TA SUC - 70001-33-33-009-2019-00023-02-(12-11-2025)

Sincelejo, doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN: 70-001-33-33-009-2019-00023-02

DEMANDANTE: LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL

MEDIO DE

CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

TEMA: BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD JUDICIAL

– CONFIRMA – NIEGA PRETENSIONES

M. PONENTE: VIVIANA MERCEDES LÓPEZ RAMOS

QR EXPEDIENTE

II. OBJETO DE DECISIÓN

Procede la Sala a dirimir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado 401 Administrativo del Circuito de Sincelejo , a través de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

III. ANTECEDENTES

3.1 Pretensiones:

La señora Lissete Mairely Nova Santos , actu ando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, interpuso demanda en contra de la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitando lo siguiente:

“PRIMERO: Que se inaplique por inconstitucional los apartes de los Artículos 1° y 2° del Decreto 3131 de 2005, modificado por los Decretos 3382/2005, 403/2006, y 3900/2008, que determinaron que la Bonificación por Actividad Judicial no tiene carácter salarial,

Artículos 1° y 2° del Decreto 3131 de 2005, modificado por los Decretos 3382/2005, 403/2006, y 3900/2008, que determinaron que la Bonificación por Actividad Judicial no tiene carácter salarial, en cuanto se aparta de los tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad en materia laboral y contradice los criterios establecidos en la Ley 4 de 1992.

SEGUNDO: Se declare la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. DESAJSIR17 -1238 del 28 de septiembre deSentencia

Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 2 2017 y del Acto ficto o presunto que lo precede, mediante el cual niegan el reconocimiento y reliquidación de prestaciones sociales incluyendo la Bonificación por Actividad Judicial como factor salarial, solicitado por LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS.

TERCERO: Que a título de Restablecimiento del derecho, se reconozca la Bonificación por Actividad Judicial creada mediante Decreto 3131 del 8 de Septiembre de 2005, modificado por los Decretos 3382 del 23 de septiembre de 2005, 403/2006, y 3900/2008, como factor salarial para todos los efectos legales.

CUARTO: Que a consecuencia de lo anterior, se cancele a favor de mi mandante la diferencia entre lo que se le reconoció por concepto de prestaciones sociales (prima de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad, y Auxilio de Cesantías) causadas desde el 1 de Enero de 2005, hasta la fecha de esta demanda, así como las que se causen hacia el futuro, ordenándose con ello el

vacaciones, prima de navidad, y Auxilio de Cesantías) causadas desde el 1 de Enero de 2005, hasta la fecha de esta demanda, así como las que se causen hacia el futuro, ordenándose con ello el pago de las diferencias causadas hacia el futuro y el de las diferencias causadas entre lo pagado y lo que ha dejado de percibir al n o incluirles la Bonificación por Actividad Judicial como factor salarial”. (Sic a lo transcrito)

3.2 Supuestos fáticos:

Los expone así:

“PRIMERO: La doctora LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS, ingresó a la Rama Judicial a partir del 04 de septiembre de 2001, desempeñando varios cargos, ocupando en la actualidad el cargo

de JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

SINCELEJO - SUCRE.

SEGUNDO: El Gobierno Nacional mediante Decreto 3131 de 2005, modificado por los Decretos 3382/2005, creo un beneficio denominado "BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL PARA JUECES Y FISCALES", el que dispone lo siguiente: -Artículo 1°.

Modificado por el art. 1, Decret o Nacional 3382 de 2005. A partir del 30 de junio de 2005, créase una bonificación de actividad judicial, sin carácter salarial, que se pagará semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año, como un reconocimiento económico al buen desempeño de los funcionarios que ejerzan en propiedad los siguientes empleos: (...) Juez del Circuito $5'280.000".

TERCERO: Que a dicha Bonificación no se le dio carácter salarial,

económico al buen desempeño de los funcionarios que ejerzan en propiedad los siguientes empleos: (...) Juez del Circuito $5'280.000".

TERCERO: Que a dicha Bonificación no se le dio carácter salarial, ni prestacional desconociendo que se trata de un pago periódico por la prestación de un servicio, violando con ello normas de carácter constitucional, legal, tratados internacionales y principios Constitucionales, como es la Primacía de la Realidad sobre la forma, consagrada en el Art. 53 C.N.Sentencia

Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 3

CUARTO: Que el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4 de 1992, consagró la obligación de revisar el Sistema de Remuneración de los Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, sobre la base de Nivelación o Reclasificación de sus salarios, teniendo como fin lograr un equilibrio ante la desigualdad manifiesta en las remuneraciones existentes entre los diferentes Funcionarios de la Rama Judicial, por lo que al desconocerle el carácter salarial a la Bonificación por Actividad Judicial, se estaría desconociendo el fin determinado de la mencionada Ley 4 de 1992, que no es otro que la NIVELACIÓN SALARIAL atendiendo a los criterios de Equidad”. (Sic a lo transcrito).

3.3 Normas violadas y concepto de violación:

Como normas violadas por la entidad demandada, se citan en la demanda las siguientes disposiciones:

La parte accionante manifiesta que “En el presente caso mi poderdante viene percibiendo desde el año 2005, la bonificación judicial por actividad judicial, esto es

Como normas violadas por la entidad demandada, se citan en la demanda las siguientes disposiciones:

La parte accionante manifiesta que “En el presente caso mi poderdante viene percibiendo desde el año 2005, la bonificación judicial por actividad judicial, esto es de manera habitual y periódica, dos veces al año, sin que sea tenida en cuenta para efecto de liquidar sus prestaciones sociales. Ahora bien no debe desconocerse que la Bonificación por actividad judicial fue creada como respuesta a las luchas incansables de los funcionarios y empleados de la Rama judicial, para alcanzar una remuneración justa y proporcional a la labor realizada, sin embargo el Gobierno nacional no le dio a la Bonificación por Actividad Judicial el carácter salarial que muchos años después se logró a través de sendas demandas las cuales luego de muchos años tuvieron en el Honorabl e Consejo de Estado y Tribunales de Colombia, como el Tribunal de Antioquia que en un fallo en Derecho confirma la sentencia proferida por un Juzgado Administrativo de Medellín que inaplica por inconstitucionales las normas demandas. Por todo lo anterior l a expresión contemplada en el "Decreto 3131 de 2005, Art. 1. A partir del 30 de junio de 2005, créase una bonificación de actividad judicial, sin carácter salarial, que se pagará semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año, como un reconocimiento económico al buen desempeño de los funcionarios que ejerzan en propiedad los siguientes empleos...".

Resulta contrario y violatorio de principios y normas Constitucionales; internacionales y Legales (Artículos 2, 25, 53 y 93 de la Constitución Política; El

propiedad los siguientes empleos...".

Resulta contrario y violatorio de principios y normas Constitucionales; internacionales y Legales (Artículos 2, 25, 53 y 93 de la Constitución Política; El Convenio sobre la Protección del Salario No. 95 de 1949 OIT. Aprobado por la Ley 54 de 1962 —, Art. 1'; Art. 12 Decreto 717 de 1978; Artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; Decreto 1042 de 1978 en su artículo 42), por cuanto desconoce la situación más favorable al trabajador, ya que al quitarle carácter salarial a dicha Bonificación por Ac tividad Judicial, entra a desmejorar y reducir claramente su salario y prestaciones como Funcionario de la Rama Judicial, desconociendo por tanto los principio de progresividad, remuneración vital y móvil proporcional al trabajo, favorabilidad en materia l aboral, de la realidad sobre las formas y la prohibición de reducir sus garantías mínimas laborales, frenando consigo el fin mismo de su creación que no es otro que el mejoramiento de los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, teniendo como fin,Sentencia Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 4 lograr la nivelación salarial sin distinción alguna, buscando siempre la equidad, la igualdad, el equilibrio y la justicia entre los Funcionarios del Poder Público.

3.4 Contestación de la demanda de l a Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Dicha autoridad a través de su representante judicial se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. La entidad demandada centra su defensa

Ejecutiva de Administración Judicial.

Dicha autoridad a través de su representante judicial se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. La entidad demandada centra su defensa arguyendo lo siguiente:

“Por lo expuesto en precedencia y apegado al principio de legalidad, se considera que no es viable acceder a esta pretensión, atendiendo a lo establecido en los preceptos consignados en la norma que creó la BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL, y en los que posteriormente la modificaron, disposiciones en las que expresamente, como ya se explicó, se ordenó que a partir del 1º de enero de 2009, la mencionada bonificación constituye factor salarial, pero únicamente para efectos de determinar el ingreso base de cotización al Sistema General de Pensiones y para establecer el monto de la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de los servidores beneficiarios de dicho derecho, más no para la liquidación de sus prestaciones sociales, razón por la q ue es posible afirmar con total seguridad, que la Dirección Seccional de la Rama Judicial, como agente del Estado y custodio del principio de legalidad, ha aplicado correctamente el contenido de la norma y ha reconocido y pagado las prestaciones sociales a los Jueces de la República, entre ellos al aquí convocante, sin incluir en la liquidación de las mismas la doceava parte de dicha Bonificación, en total acatamiento al tenor literal de la normatividad citada en párrafos anteriores.

Por todo lo planteado en precedencia no es viable que prosperen las pretensiones del demandante, toda vez que la actuación de esta Entidad debe ajustarse al mandato expreso de la legislación aplicable en cada vigencia y de no hacerlo se

Por todo lo planteado en precedencia no es viable que prosperen las pretensiones del demandante, toda vez que la actuación de esta Entidad debe ajustarse al mandato expreso de la legislación aplicable en cada vigencia y de no hacerlo se derivarían dos situ aciones de suma trascendencia que implicarían además desacatar el ordenamiento legal vigente: la primera, que se estaría modificando un régimen salarial claramente definido y establecido en la Ley, facultad que no le compete a esta Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ni a sus Direcciones Seccionales, y la segunda, que el porcentaje máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo ejercido por el peticionario como Juez, en relación a la remuneración de los Magistrados de la Altas Cortes, sería notoriamente sobrepasado y como consecuencia dejaría de ser el legalmente previsto por el legislador (Decreto 1251 de 2009).

Así pues, la determinación de la bonificación por actividad judicial como factor salarial de manera exclusiva para efectos de cotización en salud y pensión no es contrario al ordenamiento jurídico colombiano. En conclusión, la respuesta al problema jurídic o planteado es que la demandante no tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales incluyendo la bonificación por actividad judicial como factor salarial.”

3.5 La sentencia apelada:Sentencia Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 5 El Juzgado Transitorio 401 Administrativo del Circuito de Sincelejo , profirió sentencia del 18 de noviembre de 2021 , denegando a las pretensiones de la demanda así:

“Ha quedado probado en este asunto que la señora LISSETE

El Juzgado Transitorio 401 Administrativo del Circuito de Sincelejo , profirió sentencia del 18 de noviembre de 2021 , denegando a las pretensiones de la demanda así:

“Ha quedado probado en este asunto que la señora LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS, presta sus servicios en la Rama Judicial como Juez del Circuito de Sincelejo; también quedó demostrado que por ese servicios recibe una remuneración en donde se cancela como reconocimiento del mismo una bonificación por actividad judicial, en el mes de junio y en el mes de diciembre de cada año.

También quedó establecido por la Ley que aquella se creó para mejorar el salario de los funcionarios, es decir se trata de una suma adicional a la asignación básica, constituida, desde un principio, sin carácter salarial; a partir del decreto 3900 del 7 de octubre de 2008, el cual entró a regir a partir del 1° de enero de 2009, se reconoce como factor salarial solo “para determinar las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en salud y pensión”.

Así las cosas, no le asiste razón a la parte demandante como quiera que, como quedó aquí establecido, este reconocimiento se creó como una suma adicional a la asignación básica, desde el año 2005, sin que se tuviese otro significado; es a partir del año 20 09 cuando la misma viene a ser incluida en la liquidación para las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y pensión.

Así las cosas, teniendo en cuenta el precedente transcrito sobre el tema, se denegarán las súplicas de la demanda respecto a esta aspiración. Al determinarse la improcedencia de la pretensión de la

Así las cosas, teniendo en cuenta el precedente transcrito sobre el tema, se denegarán las súplicas de la demanda respecto a esta aspiración. Al determinarse la improcedencia de la pretensión de la parte demandada, se obviará el estudio de la excepción propuesta por la parte demandada, de prescripción del derecho, por no prosperar las súplicas de la demanda”. (Sic a lo trascrito)

3.6 El recurso de apelación de la parte demandante.

La parte actora inconforme con la decisión de primera instancia, formuló recurso de apelación en los siguientes términos:

“No compartimos los argumentos del a -quo para negar las pretensiones de la demanda relacionadas con la bonificación por actividad judicial en razón a lo siguiente:

En la demanda se solicitó se inaplique por inconstitucional los apartes de los Artículos 1o y 2o del Decreto 3131 de 2005, modificado por el Decreto 3382 de 2005, y los Decretos 403 de 2006, 632 de 2007, 671 de 2008, 736 de 2009, 1401 de 2010, 1052 de 2011, 850 de 2012, 1027 de 2013, 197 de 2014, 1100 de 2015, 240 de 2016 y 1009 de 2017, que cada año expide el Gobierno Nacional, que determinaron que la Bonificación por ActividadSentencia Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 6 Judicial no tiene carácter salarial, en cuanto se apartan de los tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad en materia laboral y contradicen los criterios

Rad.: 70-001-33-33-009-2019-00023-02

6 Judicial no tiene carácter salarial, en cuanto se apartan de los tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad en materia laboral y contradicen los criterios establecidos en la Ley 4a de 1992.

En la mencionada ley 4a de 1992, se señalaron las normas, objetivos y criterios que debía observar el gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, atendiendo entre otras, razones de justicia y equidad, y propendiendo por la nivelación salarial y prestacional en los distintos sectores de la administración pública.

Ante la negativa del ejecutivo de darle cumplimiento a la mencionada Ley, optaron por utilizar medios de presión de hecho como fueron los ceses laborales y es así como se expidió el Decreto 3131 de 2005, que crea la Bonificación por Actividad Judicial con la connotación especial de no constituir factor salarial y solo fue hasta el año 2009 que se le confirió carácter salarial pero única y exclusivamente para efectos de liquidar aportes para el sistema de seguridad social en salud y pensión, desconociendo con ello el principio de la primacía de la realidad sobre la forma, pues la Bonificación por Actividad Judicial es percibida por los Jueces de la República como contraprestación directa de su servició de manera semestral (junio y diciembre) y permanente reuniendo con ello los requisitos para constituir factor salarial.

Es evidente el desconocimiento de principios Constitucionales y Convenios Internacionales como el de la OIT 95, el cual se

manera semestral (junio y diciembre) y permanente reuniendo con ello los requisitos para constituir factor salarial.

Es evidente el desconocimiento de principios Constitucionales y Convenios Internacionales como el de la OIT 95, el cual se encuentra incorporado a nuestra legislación desde la Ley 54 de 1992 y que define el Salario como “La remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba prestar” Por su parte el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 42 señala:

“De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios... Son factores de salario:”... g) La bonificación por servicios prestados...”. Bonificación esta que para el caso que nos ocupa no es otra que la bonificación por actividad judicial, la cual el Gobierno Nacional por muchos años le ha venido desconociendo ese carácter salarial para efecto de liquidación de prestaciones sociales.Sentencia Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 7 La Corte Constitucional en Sentencia C -710 de 1990 definió el salario así: “La definición de lo que es factor salarial, corresponde

Rad.: 70-001-33-33-009-2019-00023-02

7 La Corte Constitucional en Sentencia C -710 de 1990 definió el salario así: “La definición de lo que es factor salarial, corresponde a la forma como se desarrolla el vínculo laboral, y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o ex cluya como tal, pues todo aquello que recibe el trabajador como contraprestación directa de su servicio, sin importar su denominación, es salario. En esta materia, la realidad prima sobre las formalidades pactadas por los sujetos que intervienen en la relación laboral. Por tanto, si determinado pago no es considerado salario, a pesar de que por sus características es retribución directa del servicio prestado, el juez laboral, una vez analizadas las circunstancias propias del caso, hará la declaración correspondiente”.

Posteriormente en Sentencia SU -995 de 1995, señaló: “para efectos del significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario, y sobre todo para la protección judicial del derecho a su pago cumplido, deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrolladas por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que pueda designarle la ley o las partes contratantes.

Así no solo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el empleador, sentido restringido y común del vocablo, sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, entre otras denominaciones que tienen origen e n la relación laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado.

La interpretación y definición que dan las sentencias citadas al

vacaciones, cesantías, entre otras denominaciones que tienen origen e n la relación laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado.

La interpretación y definición que dan las sentencias citadas al salario ha venido siendo desconocida no solo por el ejecutivo sino también por quienes ejercen o cumplen funciones jurisdiccionales no obstante encontrarnos frente a un Estado Social de Derecho que tiene al trabajo como uno de sus pilares fundamentales, de allí que el preámbulo de la Constitución Política determine entre sus fines “ asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,...dentro de un marco j urídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo...” De igual forma el Decreto 3131 de 2005, modificado por los Decretos 3382 de 2005, 403 de 2006, 632 de 2007, 671 de 2008, 736 de 2009, 1401 de 2010, 1052 de 2 011, 850 de 2012, 1027 de 2013, 197 de 2014, 1100 de 2015, 240 de 2016 y 1009 de 2017 vulnera los artículos 2, 3, 25, 29,53, 55, 84, 93, 209 (principios mínimos de favorabilidad, progresividad y mínimo vital móvil) al negarse a garantizar un orden social j usto, al no reconocer el derecho que le asiste a la actora a que se le reliquiden sus prestaciones sociales incluyendo en estas la Bonificación por Actividad Judicial como factor salarial.Sentencia Nulidad y Restablecimiento del Derecho

derecho que le asiste a la actora a que se le reliquiden sus prestaciones sociales incluyendo en estas la Bonificación por Actividad Judicial como factor salarial.Sentencia Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 8 Se reitera que la Bonificación por actividad judicial fue creada como respuesta a las luchas incansables de los funcionarios y empleados de la Rama judicial, para alcanzar una remuneración justa y proporcional a la labor realizada, sin embargo, al no confe rirle carácter salarial para efectos de liquidaciones de prestaciones laborales no cumple con las expectativas laborales de los trabajadores (funcionarios) de la Rama Judicial; de igual forma desnaturaliza la definición de salario que la Corte Constitucion al plasmó en las sentencias arriba citadas”. (Sic a lo trascrito)

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El presente asunto arribó a esta Corporación para su trámite de segunda instancia en fecha del 17 de septiembre de 2025.

Posteriormente, a través de proveído adiado del 29 de octubre de 2025, se dispuso la admisión del recurso de apelación incoado por la parte accionada.

En este estadio procesal, las partes guardaron silencio sobre el particular.

El Ministerio Público, guardó silencio en esta oportunidad.

V. CONSIDERACIONES

5.1. La Competencia.

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la demanda aquí interpuesta.

5.1. La Competencia.

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la demanda aquí interpuesta.

Así mismo, se advierte el cumplimiento de los presupuestos procesales y ausencia de causa de nulidad que invalide lo actuado.

5.2 Problema jurídico a resolver.

De acuerdo con el recurso de apelación, el problema jurídico a resolver por la Sala se circunscribe a determinar si resultó acertada o no la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

Esta Corporación debe determinar sí hay lugar a que previa inaplicación por inconstitucionalidad o ilegalidad de la expresión “sin carácter salarial” contenida en el artículo 1° del Decreto 3131 de 2005 y los apartes: “no constituye factor salarial ni prestacional y no se tendrá en cuenta para determinar elementos salariales o prestaciones sociales”, contenidos en el artículo 2° del 3900 de 2008, es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, mediante los cuales la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó a la parte demandante el reconocimiento del carácter salarial de la bonificación por actividad judicial prevista en los Decretos 3131 de 2005 y 3900 de 2008, y la incidencia de dicho factor en las demás prestaciones laborales o emolumentos que por la constitución y la ley correspondan.Sentencia Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 9

5.3 Marco normativo y jurisprudencial.

por la constitución y la ley correspondan.Sentencia Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 9

5.3 Marco normativo y jurisprudencial.

5.3.1 Del régimen salarial de los empleados públicos.

La Constitución Política de 1991 en su artículo 150 establece la competencia general del Congreso de la República para la expedición de las Leyes:

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza

Pública.”

Por medio de esa potestad el órgano legislativo ejerce, entre otras funciones, las de dictar normas generales de carácter prestacional, y en virtud de estas, señala las directrices y define los propósitos, objetivos y criterios a los cuales debe someterse el Gobierno Nacional para que éste a su vez establezca el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del propio Congreso Nacional y de la Fuerza Pública (artículo 150, numeral 19, literal e).

Visto lo anterior, es claro entonces que en el ordenamiento jurídico colombiano existe una dualidad en la competencia entre el legislador y el ejecutivo para expedir normas de carácter salarial y prestacional en lo que atañe a los empleados públicos, los m iembros del Congreso de la República y los empleados vinculados a las

existe una dualidad en la competencia entre el legislador y el ejecutivo para expedir normas de carácter salarial y prestacional en lo que atañe a los empleados públicos, los m iembros del Congreso de la República y los empleados vinculados a las Fuerzas Militares, en donde el primero fija los criterios o parámetros generales y el segundo los aplica en su tarea de definir el marco salarial de los referidos empleados. Posteriormente y con el ánimo de materializar el principio de dualidad o competencia compartida y en cumplimiento del mandato constitucional al que se ha hecho referencia, en el año 1992 el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 19925 y dicha disposición confir ió plenas facultades al Presidente de la República a efectos que regulará el régimen laboral de los servidores públicos, incluidos los trabajadores oficiales, así como los servidores de la Rama Judicial.

5.3.2 De la bonificación de actividad judicial.

Mediante el Decreto 3131 de 20059 el presidente de la República, en desarrollo de la Ley 4 de 1992, creó una bonificación de actividad judicial, sin carácter salarial, para ser pagada semestralmente el 30 de junio y el 30 de diciembre de cada año, estableciendo expresamente que no constituía factor prestacional ni salarial sobre los funcionarios públicos que ejercieran en propiedad determinados cargos, como en el presente caso, los de jueces, así:

“Artículo 1°. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 3382 de

2005. A partir del 30 de junio de 2005, créase una bonificación deSentencia

Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 10

2005. A partir del 30 de junio de 2005, créase una bonificación deSentencia

Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.:70-001-33-33-009-2019-00023-02 10 actividad judicial, sin carácter salarial, que se pagará semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año, como un reconocimiento económico al buen desempeño de los funcionarios que ejerzan en propiedad los siguientes empleos:

Juez Municipal. Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía. Juez de Instrucción Penal Militar. Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo. Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía. Juez del Circuito. Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana. Fiscal Delegado ante Juez del Circuito. Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana. Juez Penal del Circuito Especializado. Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado. Juez de Dirección o de Inspección. Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección. Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado.

En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo en propiedad y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los

En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo en propiedad y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo.

Artículo 2°. La bonificación de activida