TA SUC - 70001-33-33-004-2021-00059-02.-(02-07-2020)

Sincelejo, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Asunto Sentencia de segunda instancia Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente 70001333300420210005902 Demandante Gisella María Buvoli Lara Demandado Nación – Rama Judicial Magistrado ponente César Enrique Gómez Cárdenas Tema Bonificación judicial – Decreto 383 de 2013Factor Salarial para liquidar prestaciones sociales de los empleados de la Rama Judicial / Excepción de inconstitucionalidad , control por vía de excepción.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el día 21 de junio de 2024, por el Juzgado 403 Administrativo Transitorio del Circuito de Montería, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

La señora GISELLA MARÍA BUVOLI LARA, por conducto de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda en contra de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ) , con las siguientes pretensiones:

1. Inaplicar, por inconstitucional, la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », prevista en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013.

1. Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJSIR17-1360 del 16 de

Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », prevista en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013.

1. Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJSIR17-1360 del 16 de noviembre del 2017 , por medio de la cual, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, negó la solicitud de reconocimiento y pago de reliquidación de prestaciones sociales y salariales con la inclusión de la bonificación judicial de los Decretos 0383 y 0834 de 2013, como factor de liquidación.

1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 0973 del 29 de mayo de 2020, por medio de la cual, el Director Ejecutivo de Administración Judicial resolvió el recurso de apelación presentado contra la Resolución No.

DESAJSIR17-1360 del 16 de noviembre del 2017.

República de Colombia Rama Judicial

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Sala Tercera de DecisiónNulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300420210005902 Página 2 de 31

1. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la Nación - Rama Judicial, por medio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reconozca a partir de su creación y en adelante, la bonificación judicial consagrada en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales causadas desde su vinculación a la Rama Judicial.

1. Que la Nación - Rama Judicial, por medio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cancele las diferencias a las que haya lugar

como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales causadas desde su vinculación a la Rama Judicial.

1. Que la Nación - Rama Judicial, por medio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cancele las diferencias a las que haya lugar por la no inclusión de la bonificación judicial consagrada en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la li quidación de todas las prestaciones sociales causadas desde su vinculación a la Rama Judicial.

1. Que las sumas reconocidas en la sentencia respectiva se actualicen teniendo en cuenta el índice de precios del consumidor “I.P.C” de conformidad a lo preceptuado en el artículo 187 de la Ley 1437 del 2011 y que se le dé cumplimiento en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem.

1. Que se condene en costas a la parte demandada.

Como fundamentos fácticos, la parte actora afirmó en la demanda que:

Es empleada de la Rama Judicial, al momento de presentar la demanda se desempeña en el cargo de Abogada Asesora en el H. Tribunal Administrativo de Sucre.

Desde el año 2013 ha devengado mensualmente la bonificación judicial de que habla el Decreto 383 del 2013; la cual, solo se tiene en cuenta como factor salarial, para la base de cotización del Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud y no para la liquidación de las demás prestaciones sociales, a pesar de constituir parte del “salario” por ser una suma que habitual y periódicamente reciben todos los empleados de la Rama Judicial, como retribución de sus servicios.

En virtud de lo anterior, el 17 de octubre del 2017, solicitó a la Nacióndel “salario” por ser una suma que habitual y periódicamente reciben todos los empleados de la Rama Judicial, como retribución de sus servicios.

En virtud de lo anterior, el 17 de octubre del 2017, solicitó a la NaciónRama Judicial, representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Sincelejo, inaplicar por inconstitucional la expresión “(…) constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, prevista en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013, en su lugar, reconocer a partir de su creación y en adelante, la bonificación judicial co mo factor salarial para la liquidación, sin excepción, de todas sus prestaciones sociales causadas desde el año 2013.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, por medio de la Resolución No. DESAJSIR17 -1360 del 16 de noviembre del 2017, negó la petición del 17 de octubre de esa misma anualidad.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300420210005902 Página 3 de 31

El 4 de diciembre del 2017, presentó recurso de apelación en contra Resolución No. DESAJSIR17-1360 del 16 de noviembre del 2017.

El Director Ejecutivo de Administración Judicial mediante la Resolución No. 0973 del 29 de mayo de 2020, resolvió el recurso de apelación presentado contra la Resolución No. DESAJSIR17 -1360 del 16 de noviembre del 2017, confirmando el acto administrativo en comento.

Como normas violadas por los actos administrativos demandados, se

presentado contra la Resolución No. DESAJSIR17 -1360 del 16 de noviembre del 2017, confirmando el acto administrativo en comento.

Como normas violadas por los actos administrativos demandados, se invocaron: Artículo 53 de la Constitución Política; artículo 12 del Decreto 0717 del 1978 ; Ley 4ª del 1992 ; artículos 4 y 7 del Protocolo de San Salvador; artículo 1° del Convenio 095 de la OIT.

En el concepto de violación, se indicó que los actos acusados son ilegales, por cuanto según la normativa y jurisprudencia expuesta en precedencia, la bonificación judicial prevista en el artículo 1° del Decreto 383 del 2013 es un factor salarial que debe tenerse en cuenta para la liquidación de todas las prestaciones y no sólo para establecer la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que, es un contraprestación que reciben habitual y p eriódicamente los empleados de la Rama Judicial, como retribución de sus servicios; de ahí que, el artículo 1° del Decreto 383 del 2013 vulnere de manera directa lo normado en los citados artículos.

1.2. Contestación de la demanda.

La entidad se opuso a todas y cada una de las pretensiones, manifestando que carecen de sustento fáctico, jurídico y probatorio necesario para que las mismas prosperen, por lo que solicitó la negación de las mismas.

En su defensa, manifestó que conforme a la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992 y los Decretos 0383 y 0384 del 6 de marzo de 2012, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la

En su defensa, manifestó que conforme a la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992 y los Decretos 0383 y 0384 del 6 de marzo de 2012, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a lo que se agrega que la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran dicho concepto es de la exclusiva competencia de Gobierno Nacional, como lo evidencian los decretos expedidos por el Ejecutivo para ajustar el monto de la referida bonificación en las vigencias 2015 y 2016, quedando por lo tanto resuelta de plano la pretensión del interesado concerniente a “…ajustes equivalentes al IPC del 02%…”

Conforme a la jurisprudencia constitucional (sentencia C-410-97 de 1997) y la filosofía del legislador con la expedición de los Decretos 383 y 384 del 6 de marzo de 2013, se tiene que a la parte demandante no se le ha vulnerado derecho adquirido alguno, en consideración a que el derecho que reclama, ha sido creado por el Gobierno Nacional hasta en losNulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300420210005902 Página 4 de 31

Decretos en cita, razón por la que no hacía parte de su patrimonio antes de la expedición del mismo, por lo tanto, no le ha sido arrebatado o vulnerado, pues es a partir de la creación de este concepto salarial y seguidos los lineamientos del ejecutivo com o órgano competente en su expedición, que se entró a liquidar y a devengar este concepto.

vulnerado, pues es a partir de la creación de este concepto salarial y seguidos los lineamientos del ejecutivo com o órgano competente en su expedición, que se entró a liquidar y a devengar este concepto.

Hasta allí era una expectativa y empezó a formar parte de su patrimonio como lo previó el legislador, sin carácter de factor de salario para liquidar sus prestaciones sociales, así nació y así lo concertaron las partes, Rama Judicial, ASONAL y el ejecutivo, luego entonces, no se violó algún derecho adquirido y no hay lugar a cancelar diferencia prestacional alguna a título de Bonificación Judicial al funcionario judicial.

Es por ello que el Gobierno Nacional no desconoce o lesiona los derechos reclamados, pues los derechos adquiridos son intangibles, y para el caso en estudio, la Bonificación Judicial creada en los Decretos 383 y 384 de 2013, fue el producto de una reclamac ión salarial a través del paro judicial, que hasta ese momento, era una mera expectativa o esperanza de obtener un derecho, susceptible de ser modificada discrecionalmente por el Gobierno Nacional y que a la postre, se configuró con la expedición de la norma precitada.

Con la relación a la excepción de inconstitucionalidad, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como autoridades administrativas, agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidas al imperio de la ley y obligadas a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento, pues no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los Jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias, los que tienen esa potestad.

pues no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los Jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias, los que tienen esa potestad.

Tampoco le es dable a la Administración acceder a la inaplicación por inconstitucionalidad, pues al realizarlo se modificaría el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios del Decreto 0383 de 2013 o del Decreto 0384 de 2013, competencia atribuible única y exclusivamente al Gobierno Nacional.

Sumado a lo anterior, no se avizora vicio de constitucionalidad alguno en la disposición en cita que regula la bonificación judicial, toda vez que, variada y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido que resulta ajustado a la Constitu ción Nacional el que el Gobierno establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal Bonificación surgieron a partir de un acuerdo colectivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300420210005902 Página 5 de 31

Por tanto, la única posibilidad que tiene la administración de apartarse de las normas es cuando no son claras y abiertamente inconstitucionales, situación que no ocurre en el presente caso, como quiera que los Decretos 383 y 384 de 2013, que crearon la Bo nificación Judicial y regulan su liquidación están vigentes, y es en virtud del principio de legalidad contemplado en el artículo 6 de la Carta Política, que como autoridad debe

383 y 384 de 2013, que crearon la Bo nificación Judicial y regulan su liquidación están vigentes, y es en virtud del principio de legalidad contemplado en el artículo 6 de la Carta Política, que como autoridad debe acatarlos y cumplirlos, hasta tanto no haya sido anulada o suspendida estas no rmas en sus efectos por la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, máxime cuando de su lectura no se genera duda con respecto a la interpretación y alcance del mismo.

En tal virtud, solicita no acceder a las pretensiones de la demanda en el sentido de incluir en la liquidación de las prestaciones sociales de los beneficiarios de la bonificación judicial el valor por ésta reconocido como factor de salario (y la cual sólo se debe tomar para los aportes a los sistemas de salud y pensión) y que hoy surgen de la interpretación errada que el servidor judicial tiene de la norma, pues como autoridad administrativa y guardadora del principio de legalidad, a la Administración Judicial le corresponde acatar estrictamente el ordenamiento legal vigente, sin que le sea posible interpretarlo o inaplicarlo, en razón a que son los Jueces en sus respectivos fueros a través de sus sentencias los que tienen tal potestad.

Por último, formuló las excepciones que denominó: i) Falta de Integración de Litisconsorcio necesario; ii) Ausencia de causa petendi; y iii) Prescripción. 1.3. La sentencia apelada. El Juzgado 403 Administrativo Transitorio del Circuito de Montería, profirió sentencia 21 de junio de 2024 , accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

«PRIMERO: Avocar conocimiento dentro del medio de control identificado en el pórtico de la presente.

sentencia 21 de junio de 2024 , accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

«PRIMERO: Avocar conocimiento dentro del medio de control identificado en el pórtico de la presente.

SEGUNDO: Inaplicar por inconstitucional la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el Decreto N° 383 de 2013 y los Decretos s ubsiguientes que lo modifiquen, siempre y cuando permanezca vigente el vínculo laboral y continúe percibiendo tal bonificación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. DESAJSIR17 -1360 del 16 de noviembre de 2017, suscrita por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Montería - Córdoba, y la Resolución No. 0973 del 29 de mayo de 2020 mediante la cual se confirmó la decisión emitida en la Resolución antes dicha.

TERCERO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción como pasa a decirse.

CUARTO: Como restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Rama Judicial para que reconozca, reliquide y pague a la Dra. Gisella María Buvoli Lara,Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300420210005902

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todas las prestaciones sociales reconocidas, pagadas y causadas, a partir del 28 de abril de 2018, - por prescripción-, con inclusión de la bonificación judicial como

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todas las prestaciones sociales reconocidas, pagadas y causadas, a partir del 28 de abril de 2018, - por prescripción-, con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, hasta que permanezca vigente el vínculo laboral y continúe percibiendo tal bonificación.

QUINTO: Condenar a la entidad demandada que sobre las sumas de dinero resultantes de la presente condena efectúe los correspondientes ajustes de ley, conforme al porcentaje ordenado para cada año por el Gobierno Nacional.

SEXTO: Condenar a la demandada a ajustar el valor de la condena aquí impuesta conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, empleando para ello la formula universal adoptada por el H. Consejo de Estado, y que fue señalada en la parte motiva de esta providencia.

SEPTIMO: Condenar a la entidad demandada cumplir la sentencia en los precisos términos contenidos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVO: Negar las demás excepciones propuestas, según se motivó.

NOVENO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: Abstenerse de condenar en costas, según se motivó «(SIC)»

Argumentó el A-quo:

«(…) Este Despacho Judicial considera que la bonificación judicial tiene una naturaleza salarial ya que fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y que al

naturaleza salarial ya que fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y que al restringirle los efectos para que sea tenida en cuenta al momento de liquidar las prestaciones sociales, constituye una disminución del monto reconocido desmejorando el valor de las prestaciones sociales, quebrantando así lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992 el cual dispuso que el respeto de los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales, en ningún cas o podrá desmejorar sus salarios y prestaciones sociales.

En ese sentido, el Decreto 383 de 2013 creó una bonificación judicial que constituye salario de forma restringida para la base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero no para la liquidación de las prestaciones sociales, razón que convierte en ilegal dicha restricción.

Entonces, si la bonificación creada por Decreto 383 de 2013, es habitual, el demandante como servidor al servicio de la Rama Judicial, la venía percibiendo mes a mes y responde a una retribución de su trabajo, es evidente que constituye salario y debe cons iderarse factor para liquidar todas sus prestaciones sociales y económicas.

Lo dicho robustece lo ya señalado respecto a que la disposición cuestionada es contraria a la Constitución Política y por ende deba ser inaplicada, puesto que la Rama Judicial, pese a estar facultada para nivelar el salario de sus servidores, atendiendo a principios de equidad, está excluyendo un factor del concepto de

contraria a la Constitución Política y por ende deba ser inaplicada, puesto que la Rama Judicial, pese a estar facultada para nivelar el salario de sus servidores, atendiendo a principios de equidad, está excluyendo un factor del concepto de salario, asunto que, en gracia de discusión, es del resorte del Congreso de la República.

Por tanto, considera esta judicatura que los actos administrativos demandados y los Decretos N° 383 de 2013 y subsiguientes que lo modifican son contrarios a la Ley y a la constitución, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda en el sentido de que las sumas devengadas por concepto de la bonificación judicial por el actor en su calidad de servidor público de la Rama Judicial, constituyen factor salarial para liquidar sus prestaciones sociales, de modo que la expresión “no constituye factor sal arial” deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados en esta providencia.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300420210005902 Página 7 de 31

Inaplicación del artículo 1° del Decreto 383 de 2013. (…)

Conforme lo antes expuesto, se procederá a inaplicar por inconstitucional la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y de los Decretos subsiguientes que lo modifican, en razón a que no se puede dar aplicación a un Decreto de inferior jerarquía frente a los preceptos constitucionales, que son normas superiores de obligatorio cumplimiento.

modifican, en razón a que no se puede dar aplicación a un Decreto de inferior jerarquía frente a los preceptos constitucionales, que son normas superiores de obligatorio cumplimiento.

De las excepciones propuestas por la parte demandada.

Prescripción. (…) En el sub examine, el derecho a la bonificación judicial se hizo efectivo a partir del 6 de marzo de 2013, fecha en que se creó la bonificación judicial en los términos señalados en el Decreto 383 de 2013; sin embargo, debe tenerse en cuenta la fecha a par tir de la cual se realizó la solicitud de reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

Acorde con la prueba documental, la petición ante la administración se presentó el 17 de octubre de 2017, y como quiera que la interrupción de la prescripción surte efectos tres (3) años atrás, en principio, los derechos reclamados antes del 17 de octubre de 2014 se encuentran prescritos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que, para efectos del cómputo de la prescripción, su interrupción se aplica, pero solo por un lapso igual, es decir, que la demanda debe presentarse dentro de los 3 años siguientes a la presentación de la reclamación administrativa.

Para este caso, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdos PCSJA11517, PCSJA20 -11518, PCSJA11519, PCSJA -11521, PCSJA20 -11526, PCSJA-11527, PCSJA -11528, PCSJA -11529, PCSJA -11532, PCSJA -11546, PCSJA11549, PCSJA -11556 Y PCSJA -11567 suspendió los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020, por motivos de salubridad y fuerza mayor con

PCSJA11549, PCSJA -11556 Y PCSJA -11567 suspendió los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020, por motivos de salubridad y fuerza mayor con ocasión a la pandemia de la COVID-19.

Por su parte, el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 564 de 2020 también realizó precisiones al respecto, indicando que “Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios contr ol o presentar demandas ante la Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales” .

El Gobierno Nacional, con la expedición del mismo Decreto 564 de 2020, estableció que los términos de prescripción se reanudarían desde el día hábil siguiente a la fecha en que cesó la suspensión, el dos (2) de julio de dos mil veinte (2020).

Bajo ese entendido, el cómputo del término de prescripción fue suspendido desde el 16 de marzo y hasta el 01 de julio de 2020, conforme se dispuso en los referidos acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, reanudándose el mismo a partir del 2° de julio siguiente.

Se aclara que, respecto de los casos en que el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a 30 días, se le concedió al interesado un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la

Se aclara que, respecto de los casos en que el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a 30 días, se le concedió al interesado un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar la actuación correspondiente.

En el asunto de marras, como quiera que la reclamación administrativa se formuló el 17 de octubre de 2017, la demanda debió presentarse dentro de los 3 años siguientes, esto es, hasta el 17 de octubre de 2020.    Sin embargo, considerando la suspensión del término de prescripción entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, la demanda podía presentarse válidamente hasta el 29 de enero de 2021 y, como quiera que se interpuso solo hasta el 28 de abril de 2021, desaparecieron los efectos de la interrupción de la prescripción.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300420210005902 Página 8 de 31

Considerando que los efectos de la interrupción de la prescripción no permitieron que el derecho se mantuviera y dado que la demanda se presentó el 28 de abril de 2021, la decisión tendría efectos fiscales a partir del 28 de abril de 2018, cuando se interrumpió de nuevo el término con la presentación de la demanda. (…) En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará que se reconozcan y paguen las diferencias salariales y prestacionales al no tenerse en cuenta la bonificación judicial como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, dejadas de percibir por la parte demandante desde el 28 de abril de 2018,

reconozcan y paguen las diferencias salariales y prestacionales al no tenerse en cuenta la bonificación judicial como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, dejadas de percibir por la parte demandante desde el 28 de abril de 2018, por prescripción, mientras continúe vinculado y percibiendo la bonificación judicial «(SIC)».

1.4. El recurso de apelación.

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la Nación-Rama Judicial interpuso recurso de apelación, en los siguientes términos:

“(…) RAZONES DE LA APELACIÓN.

Las pretensiones del caso sub examine, están encaminadas a conseguir el reconocimiento y pago de la diferencia reclamada por concepto de la reliquidación de todas las prestaciones sociales percibidas por el demandante, con la inclusión o cómputo de la Boni ficación Judicial, creada en el decreto 0383 de 2013, como factor salarial.

Al respecto, sobre el carácter salarial o no de algunos emolumentos derivados de la relación laboral legal y reglamentaria de los servidores judiciales, es del caso anotar que en diferentes sentencias los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo han plasmado su posición, que se circunscribe a ratificar la potestad que tiene el legislador, por mandato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del sal ario del servidor público, sin que ello implique omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes.

Así, y más específicamente sobre la expresión “sin carácter salarial”, se pronunció la H. Corte Constitucional en sentencia C-279 de 24 de junio de 1996, en el trámite

omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes.

Así, y más específicamente sobre la expresión “sin carácter salarial”, se pronunció la H. Corte Constitucional en sentencia C-279 de 24 de junio de 1996, en el trámite de la Acción Pública de Inconstitucionalidad promovida contra algunos apartes de la Ley 4ª de 1992, al manifestar:

"…Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, ya que aun cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor del trabaj ador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario de l trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter… Igualmente, la Corte Constitucional, ha sostenido que “el legislador conserva una cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. Las definiciones de convenios internacionales que transcribe la actora no significan que el legislador nacional haya perdido la facultad de tomar o no en cuenta una parte de la remuneración que perciben los trabajadores para definir las bases sobre las cuales han de hacérseles otros pagos. Así pues, el considerar que los pagos por primas técnicas y espec iales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto

sobre las cuales han de hacérseles otros pagos. Así pues, el considerar que los pagos por primas técnicas y espec iales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional”.

Lo anterior fue reiterado y referido en sentencia SU 395 de 2017 (…).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300420210005902 Página 9 de 31

Es así que, la Bonificación Judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013, modificado por el 1269 de 2015, y Decreto 384 de 2013, constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En consecuencia, la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en el artículo 3º del Decreto 383 y en el artículo 2 del Decreto 382, que prevén: “Ninguna au toridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto”, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley