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TA SANT - 68002333006-2018-00309-01-(10-10-2018)

Tribunal Administrativo de Santander

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Detalles

Título
TA SANT - 68002333006-2018-00309-01-(10-10-2018)
Autor
Tribunal Administrativo de Santander
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2018

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga,

O'? Tin RE DE Di S Yfl 0ÍE:I0C^ÍÍ5 2013

ACCIÓN:

ACCIONANTE:

ACCIONADO:

RADICADO:

CUMPLIMIENTO (SEGUNDA INSTANCIA)

PEDRO PABLO GARCIA SALAZAR

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 680012333306-2018-000309-01

Se procede a decidir LA IMPUGNACIÓN interpuesta por ei accionante contra la sentencia proferida ei 12 de septiembre de 2018 por el Juzgado Sexto Administrativo Orai dei Circuito Judiciai dé Bucaramanga, por medk) de ia cuai se declaró improcedente ia Acción de ia referencia. Relata el acelerante qi^ ios Decretos municipales 093 y 197 de 1977, ratificados por los Acuerden municipales 046 de 1987, 020 de 1992 y 063 de 1992 le otorgaron el derecho á ocupar el puesto fijo o caseta ubicada en ia calle 35 entre carreras 16 y 17, derecho que ha disfrutado desde 1977. Relata que ei Acuerdo 046 de 1987 le otorga como directivo de organización sindical ia potestad de dejar a otra persona a cargo de ia caseta mientras esté cumpliendo funciones propias dei cargo sindical. Asevera que desde ei 2 de marzo de 2017 ia Sra. Nidia Ascenneg Viiiabona Castillo, aprovechando su ausencia mientras cumplía con sus funciones sindicales, ocupó de manera ilegal y arbitraria dicha caseta alegando un contrato de compra venta

Asevera que desde ei 2 de marzo de 2017 ia Sra. Nidia Ascenneg Viiiabona Castillo, aprovechando su ausencia mientras cumplía con sus funciones sindicales, ocupó de manera ilegal y arbitraria dicha caseta alegando un contrato de compra venta suscrito con un tercero; además afirma que dicha ocupación ilegal la hizo ia Sra. Viiiabona Castillo bajo la aprobación de aigunos funcionarios de ia Alcaidía de Bucaramanga, a pesar de que ios derechos de ia mencionada caseta son únicos e intransferibles y que ia Alcaidía tiene conocimiento de esto. I.

ANTECEDENTES

1. HECHOS^ 1 FIs. 3 - 4.ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 680012333306-2018-000309-01

Informa que frente a la solicitud de cumplimiento de ios Actos Administrativos anteriormente señalados, ia Secretaria dei Interior de Bucaramanga indica que la actividad comercial que el accionante adelantaba en ia caseta fue suspendida debido a que ia Sra. Viiiabona Castillo no tenía la autorización de que trata ei Decreto 197 de 1977.

2. PRETENSIONES^ En síntesis ei accionante solicita se ordene ai Municipio de Bucaramanga, dar cumplimiento a ios Decretos Municipales 093 y 197 de 1977, ratificados por ios Acuerdos Municipales 046 de 1987. 026 de 1989, 020 de 1992 y 063 de 1992 en io que tiene que ver el derecho que los mismos ie otorgan para ejercer el oficio de voceador de prensa, revista, confitería y simiiares en ia caseta ubicada en ia caiie 35 entre carreras 16 y 17.

que tiene que ver el derecho que los mismos ie otorgan para ejercer el oficio de voceador de prensa, revista, confitería y simiiares en ia caseta ubicada en ia caiie 35 entre carreras 16 y 17. Que se le ordene al Municipio de Bucaramanga ia devolución de ia referida caseta.

3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDÍT^ El MUNCIPIO DE BUCARAMANGA, acude a través de apoderado solicitando iniciaimente que se declare improcedente la presente acción, ya que ei decreto 197 de 1977 que ie concede ai accionante el derecho ai uso de la citada caseta, no es absoluto ni vitalicio y se debe sujeter al cumplimiento de los requisitos establecidos en ei mismo así como también en ios Acuerdos Municipales 063 de 1992, 020 de 1992, 026 de 1989, 010 de 1988 y 046 de 1987.

Igualmente advierte pue ei Art. 4 del Acuerdo 026 de 1989 reza: "toda persona que pretenda ^nde cualquier mercancía de los referidos en el artículo anterior en forma ambuiatfc, estacionaria y ocasional, deberá obtener licencia expedida por ia Alcaidía Municipar; f en ese sentido si bien ei actor allega carné mediante ei cuai se le otorga licencia, ia misma se encuentra vencida desde ei 18 de diciembre 2004, es decir que no es cierto que actualmente tenga derecho de ocupar dicha caseta. De igual forma aclara que ios Actos Administrativos que pretende hacer cumplir ei actor dentro de ia presente acción de cumplimiento no contiene una obiigación ciara, expresa y exigibie tendiente a obligar ai Municipio a restituir ia caseta ai actor. Además manifiesta que ei accionante ya inició un proceso verbai abreviado por

actor dentro de ia presente acción de cumplimiento no contiene una obiigación ciara, expresa y exigibie tendiente a obligar ai Municipio a restituir ia caseta ai actor. Además manifiesta que ei accionante ya inició un proceso verbai abreviado por perturbación de ia posesión en contra de ia Sra. Viiiabona Castillo, en ei que se 2FI. 6. ^ Fol. 65-78ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 680012333306-2018-000309-01 declaró la improcedencia de ia acción por haber operado ei fenómeno de ia caducidad. SECRETARIA DEL INTERIOR DE BUCARAMANGA, acude por intermedio de apoderada judiciai solicitando en principio se declare la improcedencia de la acción atendiendo ai carácter residual y subsidiario de ia acción de cumplimiento ei cuai no se configura aquí, por no demostrar el actor la existencia de un peligro grave e inminente y además por disponer de otros medios para de defensa judiciai. Concuerda con ei Municipio en ei sentido de indicar que ei derecho que reclama ei actor no es absoluto ni vitalicio y dicha tenencia de debe sujetar al cumplimiento de los requisitos establecidos en los Decretos municipales 093 y 197 de 1977, además infirma también dei proceso verbai abreviado adelantado por ei actor.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA'» El JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL I^L ORCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, mediante sentencia de fecha 12 de septiembre de 2018 resolvió declarar improcedente ia acción de la referencia, con fundamento en el incumplimiento dei requisito de subsidiaried^ de ia ^ción de cumplimiento debido a que ei actor cuenta con otros medios de defensa, ya que cuenta con ios trámites

declarar improcedente ia acción de la referencia, con fundamento en el incumplimiento dei requisito de subsidiaried^ de ia ^ción de cumplimiento debido a que ei actor cuenta con otros medios de defensa, ya que cuenta con ios trámites administrativos que deberá iniciar anie el Municipio con el fin de renovar su licencia.

5. LA IMPUGNACIÓN^ Inconforme con ia decisión, la parte demandante impugna ei fallo de primera instancia señaiancta qúe ei A QUO incurrió en un yerro ai considerar que cuenta con un trámit^jidministrativo para lograr lo pretendido pues el Municipio no tiene reglado ningu^ clase de procedimiento para esto, así mismo manifiesta ia imposibilidad de réatear ia renovación de las licencias en aplicación al Decreto 19 de 2012 ya que la Alcaldía dejo de expedir dichas renovaciones.

Señaia que los mecanismos judiciales ante la jurisdicción ordinaria a ios que se refiere ei juez de origen, no son procedentes ya que ai ser un bien público en cabeza de ia Alcaidía; no es Éi, ei titular del derecho de dominio y por tal razón no puede acceder al mencionado mecanismo.

II. CONSIDERACIONES

A. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO " Pol. 157-162. 5 Fol. 165-168.ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 680012333306-2018-000309-01

De conformidad con ei artículo 87 de la Carta Política, la acción de Cumplimiento constituye un importante mecanismo constitucional de protección y aplicación de ios derechos, la cual se caracteriza por permitir que judicialmente se exija a las autoridades públicas, la realización o ei cumplimiento de un deber omitido que se

constituye un importante mecanismo constitucional de protección y aplicación de ios derechos, la cual se caracteriza por permitir que judicialmente se exija a las autoridades públicas, la realización o ei cumplimiento de un deber omitido que se encuentra claramente previsto en una norma o un acto administrativo. Entonces, su objetivo está íntimamente ligado a ia noción de Estado Social de Derecho, pues en virtud de tai concepto, ios derechos consagrados en ia normatividad jurídica dejan de ser simples postulados de contenido teórico y formal para convertirse en una realidad tangible de verdadero disfrute para sus titulares. Esta acción fue desarrollada por ia Ley 393 de 1997, de ia cuai se pueden inferir ios requisitos mínimos exigidos para que la acción de cumplimiento prospere: • Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se enoü^tre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos adnriÉistrativos. • Que ei mandato sea imperativo, inobjetable y que ^té radicado en cabeza de autoridad pública o de un particular en •jercicio de funciones públicas, frente a ios cuales se reclama su cump^l^o. (Art. 5° y 6°). • Que se pruebe la renuencia ai Q^piimient9 dei deber, ocurrida ya sea por acción u omisión dei exigido a címpllr o per ia ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente Incumplimiento (Art. 8°). • No procederá ia accióiu:upedo exista otro instrumento judiciai para lograr el efectivo cum^ln^ntá dei deber jurídico, salvo ei caso que de no proceder se prCHJuzca im perjuicio grave e inminente (Art. 9°)

el efectivo cum^ln^ntá dei deber jurídico, salvo ei caso que de no proceder se prCHJuzca im perjuicio grave e inminente (Art. 9°) De ios requisitos atrás expuestos, bien puede concluirse que la acción de cumplimiento, 1^ ia manera en que fue desarrollada por ei Legislador, debe estar revestida de un carácter principal respecto de los restantes mecanismos de defensa judicial, de tal manera que para su procedencia ha de observarse por ei Juzgador, ei cumplimiento de este requisito para que sea viable su estudio de fondo, ya que de io contrario, ia decisión a tomar no ha de resolver ei fondo dei asunto, sino que deberá declarar la improcedencia de ia acción. Ahora bien, frente a la finalidad de ia acción, la doctrina conciuye que "tiene que existir una obiigación de ia autoridad de apiicar ia norma, de donde se asemeja en este punto, ai títuio ejecutivo, pues es necesario que exista una norma o un acto administrativo que consagre una obiigación ciara, expresa y exigibie, a cargo dei funcionario y que éi se abstenga de apiicaria o de hacerla efectiva."

B. CASO CONCRETO En ei caso que nos ocupa, el Juez de Primera instancia resolvió declarar improcedente ia acción de ia referencia, con fundamento en que las normas de lasACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 680012333306-2018-000309-01 cuales se pide su cumplimiento contienen un procedimiento administrativo al que el accionante puede acudir, además por carecer del carácter residual y subsidiario que comporta ia acción de cumplimiento, igualmente hizo énfasis en que frente a esta problemática ei accionante tiene medios judiciales ante la jurisdicción ordinaria que puede iniciar.

el accionante puede acudir, además por carecer del carácter residual y subsidiario que comporta ia acción de cumplimiento, igualmente hizo énfasis en que frente a esta problemática ei accionante tiene medios judiciales ante la jurisdicción ordinaria que puede iniciar. Se tiene, que ia parte accionante requiere ei cumplimiento de ios Decretos Municipales 093 y 197 de 1977, ratificados por ios Acuerdos Municipales 046 de 1987. 026 de 1989, 020 de 1992 y 063 de 1992 en io que tiene que ver ei derecho que ios mismos ie otorgan para ejercer el oficio de voceador de prensa, revista, confitería y simiiares en ia caseta ubicada en ia caiie 35 entre carreras 16 y 17. Persigue que el Municipio de Bucaramanga, ie devuelva el uso de la caseta que se le había asignado anteriormente, pese a existir un seiiamiento por parte de ia parte accionada como se observa en ei expediente, por el^empiimiento de una de las normas contempladas en los Decretos que el aAnslte aquí pretende hacer cumplir. De acuerdo a io anterior, advierte la Sala que la pretensión dei accionante envuelve el reconocimiento de un derecho, irretejicteido en ei fondo que se ie restituya ia tenencia de un bien de uso público, ique ie había sido adjudicado anteriormente, para io cual cuenta con vías ^rr^istrativas frente a la Alcaldía Municipal; contrario a io que ei accionante afirma cuando dice que no existe un trámite para renovar ia citada licencia, Issta Sala encuentra que si bien éi puede acudir a la administración soHcitando se le dé una respuesta de fondo, ciara y precisa respecto de cuál es el procedimiento a seguir para iograr lo pretendido y

trámite para renovar ia citada licencia, Issta Sala encuentra que si bien éi puede acudir a la administración soHcitando se le dé una respuesta de fondo, ciara y precisa respecto de cuál es el procedimiento a seguir para iograr lo pretendido y de acuerdo a dicha re^!^e^ f^cer uso de los demás mecanismos con los que cuenta el actor. Sobre ese cárter residual y subsidiario que impregna este tipo de acciones, ei Consejo de Estado^, hasostenido: "Es de precisar, que esta acción constitucionai tiene un objeto particular, no fue instituida para garantizar ia ejecución de leyes cuyos mandatos sean generales o abstractos, sino iograr que, frente a deberes omitidos por ia administración y que se deriven de un mandato claramente determinado, se ordene su cumplimiento. Sobre ei particular ia Corte Constitucionai ha señalado: "La acción de cumplimiento está encaminada a ia ejecución de deberes que emanan de un mandato, contenido en ia ley o en un acto administrativo, imperativo, inobjetable y expreso. Así como ei objeto de ia acción de cumplimiento no es ei reconocimiento de derechos particulares en disputa, tampoco io es el cumplimiento general de las leyes y actos administrativos. Dicha acción no consagra un derecho a ia ejecución general e indiscriminada de todas las normas de rango inferior a ia Constitución ni un derecho abstracto ai cumplimiento de todo " Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de septiembre de 2011, Expediente 2005-02856-01ACU, CP. Dr. Alberto Yepes BarreiraACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 680012333306-2018-000309-01 el ordenamiento jurídico. Su objeto fue especificado por ei propio constituyente:

Dr. Alberto Yepes BarreiraACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 680012333306-2018-000309-01 el ordenamiento jurídico. Su objeto fue especificado por ei propio constituyente: asegurar ei "cumplimiento de un deber omitido" contenido en "una ley o acto administrativo"que ia autoridad competente se niega a ejecutar. "^ Bajo este entendido se justifica ei carácter subsidiario que ei artículo 9 de ia Ley 393 de 1997 ie dio a ia acción de cumplimiento y según ei cuai "(...) Tampoco procederá cuando ei afectado tenga o haya tenido otro instrumento judiciai para iograr ei efectivo cumplimiento de ia norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder ei Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para ei accionante (...)." Además encuentra la Sala que el actor no logró probar que la no devolución de la caseta a la que hace alusión produzca un perjuicio grave e inminente, otra razón más por ia que la acción de cumplimiento no es ei mecanismo idóneo en ei presente caso. Significa lo anterior que ei demandante tiene a su dfspo^ó^instrumentos administrativos y posteriormente judiciales para discutir ql diWScho que alega en su favor y obtener dei juez competente una decisión de fondé, cfeunstancia que, en términos dei artículo 9°, inciso segundo, de la Ley 393 de 1997, torna en improcedente ia acción de cumplimiento, pues de confi^artdad con esa disposición, ia acción de cumplimiento "Tampoco príxederá la acción cuando exista otro instrumento judiciai para iograr ei ef^yo cuflaplUniento del deber jurídico, salvo ei caso que de no proceder se produzcan pajuicio grave e inminente".

ia acción de cumplimiento "Tampoco príxederá la acción cuando exista otro instrumento judiciai para iograr ei ef^yo cuflaplUniento del deber jurídico, salvo ei caso que de no proceder se produzcan pajuicio grave e inminente". En esta forma, queda definid ta imj^ocsedencia de la acción de cumplimiento ejercida por PEDRO PABLO GARCIA SALAZAR. Con todo lo anteriorminte descrito, se procederá a confirmar ia sentencia de fecha 12 de septiembreíi^ 2D18 diiáada dentro dei proceso de ia referencia por el Juez de primera instencia. En mérito de io expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 12 de septiembre de 2018 proferida por ei JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BUCARAMANGA.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes de la presente decisión, en la forma indicada para eiio. ' Corte Constitucional. Sentencia C - 1194 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 680012333306-2018-000309-01

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuéivase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Aprobado en saia de ia fecha como consta en Acta No. "S^

ILCIADES RODRIGUEZ QUINTERO

Magistrado

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