TA SUC - 70001333300920220012701-(15-02-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Sincelejo, quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

SALA TERCERA DE DECISIÓN

REPARACION DIRECTA

Radicación No. 70-001-33-33-009-2022-00127-01

Demandante: Zoraida Esther Rivero Romero Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Ejército Nacional – Departamento de Sucre – Municipio de Ovejas

Asunto: Rechazo de Demanda por Caducidad del Medio de Control

Magistrada Ponente: Tulia Isabel Jarava Cárdenas

1. OBJETO DE DECISIÓN.

Decidir el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Actora en contra del Auto adiado 9 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo en el cual se rechazó la demanda por caducidad del medio de control de Reparación Directa.

2. ANTECEDENTES.

2.1. Partes.

 Demandante: Zoraida Esther Rivero Romero.

 Demandada: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Ejército Nacional – Departamento de Sucre – Municipio de Ovejas.

2.2. Pretensiones:

-Se declare a las entidades demandadas administrativa, patrimonial y solidariamente responsables por la totalidad de los perjuicios morales, alteración a las condiciones de existencia y perjuicios materiales causados a la parte actora “por el desplazamiento forzado, contemplado como delito de lesa humanidad, dentro del marco del conflicto armado interno”.

las condiciones de existencia y perjuicios materiales causados a la parte actora “por el desplazamiento forzado, contemplado como delito de lesa humanidad, dentro del marco del conflicto armado interno”.

-Como consecuencia de lo ant erior, se condene a las demandadas “a reconocer y a pagar a los actores o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios irrogados, que sufrió el demandante por el desplazamiento forzado ”, estimados en doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000).REPARACION DIRECTA

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-Se condene al extremo demandado al pago de las costas y agencias en derecho a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA , reconociendo los intereses legales desde la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia que ponga fin al proceso.

2.3. Hechos

Como fundamentos fácticos relevantes, luego de exponer brevemente el contexto de violencia que sufrió el departamento de Sucre a inicios de los años 2000, concretamente en la región de los Montes de María, se narraron los siguientes acontecimientos:

• El 16 y 17 de septiembre de 2000, llegaron más de 60 paramilitares al corregimiento de La Peña, quienes venían por la ruta del Carmen de Bolívar, llegando a este corregimiento y asesinando a los señores: Iván José Rivero Romero,

corregimiento de La Peña, quienes venían por la ruta del Carmen de Bolívar, llegando a este corregimiento y asesinando a los señores: Iván José Rivero Romero, Edinson Rafael Elles Montes , Nilson de Jesús Rivero Romero, Prospero Patricio Bohórquez Montes, luego de esta masacre, los paramilitares, se trasladaron para el corregimiento de Flor del Monte donde asesinaron a un campesino con puñaladas y garrotazos.

• Ante las evidencias de ausencia de protección por parte del Estado para la comunidad del corregimiento La Peña, esta estuvo expuesta y a merced de los grupos paramilitares, recibiendo amenazas permanentes y las autoridades departamentales, municipales, administrativas, civiles no brindaron protección, obligando a las familias a desplazarse para los cascos urbanos de los municipios de Ovejas, Sincelejo, Carmen de Bolívar, etc., abandonaron sus casas, parcelas, animales.

• Mis poderdantes presentaron su declaración de desplazamiento ante las autoridades competentes, quienes la avalaron y ordenaron su inscripción como desplazados en el Registro Único de Victima, como tal ostentan una doble especial protección constitucional y están legitimados, para actuar en la reclamación judicial de sus derechos vulnerados.

2.4. Trámite en Primera Instancia.

La demanda fue presentada el 19 de abril de 2022 , correspondiendo su conocimiento al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo,REPARACION DIRECTA

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conocimiento al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo,REPARACION DIRECTA

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donde fue rechazada en proveído del 9 de mayo de 2022 por haberse configurado la caducidad del medio de control de Reparación Directa, decisión que fue notificada por Estado No. 300 del día 10 de ese mes y año y, electrónicamente en la misma fecha.

De manera oportuna y dentro de la oportunidad concedida para ello, la Parte Actora interpuso Recurso de Apelación que fue concedido en Auto del 1º de junio de 2022.

3. PROVIDENCIA IMPUGNADA.

En Auto del 9 de mayo de 2022 , el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, dispuso:

“PRIMERO: RECHAZAR la demanda presentada por ZORAIDA ESTHER

RIVERO ROMERO contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA, ARMADA

y EJERCITO NACIONAL; DEPARTAMENTO DE SUCRE y MUNICIPIO DE

OVEJAS por Caducidad.

SEGUNDO: Reconocer al abogado OSCAR FERNANDEZ CHAGIN, identificado con la C.C N° 7.471.017 y T.P Nº 41.720 como apoderado de la parte demandante en los términos y extensiones del poder conferido.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría archívese el expediente previa anotación en los sistemas de información.”

parte demandante en los términos y extensiones del poder conferido.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría archívese el expediente previa anotación en los sistemas de información.”

Como fundamento de lo anterior, expuso el Juez:

“Caso concreto: En el asunto objeto de estudio, de conformidad con los hechos narrados en la demanda, el origen del desplazamiento forzado alegado por la parte actora, tuvo lugar en los hechos ocurridos el 18 de febrero del año 2000, fecha en que también se celebró conse jo de seguridad en el cual se expuso (hecho tercero):

“autoridades civiles de la zona y la fuerza pública tenían conocimiento del riesgo para la población de los municipios de Ovejas y el Carmen de Bolívar a pesar de lo cual no se habrían desplegado acciones necesarias para prevenirlos”. (…)

“Los peticionarios alegan que la Fuerza Pública prestó su apoyo tanto en la realización de la masacre de los Montes de María como en la huida de los paramilitares asegurando que esta se diera sin contratiempos”.

Dada la fecha de ocurrencia de los hechos, es posible afirmar que al momento de la presentación de la demanda - e incluso, al presentar la solicitud de conciliación -, se había configurado la caducidad del medio de control, pues la avanzada violenta de los g rupos al margen de la ley que obligó al desplazamiento del lugar de origen hacia otras ciudades, ocurrió en el año 2000, fecha en la que la actora tuvo conocimiento de la participación de agentes del Estado por acción u omisión, al afirmar que fue la alian za entre éstos y aquellos, la que facilitó las masacres.

2000, fecha en la que la actora tuvo conocimiento de la participación de agentes del Estado por acción u omisión, al afirmar que fue la alian za entre éstos y aquellos, la que facilitó las masacres.

La parte actora alega que el desplazamiento forzado es delito de lesa humanidad. En aplicación del criterio jurisprudencial citado, vigente a la fecha de presentación de la demanda, la caducidad de l medio de control deREPARACION DIRECTA

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reparación directa debe computarse a partir del conocimiento que tuvieron los afectados de la participación del Estado en el hecho dañoso. Según el sustento fáctico y las pruebas aportadas, se encuentra acreditado que desde hace más de 20 años la parte actora tenía conocimiento de la ocurrencia del hecho, pues afirma que la comunidad del Corregimiento La Peña estuvo expuesta a los grupos al margen de la ley, sin la protección de las autoridades, lo que generó el desplazamiento en el año 2000, hacia el casco urbano de los municipios de Ovejas, Carmen de Bolívar etc.

A lo expuesto se agrega, que la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada en la Procuraduría General de la Nación, el día 28 de julio de 2017, la constancia de no haber llegado al acuerdo conciliatorio fue expedida el día 07 de septiembre de 2017 (f. 170-171 archivo 01 demanda) y solo hasta el 19 de

constancia de no haber llegado al acuerdo conciliatorio fue expedida el día 07 de septiembre de 2017 (f. 170-171 archivo 01 demanda) y solo hasta el 19 de abril de 2022 fue presentada la demanda (archivo 02 acta de reparto). Es decir, habían trascurrido más de cuatro años y seis meses, entre la expedición de la constancia de no conciliación y la presentación de la demanda.

Por último, en la sentencia emitida por la H. Corte Suprema de Justicia aportada con la demanda (f.26 -115), la corporación resuelve el recurso de cas ación interpuesto por el Capitán de Corbeta condenado por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO en calidad de cómplice en primera instancia por el Juzgado Penal Único del Circuito Especializado el 16 de diciembre de 2011 y en segunda instancia mediante sentencia del 7 de diciembre de 2017 por el H. Tribunal Superior del Distrito judicial de Cartagena. La decisión de no casar la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena, considera las conductas reprochadas, crímenes de lesa humanidad, señalando que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los funcionarios judiciales que conocen de los delitos relacionados con la masacre de El Salado, hacer la declaratoria de crímenes de lesa humanidad.

Si en gracia de discusión tomáramos la fecha de la sentencia, con siderando que, sólo desde el año 2011 tuvieron los demandantes conocimiento de la participación de los agentes del Estado en los hechos que originaron el Desplazamiento, la decisión sería la misma, pues a la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, habían fenecido los dos años previstos en la ley para presentarla demanda.

Desplazamiento, la decisión sería la misma, pues a la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, habían fenecido los dos años previstos en la ley para presentarla demanda.

Conclusión: Como consecuencia de lo expuesto, el Juzgado actuará en aplicación de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011 y dispondrá el rechazo de la demanda, por caducidad”.

4. EL RECURSO DE APELACION.

Inconforme con la anterior decisión y con el objeto de obtener su revocatoria, la Parte Actora interpuso1 Recurso de Apelación, en el cual argumentó:

“Señor Juez, el desplazamiento forzado de la comunidad del corregimiento de la peña, contiene los elementos clásicos para definirlo como crimen de lesa humanidad; así mismo, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera con su MP. Danilo Rojas Betancourth, en sentencia del 14 septiembre de 2017, al definir los crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional acogido en Colombia por la reforma constitucional de 2001, aprobada por la ley 742 de 2002 (…).

1 En email de fecha 13 de mayo de 2022.REPARACION DIRECTA

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De igual forma, el Consejo de Estado ha indicado que para el conteo del término de caducidad siempre debe acudirse al caso concreto y observar sus particularidades, y en tal sentido se ha dispuesto que en eventos como los del desplazamiento forzado el término para intentar la acción inicia a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo, esto por considerar a que se trata de daños de carácter continuado.

Ahora, sobre el conteo de término de caducidad relativas a la desaparición forzada y al desplazamiento forzado constituyen graves violaciones a los derechos humanos que requieren de un tratamiento diferenciado. Por lo anterior, no es dable aplicar en forma estática las reglas sobre la temporalidad del reclamo de responsabilidad estatal, sino que, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, se debe permitir el curso del medio de control.

Además, se ha aceptado un tratamiento diferenciado al fenómeno de caducidad del medio de control de Reparación Directa cuando el hecho generador del daño es el desplazamiento forzado, conforme se observa en lo resuelto en el proceso Rad.2015-02134 – Exp. 59436.

El desplazamiento forzado es un crimen de lesa humanidad y no existe prueba en el expediente que el Estado haya ejecutado una política social de retorno de los desplazados a sus sitios de origen y, esta situación pudo haber impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción; por lo tanto, el término de

en el expediente que el Estado haya ejecutado una política social de retorno de los desplazados a sus sitios de origen y, esta situación pudo haber impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción; por lo tanto, el término de caducidad del medio de control ejercido por los demandantes, de conformidad con la jurisprudencia de unificación citada, no opera en este caso.”

5. CONSIDERACIONES.

5.1. Competencia.

La Sala es competente para decidir la controversia puesta en su consideración de conformidad con lo establecido en los Arts. 1532, 1253 y Nral. 1º4 del 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-.

5.2. Problema Jurídico.

Conocidos los extremos de la Litis y el contenido del Recurso de Apelación que sirve como derrotero del ejercicio del Juez en Segunda Instancia5, corresponde a la Sala determinar si en el presente proceso se configuró el fenómeno jurídico de la

2 ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. 3 ARTÍCULO 125. DE LA EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los

3 ARTÍCULO 125. DE LA EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica. 4 ARTÍCULO 243. APELACIÓN . Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda. (…) 5 Artículo 320 C.G del P: “FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71” (Resaltado propio)REPARACION DIRECTA

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“Caducidad” del medio del control de Reparación Directa como lo determinó el A quo, o si por el contrario, la demanda fue interpuesta en el término establecido para su ejercicio válido.

Pues bien, la caducidad es definida en la jurisprudencia como la extinción del derecho a la acción por el transcurrir del tiempo, de manera que si el actor o quien se cree con derecho, deja transcurrir los plazos fijados por la ley de manera objetiva, sin presentar demanda alguna, el derecho fenece y se extingue la posibilidad de interponer acción, sin que se pueda alegar excusa alguna para revivirlo. La caducidad entonces representa el límite dentro del cual los ciudadanos pueden reclamar ante el Estado y la justicia el derecho que le asista, por ende, la negligencia de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección6.

Al respecto, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos7:

“Se tiene por establecido que la caducidad se configura cuando el plazo establecido en la ley para instaurar alg ún tipo de acción, ha vencido. Es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Las normas de

en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente.

En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la jurisdicción a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea definido con carácter definitivo por el juez competente. Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga para que, ante la materialización de un determinado hecho, los interesados actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva de sus derechos, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración.”

No obstante lo anterior, por estar en juego derechos fundamentales de la persona, la declaración de caducidad solo opera cuando la extinción del daño aparezca de manera ostensible.

Ahora, en relación con el término de caducidad para el ejercicio del medio de control de reparación directa, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 164, literal i)8, dispone:

6 Sentencia C574 de 1998. Corte Constitucional. 7 Sentencia del 13 de junio de 2013. Radicación No. 07001 -23-31-000-2001-01356-01(25712). C.P. Enrique Gil Botero.

6 Sentencia C574 de 1998. Corte Constitucional. 7 Sentencia del 13 de junio de 2013. Radicación No. 07001 -23-31-000-2001-01356-01(25712). C.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección C. 8 Norma que no constituye una novedad en el conteo del término de caducidad en la Ley 1437 de 2011, siendo reproducción exacta de la disposición contenida en el inciso segundo, del numeral octavo del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, adicionado por la Ley 589 del 2000.REPARACION DIRECTA

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“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa

el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los he chos que dieron lugar a la desaparición” (Negrilla fuera de texto).

Nótese que la norma en cita prevé, dos eventos para efectuar el conteo de los dos años de caducidad para el medio de control de reparación directa; un primer evento, el cual constituye la regla general, se cuenta a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa del perjuicio; sin embargo, como no en todos los casos el conocimiento del hecho coincide con la fech a de su ocurrencia, el legislador propugnó por la tesis desarrollada de antaño por el Honorable Consejo de Estado, en la cual, el conteo se verifica desde el día siguiente del conocimiento efectivo que haya tenido o debió tener el afectado acerca del daño que se le ha ocasionado, siendo requisito la prueba de la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia y un segundo evento, cuando la demanda de reparación directa sea consecuencia del delito de desaparición forzada, estableciendo que el mismo es de dos años, pero su cómputo inicia o bien a partir del momento en que la víctima

ocurrencia y un segundo evento, cuando la demanda de reparación directa sea consecuencia del delito de desaparición forzada, estableciendo que el mismo es de dos años, pero su cómputo inicia o bien a partir del momento en que la víctima aparezca o bien desde la ejecutoria del fallo definitivo dentro del proceso penal9.

Y, la misma norma bajo estudio, permite que la demanda d e reparación directa, formulada como consecuencia del delito de desaparición forzada, pueda impetrarse desde el momento mismo en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

9 Ver en este sentido. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE. SALA PRIMERA DE DECISIÓN ORAL. Sincelejo, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022). MAGISTRADO PONENTE: RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOTY.

RADICACIÓN: 70-001-33-33-007-2022-00144-01. DEMANDANTE: ELIANA DEL ROSARIO BOHORQUEZ ARRIETA DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - ARMADA NACIONALDEPARTAMENTO DE SUCRE - MUNICIPIO DE OVEJAS. MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTAREPARACION DIRECTA

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Ahora bien, en Sentencia SU proferida el 29 de enero de 2020 10 el H. Consejo de

– Municipio de Ovejas

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Ahora bien, en Sentencia SU proferida el 29 de enero de 2020 10 el H. Consejo de Estado unificó su postura en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros, así

“(…) En cuanto al término para ejercer la pretensión de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.11, adicionado por el artículo 8 de la Ley 589 de 2000, establecía que, en los casos de desaparición forzada, la caducidad se contaba con fundamento en la fecha en la que aparecía la víctima y, si ello no ocurría, desde el momento en el que quedaba ejecutoriado el fallo adoptado en el proceso penal.

En los demás eventos desde el acaecimiento de la situación causante del daño; sin embargo, esta Sección precisó que no bastaba con la ocurrencia del hecho dañoso, pues, además, resultaba necesario su conocimiento por parte del afectado, ya que a partir de ello surgía el interés para ejercer el derecho de acción12.

El literal i) del numeral 2 de la Ley 1437 de 2011 13 prevé la misma regla frente a la desaparición forzada y para los demás casos establece como determinante la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o del momento en el que el afectado la conoció o debió conocerla, si fue en fecha posterior, “siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Así las cosas, para computar el plazo de caducidad no basta con la

posterior, “siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Así las cosas, para computar el plazo de caducidad no basta con la ocurrencia “de la acción u omisión causante del daño”, pues, además, se debe determinar si el interesa do advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos y que le era imputable el daño.

De este modo, si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros, pero no cuenta con elementos para inferir que el Estado estuvo involucrado y era el llamado a responder patrimonialmente , la caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión dañosa, sino desde que tuvo la posibilidad de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente para los fines previstos en el artículo 90 de la Constitución Política.

(…)

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, C. P: Marta Nubia Velásquez Rico, veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) 11 “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. “Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se

de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. “Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición” (se resalta). Esta disposición regula la caducidad de la pretensión de reparación directa en los eventos en los que el término empezó a correr con anterioridad al 2 de julio de 2012, según lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012. 12Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2006, expediente 15785, MP: María Elena Giraldo. 13 “i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acci ón u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. “Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el

“Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición” (se destaca).REPARACION DIRECTA

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De este modo, si los afectados consideran que el resultado del proceso penal adelantado en contra del agente implicado en los hechos tiene la suficiencia de determinar el sentido del fallo de r esponsabilidad patrimonial del Estado, lo que les corresponde es ejercer en tiem