TA SUC - 70001333300620180002701-(30-08-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Sala Segunda de Decisión

Sincelejo, treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Sentencia de segunda instancia M de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70-001-33-33-006-2018-00027-01

Demandante: Ever Rafael Anaya Cohen

Demandado: NaciónMinisterio De Educación NacionalFondo

Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio

- FOMAG

Magistrado Ponente: César Enrique Gómez Cárdenas

Tema: Reliquidación pensional por factores/ ley 33 de 1985/se confirma la sentencia/ sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-20198 de fecha 25 de abril de 2019.

Decide el Tribunal el recurso de apelación formulada por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2019 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, que negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES:

1.1. LA DEMANDA.

El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende; que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 0167 del 24 de abril de 2017 , expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de Sincelejo – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, “en cuanto le reconoció la pensión de jubilación (…) y calculó la mesada pensional sin incluir todos los factores salariales percibidos en el último año de servic io anterior al cumplimiento de status de pensionado.

pensión de jubilación (…) y calculó la mesada pensional sin incluir todos los factores salariales percibidos en el último año de servic io anterior al cumplimiento de status de pensionado.

Como consecuencia de la anterior decisión, a título de restablecimiento del derecho solicita, que se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, al pago de la pensión ordinaria de jubilación, a partir del 26 de enero de 2017, equivalente al 75% del promedio de los salarios, sobre sueldos, primas y demás factores salariales devengados durante los 12 meses anteriores al momento en que adquirió el status de pensionado, que son los que constituyen la base de liquidación pensional.

Que al valor reconocido, se le descuente lo que le fue cancelado en virtud de la Resolución 0167 del 24 de abril de 2017, y se apliquen los reajustes anuales de ley.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70-001-33-33-006-2018-00027-01

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Asimismo, solicita, que se condene al pago de los intereses moratorios que habla el artículo 192 del CPACA y al pago de costas y agencias en derecho.

Como fundamentos fácticos, se afirmó en la demanda que:

El demandante laboró más de veinte (20) años al servicio de la docencia oficial, cumpliendo los requisitos de ley para que se le reconociera la pensión ordinaria de jubilación por parte del FOMAG. Sin embargo, en la base de liquidación pensional, sólo se le incluyeron como factores salariales: asignación básica mensual, sobresueldo, prima

pensión ordinaria de jubilación por parte del FOMAG. Sin embargo, en la base de liquidación pensional, sólo se le incluyeron como factores salariales: asignación básica mensual, sobresueldo, prima de vacaciones, prima de navidad, la bonificación Decreto 1566 de 2014, omitiendo tener en cuenta la prima de servicios y la prima de antigüedad, que fueron percibidas por la actividad docente durante el último año de servicio anterior a la adquisición del status de pensionado.

Como normas violadas, la parte actora en su demanda, señaló como infringidas las siguientes normas de rango legal: • Ley 91 de 1989, artículo 15; • Ley 33 de 1985, artículo 1°; • Ley 62 de 1985; • Decreto 1045 de 1978.

En el concepto de la violación , adujo que el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, expuso que en asuntos relacionados con la liquidación de derechos pensionales – jubilaciónreconocidos bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, deben incorporarse e incluirse en la base pensional, todos los factores salariales percibidos por el trabajador en el último año de servicio al status jurídico de pensionada, siempre y cuando tengan la naturaleza de salario, y no solamente los consagrados en el artículo 3º de aquella norma modificado por la Le y 62 de 1985. En consecuencia, al no ser taxativos los factores previstos en la norma en cita, es plausible acoger e incorporar en dicha base de liquidación, los factores estipulados en el Decreto Ley 1045 de 1978. La parte actora estimó que los actos acusados no se encuentran ajustados

norma en cita, es plausible acoger e incorporar en dicha base de liquidación, los factores estipulados en el Decreto Ley 1045 de 1978. La parte actora estimó que los actos acusados no se encuentran ajustados a derecho, pues desconocen lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, norma que para efectos de liquidación remite al Decreto 1045 de 1978, el cual establece los factores salariales que se deben observarse para determinar la cuantía de la pensión de jubilación, estando dentro de aquellos los factores que devengó la demandante en el año anterior retiro del servicio, no siendo incorporados por la demandada en el acto de reliquidación pensional, lo que trae como resultado la regresividad en sus derechos sociales.

1.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA . El FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, no contestó la demandaNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70-001-33-33-006-2018-00027-01

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1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo profirió sentencia el día 16 de diciembre de 2019, mediante la cual resolvió negar las súplicas de la demanda.

Sostuvo el fallador de primera i nstancia, que la Sala Plena de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-014CE-S2 del 25 de abril de 2019, determinó que las liquidaciones de la base pensional de las pensiones de jubilación del sector docente vinculados con

Segunda del H. Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-014CE-S2 del 25 de abril de 2019, determinó que las liquidaciones de la base pensional de las pensiones de jubilación del sector docente vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2004, se establece únicamente atendiendo los factores sobre los que se hayan efectuado aportes de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.

Al abordar el caso concreto, el A quo encontró que la pensión de jubilación del demandante se liquidó incluy éndose asignación básica mensual, sobresueldo, prima de vacaciones, prima de navidad, la bonificación Decreto 1566 de 2014, como factores de salario, sin tenerse en cuenta los demás emolumentos que devengó en el último año de servicio anterior a la adquisición de status de pensionado, como son, la prima de servicio y la prima de antigüedad.

Sin embargo, consideró que, acogiendo la regla jurisprudencial señalada, el demandante no tiene derecho a que su pensión de jubilación se reliquide acogiendo la prima de servicios y prima de antigüedad , como factores salariales para efectos pensionales, en razón de que no existe prueba que sobre ellas se efectuaron aportes a pensión.

1.4. EL RECURSO DE APELACIÓN.

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la sentencia, y en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda.

Manifestó, en síntesis, que en el asunto de la referencia debe privilegiarse

interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la sentencia, y en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda.

Manifestó, en síntesis, que en el asunto de la referencia debe privilegiarse el principio de confianza legítima, por cuanto al momento de impetrase el medio de control, estaba vigente la regla jurisprudencial sentada por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010, que indicaba la procedencia de la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, precedente que era vinculante, y que en razón de ello, elevó la pretensiones que esta oportunidad se reclaman.

Al respecto, la demandante sostuvo:

“Es que el operador judicial, debe observar lo que pasa en el presente proceso, que fue radicado, bajo un precedente existente en una sentencia de unificación del año 2010 de la Sección Segunda del C.E., que luego fue reformada por otra sentencia de unificación y que posteriormente puede ser reformada por otra u otra, como efectivamente pasó.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70-001-33-33-006-2018-00027-01

4 No cabe duda entonces de la evidente inseguridad jurídica frente al caso que nos ocupa, pues no es claro el órgano jurisdicción (sic) al de Consejo de Estado (sic) frente al derecho que le atañe al personal docente, pues su posición ha cambiado en distintas formas.

(…)

Es de precisar que en nuestra si stema existe la necesidad de sentar jurisprudencia, con el fin de evitar sentencias contradictorias, situación

su posición ha cambiado en distintas formas.

(…)

Es de precisar que en nuestra si stema existe la necesidad de sentar jurisprudencia, con el fin de evitar sentencias contradictorias, situación contraria, a lo acontecido con la reciente sentencia de unificación de la sección segunda SUJ-014-CE-S2-2019 de fecha 25 de abril de 2019, (…), en donde el órgano de cierre contradice cabalmente la sentencia de unificación emitida por esta misma sección el 4 de agosto de 2010 (…), sin argumentos objetivos, proporcionales y claros; no solo contradiciéndose entre sí (sic), también afectado la segurid ad jurídica, vulnerando los principios de favorabilidad, debido proceso y progresividad de los derechos laborales.

(…)”

Siendo así, aplicar un precedente con reglas novedosas las cuales tienen implicaciones distintas y contrarias a las que estaban vigent es al momento de presentarse la demanda, atenta contra la confianza legítima de la demandante en la administración de justicia, y a su vez, crea un ambiente de inseguridad jurídica frente a su caso y respecto de los demás asuntos de liquidación pensional d el personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Frente a esto último, la parte apelante dijo expresamente:

“(…) No existe seguridad jurídica para una persona que demando (sic) años anteriores a la expedición de la sentencia del 25 de abril de 2019; con la esperanza de que su pensión le fuera reliquidada o liquidada conforme lo establece la sentencia de 4 de agosto de 2010, (…), pero que en razón de la congestión judicial, con un cambio de sentencia de unificación en el

esperanza de que su pensión le fuera reliquidada o liquidada conforme lo establece la sentencia de 4 de agosto de 2010, (…), pero que en razón de la congestión judicial, con un cambio de sentencia de unificación en el año 2019, no le vayan a reconocer sus derechos, vulnerando la confianza legítima que tenía en el Estado y la seguridad jurídica ya establecida.”

Por ello concluyó, que el juez de segunda instancia debe analizar, cuál es la jurisprudencia aplicable al caso presente, toda vez que al momento de radicación de la respectiva demanda, existía un precedente vinculante, el cual estaba siendo acatado por los operadores de la jurisdicción contenciosa administrativa, generándose con ello confianza legítima en el usuario de la administración de justicia, siendo transgredida por el surgimiento de otra sentencia de unificación sobre la misma materia, y en la que no se dispuso expresamente, dejar sin efectos el anterior precedente sentado en la ya citada sentencia del 4 de agosto de 2010

2. TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA.

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, fue admitido mediante auto del 14 agosto de 2023.

Hasta la fecha de ingreso del expediente al despacho del Magistrado sustanciador, las partes no presentaron sus alegaciones de segunda instancia. Igualmente, el Ministerio Público no presentó conceptoNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70-001-33-33-006-2018-00027-01

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3. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:

3.1 CONTROL DE LEGALIDAD.

El Tribunal es competente , según lo establecido en el artículo 153 de la

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3. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:

3.1 CONTROL DE LEGALIDAD.

El Tribunal es competente , según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 y no se advierte irregularidad que afecte la actuación procesal previa.

3.2. ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO.

La parte demandante pretende la Nulidad parcial de la Resolución No. 0167 del 24 de abril de 2017, expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de Sincelejo – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, “en cuanto le reconoció la pensión de jubilación (…) y calculó la mesada pensional sin incluir todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio anterior al cumplimiento de status de pensionado.

3.3. PROBLEMA JURÍDICO

Para resolver la presente alzada, la Sala deberá establecer, si para el cálculo y determinación de la base salarial de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del docente demandante, deben incluirse todos los factores salariales devengados en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional , conforme la regla sentada en la sentencia de unificación de fecha 4 de agosto de 2010 d el H. Consejo de Estado.

3.4 ANÁLISIS DEL TRIBUNAL Y RESPUESTA AL PROBLEMA

JURIDICO EN EL CASO CONCRETO

3.4.1 INTEGRACIÓN DE LA BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL DE LAS PENSIONES DEL SECTOR DOCENTE REGULADAS POR LA LEY 33 DE 1985 – FACTORES SALARIALES – REGLA

JURISPRUDENCIAL.

3.4.1 INTEGRACIÓN DE LA BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL DE LAS PENSIONES DEL SECTOR DOCENTE REGULADAS POR LA LEY 33 DE 1985 – FACTORES SALARIALES – REGLA

JURISPRUDENCIAL.

Al respecto, el Consejo de Estado, al determinar el alcance e interpretación de la Ley 33 de 1985, en cuanto a los factores salariales que deben constituir el i ngreso base de liquidación pensional, históricamente presentó criterios jurídicos disímiles, particularmente respecto del alcance del artículo 3 de dicha Ley, los cuales se resumen así:

1. En una primera ocasión consideró que al momento de liquidar la pensión debían incluirse todos los factores salariales devengados por el trabajador1;

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla, sentencia de 29 de mayo de 2003, Radicación No.: 25000-23-25-000-2000-2990-01(4471 - 02), Actor: Jaime Flórez Aníbal. En esta primera etapa se previó que la entidad pública que reconociera el derecho prestacional tendría que efectuar las deducciones de ley a que hubiere lugar por los conceptos cuya inclusión se ordenaba y que no hubieren sido objeto de aportes, pese a que no se encontraran dentro del listado previsto por elNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70-001-33-33-006-2018-00027-01

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2. Posteriormente se determinó que sólo podrían incluirse aquellos sobre los cuales se hubieren realizado los aportes2;

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2. Posteriormente se determinó que sólo podrían incluirse aquellos sobre los cuales se hubieren realizado los aportes2;

3. Después se dispuso que únicamente podían tenerse en cuenta los taxativamente enlistados en la norma3;

4. Posteriormente la Sala Plena de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación de fecha 4 de agosto de 2010, estableció el criterio referido a que, en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que el lista do es meramente enunciativo, lo cual, no impide la inclusión de otros conceptos

artículo 3° de la Ley 33 de 1985, pues tal determinación se ajustaba a lo dispuesto por el inciso tercero de dicha norma, según el cual: “En todo caso las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes” (…) “en la liquidación de la pensión de jubilación deberán incluirse todas aquellas sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o e mpleado como retribución de sus servicios, a menos que se trate de un factor expresamente excluido por la ley. (…) “en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la Caja deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes”.

de sus servicios, a menos que se trate de un factor expresamente excluido por la ley. (…) “en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la Caja deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes”. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, sentencia de 16 de febrero de 2006, Radicación No.: 25000 -23-25-000-2001-01579-01(1579-04), Actor: Arnulfo Gómez. En esta segunda hipótesis se consideró que debían incluirse todos los factores que hubieren sido objeto de aportes y así se encontrare certificado. “La ley 33 de 1985 en el artículo 1º dispone que la pensión se liquida con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio (…). En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, en cuanto declaró la nulidad del acto acusado, precisando que a título de res tablecimiento del derecho, la entidad demandada, deberá reliquidar la pensión de jubilación, en el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio de sirvió de base para los aportes, durante el último año de servicio, tomando para el e fecto, lo certificado, según documento visible a folios 11 y 12 del cuaderno principal del expediente.”. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 6 de agosto de 2008, Radicación

cuaderno principal del expediente.”. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 6 de agosto de 2008, Radicación No. 25000 -23-25-000-2002-12846-01(0640-08), Actor: Emilio Páez Cristancho. En la tercera hipótesis se indicó que las pensiones únicamente podían liquidarse teniendo en cuenta los factores salariales enlistados taxativamente por la Ley 33 de 1985 y en caso de haberse realizado deducciones sobre otros conceptos no comprendidos en ella debían devolverse las sumas a que hubiere lugar. Esta decisión se encuentra sustentada en la siguiente forma: “En relación con el argumento del actor, según el cual, los factores de las Leyes 33 y 62 de 1985 no son taxativos y es posible aplicar los consagrados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, en razón de que dichas normas contemplaron que “ En todo caso las pensiones de los empleados of iciales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”, la Sala desestima tal proposición, porque cuando las normas refieren que las pensiones deben liquidarse con base en los mismos factores sobre los que se aportó, dicha expresión debe leerse bajo el entendido que es obligación de las Cajas de Previsión hacer los descuentos por aportes pero sólo sobre los factores taxativamente señalados para construir la pensión del afiliado, sin que ello implique abrir un abanico de factores que eventualmente puedan constituirse como base para liquidar la pensión. (…). Admitir que todos los factores salariales pueden constituirse

sin que ello implique abrir un abanico de factores que eventualmente puedan constituirse como base para liquidar la pensión. (…). Admitir que todos los factores salariales pueden constituirse como base de liquidación pensional, es quitarle el efecto útil del li stado que dedicadamente estableció el Legislador para la liquidación de pensiones de los empleados oficiales. Va contra el sentido común pensar que el Congreso de la República enfiló esfuerzos para seleccionar un listado e incluir ciertos factores de liquidación, para llegar a la conclusión de que todos pueden incluirse. Ahora bien, si la entidad de previsión social realizó descuentos sobre factores que no se encuentran en la lista taxativa de las Leyes 33 y 62 de 1985, como ocurre en el presente asunto con los viáticos (folio 13), para la Sala es coherente que dichos valores sean reembolsados al pensionado, pues aceptar lo contrario sería consentir un enriquecimiento sin justa causa por parte de la Administración; situación que contraría los principios de justicia y proporcionalidad que sostienen el Sistema General de Pensiones.”. Ver también, Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de 21 de mayo de 2009. Radicación N° 257707.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70-001-33-33-006-2018-00027-01

7 devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios4.

Ahora bien, debe precisarse, que dicho criterio se desarrolló en el marco fáctico de las pensiones de jubilación reguladas por la Ley 33 de 1985, pero reconocidas en virtud del régimen de transición de la

de servicios4.

Ahora bien, debe precisarse, que dicho criterio se desarrolló en el marco fáctico de las pensiones de jubilación reguladas por la Ley 33 de 1985, pero reconocidas en virtud del régimen de transición de la 100 de 1993. No obstante, fácticamente no encuadra en las pensiones de los docentes gobernados por la Ley 91 de 1989 en materia de pensiones, emp ero, aquel criterio de inclusión de factores salariales en la base pensional, se les aplicó a los docentes por analogía, en aras de salvaguardar la igualdad material entre los sujetos cuyas pensiones fueron reconocidas bajo el amparo de la Ley 33 de 1985.

5. Sin embargo, la posición descrita fue revaluada, por la Sala Plena de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ -014-CE-S2-20198 de fecha 25 de abril de 20195, fijándose nueva regla sobre la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

En esta última, se advirtió que la “sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de agosto de 2018 no constituye precedente frente al régimen pensional de los docentes por dos razones fundamentales: i) No hay similitud fáctica entre los supuestos de hecho resueltos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y el presente caso, y ii) se trata de problemas jurídicos distintos como se explicará más adelante.”.

resueltos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y el presente caso, y ii) se trata de problemas jurídicos distintos como se explicará más adelante.”.

En ese sentido, a efectos de identificar la composición del IBL de las pensiones de los docentes afili ados al magisterio, concretamente los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, se delimitó que la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes gozan el mismo régimen de los servidores del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985; por ello debe efectuarse con base en los factores salarios sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes, en virtud del artículo 1º de la Ley 62 de 1985, sin que sea posible incluir ningún factor diferente a los enlistados en ese articulado.

Para mayor ilustración de este pronunciamiento, la Sala la transcribe in extenso:

“(…)

A. Régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 4 de agosto de 2010. Ref.: Expediente N° 250002325000200607509 01. Número Interno: 0112-2009. Autoridades Nacionales. Actor: Luís Mario Velandía. 5 Radicado: 680012333000201500569-01, C. P. Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS.Nulidad y restablecimiento del derecho

Interno: 0112-2009. Autoridades Nacionales. Actor: Luís Mario Velandía. 5 Radicado: 680012333000201500569-01, C. P. Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70-001-33-33-006-2018-00027-01

8

Mediante la Ley 91 de 1989 el Congreso de l a República creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación para atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados.

El artículo 1º de la Ley 91 de 1989 definió el alcance de los conceptos de personal nacional, nacionalizado y territorial, de la siguiente manera:

“Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”6. (…)

El texto final del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 quedó así:

ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de

docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la

Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se

Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

«…»”.

De la norma se derivan las siguientes reglas en materia del derecho a la pensión para los docentes:

I. Derecho a la pensión gracia compatible con la pensión ordinaria de jubilación : Los docentes vinculados hasta el 31 de

6 Mediante la Ley 43 de 1975, como se indicó en la sentencia C-089/99, el Estado “optó por lo que se denominó la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria, proceso que se llevó a cabo entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980. En virtud de tal “nacionalización”, el pago de los docentes oficiales, se realiza a través de los Fondos Educativos Regionales (FER), con dineros provenientes del situado fiscal, bajo la consideración de que la edu cación primaria y secundaria oficial es un servicio público a cargo de la Nación”.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70-001-33-33-006-2018-00027-01

9 diciembre de 1980 tienen derecho a la pensión gracia de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás que las

9 diciembre de 1980 tienen derecho a la pensión gracia de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás que las desarrollen o modifiquen.

II. Derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, y a una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

El régimen pensional para los servidores públicos del orden nacional a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, era el previsto en la Ley 33 de

1985. Por lo tanto, el régimen aplicable a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados7, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, por remisión de la misma Ley 91 de 1989, es el previsto en la citada Ley 33 de 19858.

De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985: “El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la e