TA SUC - 70001233300020240002900-(19-02-2024)

Página 1 de 12

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Sincelejo, diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada ponente: VIVIANA MERCEDES LÓPEZ RAMOS

Acción de Tutela Asunto: Sentencia de primera instancia Radicación: 70-001-23-33-000-2024-00029-00

Accionante: Rosario Cristina Montes Díaz

Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo

1. EL ASUNTO POR DECIDIR

Adelantadas las debidas actuaciones con el trámite preferente y sumario, sin que se evidencien causales de nulidad que la invaliden, se procede a proferir sentencia que en derecho corresponda.

2. LA SÍNTESIS FÁCTICA1

Indica la accionante que mediante fallo proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo se le tutelaron sus derechos fundamentales a la Igualdad, a la Vida, y al Debido Proceso, y se ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil a realizar dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas un nuevo estudio acerca de la solicitud de realizar inclusión en la base de datos de docentes victimas de desplazamiento forzado por razones de seguridad de la señora Rosario Cristina Montes Dí az, teniendo en cuenta de manera especial su condición de desplazada, y aplicando el procedimiento contemplado en el Decreto 1075 de 2015.

Afirma que la Comisión Nacional del Servicio Civil en diferentes ocasiones ha cumplido fallos, ordenando a las entidades territoriales escogidas por los docentes la reubicación,

contemplado en el Decreto 1075 de 2015.

Afirma que la Comisión Nacional del Servicio Civil en diferentes ocasiones ha cumplido fallos, ordenando a las entidades territoriales escogidas por los docentes la reubicación, teniendo en cuenta de manera especial la condición de desplazados, y aplicand o el procedimiento contemplado en el Decreto 1075 de 2015.

Expresa la accionante que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el fallo de la referencia, explicó que la señora Montes Díaz cumple con los requisitos para la reubicación, por lo establecido en el artículo segundo de la parte resolutiva de dicho fallo, y ordena a la Comisión Nacional del Servicio Civil realizar el nuevo estudio aplicando el procedimiento contemplado en el Decreto 1075 de 2015, pero que dicha entidad, hizo caso omiso a la orden de la referida acción de tutela.

Expone la accionante que en vista de que en fallos similares e l Comisión Nacional d el Servicio Civil - CNSC cumplió con las ordenes de tutela, y en el caso de la accionante niega

1 Archivo 001DEMANDA.pdf, del expediente digitalizado.Tribunal Administrativo de Sucre Despacho 003 Rad No. 70-001-23-33-000-2024-00029-00 Sentencia de tutela __________________________________________

Página 2 de 12

esta reubicación, la señora Rosa Cristina Montes Díaz presenta un incidente de desacato de acción de tutela.

Dice, que la CNSC dio respuesta al incidente de desacato a través de memorial de 31 de octubre, y de 1 y 8 de noviembre de 2023, manifestando haber dado cumplimento al fallo

de acción de tutela.

Dice, que la CNSC dio respuesta al incidente de desacato a través de memorial de 31 de octubre, y de 1 y 8 de noviembre de 2023, manifestando haber dado cumplimento al fallo en cuestión, al realizar nuevamente un estudio en el caso de desplazamiento de la accionante, tal cual lo ordenó el fallo de tutela, pero que en el nuevo estudio realizado determinó negar la solicitud de traslado realizada por la accionante debid o a que esta no cumplía con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.4.5.2.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015, las directrices del Título 1 de la Circular Externa CNSC 2022RS117389 del 28 de octubre de2022 y Directiva Ministerial 02 del 12 agosto de 2019, debido a que a la docente, hoy accionante, ya se le realizó un traslado por razones de seguridad por el hecho victimizante que se registró en el municipio de Ituango el 27 de enero de 2018, declarado el 11 de diciembre de 2018 y valorado el 24 de abril de 2019 por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas UARIV y que en la actualidad en el municipio donde presta sus servicios no cuenta con nuevas amenazas a su integridad; expone la CNSC que la resolución negativa de la petición no significa que está incumpliendo con el fallo de tutela antes enunciado.

Expresa la señora Montes Díaz que la CNSC no le ha dado cumplimiento a la sentencia preferida por el Juzgado Octavo Oral Administrativo de Sincelejo dentro del término indicado por dicha corporación, siempre que, emitió una resolución en la cual niega la

Expresa la señora Montes Díaz que la CNSC no le ha dado cumplimiento a la sentencia preferida por el Juzgado Octavo Oral Administrativo de Sincelejo dentro del término indicado por dicha corporación, siempre que, emitió una resolución en la cual niega la reubicación.

3. LOS DERECHOS INVOCADOS2

Del escrito se tutela se infieren los siguientes derechos: Derecho al Debido Proceso, Derecho a la Igualdad, Derecho al Acceso a la Administración de Justicia, y al Derecho de Especial Protección Constitucional por ser desplazado.

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN3

Pide como medida de amparo lo siguiente:

a) TUTELA R A ROSARIO CRISTINA MONTES DIAZ, los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, derecho a la especial protección constitucional por tener la condición de desplazamiento forzado

b) Se ordene al juzgado 08 administrativo del circuito de Sincelejo dejar sin efectos lo resuelto en el incidente de desacato aquí demandado y en consecuencia, que en el término de 3 días se sirva emitir un nuevo fallo con fundamento en los precedentes de la corte constitucional y atendiendo lo establecido en el trámite de reubicación de los docentes desplazados articulo 13 decreto 1782 de 2013 como el decreto 2591 del 91 en todo caso haciendo cumplir la parte resolutiva del fallo.

5. EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL

PRIMERA INSTANCIA

2 Página 01 del archivo 001DEMANDA.pdf, del expediente digitalizado.

en todo caso haciendo cumplir la parte resolutiva del fallo.

5. EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL

PRIMERA INSTANCIA

2 Página 01 del archivo 001DEMANDA.pdf, del expediente digitalizado. 3 Página 01-02 del archivo001DEMANDA.pdf, del expediente digitalizado.Tribunal Administrativo de Sucre Despacho 003 Rad No. 70-001-23-33-000-2024-00029-00 Sentencia de tutela __________________________________________

Página 3 de 12

Actuación procesal Folio Fechas o asuntos El reparto 002ActaReparto.pdf 06/02/2024 Se admite la acción constitucional 004Admision.pdf 06/02/2024 Se notifica auto admisorio 005Notificacion.pdf 07/02/2024

6. LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS

6.1. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, presentó informe solicitando se nieguen las pretensiones en su contra en la presente acción de tutela, y se declare la improcedencia de la misma.

Manifiesta que la accionante considera erróneamente que se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la especial protección constitucional por de desplazamiento forzado, debido a que la tutelante parte de la falsa premisa que al ordenarse un nuevo estudio en la sentencia de tutela sobre su solicitud de inclusión en la base de datos de docentes víctimas de desplazamiento forzado por razones de seguridad, dicho nuevo estudio arroja ría per se una respuesta positiva a la solicitud de

ordenarse un nuevo estudio en la sentencia de tutela sobre su solicitud de inclusión en la base de datos de docentes víctimas de desplazamiento forzado por razones de seguridad, dicho nuevo estudio arroja ría per se una respuesta positiva a la solicitud de traslado realizada por la parte actora, incurriendo en un grave error, puesto que, en el fallo de tutela referido, en ningún acápite de su parte resolutiva ordena a la comisión emitir acto administrativo en el cual reubique a la señora Montes Díaz.

Explica esta unidad judicial que el incidente de desacato es un procedimiento especial que sirve como remedio judicial para incitar el cumplimiento de una sentencia de tutela cuando el responsable no lo ha realizado en los términos establecidos en la misma, pero que, dentro de este proceso no se puede hacer cosa distinta a verificar el cumplimiento del fallo de tutela, por lo que no era dable para dicho despacho, abrir incidente de desacato contra la Comisión N acional del Servicio Civil – CNSC por negar la reubicación de la accionante después de haber realizado un nuevo estudio acerca de la solicitud realizada por la tutelante para su inclusión en la base de datos de docentes víctimas de desplazamiento forzado p or razones de seguridad, debido a que, con este hecho la entidad accionada ya había dado cumplimiento a lo ordenado por el despacho.

Manifiesta que por la naturaleza jurídica del proceso incidental, no se puede dentro del mismo, debatir asuntos tales como la legalidad de un acto administrativo provocado por una acción constitucional o rebatir si este acto de la administración ignoró el precedente judicial aplicable al asunto como lo pretende la accionante, puesto que este no sería el escenario jurídico procesal para realizar dicho debate.

una acción constitucional o rebatir si este acto de la administración ignoró el precedente judicial aplicable al asunto como lo pretende la accionante, puesto que este no sería el escenario jurídico procesal para realizar dicho debate.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, considera el despacho, que no debe prosperar la presente acción de tutela bajo el entendido que no se cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia consti tucional para que proceda la acción de tutela contra providencia judicial, puesto que, no se incurrió en vías de hecho, ni mucho menos en defecto factico.Tribunal Administrativo de Sucre Despacho 003 Rad No. 70-001-23-33-000-2024-00029-00 Sentencia de tutela __________________________________________

Página 4 de 12

6.2. MINISTERIO PÚBLICO: No emitió concepto alguno.

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR

7.1. LA COMPETENCIA : Este Tribunal es competente para conocer la presente tutela de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

7.2. EL PROBLEMA JURÍDICO: De conformidad con los hechos alegados por la parte actora, los argumentos de intervención del ente accionado, y las pruebas allegadas, considera la Sala que el problema jurídico consiste en determinar si el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo vulneró los derechos fundamentales reclamados por la parte actora al proferir la providencia de 18 de enero de 2024, mediante la cual se abstuvo de abrir incidente de desacato a la Comisión Nacional del

Administrativo del Circuito de Sincelejo vulneró los derechos fundamentales reclamados por la parte actora al proferir la providencia de 18 de enero de 2024, mediante la cual se abstuvo de abrir incidente de desacato a la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, respecto del cumplimiento del fallo de tutela de 04 d e septiembre de 2023.

Al efecto, se abordará el siguiente hilo conductor: i) Procedencia de la acción de tutela contra providencia s judiciales, -ii) Procedencia de la tutela contra decisiones de incidente de desacato, y iii) Caso Concreto.

(i) Requisitos generales, y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales –Reiteración de jurisprudencia–4

La Constitución de 1991 instauró la acción de tutela como un mecanismo encaminado a la protección judicial inmediata de los derechos fundamentales de las personas cuando de la acción u omisión de cualquier autoridad pública o, en determinados eventos, de particulares, se desprenda vulneración o amenaza a los mismos. Este recurso de amparo sólo es procedente en la medida en que no se disponga de otro medio eficaz de defensa judicial para salvaguardar los derechos invocados, a menos que se utilice para conjurar de manera transitoria un perjuicio irremediable, o para hacer cesar un daño que se le viene ocasionando al solicitante.

La jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido que las decisiones adoptadas por los jueces de la República, así sea de forma excepcional, también pueden dar lugar a la vulneración de garantías constitucionales. Por lo tanto, si bien en nuestro ordenamiento jurídico ocupan un lugar muy importante los principios de c osa juzgada, seguridad

jueces de la República, así sea de forma excepcional, también pueden dar lugar a la vulneración de garantías constitucionales. Por lo tanto, si bien en nuestro ordenamiento jurídico ocupan un lugar muy importante los principios de c osa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial, la preponderancia que ostentan los derechos fundamentales en el Estado social y democrático de Derecho habilita su protec ción en todo contexto, aunque sólo en circunstancias extraordinarias la acción de tutela se torna procedente para enervar lo resuelto en una providencia judicial.

Con el propósito de identificar las hipótesis en las cuales es viable acudir a la acción de amparo para atacar decisiones de los jueces cuando el agravio iusfundamental se origina en una providencia por ellos proferida, a partir de la sentencia C -590 de 2005 [17] esta Corte estableció los requisitos generales y causales específicas de procedencia de este mecanismo residual de defensa de los derechos en tales casos.

4 Tomado de sentencia SU034/18 de 03 de mayo de 2018, M.P, Alberto Rojas Ríos, Exped. T-6.017.539.Tribunal Administrativo de Sucre Despacho 003 Rad No. 70-001-23-33-000-2024-00029-00 Sentencia de tutela __________________________________________

Página 5 de 12

Como requisitos generales de procedencia , también denominados por la jurisprudencia como requisitos formales, la referida providencia desarrolló seis supuestos, a saber:

(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución

como requisitos formales, la referida providencia desarrolló seis supuestos, a saber:

(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial , tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C -591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mi smos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

fundamentales, la protección de los mi smos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.

Igualmente, en la mencionada sentencia se determinaron ciertos escenarios especiales en los que, al advertirse que una decisión judicial adolece de ciertos defectos, se hace oportuna la intervención del juez constitucional en salvaguarda de los derechos fundamentales. Tales defectos han sido denominados por la jurisprudencia como causales específicas de procedencia, o requisitos materiales:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.Tribunal Administrativo de Sucre Despacho 003 Rad No. 70-001-23-33-000-2024-00029-00 Sentencia de tutela __________________________________________

Página 6 de 12

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

Cuando se advierte la configuración de alguna de dichas causales específicas de procedencia, se está en presencia de auténticas transgresiones al debido proceso que

vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

Cuando se advierte la configuración de alguna de dichas causales específicas de procedencia, se está en presencia de auténticas transgresiones al debido proceso que reclaman la reivindicación de la justicia como garante de los derechos, por lo cual esta Corte ha sostenido que en esos casos “ no sólo se justifica, sino se exige la intervenci ón del juez constitucional”[18].

De modo que, el juez ante quien se controvierte una providencia por conducto de la acción constitucional de tutela, se encuentra llamado, en primer lugar, a verificar que concurran los requisitos generales previos a adelantar un escrutinio de mérito, y pasado este primer tamiz, a constatar que el reproche contra la decisión de que se trata esté enmarcado en al menos una de las causales específicas antes enunciadas.

Agotado este doble cotejo, el juez constitucional conseguirá precisar si el pronunciamiento judicial acusado quebranta los derechos consagrados en la Constitución y, de ser así, le corresponderá despojarlo de l a coraza que le otorgan los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica[19].

(ii) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales que ponen fin al trámite incidental de desacato.

La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha indicado que la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela, pues “el mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la

tutela no procede contra sentencias de tutela, pues “el mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional”[20]. En este sentido, los errores de los jueces de instancia son susceptibles de ser conocidos y corregidos por este alto Tribunal Constitucional en sede de revisión.

La importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda recurrirse mediante una nueva tutela radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido conculcados, con el propósito de que el conflicto no se prolongu e indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de las garantías constitucionales[21].

Ahora bien: tratándose de solicitudes de amparo en contra decisiones proferidas en el trámite de un incidente de desacato, el análisis parte del reconocimiento de que el legislador no previó otros medios de impugnación destinados a controvertir lo decidido por el juez de conocimiento, en relación con la conducta desplegada por el obligado por el fallo de tutela para la satisfacción de las órdenes allí impartidas. En ese sentido, esta Corte ha recalcado que el auto que pone fin al incidente d e desacato no es susceptibleTribunal Administrativo de Sucre

Despacho 003 Rad No. 70-001-23-33-000-2024-00029-00 Sentencia de tutela __________________________________________

Página 7 de 12

de apelación[22] –recurso que en nuestro ordenamiento es numerus clausus –. Sin

Sentencia de tutela __________________________________________

Página 7 de 12

de apelación[22] –recurso que en nuestro ordenamiento es numerus clausus –. Sin embargo, en caso de que la decisión consista en sancionar al conminado, forzosamente el superior funcional del juez evaluará en grado jurisdiccional de consulta la determinación adoptada por el a quo y, si no existe reparo alguno, aquella quedará en firme[23].

En este contexto, previo a ventilar mediante acción de tutela cualquier eventual vulneración acaecida en la instrucción de un desacato, es condición sine qua non que el auto que pone fin al trámite esté debidamente ejecutoriado: “Tal exigencia tiene que ver tanto con las amplias facultades con que cuenta la autoridad judicial para materializar las órdenes de protección impartidas y garantizar los derechos fundamentales de quienes intervienen en el trámite incidental como con el hecho de que las partes puedan hacer valer sus argumentos y reclamar la práctica de las pruebas que correspondan en ese escenario. Para esta Corporación, tales aspectos hacen inadmisibles las tutelas que se dirigen contra decisiones distintas a las que le ponen fin al incidente.”[24]

Bajo este entendimiento, como presupuesto formal de procedencia –tratándose del requisito de subsidiariedad–, la Corte ha establecido que para censurar por vía de tutela una providencia dictada al interior de un incidente de desacato, es necesario que el respectivo trámite haya culminado, teniendo en cuenta que, como se viene de decir, el grado jurisdiccional de consulta es la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza.

Aunado a lo anterior, en la jurisprudencia se ha consignado, como presupuesto material,

grado jurisdiccional de consulta es la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza.

Aunado a lo anterior, en la jurisprudencia se ha consignado, como presupuesto material, que la acción de tutela sólo procede de forma excepcional cuando se materializa una vulneración del debido proceso de las partes [25]. Ello tiene lugar, por ejemplo, cuando “el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanción arbitraria”[26], incursionando el funcionario judicial, por esa vía, en alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En tal sentido, el juez constitucional que asuma el conocimiento de una acción de tutela enfilada contra providencia dictada en el curso de un incidente de desacato sólo está autorizado para examinar la observancia del debido proceso al interior del trámite y la adecuación de la decisión adoptada en virtud del mismo, mas no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela, el alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela primigenia –salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado[27]–, pues se trata de un debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de ceñirse al trámite incidental objeto de estudio.

En otras palabras, este Tribunal ha puesto de relieve que las acciones de tutela que se presentan en estos eventos no pueden cuestionar los juicios y valoraciones en los que se basó la sentencia de tutela que sirvió como parámetro para decidir el incidente de

estudio.

En otras palabras, este Tribunal ha puesto de relieve que las acciones de tutela que se presentan en estos eventos no pueden cuestionar los juicios y valoraciones en los que se basó la sentencia de tutela que sirvió como parámetro para decidir el incidente de desacato o la solicitud de cumplimiento, en la med ida en que ello ha hecho tránsito a cosa juzgada [28]. Por ello, al momento de evaluar si se estructuró una violación iusfundamental con ocasión de un incidente de desacato, el juez debe proceder a verificar si la decisión que puso fin al trámite incidental estuvo precedida de todas lasTribunal Administrativo de Sucre Despacho 003 Rad No. 70-001-23-33-000-2024-00029-00 Sentencia de tutela __________________________________________

Página 8 de 12

garantías procesales y si su contenido se ajustó, o no, a lo ordenado en la sentencia de tutela inicial, para pasar a determinar si se configuran los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

Esta frontera a la actuación del juez de tutela, q ue se impone en beneficio del debido proceso de los intervinientes, guarda una estrecha relación con el deber en cabeza del promotor de la acción de tutela de circunscribir su censura constitucional a los reproches que previamente haya planteado en el marco del trámite incidental. Así, adicionalmente, la procedencia de la acción de tutela en este ámbito está condicionada desde un punto de vista sustantivo a las siguientes pautas: “ (i) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y e n la acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no

de vista sustantivo a las siguientes pautas: “ (i) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y e n la acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no tenía que practicar de oficio”[29].

En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

1. La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

1. Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos).

1. Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.

III) CASO CONCRETO:

La solicitud de tutela va dirigida contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de

desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.

III) CASO CONCRETO:

La solicitud de tutela va dirigida contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, por la presunta vulneración a sus derechos fu ndamentales de igualdad, debido proceso, derecho al acceso a la administración de justicia, especial protección constitucional por ser desplazado, persiguiendo que se deje sin efecto lo resuelto en Incidente de Desacato a través de providencia de 18 de enero de 2024, que resolvió:

“Primero: Abstenerse de abrir incidente de desacato promovido por la señora Rosario Cristina Montes Díaz contra la Comisión Nacional del Servicio CivilCNSCpor lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.”

Manifiesta la accionante que la sen tencia de tutela que dio inicio al trámite incidental ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil realizar un