TA SUC - 70001333300520180036401-(19-06-2024)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Sincelejo, diecinueve (19) de Junio de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado Ponente: RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOTY

RADICACIÓN: 70-001-33-33-005-2018-00364-01

DEMANDANTE: EMIRO ANTONIO GUERRA CARDENAS

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

Procede la Sala, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2022 , proferida por el Juzga do Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo , mediante la cual, se negaron las súplicas de la demanda.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Pretensiones:

Los señores EMIRO ANTONIO GUERRA BARRIOS (víctima directa) ; SEURYS BARRIOS CANTILLO (Cónyuge); quienes obran en nombre propio y en representación de la menor SEURYS DANIELA GUERRA BARRIOS (hija); NÉSTOR

ENRIQUE GUERRA BARRIOS ; JUAN DAVID GUERRA BARRIOS (hijos mayores);

EMER DANIEL GUERRA CÁRDENAS ; MARÍA ENCARNACIÓN GUERRA

CÁRDENAS y EDUARDO ATANACIO GUERRA BALDOVINO CÁRDENAS

(hermanos), mediante apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la NACIÓNCÁRDENAS y EDUARDO ATANACIO GUERRA BALDOVINO CÁRDENAS (hermanos), mediante apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que se les declare administrativa y solidariamente responsables, por los perjuicios ocasionadosReparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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con la privación injusta de l a libertad de qu e fue víctima el señor EMIRO ANTONIO GUERRA CÁRDENAS, desde el 24 de abril de 2015 hasta el 26 de enero de 2016, en el centro de reclusión Las mercedes de Corozal.

Como consecuencia de lo anterior, piden que se condene a las entidades demandadas a pagar por concepto de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, las sumas que aparecen descritas en la demanda , con el correspondiente reajuste monetario.

1.2.- Hechos de la demanda:

El día 24 de abril de 2015 , el señor Emiro Antonio Guerra Cárdenas fue capturado por agentes de la Policía Judicial , por solicitud de la Fiscalía Seccional de Sincé, Sucre.

En audiencia celebrada en esa misma fecha, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Sincé con función de control de garantías, legalizó el procedimiento de captura; la Fiscalía imputó al señor Emiro Antonio Guerra Cárdenas la comisión del delito de acto sexual con menor de 14 años y el Juez, impuso medida de aseguramiento en contra del señor Guerra

procedimiento de captura; la Fiscalía imputó al señor Emiro Antonio Guerra Cárdenas la comisión del delito de acto sexual con menor de 14 años y el Juez, impuso medida de aseguramiento en contra del señor Guerra Cárdenas consistente en privación efectiva de la libertad en establecimiento de reclusión.

El día 22 de mayo de 2015, la Fiscalía presentó ante el Juez Primero Promiscuo del Circuito de Sincé escrito de acusación en contra del señor Emiro Antonio Guerra Cárdenas.

El día 20 de octubre de 2015, se celebró audiencia de acusación; el 25 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia preparatoria y el 1º de febrero de 2016 se dio inicio a la etapa del juicio oral, la cual, se continuó el 24 de mayo y se reanudó el 27 de junio de 2016 , indicando el Juez, que el fallo sería absolutorio por considerar que la conducta del acusado era atípica.Reparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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La lectura del fallo se efectuó el 24 de agosto de 2017, señalandose en su parte resolutiva que se absolvía al acusado.

El demandante, permaneció privado de la libertad desde el 24 de abril de 2015 hasta el 26 de enero de 2016; período durante el cual, estuvo recluido en el centro penitenciario y carcelario Las Mercedes de Corozal.

Al momento de ser privado de la libertad, el demandante se ganaba la vida como Celador y en promedio se ganaba un salario mensual vigente.

en el centro penitenciario y carcelario Las Mercedes de Corozal.

Al momento de ser privado de la libertad, el demandante se ganaba la vida como Celador y en promedio se ganaba un salario mensual vigente.

Para asumir su defensa, el recurrente contrató los servicios de un abogado, a quien le pagó unos honorarios de ocho millones de pesos ($8.000.000.oo).

La privación de la libertad de que fue víctima el señor Emiro Antonio Guerra Cárdenas, lo afectó tanto a él, como a su familia, pues , la sindicación, a parte de la preocupación que comporta, generó en ellos un escarnio que no tenían por qué soportar.

1.3. Contestación de la demanda.

1.3.1.- Fiscalía General de la Nación.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando en su defensa que actuó facultada por la ley para iniciar la investigación y solicitar la medida de aseguramiento del aquí demandante, quien, a su vez, no demostró que las actuaciones desplegadas conllevaran a un error judicial.

Adujo, que el accionante no argumentó, ni probó el título de imputación por defectuoso funcionamiento de administración de justicia; además, las actuaciones de la entidad se surtieron de conformidad con la Constitución, las leyes sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual, no era ajustado a derecho predicar unReparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase

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defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error, ni mucho menos , privación injusta de la libertad, más a ún, si se tenía en cuenta que se trataba de un delito de la cual era víctima un menor de edad.

Expuso, que el proceso pena l concluyó con sentencia absolutoria a favor del procesado, pero no porque se hubiese tenido certeza sobre su inocencia, sino duda sobre su responsabilidad, atendiendo a la retractación hecha por la menor y su progenitora.

También indicó, que era el Juez de control de garantías el competente para pronunciarse sobre las condiciones fácticas y jurídicas que sustentaban la petición del fiscal , determinando, si tal solicitud resultaba razonable, adecuada, necesaria, proporcional y en caso de que así fuera, autorizar la medida de aseguramiento conforme lo establecía el artículo 250 de la Constitución.

Propuso las excepciones denominadas: (i) falta de legitimación en la causa pasiva, (ii) culpa exclusiva de la víctima, (iii) culpa excluyente de un tercero, y (iv) inexistencia del daño antijurídico.

1.3.2.- Rama judicial, contestó la demanda de forma extemporánea.

1.4.- Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Quinto Administrativo del circuito de Sincelejo, mediante sentencia del 28 de septiembre de 2022 declaró probada la excepción eximente de responsabilidad denominada hecho de un tercero. A su vez, negó las pretensiones de la demanda.

sentencia del 28 de septiembre de 2022 declaró probada la excepción eximente de responsabilidad denominada hecho de un tercero. A su vez, negó las pretensiones de la demanda.

Fundamentó el A-quo: Reparación Directa

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“… Este dispensador de justicia estima que el ente acusador fue inducido en un error que lo llevó a iniciar la investigación penal, observándose, entonces que el conocimiento que primeramente tenían las autoridades penales era la informada por la Comisaría de Familia de San Benito Abad, y que solo a partir de cuándo se logra establecer la falsedad en la firma de la menor, es que las autoridades demandadas tienen certeza que del aquel acervo probatorio no es posible imputarle al procesado la conducta delictiva que se le enrostraba; en el entretanto, a juicio de este operador jurisdiccional, la investigación penal podía continuar su curso en las condiciones ya conocidas, esto es, con la medida cautelar que inicialmente se había adoptado.

Pero, más allá de lo dicho, esta unidad judicial estima que, frente la circunstancia advertida en tanto que el ente acusador, revestido de la buena fe que debe imperar en las actuaciones tanto públicas como privadas, e ignorante de la verdad ocurrida en aquella actuación administrativa adelantada por la Comisaria de Familia de San Benito Abad, la acogió y, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, puso en movimiento el aparato judicial resultando afectado el señor EMIRO ANTONIO GUERRA CARDENAS al ser privado de la libertad, por lo que se puede

sus funciones constitucionales, puso en movimiento el aparato judicial resultando afectado el señor EMIRO ANTONIO GUERRA CARDENAS al ser privado de la libertad, por lo que se puede evidenciar que fue la actuación de la Comisaría de Familia, con documentos apócrifos, la que propició la ocurrencia del daño que se alega en la demanda. De esta manera, se considera como probada una causal eximente de responsabilidad, como lo es el hecho de un tercero”

1.5.- Recurso.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, señalando lo siguiente:

“Las razones que me llevan disentir son no haber hecho su señoría una valoración adecuada de las probanzas para arribar a la conclusión de que existió causal de eximente de responsabilidad.

No es posible que en casos como este en el que está acreditada la inexistencia de la conducta y por ende del delito el afectado cargue con el error de la Rama Judicial”.Reparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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1.6.- Trámite procesal en segunda instancia.

Mediante auto de fecha 8 de mayo de 2023 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

2.- CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Presentes los presupuestos procesales y no existiendo causal que invalide lo actuado, el Tribunal es competente, para conocer en segunda instancia, de la presente actuación, conforme lo establecido en el artículo 153 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Presentes los presupuestos procesales y no existiendo causal que invalide lo actuado, el Tribunal es competente, para conocer en segunda instancia, de la presente actuación, conforme lo establecido en el artículo 153 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.2. Problema Jurídico.

Vista la postura del recurrente, el problema jurídico a desatar en el presente asunto consiste en determinar: ¿Es patrimonialmente responsable la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, por privar de la libertad, mediante imposición de medida de aseguramiento, al señor EMIRO ANTONIO GUERRA CÁRDENAS al interior del proceso penal seguido en su contra por el presunto punible “acto sexual abusivo con menor de catorce años” y en el que a la postre fue declarado inocente?

2.3. Análisis de la Sala.

2.3.1. Generalidades de la Responsabilidad Extracontractual del Estado y sus elementos para la configuración. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia 1, establece una cláusula general de responsabilidad en

1 Constitución Política de Colombia. “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.Reparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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cabeza del Estado por aquellos daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes.

Dentro de dicha disposición de orden constitucional, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha encasillado dos elementos de responsabilidad para

u omisión imputable a sus agentes.

Dentro de dicha disposición de orden constitucional, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha encasillado dos elementos de responsabilidad para tener en cuenta, tales como el daño antijurídico y la imputación2.

Por daño antijurídico se ha dicho, que el mismo “ consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad a nte las cargas públicas”3.

En cuanto al segundo de los elementos, es decir la imputación, la misma se instituye como la “atribución de la respectiva lesión”; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización d e un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”4, con la advertencia de que en atención del principio iura novit curia, “corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un

al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección

C. Sentencia del 9 de mayo de 2012. Expediente con radicación interna 23300. C. P. Dra.

Olga Mélida Valle de la Hoz. 3 Ibíd. 4 Ibíd.Reparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión”5.

Por lo tanto, una vez definidos y acreditados los elementos de la responsabilidad, el juzgador procede a la tasación económica del daño, en la materialización de perjuicios, los cuales pueden ser de orden material (Daño emergente -Lucro cesante) o inmateria l (Daño moral, Daño a la Salud), teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

2.3.2.- Título de imputación, en funciones desplegadas por la Justicia. Privación Injusta de la libertad.

En materia de hechos, acaecidos con ocasión de las funciones desplegadas por la administración de justicia, el ordenamiento jurídico colombiano se ha caracterizado por enervar, de manera específica, tres categorías de imputación, denominadas: error jurisdiccional , privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración

colombiano se ha caracterizado por enervar, de manera específica, tres categorías de imputación, denominadas: error jurisdiccional , privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia6.

En este acápite, la problemática jurídica abordada se centra en la segunda de estas categorías, esto es, la privación injusta de la libertad7.

La interpretación sobre el alcance de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, no ha sido un tema pacífico, siendo la posición imperante en la jurisprudencia que el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva; bajo un régimen de responsabilidad objetiva patrimonial extracontractual del Estado por daño especial, donde

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2007. Expediente con radicación interna 22655. C. P. Dra. Ruth Stella Correa Palacios. 6 Ver Ley 270 de 1996. Arts. 66-69. 7 Sobre la evolución jurisprudencial del tema ver entre otras Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 31 de enero de

2011. Expediente con radicación interna 18826. C. P. Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.Reparación Directa

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no se asume la responsabilidad, por la antijuridicidad de la decisión, sino por la valoración de daño y la carga de soportarlo, con miras a la protección

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no se asume la responsabilidad, por la antijuridicidad de la decisión, sino por la valoración de daño y la carga de soportarlo, con miras a la protección de una garantía individual, como lo es la libertad, concluyéndose, que no importando la causal en concreto - si se detentaba una violación, de cara a la realidad inspirada en el principio universal in dubio pro reo, procedía la declaratoria de responsabilidad del Estado y en consecuencia, el reconocimiento de los perjuicios a que hubiere lugar.

Y la exoneración de tal responsabilidad dependerá si se estructuran o no los eximentes predicables de dicho régimen. Posición acogida en las Sentencias de Unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 6 de abril de 20 118 y el 17 de octubre de 20139.

No obstante, en sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 10, el Consejo de Estado, ha variado la anterior tesis jurisprudencial, señalando que “como quiera que la participación o incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño alegado resulta preponderante, se torna necesario que el juez verifique, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, desde el punto de vista civil , con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, pues, no debe

8 Expediente No. 21.653, en la cual se sostuvo que el Estado es responsable por los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es

la medida de aseguramiento de detención preventiva, pues, no debe

8 Expediente No. 21.653, en la cual se sostuvo que el Estado es responsable por los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos consagrados en el Art. 414 del C. P.P. y en la Ley 270 de 1996. 9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección

A. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá DC. Diecisiete (17) de Octubre de dos mil trece (2013). Radicación No. 52001 -23-31-000-1996-07459-01 (23354). Actor: Luís Orozco Osorio. Demandado. Fiscalía General de la Nación. En la cual se precisó que además de los supuestos del Art. 414 del C.P.P. y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta d e la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio de in dubio pro reo. 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 15 de agosto de 2018. Expediente: 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947). Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros. Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación. Referencia: Acción de reparación directa. C.P. Carlos Alberto Zambrano

Barrera.Reparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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Barrera.Reparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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olvidarse que, para los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que aquél (el daño) “se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”, de modo que en los casos en los que la conducta de la víctima esté provista de una u otra condición procede la exoneración de responsabilidad del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la determinante del daño”.

Así, el Consejo de Estado en la citada providencia, sienta una nueva posición frente a la responsabilidad del Estado, en aquellos casos en que se debate ésta con ocasión de la privación de la libertad de una particular:

“Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno

aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se obse rve que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no consti tuyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo , será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso pe nal y aReparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

detención preventiva.

Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia , puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello”.

En otras palabras, tal y como lo ha sostenido el Dr. ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA11, el esquema de estudio se reduce a lo siguiente:

ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JUICIO DE RESPONSABILIDAD POR

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Daño antijurídico Imputable Daño: Hecho material, consistente en la efectiva privación de la libertad.

Antijuridicidad del Daño: Determinar si la víctima de la detención se encontraba en el deber jurídico de soportar la medida. Para tal efecto se debe revisar si la privación se ajustó o no a los estándares convencionales

(y de ordenamiento interno) que avalan la restricción legítim a de ese derecho. La antijuridicidad no se califica por el solo hecho de la aplicación de la presunción de inocencia o por la absolución penal. (Paréntesis fuera de texto). Determinar si, por los presupuestos de la responsabilidad subjetiva u objetiva, existen suficientes

hecho de la aplicación de la presunción de inocencia o por la absolución penal. (Paréntesis fuera de texto). Determinar si, por los presupuestos de la responsabilidad subjetiva u objetiva, existen suficientes razones jurídicas que permitan achacar al Estado la responsabilidad por la privación injusta la libertad de una persona. En este escenario, por mandato expreso de la Ley 270 de 1996, debe examinarse si ha ocurrido una culpa de la víctima que exima de responsabilidad del Estado (Culpa grave o dolo).

Resultando en consecuencia, relevante establecer cuáles son los referentes obligacionales que se irrespetaron, para predicar que la carga de ser privado de la libertad no era un deber jurídico, que se debía soportar.

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección

C. Radicación: 66001 -23-31-000-2003-00130-01 (32765) Actor: Ezequiel Antonio García y Otros Demandado: Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa Asunto: Reparación Directa [Responsabilidad por Privación Injusta de la libertad] – Aclaración de Voto.Reparación Directa

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Para el efecto y atendiendo en alguna forma (pues, lo que a continuación se transcribe, se toma a manera de resumen para efectos de esta decisión) al ilustre tratadista y Exconsejero de Estado, se debe partir de los estándares

Para el efecto y atendiendo en alguna forma (pues, lo que a continuación se transcribe, se toma a manera de resumen para efectos de esta decisión) al ilustre tratadista y Exconsejero de Estado, se debe partir de los estándares internacionales confluyendo c oncomitantemente, con la legislación interna, en el supuesto de que esta es conforme con aquella, resultando entonces que parámetros de análisis, en casos como el estudiado, deben ser los siguientes12:

(i) Regla General. Se predica el principio de la libertad del individuo, mientras se resuelve la responsabilidad penal13;

(ii) Limitaciones. La medida de detención está limitada por los principios de legalidad14, presunción de inocencia y proporcionalidad15;

(iii) Fines legítimos. Sólo se reconocen como fines legítimos de imposición de la medida el aseguramiento, que el procesado no impedirá el desarrollo del proceso, ni eludirá la acción de la justicia16;

12 Tomado de Ibíd. 13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso J Vs Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 158; Caso Herrera Espinoza y otros Vs Ecuador. Sentencia de 1° de septiembre de 2016, párr. 143. 14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Usón Ramírez vs Venezuela. Sentencia de 20 de noviembre de 2009, párr. 145: “El numeral 2 del artículo 7 reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Al

garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Al respecto, esta Corte ha establecido que la r eserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. De este modo, el artícu lo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana”. 15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi vs Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 106. 16 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Servellón García y Otros vs Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párr. 90. Caso Herrera Espinoza y otros Vs Ecuador. Sentencia de 1° de septiembre de 2016, párr. 143. Caso Norín Catrimán vs Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 361-362.Reparación Directa Expediente No. 70-001-33-33-002-2018-00364-01

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(iv) Fines ilegítimos. La detención preventiva es una medida cautelar, no puede ser concebida como una pena anticipada, ni como instrumento para la realización de fines de prevención general o especial, pues, estos son propios de la pena17;

(iv) Fines ilegítimos. La detención preventiva es una medida cautelar, no puede ser concebida como una pena anticipada, ni como instrumento para la realización de fines de prevención general o especial, pues, estos son propios de la pena17;

(v) Deber de evaluación periódica . Las autoridades judiciales tienen la obligación de revisar periódicamente, la detención preventiva y ofrecer razones que justifiquen su mantenimiento18;

(vi) Cuestiones probatorias. La decisión que impone una medida de aseguramiento debe basarse en elementos probatorios suficientes, que permitan establecer, razonablemente, la participación de la persona en el delito objeto de investigación; no se satisface este parámetro cuando el

17 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero Vs Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 77; Caso J Vs Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 159: “159. Este Tribunal ha precisado también que para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga266. Sin embargo, aún verificado este extremo, la privación de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo -generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar en u n fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Concordantemente, las características personales del

preventivo-especiales atribuibles