TA SUC - 70001-33-33-003-2023-00074-01-(11-12-2025)

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Sincelejo, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Radicación: 70001-33-33-003-2023-00074-01

Demandante: AROLDO EMILIO VELAZQUEZ TRUILLO Demandado: Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) – Departamento de Sucre

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Tema: APELACIÓN DE SENTENCIA

M. Ponente: VIVIANA MERCEDES LÓPEZ RAMOS QR expediente

1. EL ASUNTO POR DECIDIR

Por razones metodológicas y de producción, la Sala arribará el estudio de los procesos cuyo objeto verse sobre reconocimiento y/o sanción moratoria de cesantías, con el fin de aprovechar las siguientes sentencias de unificación sobre el tema: Sentencia CE -SUJ004 del 25 de agosto de 2016, aclarada a través de providencia también de unificación CE -SUJ-SII-022, del 6 de agosto de 2020; así como la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, que decidió la aplicación de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995) a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, regidos por la Ley 91 de 1989; en consecuencia y de acuerdo con lo autorizado por la Ley y la jurisprudencia no se tendrá en cuenta en estricto orden de radicación y el ingreso al despacho.

Al no evidenciar irregularidades que deban sanearse por el órgano judicial, en tanto

jurisprudencia no se tendrá en cuenta en estricto orden de radicación y el ingreso al despacho.

Al no evidenciar irregularidades que deban sanearse por el órgano judicial, en tanto el trámite del proceso se encuentra ajustado, procede la SALA a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2024 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante la cual, declaró la nulidad del acto administrativo, así mismo condenó a la accionada al pago de la sanción por mora solicitada en la demanda.

2. ANTECEDENTES

2.1 PRETENSIONES:

El señor Aroldo Emilio Velázquez Trujillo , solicitó la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo, configurado el día 8 de diciembre de 2022, mediante la cual la Secretaría de Educación Departamental de Sucre, en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a la parte demandada a reconocer y pagar la sanci ón por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006 equivalente a unNulidad y Restablecimiento del Derecho, rad. N° 007-2023-00074-01 Aroldo Emilio Velasquez Trujillo Vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”.

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Aroldo Emilio Velasquez Trujillo Vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”.

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día de salario por cada día de retardo contados desde los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma. Así mismo, solicita se ordene le cumplimiento del fallo, se reconozca intereses moratorios a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y se condene en costas a la entidad accionada.

2.2 SUPUESTOS FÁCTICOS:

El señor Aroldo Alirio Guerrero Gómez , mediante solicitud radicada bajo el No. 2019-CES-753665 del 22 de mayo de 2019 , le solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.

Por consiguiente, la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre, mediante la Resolución No. 0768 del 8 de julio de 2019, le reconoció al demandante cesantías parciales, en suma, que asciende a $22.635.858.

Luego entonces, dicha cesantía no fue cancelada a tiempo. Es decir, ni la entidad territorial expidió el acto administrativo dentro de los quince (15) días que exige la ley, ni el Ministerio de Educación Nacional – Fomag – canceló la prestación la cesantía dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles que establece la ley para su pago. Los recursos reconocidos por concepto de cesantías fueron puestos a disposición en la entidad bancaria hasta el día 19 de septiembre de 2019.

cesantía dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles que establece la ley para su pago. Los recursos reconocidos por concepto de cesantías fueron puestos a disposición en la entidad bancaria hasta el día 19 de septiembre de 2019.

Finalmente, el demandante mediante Derecho de Petición del 7 de diciembre de 2022, le solicitó a la entidad demandada, el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria derivada del no pago oportuno de sus cesantías, petición que no ha sido objeto de pronunciamiento, motivo por el cual, se generó un acto administrativo ficto o presunto negativo.

2.3 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como normas violadas, la parte demandante consideró que, el acto administrativo demandado, vulneró Ley 91 de 1989 artículos 5 y 15, Ley 244 de 1995 Articulo 1 y 2 y Ley 1071 de 2006 artículos 4 y 5.

En el concepto de la violación, se indicó que, el acto administrativo demandado es violatorio de la ley, toda vez que, en la historia de las cesantías de los docentes, siempre se ha visto una diferencia marcada frente a los demás servidores públicos. Mientras que a estos últimos sus cesantías se les cancelan en un plazo razonable de treinta días, los maestros afiliados al F ondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio han debido esperar, en muchos casos, hasta cuatro o cinco años para recibir lo que por derecho les corresponde. Esa demora, contraria a la naturaleza de un recurso salarial que pertenece al trabajador, llevó al legislador a expedir normas que fijaran términos estrictos para el reconocimiento y pago de esta prestación.

naturaleza de un recurso salarial que pertenece al trabajador, llevó al legislador a expedir normas que fijaran términos estrictos para el reconocimiento y pago de esta prestación.

Así surgió la Ley 244 de 1995, que estableció quince días para expedir la resolución de reconocimiento y cuarenta y cinco días más para efectuar el pago, plazos que fueron reafirmados y ajustados por la Ley 1071 de 2006. La jurisprudencia, interpretando estas disposiciones, concluyó que el reconocimiento y pago no podíanNulidad y Restablecimiento del Derecho, rad. N° 007-2023-00074-01 Aroldo Emilio Velasquez Trujillo Vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”.

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superar en total setenta días hábiles desde la radicación de la solicitud, y que cualquier incumplimiento generaba una sanción equivalente a un día de salario por cada día de mora.

El Decreto 2831 de 2005 introdujo un procedimiento especial para los docentes, en el que las secretarías de educación debían elaborar y remitir el proyecto de resolución a las fiduciarias dentro de los quince días siguientes a la solicitud, para que estas lo aprobaran. Esta regulación, sin embargo, abrió un debate: algunos sostenían que al plazo de la Ley 244 debía sumarse el del Decreto, mientras que otros defendían que la mora debía calcularse únicamente con base en la ley, pues era la única que contemplaba la sanción.

La incertidumbre llevó al Consejo de Estado a pronunciarse en 2018 mediante una

otros defendían que la mora debía calcularse únicamente con base en la ley, pues era la única que contemplaba la sanción.

La incertidumbre llevó al Consejo de Estado a pronunciarse en 2018 mediante una sentencia de unificación. Allí se estudió no solo la naturaleza del empleo docente, sino también el momento exacto en que la sanción moratoria se hacía exigible, ya fuera por silencio de la administración o por respuesta tardía. Además, se precisó cuál salario debía tomarse como base para calcular la sanción y si era procedente actualizar su valor hasta la fecha de la sentencia que la reconociera. El Consejo concluyó que, aunque las leyes no mencionaban expresamente a los docentes afiliados al FOMAG, la sanción moratoria sí les era aplicable, disipando así las posturas disímiles que habían surgido.

De esta manera, la narración muestra cómo, a través de leyes, decretos y decisiones judiciales, se fue construyendo un marco que buscaba garantizar a los maestros el mismo trato que a los demás servidores públicos, imponiendo sanciones a la administración cada vez que incumpliera con la obligación de pagar oportunamente las cesantías.

2.4 LAS SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS.

2.4.1. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO “FOMAG”1, manifestó su oposición a todas y cada una de las pretensiones por carecer de sustento factico y jurídico y en ese sentido solicitó, declarar probadas las excepciones propuestas y en consecuencia despachar de forma desfavorable cada una de las pretensiones de la demandante.

todas y cada una de las pretensiones por carecer de sustento factico y jurídico y en ese sentido solicitó, declarar probadas las excepciones propuestas y en consecuencia despachar de forma desfavorable cada una de las pretensiones de la demandante.

Propuso las siguientes excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva , cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa causa, indebida composición de la parte pasiva, inexistencia en la reclamación del derecho y excepción innominada.

2.4.2. EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, manifestó su oposición a todas y cada una de las pretensiones por carecer de sustento factico y jurídico y en ese sentido solicitó, declarar probadas las excepciones propuestas y en consecuencia despachar de forma desfavorable cada una de las pretensiones de la demandante.

Propuso excepciones de mérito por: falta de legitimación de la causa por pasiva, cobro de lo debido y genéricas.Nulidad y Restablecimiento del Derecho, rad. N° 007-2023-00074-01 Aroldo Emilio Velasquez Trujillo Vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”.

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2.5 LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Sincelejo, en la sentencia del día 30 de septiembre de 2024, declaró la nulidad del acto administrativo ficto, condenando a la parte demandada a que se reconozca y se pague a la parte demandante la sanción moratoria, de la siguiente manera:

septiembre de 2024, declaró la nulidad del acto administrativo ficto, condenando a la parte demandada a que se reconozca y se pague a la parte demandante la sanción moratoria, de la siguiente manera:

PRIMERO: Declarar probada la excepción de prescripción del derecho que le asistía a la parte demandante a reclamar una indemnización moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, Archívese el expediente, previa anotación de rigor en la plataforma SAMAI.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Sincelejo, sustentó su decisión manifestando que el señor Aroldo Emilio Velazquez Trujillo , al momento de interponer la solicitud de reconocimiento de pago de cesantías, la realizó el día 22 de mayo de 2019, de conformidad con el acervo probatorio tal como se indicó en el acto administrativo No. 0768 de 2019. Por consiguiente, la entidad contaba con un término de quince (15) días hábiles para expedir el acto administrativo, es decir, tenía hasta el 13 de junio de 2019, habiéndolo hecho extemporáneamente, el 08 de julio de 2019. De igual forma, el pago fue extemporáneo, pues debió hacerse el 04 de septiembre de 2019 , debido a que, la expedición del acto al ser extemporánea se aplicó la teoría de los 70 días hábiles posteriores a la petición. De acuerdo con lo antepuesto, el Despacho procedió a contabilizar el término de setenta (70) días a

se aplicó la teoría de los 70 días hábiles posteriores a la petición. De acuerdo con lo antepuesto, el Despacho procedió a contabilizar el término de setenta (70) días a partir de la radicación de la petición 2019 -CES-753665 de 22 de mayo de 2019 .

Para concluir lo manifestado por el Juzgado, expuso que, negó las pretensiones de la demanda, dado que, la solicitud del reconocimiento y pago de sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías parciales se radicó el día 7 de diciembre de 2022, y conforme a la doctrina del Consejo de Estado, la exigibilidad del derecho ocurría desde el 05 de septiembre de 2019 hasta 16 de septiembre de 2019, en ese orden de ideas, operó el fenómeno jurídico de la prescripción por presentar la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria posterior a los 3 años de exigibilidad consagrados en la jurisprudencia y en la ley.

2.6 EL RECURSO.

PARTE DEMANDANTE ; Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Oral de Sincelejo el 30 de septiembre de 2024, argumentando que, en esta historia jurídica se narra cómo, a lo largo de los años, el auxilio de cesantías de los docentes se ha convertido en un derecho que, aunque irrenunciable y de vital importancia para la estabilidad del trabajador y su familia, ha sido objeto de demor as y controversias.

se narra cómo, a lo largo de los años, el auxilio de cesantías de los docentes se ha convertido en un derecho que, aunque irrenunciable y de vital importancia para la estabilidad del trabajador y su familia, ha sido objeto de demor as y controversias. Desde la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio enNulidad y Restablecimiento del Derecho, rad. N° 007-2023-00074-01 Aroldo Emilio Velasquez Trujillo Vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”.

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1989, se buscó garantizar un mecanismo ágil y eficaz para el pago de las prestaciones, pero la realidad mostró que los trámites se extendían más allá de lo razonable, afectando directamente a los maestros.

Con la expedición de la Ley 244 de 1995 y su modificación por la Ley 1071 de 2006, el legislador fijó términos estrictos: quince días para expedir la resolución de reconocimiento, diez días de ejecutoria y cuarenta y cinco días para realizar el pago. En to tal, setenta días hábiles que, de ser superados, daban lugar a la sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retraso. Esta sanción, concebida como una medida de apremio, buscaba obligar a la administración a actuar con diligencia y proteger el derecho al pago oportuno de los trabajadores.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en distintas sentencias, fueron consolidando la idea de que los docentes oficiales también eran beneficiarios de este régimen. Aunque inicialmente existieron dudas sobre si la sanción moratoria

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en distintas sentencias, fueron consolidando la idea de que los docentes oficiales también eran beneficiarios de este régimen. Aunque inicialmente existieron dudas sobre si la sanción moratoria les era aplicable, la jurisprudencia unificada dejó claro que sí, pues los maestros, en su calidad de servidores públicos, debían gozar de las mismas garantías que cualquier otro trabajador del Estado. La Corte resaltó que las cesantías no eran solo un derecho patrimoni al, sino un instrumento de protección social, y que su pago tardío desdibujaba la finalidad para la cual fueron creadas.

El Consejo de Estado, en sus fallos de unificación, precisó además aspectos técnicos: que la sanción corría a partir de los setenta días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud, que el salario base para calcularla debía ser la asignación vigente al momento de la mora o del retiro, y que no procedía la indexación mientras la sanción se causaba día a día, aunque sí podía aplicarse el ajuste previsto en el artículo 187 del CPACA una vez consolidada la suma total. También dejó claro que los docentes, pese a su régimen especial, integraban la categoría de servidores públicos y, por tanto, estaban cobijados por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. En el caso concreto, se evidenció que la docente solicitó sus cesantías en mayo de 2019, que la resolución de reconocimiento fue expedida en julio de ese mismo año y que el pago se realizó en septiembre, con una mora de doce días. El juzgado de primera instancia consideró que había operado la prescripción, pero pasó por alto

2019, que la resolución de reconocimiento fue expedida en julio de ese mismo año y que el pago se realizó en septiembre, con una mora de doce días. El juzgado de primera instancia consideró que había operado la prescripción, pero pasó por alto la suspensión de términos decretada durante la pandemia del COVID -19, que amplió los plazos y evitó que la acción prescribiera. Además, no aplicó el análisis de prescripción parcial que la jurisprudencia exige en estos casos.

Por todo ello, se solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se condene a las entidades demandadas a reconocer y pagar la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, aplicando la figura de la prescripción parcial. Así, la narración concluye mostrando cómo la evolución normativa y jurisprudencial converge en la protección de los derechos de los docentes, garantizando que el retardo en el pago de sus cesantías no quede impune y que se respete la finalidad social de esta prestación.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. PARTE DEMANDANTE, guardó silencio en esta oportunidad.Nulidad y Restablecimiento del Derecho, rad. N° 007-2023-00074-01 Aroldo Emilio Velasquez Trujillo Vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”.

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3.2. LA PARTE DEMANDADA, Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG” –Departamento de Sucre, guardaron silencio en esta oportunidad.

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3.2. LA PARTE DEMANDADA, Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG” –Departamento de Sucre, guardaron silencio en esta oportunidad.

3.3. MINISTERIO PÚBLICO: Guardó silencio en esta oportunidad.

4. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR

4.2. LA COMPETENCIA. Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de la sentencia delimitada en el acápite inicial de esta providencia.

4.2. EL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER . De acuerdo a lo formulado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en calidad de apelante único, considera la Sala, que el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar, si el Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se encuentra llamado a responder por el pago de la sanción moratoria, por la no ca ncelación oportuna de las cesantías parciales al docente AROLDO EMILIO VELASQUEZ TRUJILLO. En caso afirmativo, se establecerá si procede reconocer y ordenar el pago de la sanción moratoria, pretendida por la demandante.

Para tal fin, se abordará el siguiente orden conceptual: i) Marco legal de la sanción moratoria causada por el retardo en el pago de las cesantías definitivas; ii) Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la

Para tal fin, se abordará el siguiente orden conceptual: i) Marco legal de la sanción moratoria causada por el retardo en el pago de las cesantías definitivas; ii) Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la sanción moratoria de la Ley 1071 de 2006; iii) Régimen de responsabilidad atribuible al reconocimiento y pago de la sanción moratoria en atención al procedimiento establecido para el reconocimiento de cesantías docente. y iv) el análisis del caso concreto.

4.3. MARCO LEGAL DE LA SANCIÓN MORATORIA CAUSADA POR EL RETARDO EN EL PAGO DE LAS CESANTÍAS. La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones” señala el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2 regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las mismas, así:

“Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para l o cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la

se haga efectivo el pago de las mismas, para l o cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.

La referida Ley 244 de 1995 fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, indicando que su objeto es “reglamentar el reconocimiento deNulidad y Restablecimiento del Derecho, rad. N° 007-2023-00074-01 Aroldo Emilio Velasquez Trujillo Vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”.

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cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación” (art. 1), igualmente estipuló el término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los artículos 4 y 5 que indican:

“Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días

la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pa go de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.

4.4. LOS DOCENTES AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y LA SANCIÓN MORATORIA DE LA LEY 1071 DE

a este”.

4.4. LOS DOCENTES AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y LA SANCIÓN MORATORIA DE LA LEY 1071 DE

2006. La Corte Constitucional en la sentencia SU -336 de 20172 concluyó que en atención a la naturaleza de la labor desempeñada por los docentes, éstos deben ser tratados como empleados públicos beneficiarios de la Ley 1071 de 2006, la cual cobija a todos los funcionarios y servidores de las ramas del poder público. En este sentido, la Corte precisó que los docentes tienen derecho al pago de la referida

sanción moratoria, por las siguientes razones:

(i) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad constitucional por la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de integralidad. De igual forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados internacionales sobre la materia ratificados por Colombia.

2 M.P. Iván Humberto Escrucería MayoloNulidad y Restablecimiento del Derecho, rad. N° 007-2023-00074-01 Aroldo Emilio Velasquez Trujillo Vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”.

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(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006 se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las

(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006 se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel nacional sino territorial.

(iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calidad de trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de quienes sí les fue reconocida la sanción por la mora en el pago de las cesantías.

(iii) Existen importantes semejanzas entre las características usualmente atribuidas a la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes oficiales, a saber: pertenecen a la rama ejecutiva, cumplen dentro de ella una tarea típicamente misional respecto de la función que compete a las secretarías de educación de las entidades territoriales y, en su momento, al Ministerio de Educación Nacional, se encuentran sujetos a un régimen de carrera y su vinculación se produce por efe cto de un nombramiento.

(iv) En tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de ninguna de las otras especies de servidores públicos, han de ser considerados como empleados públicos.

(v) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

considerados como empleados públicos.

(v) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

A su turno, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 18 de julio de 20183, decidió la aplicación de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995) a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, regidos por la Ley 91 de 1989.

En la referida providencia se indicó que el Consejo de Estado tenía posturas diferentes sobre el derecho de los docentes al reconocimiento de la sanción moratoria por el retardo en la cancelación de las cesantías parciales o definitivas.

Por ello, con el propósito de unificar jurisprudencia, esa Corporación explicó que los docentes hacen parte de la categoría de empleados públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, en razón de la naturaleza del servicio que prestan; la regulación del servicio docente; su ubicación en la Rama Ejecutiva del Estado; y, la implementación de la carrera docente, que comprende el ingreso, ascenso y retiro del servicio.

En razón de dicha calidad de empleados públicos esa Corporación estableció la siguiente regla jurisprudencial:

«[…] 3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas

«[…] 3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-012-2018, proceso con radicado 73001 -23-33-000-201400580-01, número interno 4961-2015.Nulidad y Restablecimiento del Derecho, rad. N° 007-2023-00074-01 Aroldo Emilio Velasquez Trujillo Vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”.

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complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y ii