TA SUC - 70001-33-33-008-2016-00221-03-(30-07-2025)

Sincelejo, treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Expediente No. 70-001-33-33-008-2016-00221-03

Demandante: César Martínez Suárez

Demandado: Departamento de Sucre

Magistrado ponente: César Enrique Gómez Cárdenas

Temas: Actio in rem verso – Enriquecimiento sin causa/ Ausencia de contrato/ Se confirma.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 1 0 de marzo de 2025 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, que negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

CÉSAR MARTÍNEZ SUÁREZ a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa present ó demanda en contra del DEPARTAMENTO DE SUCRE, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por el daño antijurídico causado, con ocasión a la falta de indemnización por concepto de prestaciones sociales por tiempo de servicios prestados a favor de la entidad territorial.

Como consecuencia de lo anterior, solicit ó que se le condenara al pago de las siguientes sumas por concepto de perjuicios materiales e inmateriales:

Perjuicios materiales:

• Daño emergente: La suma de $10.385.661,3

• Lucro cesante: La suma correspondiente al pago de la sanción moratoria e intereses moratoria, horas nocturnas y diurnas extra , aportes en salud y

• Daño emergente: La suma de $10.385.661,3

• Lucro cesante: La suma correspondiente al pago de la sanción moratoria e intereses moratoria, horas nocturnas y diurnas extra , aportes en salud y pensión, e indemnización por despido injusto.

Como fundamentos fácticos1 de sus pretensiones, la parte actora afirmó en su demanda que:”(SIC)”

1. Mi cliente el señor CÉSAR MARTÍNEZ SUÁREZ es portador de la cédula de ciudadanía No.92.257.989.

2. Mi cliente laboró por el término desde el 03 de octubre de 2009 hasta el 01 de septiembre de 2014, en cargo de celador y auxiliar de servicios generales a favor del Colegio San Luis Beltrán en el Corregimiento de San Luis del Municipio de Sampués adscri to al Departamento de Sucre,

1 Se transcriben in extenso. Rama Judicial

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Sala Tercera de Decisión Oral

República de ColombiaRadicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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nombrado y contratado de forma verbal por el señor rector ALBEIRO

LÁZARO LÁZARO.

3. Durante la vigencia de la prestación del servicio, se le excluyó deliberada e ilegalmente de los beneficios legales de acreencias laborales y prestaciones sociales en IGUALDAD, provocando un enriquecimiento sin causa de la entidad.

4. Que el día 02 de septiembre de 2014 de forma verbal al rector una vez despedido sin justa, mi cliente solicitó el reconocimiento y pago de las

prestaciones sociales en IGUALDAD, provocando un enriquecimiento sin causa de la entidad.

4. Que el día 02 de septiembre de 2014 de forma verbal al rector una vez despedido sin justa, mi cliente solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales sin obtener respuesta hasta la fecha.

5. Mi poderdante devengaba la suma de trescientos ocho mil pesos $308.000, lo cual era ilegal puesto se presume que trabajador dentro del Estado Colombiano debería devengar el salario mínimo mensual vigente.

6. Que el día 24 de agosto de 2016 se presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, celebrándose la audiencia de conciliación el día 28 de septiembre de 2016, celebrándose forma fallida”.

1.2. Contestación de la demanda2

El Departamento de Sucre se opuso a las pretensiones de la demanda, por carecer de sustento jurídico.

Al referirse a los hechos de la demanda señaló, que el señor César Martínez Suárez desempeñó el cargo de Celador, Grado 25 en el Centro Educativo Achiote en Sampués para el período comprendido entre el 1 de mayo a 21 de mayo del año 2013, por lo que a su juicio, no pudo desempeñar funciones de celador en otra institución.

Seguidamente señaló que, el actor debe probar el hecho o hechos en los que fundamenta la responsabilidad de la administración, obligación legal a su cargo.

Como argumentos de su defensa, indicó que en ningún momento existió relación contractual o laboral entre la entidad territorial y el actor, razón por la cual, está pretendiendo el reconocimiento y pago de los servicios

cargo.

Como argumentos de su defensa, indicó que en ningún momento existió relación contractual o laboral entre la entidad territorial y el actor, razón por la cual, está pretendiendo el reconocimiento y pago de los servicios prestados sin que mediara contrato; y en ese orden, la acción procedente es la de in rem verso y no la de reparación directa.

De otra parte, señaló que en el presente asunto se ha configurado la inexistencia del derecho reclamado y la improcedencia de la acción. Trae al plenario apartes de la sentencia fechada 11 de abril de 2012, proferida por la Subsección A, del Consejo de Estado – Expediente 21186.

Por último, propone las excepciones de: Inexistencia del derecho invocado e improcedencia de la acción.

1.3. La sentencia apelada.

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante sentencia del 10 de marzo de 2025, negó las súplicas de la demanda, con los siguientes argumentos:

2 La demanda se admitió mediante auto fechado 21 de marzo de 2017.Radicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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“(…)

3. Caso concreto.

La parte actora le atribuye responsabilidad a la entidad demandada por los perjuicios causados, como consecuencia del no pago de las prestaciones sociales a que tenía derecho por haber laborado desde el 3 de octubre de 2009 hasta el 1° de septiembre de 2014, en el cargo de celador y auxiliar de servicios generales, en el colegio San Luis Beltrán en el corregimiento de San Luis del Municipio de Sampués.

2009 hasta el 1° de septiembre de 2014, en el cargo de celador y auxiliar de servicios generales, en el colegio San Luis Beltrán en el corregimiento de San Luis del Municipio de Sampués.

Alega el actor que, el daño causado por parte del Departamento de Sucre se debió a una operación administrativa, al existir negligencia o arbitrariedad al nombrarlo sin el lleno de los requisitos legales.

Tenemos entonces, de la testimonial arrimada al plenario que, el señor César Suárez Martínez prestó sus servicios de celaduría en la institución educativa San Luis Beltrán, del corregimiento de San Luis en el municipio de Sampués.

Sin embargo, no se encuentra acreditado que el Departamento de Sucre ejecutara una decisión unilateral, que rompiera el equilibrio de las cargas públicas e impusiera al señor César Suarez Martínez una decisión de forma injusta y desigual que no está en el deber de soportar, por ello, no puede decirse que se causó un daño antijuridico como consecuencia de una operación administrativa, la cual, solo se configura como lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado citada previamente, cuando existe un acto administrativo y la administración realiza hechos tenientes a realizar el cumplimiento de la decisión.

Por otro lado, del libelo demandatorio, se infiere que los perjuicios reclamados por el actor, tuvieron su génesis en la prestación de los servicios como celador que el actor presto a la institución San Luis Beltrán, sin que mediara un contrato.

Consiguientemente, como se citó en precedencia, para que la actio in rem verso proceda de manera restrictiva cuando existe un contrato verbal, debe

como celador que el actor presto a la institución San Luis Beltrán, sin que mediara un contrato.

Consiguientemente, como se citó en precedencia, para que la actio in rem verso proceda de manera restrictiva cuando existe un contrato verbal, debe demostrarse que este se realizó por medio de un constreñimiento o imposición de la entidad estatal contratista; existía la necesidad de prestar un servicio para evitar un riesgo o amenaza a la salud o porque debió declararse una situación de urgencia manifiesta.

Así las cosas, en el asunto de marras, como lo que se pretende es el reconocimiento de derechos económicos derivados del presunto contrato verbal pactado entre los extremos de la litis, por el interregno comprendido entre el 3 de octubre de 2009 al 1° de s eptiembre de 2014, como quiera que, ello no obedece ni se enlista en ninguna de las circunstancias de que trata la jurisprudencia para que se aplique excepcionalmente la figura de la actio in rem verso, deberá denegarse las pretensiones de la demanda.

Como quiera que se han resuelto los problemas jurídicos planteados, procede el Despacho a resolver lo pertinente a la condena en costas, concluyendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, y atendiendo el criterio objetivo valorativo de imposición de costas que trata el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011; no hay lugar a imponer condena en costas; además que no existe prueba de su causación.Radicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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condena en costas; además que no existe prueba de su causación.Radicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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Recapitulando, no se accederá a las pretensiones de la demanda, en atención a que no se cumplieron los: i) Presupuestos para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado; ii) No se probó la responsabilidad del Estado por operaciones administrati vas; y iii) No se cumplen los presupuestos para la procedencia de la actio in rem verso”.

1.4. El recurso de apelación.

La parte actora, inconforme con la sentencia de primera instancia presentó recurso de apelación, a fin de que se accediera a las pretensiones de la demanda, para ello argumentó lo siguiente:

“(…)

Mi Cliente laboró por el término desde el 03 de Octubre de 2.009 hasta el 01 de Septiembre de 2.014, en cargo de Celador y Auxiliar de Servicios Generales a favor del colegio San Luis Beltrán en el Corregimiento de San Luis del Municipio de Sampues adscrit o al Departamento de Sucre, nombrado y contratado de forma verbal por el señor Rector ALBEIRO

LAZARO LAZARO.

Durante la vigencia de la prestación del servicio, se le excluyó deliberada e ilegalmente de los beneficios legales de acreencias laborales y prestaciones sociales en IGUALDAD, provocando un enriquecimiento sin causa de la entidad.

Con respecto a las reglas establecidas por el Honorable Consejo de Estado1 en referencia al enriquecimiento sin causa por parte del Estado (Administración), antes la ausencia de formalidades exigidas en la Ley, la Jurisprudencia expresa:

causa de la entidad.

Con respecto a las reglas establecidas por el Honorable Consejo de Estado1 en referencia al enriquecimiento sin causa por parte del Estado (Administración), antes la ausencia de formalidades exigidas en la Ley, la Jurisprudencia expresa: (…)

Debido a lo anterior, y revisado el caso en concreto y acerbo probatorio, se configuró la primera de las causales que permitirían la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin justa causa como fuente autónoma de la obligación de reparar por parte del Estado.

En efecto, de las pruebas obrantes en el expediente se encuentra, que el carácter asimétrico de la relación existente entre el señor Cesar Martínez Suarez y la Institución Educativa adscrita al Departamento de Sucre tuvo la entidad suficiente para que se c onsidere que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad y de su imperium la que impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo, cuestión que se evidencia a partir de las declaraciones de los testigos y que las misma no fueron desvirtuadas por el Rector de la Institución y el Departamento de Sucre, por los mismos servicios administrativos de la demandada, las cuales tenían como destino el celaduría (cuidado, protección, apertura y cierre de la Institución Educativa) para que fueran satisfechas por éste; agréguese a lo a nterior que durante el período aludido –pero más aun cuando hubo nombramiento en otra Institución Educativa del mismo departamento.

cierre de la Institución Educativa) para que fueran satisfechas por éste; agréguese a lo a nterior que durante el período aludido –pero más aun cuando hubo nombramiento en otra Institución Educativa del mismo departamento.

En este sentido es de recalcar que no le asiste razón a la parte demandada ni mucho al juez de instancia, en cuanto a la afirmación que no existe en el expediente: hoja de vida o contrato de prestación de servicio, contrato de trabajo o decreto de nombrami ento y acta de posesión, disposición alguna de “funcionario que pudiere comprometer la responsabilidad de la Institución, puesto que se aportó dentro proceso declaraciones de lo extremos laborales, las circunstancia de modo tiempo y lugar, la subordinación dan cuenta justamente de todo lo contrario, esto es que el señor rector Albeiro lázaro, ante la muerte del celador deRadicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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la institución educativa, hizo el reporte al Departamento de sucre, y ante la urgencia de proteger los bienes del Estado y en cumplimiento de la funciones del servicio público, solicitaron el servicio que le prestaba el señor Cesar Suarez a dicha entidad pública en el período referido y a cuya atención o satisfacción en realidad no le era posible sustraerse.

No sobra resaltar, como lo hizo la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación reseñada, que el reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa en el marco del proceso Contencioso Administrativo no tiene la finalidad de recompensar a las partes que deliberada o voluntariamente han actuado por fuera de la legalidad o con

sentencia de unificación reseñada, que el reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa en el marco del proceso Contencioso Administrativo no tiene la finalidad de recompensar a las partes que deliberada o voluntariamente han actuado por fuera de la legalidad o con violación de las normas contractuales, puesto que en tales eventos lo que se busca solamente es garantizar el equilibrio de las relaciones patrimoniales cuando quiera que un particular estuviere en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente y por ello realizó unas prestaciones a favor de una entidad pública aun cuando ellas no hubieren tenido un soporte contractual, tal como ocurrió en el caso que ahora se decide en segunda instancia y desde otro punto de vista busca evitar el enriquecimiento indebido por parte de la Administración Pública o el abuso en el ejercicio de sus derechos y competencias, todo lo anterior en el marco de los Principios Generales del Derecho y de los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, pero no podría prohijar, bajo ningún pretexto, el desconocimiento claro de las normas legales que rigen la contratación estatal”.

2. Trámite en segunda instancia.

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora fue admitido mediante auto del 25 de junio de 2025 , oportunidad en la cual se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto, guardando silencio3.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia y control de legalidad

El Tribunal es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011. No se advierten irregularidades en el trámite que afecten la eficacia de los actos procesales y por tanto no hay medidas de saneamiento que adoptar.

El Tribunal es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011. No se advierten irregularidades en el trámite que afecten la eficacia de los actos procesales y por tanto no hay medidas de saneamiento que adoptar.

3.2. Problema jurídico

El objeto de análisis de la apelación formulada se circunscribe a dilucidar si, a partir del material probatorio, se configura la “acción in rem verso por enriquecimiento sin causa”, para reclamar el pago de prestaciones sociales en virtud de contrato verbal celebrado entre las partes.

3.3. Análisis de la Sala y solución del caso.

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes, argumentos:

3.4. Enriquecimiento sin causa y la actio in rem verso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la

3 El Departamento de Sucre se pronunció después de ejecutoriado el auto que admitió el recurso de apelación.Radicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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Administración Pública”, los contratos que celebran las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública tienen que constar por escrito, lo que obliga a que las entidades tengan que observar dicha solemnidad de manera previa a la ejecución de este.

Luego de un debate jurisprudencial amplio en torno a la institución jurídica del enriquecimiento sin causa , en la sentencia SU de 19 de noviembre

dicha solemnidad de manera previa a la ejecución de este.

Luego de un debate jurisprudencial amplio en torno a la institución jurídica del enriquecimiento sin causa , en la sentencia SU de 19 de noviembre de 2012, expe.24897, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia para referirse a la procedencia excepcional de la actio in rem verso , como mecanismo corrector del enriquecimiento sin causa . En esta sentencia se realizó un recuento sobre el origen y la evolución de la figura en mención y su presentación en sede contenciosa administrativa , identificándose a su vez, las etapas de su reconocimiento y de rechazo , ésta última ante la ausencia de las solemnidades del contrato.

Así mismo se abordaron varios asuntos relacionados con el enriquecimiento sin causa, refiriéndose a casos en los cuales podría configurarse y declararse excepcionalmente en la ejecución de actividades sin mediar contra to, ello con el objeto de legitimar relaciones de hecho, y eludir la normatividad en materia contractual . Se indicó además que , el medio de control de reparación directa , es el adecuado para encausar las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa, figura ésta última que implica un reconocimiento patrimonial esencialmente compensatorio.

El tema desarrollado en la sentencia apuntaba a identificar el carácter subsidiario de la actio in rem verso , y precisar que la materialización del principio general del derecho de no enriquecimiento sin causa, no podría llevar a que se eludieran de manera sistemática la aplicación de las normas que rigen la formación, existencia y ejecución de los contratos estatales ; admitiendo entonces la hipótesis en las que resultaría viable la figura en

llevar a que se eludieran de manera sistemática la aplicación de las normas que rigen la formación, existencia y ejecución de los contratos estatales ; admitiendo entonces la hipótesis en las que resultaría viable la figura en mención sin que medie contrato , siendo éstas, - se reitera, de carácter excepcional, los cuales se relacionan a continuación:

12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación r estrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa alguna del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o im puso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a laRadicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.

12.3. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la

inciso 4º de la Ley 80 de 1993.

12.3. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según la cual, el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por consiguiente el dem andante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá derecho al monto del enriquecimiento. Ahora, de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la misma providencia que resuelva el asunto, deberá cumplir con la obligación de compulsar copias para las respectivas investigaciones penales, disciplinarias y/o fiscales.

13. Ahora, en los casos en que resultaría admisible se cuestiona en sede de lo contencioso administrativo si la acción pertinente sería la de reparación directa. (…)”4 (Subrayado fuera del texto original).

La referida sentencia ha sido objeto de análisis por parte de la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado5, al estudiar un caso en el que se solicitó el reconocimiento y pago de la prestación de determinado servicio, sin estar cobijados por contratos celebrados con la entidad demandada:

“30. A propósito de las referidas divergencias sobre la interpretación de las causales, corresponde esclarecer que ellas no constituyen una lista taxativa y cerrada de supuestos de procedencia . El carácter excepcional de la declaratoria del enriquecimiento sin causa, cuando se han efectuado actividades sin el respaldo de un contrato estatal, implica tener presente que el papel del juez del enriquecimiento sin causa consiste en estudiar la configuración de sus elementos estructurantes, para determinar si procede, o no, la declaratoria del enriquecimiento sin causa.

actividades sin el respaldo de un contrato estatal, implica tener presente que el papel del juez del enriquecimiento sin causa consiste en estudiar la configuración de sus elementos estructurantes, para determinar si procede, o no, la declaratoria del enriquecimiento sin causa.

31. En asuntos en los que se resuelve la realización de obras o la prestación de servicios sin respaldo contractual, en la valoración de la conducta de las partes, la gravedad y urgencia en la continuidad de la prestación de un servicio, así como en la buena f e y la obligación de no soslayar un imperativo de ley se centran los principales retos del juicio propio del enriquecimiento sin causa. Sin duda, acá se presentan los mayores desafíos conceptuales y argumentativos, que, por supuesto, tendrán que centrar la

4 Sentencia SU de 19 de noviembre de 2012, expe.24897. 5 Sentencia de 28 de abril de 2025. C.P. Dr. Alberto Montaña Plata. Radicado número: 76001-2333-000-2014-01388-01 (69799). Demandante: Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría.

Demandado: Municipio de Santiago de Cali.Radicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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atención en los hechos del caso, las pretensiones del demandante y los fundamentos de su demanda.

32. Sobre los referidos retos, en pronunciamientos anteriores el Consejo de Estado ha indicado que la procedencia del enriquecimiento sin causa frente a ejecuciones materiales sin el respaldo de un contrato (se trascribe): “[…] no significa que se esté dan do vía libre a la práctica generalizada de

Estado ha indicado que la procedencia del enriquecimiento sin causa frente a ejecuciones materiales sin el respaldo de un contrato (se trascribe): “[…] no significa que se esté dan do vía libre a la práctica generalizada de adelantar la ejecución de obras sin que se dé cumplimiento a los requisitos formales de legalización ordenados por la ley, la cual impone que mientras el contrato no se encuentre suscrito y legalizado, tampoco ser á posible ejecutarlo; pero esta regla no puede ser absoluta, puesto que cada caso particular debe analizarse en su verdadero contexto para desentrañar la consecuencia que esta omisión puede representar para el contratista cumplido y de buena fe”.

33. Al final, lo que se observa es que, en casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, la valoración del comportamiento de las partes será determinante para la procedencia de la declaratoria judicial del desequilibrio patrimonial producido por el enriquecimiento sin causa, por lo que su estudio siempre será medular en el ejercicio de ponderación que realiza el juez. Se reitera : la labor del juez de lo contencioso administrativo en la resolución de pretensiones relacionadas con el enriquecimiento s in causa consiste en examinar la configuración y procedencia de sus elementos estructurantes, para determinar (en un ejercicio de ponderación y en aplicación de una figura jurídica de procedencia excepcional cuando se trata de reconocer la realización de obras o prestación de servicios sin el respaldo de un contrato, cuando existía la obligación de atender una solemnidad) si procede o no la declaratoria del enriquecimiento sin causa ” (Subrayado fuera del texto original).

3.5. Solución del caso y respuesta al problema jurídico.

De manera oportuna y regular se incorporó y recaudó el siguiente material probatorio:

fuera del texto original).

3.5. Solución del caso y respuesta al problema jurídico.

De manera oportuna y regular se incorporó y recaudó el siguiente material probatorio:

• Certificado suscrito por el Líder Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación Departamental de Sucre el 5 de junio de 2017

(f.17 Contestación Dda). • En la audiencia de pruebas celebrada el día 18 de enero de 2024 ante el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, se recepcionaron las declaraciones de los señores: Sandra Marcela Paternina Martínez y Luis Alberto Martínez Hernández (Archivo 34 expediente).

En el caso concreto, observa la Sala que el señor CÉSAR MARTÍNEZ SUÁREZ presentó en contra del DEPARTAMENTO DE SUCRE , en ejercicio del medio de control de reparación directa bajo el argumento de la acción in rem verso, para que se declare que éste se enriqueció sin causa por los servicios prestados como celador y auxiliar de servicios generales en el Colegio San Luis Beltrán ubicado en el Corregimiento de San Luis del Municipio de Sampués, durante el período comprendido entre el 3 de octubre de 2009 hasta el 1 de septiembre de 2014 , período durante el cual, manifiesta no habérsele cancelado prestaciones sociales adicionales al salario, pagado por el rector de la institución educativa en mención.

En los hechos de la demanda, la parte actora señala que medió contrato verbal con el rector del colegio; pretendiendo sustentar el vínculo contractualRadicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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verbal con el rector del colegio; pretendiendo sustentar el vínculo contractualRadicado: 70-001-33-33-008-2016-00221-03

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con las declaraciones de terceros rendidas en audiencia de pruebas celebrada el 18 de enero de 2024 ante el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, los cuales afirmaron (se extraen los apartes más relevantes):

-Sandra Marcela Paternina Martínez (Min.8:50):

Luego de las generalidades de ley, manifestó que e l señor César Martínez trabajó en la Institución Educativa San Luis Beltrán a partir del 3 de octubre de 2009, donde el señor rector (Albeiro Lázaro) lo fue a buscar para que trabajara allá mientras nombra ban al otro - que iba a tomar el cargo de celador, por cuanto al actual lo habían asesinado el 1 de octubre.

Al ser vecin a del actor, se encontraba present