TA SUC - Sentencia 05-2019-00402-02 (27-05-2026)

Sincelejo, veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Asunto Sentencia de segunda instancia Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente 70001333300520190040202 Demandante Edmundo Eduardo Castellón Martínez Demandado Nación – Rama Judicial Magistrado ponente César Enrique Gómez Cárdenas Tema Prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992-parametros para su liquidación

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el Juzgado 402 Administrativo Transitorio de Montería, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

El señor EDMUNDO EDUARDO CASTELLÓN MARTÍNEZ , por conducto de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda en contra de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ), con las siguientes pretensiones:

1. Se inaplique por inconstitucional lo contenido en los artículos 7º de los Decretos 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008; artículos 8° de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014; artículos 4° de los Decretos 1105 de 2015, 234 de 2016

Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014; artículos 4° de los Decretos 1105 de 2015, 234 de 2016 y 1003 de 2017, y los apartes de los artículos 1º y 2° del Decreto 3131 de 2005, modificados por los Decretos 3382 de 2005, 403 de 2006, 632 de 2007, 671 de 2008, 736 de 2009, 1401 de 2010, 1052 de 2011, 850 de 2012, 1027 de 2013, 197 de 2014, 1100 de 2015, 240 de 2016 y 1009 de 2017, que respectivamente determinaron que tanto la prima especial, como la bonificación por actividad judicial, no tienen carácter salarial. Lo anterior por cuanto se apartan de los tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad en materia laboral.

1. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No.

DESAJSIR18-584 de fecha 15 de febrero de 2018, expedido por la Dirección Seccional de Administración Judicial, y del acto ficto o presunto negativo resultante de la no resolución del recurso de apelación y mediante los cuales se niega el reconocimiento y pago de reliquidación de prestaciones sociales y salariales con la inclusión como factor salarial de la prima especial de servicio (Ley 4ª de 1992) y la bonificación por actividad judicial (Decreto 3131 y 3382 de 2005).

1. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento se reconozca el derecho que le asiste a que se reliquiden sus prestaciones

de 2005).

1. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento se reconozca el derecho que le asiste a que se reliquiden sus prestaciones sociales (bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de productividad y auxilio de cesantías, entre otras) incluyendo en ellas la prima especial de servicio y la bonificación por actividad judicial, como factor Salarial.

República de Colombia Rama Judicial

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Sala Tercera de DecisiónNulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300520190040202 Página 2 de 15

1. Se le cancele la diferencia entre lo que se le reconoció por concepto de prestaciones sociales causadas durante los periodos que se ha desempeñado como Juez, hasta la fecha de esta demanda, así como las que se causen hacia el futuro.

1. Que las sumas de dinero que se le llegaren a reconocer sean actualizadas con base en la variación porcentual del I.P.C. para efectos de compensar las pérdidas del valor adquisitivo de la moneda.

1. La entidad demanda se obligue a dar cumplimiento a la sentencia dentro del término señalado en el artículo 192 del CPACA.

Como fundamentos fácticos, la parte actora afirmó en la demanda que:

Ingresó al servicio de la Rama judicial desde el 1 de octubre de 1990, actualmente se desempeña como Juez Primero Promiscuo del Circuito de Corozal-Sucre.

Ha venido percibiendo su remuneración salarial y prestacional según lo establecido en los Decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional a

actualmente se desempeña como Juez Primero Promiscuo del Circuito de Corozal-Sucre.

Ha venido percibiendo su remuneración salarial y prestacional según lo establecido en los Decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 4 de 1992.

La prima especial establecida en el art. 14 Ley 4 de 1992, se le cancela mensualmente, no obstante, no es computada al momento de liquidar sus prestaciones sociales desconociendo con ello sus derechos laborales y prestacionales, vulnerando principios constitucionales y contraviniendo lo resuelto en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial de la Sección Segunda -Sala de ConjuecesConsejo de Estado del 18 de mayo de 2016, rad: #25000232500020100024602 que determinó que la prima especial de servicio constituye factor salarial.

Por otra parte el Gobierno Nacional, mediante Decreto 3131 de 2005, modificado por el Decreto 3382 de 2005, reconoció el pago de una bonificación por actividad judicial a los Jueces y Fiscales, pagadera semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año como un reconocimiento económico al buen desempeño de sus funciones, la cual desde el 7 de octubre de 2008 a través del Decreto 3900, solo se computa como factor salarial para efectos de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones.

El 17 de enero de 2018, presentó petición administrativa solicitando se le reliquidaran las prestaciones sociales y se procediera al pago de la diferencia entre lo que se le reconoció por concepto de prestaciones

de Seguridad Social en Salud y Pensiones.

El 17 de enero de 2018, presentó petición administrativa solicitando se le reliquidaran las prestaciones sociales y se procediera al pago de la diferencia entre lo que se le reconoció por concepto de prestaciones sociales causadas durante los periodos que se ha desempeñado como Juez, hasta la fecha de esta demand a, así como las que se causen hacia el futuro.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial mediante Resolución No. DESAJSIR18-584 de fecha 15 de febrero de 2018, negó loNulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300520190040202 Página 3 de 15

solicitado. Por lo tanto, se interpuso recurso de apelación, el cual no ha sido resuelto, lo que configura el acto ficto.

Como normas violadas por los actos administrativos demandados, se invocaron: Artículos 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 83, 93, 125 y 209 de la Constitución Política. Legales: Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; Ley 270 de 1996, artículos 152 numeral 7; Ley 1496 de 2011; Decreto 1042 de 1978; Decreto 717 de 1978 ( art. 12); Ley 54 de 1962; Ley 319 de 1996; Decreto 1092 de 1996; artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; Ley 1437 de 2011 , art. 102. Internacionales: Convención Americana de Derechos Humanos la cual fue aprobada en el orden interno mediante Ley 161 de 1972; Protocolo Adicional a la Convención

del Trabajo; Ley 1437 de 2011 , art. 102. Internacionales: Convención Americana de Derechos Humanos la cual fue aprobada en el orden interno mediante Ley 161 de 1972; Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", aprobado mediante Ley 319 de 1962; Convenio Internacional 95 de 1949 de la OIT (protección al trabajo), aprobado por la Ley 54 de 1962; Convenios 100 , 111 y 151 de la OIT; Convención Americana sobre Derechos Humanos pacto de San José Costa Rica.

En el concepto de violación, se indicó que los actos acusados son ilegales, por cuanto la no inclusión del 30 % de la Prima Especial como salario, viola la Constitución, la Ley 4 de 1992 y los Convenios de la OIT y afecta la igualdad frente a jueces y magistrados . Igualmente, la Bonificación por Actividad Judicial al ser salario por su naturaleza y periodicidad, su negativa de reconocerla como tal vulnera principios constitucionales e ignora precedentes obligatorios.

1.2. Contestación de la demanda.

La Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo contestó la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones formuladas por el actor, solicitando su absolución y que se declaren probadas las excepciones propuestas.

En relación con los hechos, la entidad demandada únicamente aceptó aquellos relativos a los cargos desempeñados por el demandante en la Rama Judicial, los extremos temporales debidamente acreditados, así

declaren probadas las excepciones propuestas.

En relación con los hechos, la entidad demandada únicamente aceptó aquellos relativos a los cargos desempeñados por el demandante en la Rama Judicial, los extremos temporales debidamente acreditados, así como la presentación de la petición en sede administrativa, la expedición del acto acusado y el trámite de conciliación prejudicial. Frente a los demás hechos, indicó que corresponden a apreciaciones jurídicas, normativas y subjetivas de la parte actora.

Sostuvo que la bonificación por actividad judicial fue creada mediante el Decreto 3131 de 2005 y modificada por el Decreto 3900 de 2008, estableciéndose que solo constituye factor salarial para efectos de cotización al sistema de seguridad social en salud y pensión, mas no para la liquidación de prestaciones sociales. Señaló que dicha bonificación no tenía carácter salarial antes del 1º de enero de 2009 y que su inclusión como factor salarial se limita a los fines expresamente fijados por laNulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300520190040202 Página 4 de 15

norma. Indicó, además, que esta interpretación ha sido reiterada por el Consejo de Estado, el cual ha sostenido que la bonificación no tiene naturaleza salarial general ni puede ser utilizada para liquidar otras prestaciones.

En cuanto a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la entidad expuso que esta fue concebida expresamente sin carácter salarial, conforme a la ley y a la jurisprudencia constitucional. Citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2019, en la que

Ley 4 de 1992, la entidad expuso que esta fue concebida expresamente sin carácter salarial, conforme a la ley y a la jurisprudencia constitucional. Citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2019, en la que se precisó que dicha prima corresponde a un porcentaje adicional al salario básico, pero sin integrar la base para la liquidación de prestaciones sociales, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.

Con base en lo anterior, concluyó que la entidad ha actuado conforme al principio de legalidad, aplicando correctamente la normatividad vigente en materia salarial y prestacional, por lo que no resulta procedente acceder a las pretensiones del demandante.

Finalmente, propuso la excepción de prescripción, señalando que, conforme al término trienal previsto en el Decreto 3135 de 1968, se encuentran prescritos los derechos reclamados con anterioridad al 18 de enero de 2015, dado que la solicitud administrativa fue presentada el 17 de enero de 2018. 1.3. La sentencia apelada. El Juzgado 402 Administrativo Transitorio del Circuito de Montería, profirió sentencia el 17 de octubre de 2023 , accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

«PRIMERO: Inaplicar por inconstitucional el artículo 8 del Decreto 1105 de 2015 y los artículos 4 de los Decretos 234 de 2016, 1003 de 2017, 338 de 2018 y 997 de 2019, así como los demás que se expidieron hasta el año 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar la existencia del silencio administrativo respecto del recurso

2019, así como los demás que se expidieron hasta el año 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar la existencia del silencio administrativo respecto del recurso de apelación formulado por el demandante, y, en consecuencia, la configuración del acto ficto negativo, según se motivó.

TERCERO: Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en la Resolución DESAJSIR18-584 del 15 de febrero de 2018, suscrita por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sucre y del acto o presunto surgido frente a la no resolución del recurso de apelación planteado contra la Resolución antes dicha y demás actos.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Rama Judicial a reconocer y pagar al señor Edmundo Castellón Martínez, mientras ostente la calidad de Juez de la República, las diferencias que por concepto de prima especial de servicios resulten a favor del demandante, teniendo en cuenta la prima especial como una adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación; así mismo, se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales, durante el tiempo reclamado y que ha fungido como Juez de la República, a partir del 17 de enero de 2015 - por prescripción-, siempre y cuando devengue la prima especial de servicios y ostenteNulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300520190040202

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«(…)8. Análisis sustancial.

8.1. En cuanto a la Prima Especial de Servicios. Así las cosas, este Despacho Judicial, le dará aplicación a la sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019, proferida por el Alto Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, por lo tanto, a la demand ante, en su condición de Juez Promiscuo del Circuito, le asiste el derecho al reconocimiento y pago, de las diferencias que por concepto de la prima especial resulten a su favor, teniendo en cuenta la prima como una adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación; así mismo, se ordenará la reliquidación de las prestaciones sociales, durante el tiempo que fungi ó como Juez de la República, con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la prima especial de servicios, advirtiendo en todo caso que a partir del año 2021, con la expedición del Decreto 272, se ordenó la correcta aplicación de la referida prima.

8.3. En cuanto a la Bonificación por Actividad Judicial. Tal como se anunció en el marco jurídico de esta providencia, el artículo 2 del artículo 3135 de 2005 estableció expresamente que la bonificación de actividad judicial no constituye factor salarial ni prestacional y no se tendrá en cuenta para determinar elementos salariales o prestaciones sociales. Esta disposición fue objeto de estudio por parte del Consejo de Estado a través del medio de control de simple nulidad, emitiendo sentencia de fecha 19 de junio de 2008, oportunidad en la que señaló que al consagrarse que la bonificación de actividad judicial no tendría carácter salarial ni

del Consejo de Estado a través del medio de control de simple nulidad, emitiendo sentencia de fecha 19 de junio de 2008, oportunidad en la que señaló que al consagrarse que la bonificación de actividad judicial no tendría carácter salarial ni prestacional, no se desconocía ningún derecho adquirido ni se violaban las disposiciones legales y constitucionales citadas en la demanda.

En este punto es importante precisar que, el Consejo de Estado en sentencia del 27 de febrero de 2011 (Subsección “B”. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Rad. 17001-23-31-000-2010-00405-0. NI. 1896 -13. Fecha 27 de febrero de 2014), consideró que al existir pronunciamiento judicial respecto a la legalidad del carácter “no salarial” de la bonificación por actividad judicial en vigencia del Decreto 3131 de 2005, no era viable su inclusión como factor salarial o prestacional antes del 1 de enero de 2009, fecha a partir de la cual el Gobierno Nacional le confirió tal connotación. Las negrillas son nuestras. Sin embargo, ello no significa que a partir del año 2009 la bonificación por actividad judicial se convertiría en factor salarial para todos los efectos, sino solamente frente a las cotizaciones al sistema de seguridad social integral.

En consecuencia, en lo demás, esto es, para la reliquidación de las prestaciones sociales, este despacho, atenderá el juicio de legalidad que realizó el Consejo deNulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300520190040202 Página 6 de 15

Estado en sentencia del 19 de junio de 2008, por esta razón negará esta pretensión de la demanda. (…)

prescripción-, siempre y cuando devengue la prima especial de servicios y ostenteNulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300520190040202 Página 5 de 15

la calidad de Juez de la República, con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la prima especial de servicios, advirtiendo en todo caso que, a partir del año 2021, con la expedición del Decreto 272, se ordenó la correcta aplicación de la referida prima.

QUINTO: Condenar a la demandada que sobre las sumas de dinero resultantes de la presente condena efectúe los correspondientes ajustes de ley, conforme al porcentaje ordenado para cada año por el Gobierno Nacional.

SEXTO: Condenar a la demandada a ajustar el valor de la condena aquí impuesta conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, empleando para ello la formula universal adoptada por el H. Consejo de Estado, y que fue señalada en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: Condenar a la demandada cumplir la sentencia en los precisos términos contenidos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia.

NOVENO: Sin condena en costas en esta instancia.»

Argumentó el a-quo:

«(…)8. Análisis sustancial.

8.1. En cuanto a la Prima Especial de Servicios. Así las cosas, este Despacho Judicial, le dará aplicación a la sentencia de unificación de 2 de septiembre de

Radicado 70001333300520190040202 Página 6 de 15

Estado en sentencia del 19 de junio de 2008, por esta razón negará esta pretensión de la demanda. (…) 9.1. Prescripción trienal. (…) En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará que se reconozcan y paguen las diferencias salariales y prestacionales al no tenerse en cuenta la prima especial de servicios como una adición al salario desde el 17 de enero de 2015 por prescripción, durante los tiempos que ha fungido como Juez de la República y mientras ostente la calidad de Juez de la República. (SIC)»

1.4. El recurso de apelación.

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la Nación-Rama Judicial interpuso recurso de apelación, en los siguientes términos:

«(…) RAZONES DE LA APELACIÓN.

De manera respetuosa solicito revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

Al respecto debo indicar que la misma Sentencia de Unificación que trajo a colación el a quo indicó que la PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS NO CONSTITUYE FACTOR SALARIAL, es decir, es cierto que el demandante tiene derecho a la reliquidación de su salario básico y prestaciones sociales con inclusión del 30% correspondiente a dicha prima pero, no es menos cierto, que esta se reconozca y pague como factor salarial, por lo que debe ser modificada la parte resolutiva de la Sentencia objeto de este recurso.

De la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como emolumento sin carácter salarial.

salarial, por lo que debe ser modificada la parte resolutiva de la Sentencia objeto de este recurso.

De la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como emolumento sin carácter salarial.

El 2 de septiembre de 2019, dentro del expediente radicado No. 2016 -00041-02, el H. Consejo de Estado, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, dictó Sentencia de Unificación SUJ -016-CE-S2-2019, en la que, al considerar que en aplicación de los decre tos anuales de salario, la administración equivocadamente tuvo al 30% del salario como la prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y, por tanto, liquidó prestaciones sociales y emolumentos laborales sobre el 70% de la remuneración, fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

1. “La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de la s diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación”.

Conforme a la sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019, los jueces de la República tienen derecho al reconocimiento y pago de: i) las diferencias causadas por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y, ii) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 14 Ley 4ª

base en el 100% del salario básico mensual; y, ii) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 14 Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial.

Así mismo, el gobierno Nacional el 11 de marzo de 2021, expidió el Decreto 272, “Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992”, el cual fue proferido acogiendo las sentencias de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado y en especial la de Unificación del 2 de septiembre de 2019, de la siguiente manera: “Artículo 1. Prima Especial. Establecer una prima especial equivalente al 30% del salario básico, de que trata el artículo' 14 de la Ley 4 de 1992, modificada por el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 aclarada por el artículo 1 de la Ley 476 de 1998, para los Magistrados Auxiliares, Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Magistrados de los Consejo s Secciona les de la Judicatura, Agentes del MinisterioNulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300520190040202 Página 7 de 15

Público delegados ante la Rama Judicial, Jueces de la República, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra, Jueces de Instrucción Penal Militar, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Fiscales delegados ante Tribunal del Distrito, ante Jueces Penales de Circuito Especializados, ante Jueces del Circuito, ante Jueces Municipales y Promiscuos. La

Penal Militar, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Fiscales delegados ante Tribunal del Distrito, ante Jueces Penales de Circuito Especializados, ante Jueces del Circuito, ante Jueces Municipales y Promiscuos. La prima especial que se establece en el presente artículo será adicional a la asignación básica correspondiente a cada e mpleo, se pagará mensualmente y únicamente constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003”.

En cuanto a la bonificación por actividad judicial, establecida sólo para los Jueces y Fiscales, inicialmente no tenía carácter salarial, posteriormente fue modificada por el Decreto 3900 de 2008 que le da el carácter salarial para efectos de aportes en salud y pensión. Requiere para su reconocimiento el que el funcionario hubiera laborado cuando menos 4 meses en el respectivo semestre.

Su valor está determinado mediante Decreto del Gobierno Nacional que establece un valor fijo para cada anualidad. Es pagadera en el mes de julio y diciembre de cada vigencia. El mencionados Decreto 3900 de 2008 modificatorio del Nº3131 de 2005 taxativamente disponen que la prestación salarial creada por ellos, solo se constituye como factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

(…) Por su parte, el Decreto 3382 del 23 de septiembre de 2005, modificó el Decreto 3131 de 2005, en cuanto se refiere a eliminar la restricción prevista de otorgar su derecho sólo a los funcionarios de carrera y a trasladar la competencia a la Sala

3131 de 2005, en cuanto se refiere a eliminar la restricción prevista de otorgar su derecho sólo a los funcionarios de carrera y a trasladar la competencia a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para establecer los criterios para evaluar a los jueces de calificación de la calidad y la eficiencia, además de establecer en su artículo tercero que cuando el funcionario no hubiere desempeñado el cargo durante el semestre completo habrá lugar al reconocimiento y pago de la bonificación de actividad judicial en forma proporcional a los días laborados, siempre y cuando haya prestado el servicio, en los empleos señalados en el artículo 1° del Decreto 3131 de 2005, mínimo cuatro meses en el respectivo semestre y se haya dado cumplimiento al artículo 3° del decreto 3131 de 2005 que previa el cumplimiento de las metas, pero dejo incólume la prescripción referida a que este concepto no constituye factor de salario.

Visto lo antes expuesto, se reintegra que ninguna autoridad podrá contraer obligaciones atribuibles al presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes, es decir, resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo presupuestal y teniendo en cuenta que a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto para cancelar los mayores valores que se generarían . (SIC)»

Con base en los anteriores argumentos , solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.5. Trámite en segunda instancia.

El 4 de septiembre de 2024 , el suscrito magistrado ponente declaró impedimento para dar trámite al asunto sub judice, y ordenó su remisión

de la demanda.

1.5. Trámite en segunda instancia.

El 4 de septiembre de 2024 , el suscrito magistrado ponente declaró impedimento para dar trámite al asunto sub judice, y ordenó su remisión al magistrado que seguía en turno. Posteriormente, la Sala Quinta de Decisión de esta Corporación, por auto del 1 de octubre de 2025, resolvió declarar infundado el impedimento. En consecuencia, el recurso de apelación fue admitido y a su vez se corrió traslado para alegar de conclusión mediante auto del 22 de octubre de 2025. Sin pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 70001333300520190040202 Página 8 de 15

2. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. La competencia.

El Tribunal es competente según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación 1, el problema jurídico a resolver por la Sala se circunscribe a determinar, si el demandante tiene derecho a que la Nación – Rama Judicial le reconozca y pague los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su vinculación como juez de la república y hasta cuando se sigan causando, como consecuencia de la indebida interpretación de la Ley 4 de 1992, particularmente en lo relacionado con la inclusión del 30% de la prima especial como componente adicional del salario.

2.3. Análisis de la Sala y respuesta al problema jurídico en el caso concreto.

relacionado con la inclusión del 30% de la prima especial como componente adicional del salario.

2.3. Análisis de la Sala y respuesta al problema jurídico en el caso concreto.

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:

2.3.1. Alcance normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios para funcionarios de la Rama Judicial. Interpretación y correcta aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Por expreso mandato constitucional, la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al gobierno nacional conforme a las competencias que el legislador dicte para el efecto, tal como lo estipula el artículo 150, numeral 19, literal e) Superior:

«ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública»

En desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual se señalaron las normas, objetivos y criterios a tener en cuenta por parte del Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y

1Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar

1Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».Nulidad y restablecimiento del