -051 de 2016 la H. Corte Constitucional precisó que, este derecho fundamental está compuesto entre otras, de garantías como el derecho de defensa y contradicción; oportunidad en la que puntualizó que, es una garantía procesal consiste, “primero, en la posibilidad de que el particular, involucrado en un procedimiento o proceso adelantado por la administración, pueda ser escuchado y debatir la posición de la entidad correspondiente; segundo, presentar pruebas, solicitar la práctica de las que se considere oportuno y, de ser pertinente, participar en su producción; tercero, controvertir, por medio de argumentos y pruebas, aquellas que contra él se alleguen; cuarto, la posibilidad de interponer los recursos de ley y, quinto, la potestad de ejercer los medios de control previstos por el legislador”; constituyéndose en uno de los requisitos para acceder a esta garantía procesal “tener conocimiento de la actuación surtida por la administración, en razón de ello, el pr incipio de publicidad y, el procedimiento de notificación que de él se desprende, constituye un presupuesto para su ejercicio”, y siendo uno de los presupuestos esenciales del debido proceso administrativo el principio de publicidad, cuya finalidad, en pal abras de la H. Corte Constitucional es “ dar a conocer la actuación desarrollada por la administración pública a la comunidad o a los particulares directamente afectados, dependiendo de si elSentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

a conocer la actuación desarrollada por la administración pública a la comunidad o a los particulares directamente afectados, dependiendo de si elSentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

contenido del acto administrativo es general o particular. Lo ant erior, en aras de garantizar (i) la transparencia en la ejecución de funciones por parte de los servidores públicos; (ii) la eficacia y vigencia del acto administrativo y (iii) el oportuno control judicial de las actuaciones desarrolladas por las autoridades”.

2.2. DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO ANTE INFRACCIONES DE

TRÁNSITO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

La Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 135 - modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010 - consagra el procedimiento que la autoridad de tránsito debe seguir ante la comisión de una contravención y para la imposición del comparendo, preceptuando que, las autoridades competentes podrán contr atar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora y en tal caso, “enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracc ión y sus soportes al propietario, quien estará obligado al pago de la multa”

Dicha norma, en este último aparte, fue declarada exequible por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-980-10 del 1° de diciembre de 2010, considerando al efecto que, dicha regla, “no establece

Dicha norma, en este último aparte, fue declarada exequible por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-980-10 del 1° de diciembre de 2010, considerando al efecto que, dicha regla, “no establece una forma de responsabilidad objetiva ni viola el derecho al debido proceso, pues una interpretación sistemática y armónica de la misma, permite advertir que el propietario del vehículo está en capacidad d e comparecer al proceso administrativo para ejercer la defensa de sus intereses, de manera que la obligación de pagar la multa solo se produce cuando se establezca su culpabilidad, es decir, cuando se pruebe que él fue quien cometió la infracción, o cuando éste lo admita expresa o implícitamente”. Y advirtió que, al ordenar dicha norma el envío por correo del comparendo y sus soportes al propietario, e imponer a éste la obligación de pagar la multa, en los casos en que la infracción se detecta por medios té cnicos y tecnológicos, no indica que la sanción se produce de forma automática, derivado de la sola notificación. Precisó además que, “debe entenderse que el sentido de la notificación de la infracción al propietario, cumple la doble función de enterarlo s obre la existencia del comparendo, y, a su vez, de permitirle comparecer al proceso administrativo para defender y hacer valer sus derechos, cuando así lo considere”.Sentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

Ahora bien, respecto del medio determinado por el legislador para la notificación, la H. Corte Constitucional en Sentencia T-051/16, puntualizó que, “primordialmente, el medio de notificación al que deben recurrir las

Ahora bien, respecto del medio determinado por el legislador para la notificación, la H. Corte Constitucional en Sentencia T-051/16, puntualizó que, “primordialmente, el medio de notificación al que deben recurrir las autoridades de tránsito es el envío de la infracción y sus soportes a través de correo, si no es posible surtirse por este conducto, se deberán agotar todas las opciones de notificación, reguladas en el ordenamiento jurídico, para hacer conocer el comparendo respectivo a quienes se encuentren vinculados en el proceso contravencional; ello, por cuanto señaló que, la finalidad d e la notificación, no es otra que, informar al implicado sobre la infracción que se le atribuye, para que pueda ejercer su derecho de defensa y advirtió que, “teniendo en cuenta que se deben agotar todos los medios dispuestos por el ordenamiento jurídico vigente para notificar a quien resulte involucrado en un proceso contravencional como consecuencia de una “fotomulta”, y partiendo del hecho de que las autoridades de tránsito ejercen una función pública, reguladas de manera genérica por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se deben agotar todos los medios de notificación dispuestos en éste”.

Finalmente se advierte que, en dicha oportunidad, con base en lo preceptuado en el Código Nacional de Tránsito y la Jurisprud encia de la Corte Constitucional, esa H. Corporación, precisó:

“1. A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para imponer un comparendo, así como la

“1. A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para imponer un comparendo, así como la respectiva multa, de ser ello procedente (Artículo 129).

2. Dentro de los tres días hábiles siguientes se debe notificar al último propietario registrado del vehículo o, de ser posible, al conductor q ue incurrió en la infracción (Artículo 135, Inciso 5).

3. La notificación debe realizarse por correo certificado, de no ser posible se deben agotar todos los medios de notificación regulados en la legislación vigente (Artículo 135, inciso 5 y Sentencia C-980 de 2010).

4. A la notificación se debe adjuntar el comparendo y los soportes del mismo

(Artículo 135, inciso 5 y Ley 1437 de 2011, Artículo 72).

5. Una vez recibida la notificación hay tres opciones:

a. Realizar el pago (Artículo 136, Numerales 1, 2 y 3). b. Comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción y manifestar inconformidad frente a la misma, evento en el cual se debe realizar audiencia pública (Artículo 136, inciso 2 y 4 y Artículo 137). c. No comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción. En este evento, si la persona no comparece dentro de los 30 días hábiles siguientes a la infracción se debe proceder a realizar audiencia Artículo 136, inciso 3 y Artículo 137).

6. En la audiencia se puede comparecer por sí mismo el presunto infractor

días hábiles siguientes a la infracción se debe proceder a realizar audiencia Artículo 136, inciso 3 y Artículo 137).

6. En la audiencia se puede comparecer por sí mismo el presunto infractor o por medio de apoderado, quien debe ser abogado en ejercicio (Artículo 138).Sentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

7. En audiencia se realizarán descargos y se decretarán las prueb as solicitadas y las que se requieran de oficio, de ser posible se practicarán y se sancionará o absolverá al presunto contraventor (Artículo 136, inciso 4).

8. Contra los autos proferidos en audiencia procede el recurso de reposición, el cual podrá ser presentado y sustentado en la misma audiencia y el recurso de apelación, el cual únicamente procede contra la resolución, con la que se ponga fin a la primera instancia (Artículo 142)”.

3. CASO CONCRETO

Para efectos de determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado, se encuentra demostrado en el proceso lo siguiente:

• Los días 06/08/2016, 20/04/2016, 12/04/2016 y 11/06/2016 se emitieron las Órdenes de Comparendo No. 68276000000012810510, 68276000000012802160, 682760000000 12800537 y 68276000000012811822 respectivamente a nombre del señor NÉSTOR ANDRÉS PÉREZ OSORIO, con código de infracción C29, “Conducir un vehicula a velocidad superior a la permitida”, por valor de $344.727 cada

68276000000012811822 respectivamente a nombre del señor NÉSTOR ANDRÉS PÉREZ OSORIO, con código de infracción C29, “Conducir un vehicula a velocidad superior a la permitida”, por valor de $344.727 cada uno. (fls. 15, 22, 32 y 39); presunta infra cción de tránsito detectada mediante el uso de medios electrónicos.

• La empresa de correo certificado 4 -72 devolvió la “Citación de Comparecencia” -notificación apertura de proceso contravencional de tránsito-, de cada una de las ordenes de comparendo anteriormente referidas, conforme dan cuenta las guías de envío. (fls.17, 24, 34 y 41)

• Se publicó en la página web de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Aviso de notificación, entre otros, al s eñor NÉSTOR ANDRÉS PÉREZ OSORIO por razón de las Órdenes de Comparendo No. 68276000000012810510, 68276000000012802160, 68276000000012800537 y 68276000000012811822. (fls.17 -19, 24-26, 34-36 y 41-43).

• se profirieron las Resoluciones Sanción N° 0000096222 del 25 de agosto de 2016, 0000088895 del 06 de julio de 2016, 000087930 del 06 de julio de 2016 y 0000096967 del 16 de agosto de 2016, por medio de la s cuales, se declara como infractor al señor NÉSTOR ANDRÉS PÉREZ OSORIO con ocasión del comparendo No. 6827 6000000012810510,

cuales, se declara como infractor al señor NÉSTOR ANDRÉS PÉREZ OSORIO con ocasión del comparendo No. 6827 6000000012810510, 68276000000012802160, 68276000000012800537 y 68276000000012811822, por el código de infracción C29 y, se le sanciona con multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legalesSentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

vigentes ($344.727) en cada una de las resoluciones . (fls.19-20, 26-27, 36-37 y 43-44)

Ahora bien, del análisis de los hechos probados y a partir de las normas que regulan la materia y la jurisprudencia aplicable, Observa la Sala que, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca vulneró el derecho al debido proceso, en perjuicio de la señora NÉSTOR ANDRÉS PÉREZ OSORIO, dentro del proceso contravencional de tránsito adelantado en su contra, con ocasión a la Orden de Comparendo No. No. 68276000000012810510, 68276000000012802160, 68276000000012800537 y 68276000000012811822.

Lo anterior, si en cuenta se tiene que, i) no se acreditó que en el acto de notificación del comparendo se hubiese anexado la prueba de la presunta infracción, esto es, los soportes de la orden de comparendo, a fin de dárselos a conocer al presunto infractor, a efectos de que ejerciera, en debida forma, su derecho de defensa y contradicción; nótese que el aviso de notificación

infracción, esto es, los soportes de la orden de comparendo, a fin de dárselos a conocer al presunto infractor, a efectos de que ejerciera, en debida forma, su derecho de defensa y contradicción; nótese que el aviso de notificación allegado al expediente únicamente contiene un listado de presuntos infractores, dentro del que se encuentra el hoy demandante, sin soporte documental alguno; ii) no se acreditó que, ante la devolución de la citación de notificación, se hubiera intentado la notificación por aviso de que trata el art. 69 de la Ley 1437 de 2011, en lo que respecta a la publicación de l aviso en un lugar de acceso al público, no bastando con la publicación en el sitio web de la entidad, pues la norma es clara al señalar que, “cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad”; iii) no se acreditó la programación de la audiencia en la que se profirió la resolución sancionatoria, ni su citación a la misma, impidiendo a la presunta infractora acudir a dicha diligencia en defensa de sus interés, ante la orden de comparendo emitida a su nombre; frente a lo cual se advierte que, conforme lo ha considerado esta Corporación en este tipo de asuntos, aun cuando no se exige de ma nera expresa en la Ley 769 de 2002, sí debe cumplirse en atención a lo dispuesto en el artículo 209 de la Carta Política y el 3° de la Ley 1437 de 2011, y a los principios de publicidad y transparencia y en todo caso, al debido proceso. Iv)

en el artículo 209 de la Carta Política y el 3° de la Ley 1437 de 2011, y a los principios de publicidad y transparencia y en todo caso, al debido proceso. Iv) Así mismo tampoco se acreditó que los actos administrativos sancionatorios hayan sido expedidos en audiencia.

En este orden de ideas, y por encontrarse acreditada la falta de notificación, en debida forma, de la orden de comparendo a que ha venido haciéndoseSentencia de Segunda Instancia Expediente 680013333002-2019-00127-01

referencia, por parte de la entidad demandada y la vulneración al derecho al debido proceso en que incurrió al impedir al hoy demandante ser escuchad o en descargos y garantizar sus derechos de defensa y contradicción, concluye la Sala que la resolución san cionatoria demandada se encuentra viciada en su legalidad. En consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada.

4. COSTAS

Ahora, en relación con la condena en costas de segunda instancia, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en concordancia con el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandada teniendo en cuenta que el recurso de apelación fue despachado en forma desfavorable. Las costas serán liquidadas por el juzgado de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Las costas serán liquidadas por el juzgado de primera instan cia de conformidad con el artículo 366 del Códig