TA SUC - Sentencia 06-2020-00114-01 (15-04-2026)
Tribunal Administrativo de Sucre
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Detalles
- Título
- TA SUC - Sentencia 06-2020-00114-01 (15-04-2026)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Sucre
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
___________________________________________________ Sincelejo, quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Asunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Expediente No. 70-001-33-33-006-2020-00114-01
Demandante: Yasmin del Carmen Pérez Hernández
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomag – Departamento de Sucre
Magistrado ponente: César Enrique Gómez Cárdenas
Temas: Sanción moratoria cesantías docentes / indexación. Aplicación del artículo 187 del CPACA.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fiduciaria la Previsora S.A.) contra la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2025, proferida por el Juzgado Sexto Administrat ivo del Circuito de Sincelejo, mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
YASMIN DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ , a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –FOMAGDEPARTAMENTO DE SUCRE , SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, con el objeto de que se declarara la nulidad del siguiente acto:
- Acto ficto derivado del silencio administrativo, frente a la petición
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, con el objeto de que se declarara la nulidad del siguiente acto:
- Acto ficto derivado del silencio administrativo, frente a la petición presentada el día 15 de julio de 2019, por medio del cual, se negó el reconocimiento y pago de sanción moratoria por el retardo en la cancelación de las cesantías parciales.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condenara a las demandadas al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006. Asimismo, que el valor a cancelar se pague debidamente actualizado.
Como fundamentos fácticos, se afirmó en la demanda que:
Rama Judicial TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Sala Tercera de Decisión Oral República de ColombiaNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 70001-3333-006-2020-00114-01
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El 28 de noviembre de 20 18, la demandante solicitó al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.
Las cesantías fueron reconocidas a través de la Resolución No. 0 293 del 10 de abril de 2019, por la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre y pagadas el día 14 de junio de 2019.
De conformidad con el artículo 4 y 5 de la ley 1071, la entidad territorial contaba con 15 días para expedir la resolución de reconocimiento de cesantías y el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
De conformidad con el artículo 4 y 5 de la ley 1071, la entidad territorial contaba con 15 días para expedir la resolución de reconocimiento de cesantías y el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, tenía 45 días parar cancelar las cesantías, dichos términos no fueron atendidos por ambas entidades.
El 15 de julio de 20 19, la demandante reclamó al FOMAG y al Departamento de Sucre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada por el pago tardío de sus cesantías. La entidad guardó silencio, con lo cual se configuró el silencio administrativo negativo.
La parte actora señaló como normas violadas, los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989, artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
El concepto de la violación expuesto por la actora se sintetiza en los siguientes términos:
Indicó que respecto del pago de cesantías parciales y definitivas a los docentes se aplicaban las disposiciones de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. El plazo para el reconocimiento de las mismas era de 15 días luego de radicada la solicitud por parte del interesado y el pago se debía verificar dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que la reconociera, so pena que se causara a favor del empleado y en contra del nominador, una sanción por mora correspondiente a un día de salario por cada día de retardo.
Señaló que la jurisprudencia contenciosa administrativa sostenía que el
empleado y en contra del nominador, una sanción por mora correspondiente a un día de salario por cada día de retardo.
Señaló que la jurisprudencia contenciosa administrativa sostenía que el reconocimiento y pago de las cesantías, en cualquier caso, no debía superar los 70 días hábiles después de radicada la solicitud, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 20 11. En ese sentido, el conteo del término para el pago de las cesantías a fin de determinar si hubo o no mora en el pago, se realizaba así: (i) 15 días desde el día siguiente a la presentación de la solicitud para el reconocimiento de cesantías; (ii) se sumaban 10 días para la ejecutoria del acto que debió proferir el nominador resolviendo la petición; y (iii) 45 días adicionales para el pago, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, para un total de 70 días.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 70001-3333-006-2020-00114-01
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1.2. Contestación de la demanda1.
El Departamento de Sucre se opuso a las pretensiones de la demanda, precisando que están en cabeza del Ministerio de Educación NacionalFOMAG-, todas las obligaciones laborales y prestacionales del personal docente.
Como eje central de la defensa, argumenta que la Secretaría de Educación Departamental únicamente cumple funciones de trámite, elaboración y notificación de los actos administrativos relacionados con el reconocimiento de prestaciones sociales, actuando en nombre del Ministerio de Educación Nacional y del fondo mencionado, pero sin asumir
Educación Departamental únicamente cumple funciones de trámite, elaboración y notificación de los actos administrativos relacionados con el reconocimiento de prestaciones sociales, actuando en nombre del Ministerio de Educación Nacional y del fondo mencionado, pero sin asumir la obligación de pago, la cual recae exclusivamente en dicho fondo.
Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido.
La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se opone todas y cada una de las pretensiones de la demanda al considerar que no existe sustento fáctico ni jurídico para declarar la nulidad solicitada ni para reconocer la sanción moratoria por el pago de cesantías.
Como eje central de la defensa, argumenta que, conforme a la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad por la mora en el pago de cesantías recae en la entidad territorial cuando el retardo se origina en el incumplimiento de los plazos para tramitar la solicitud , por lo que en este caso dicha responsabilidad correspondería a la Secretaría de Educación del departamento y no al FOMAG.
Como excepciones propone: culpa exclusiva de un terceroaplicación de Ley 1955 de 2019, improcedencia de reconocimiento de sanción moratoria por ser beneficiario del régimen retroactivo de cesantías , improcedencia de la indexación y/o actualización monetaria de la sanción moratoria, improcedencia de la condena en costas y prescripción
1.3. La sentencia apelada
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante sentencia de 12 de noviembre de 2025, resolvió declarar la nulidad del
1.3. La sentencia apelada
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante sentencia de 12 de noviembre de 2025, resolvió declarar la nulidad del acto administrativo demandado y condenar al FOMAG a reconocer y pagar a la parte demandante sanción moratoria por 94 días de mora. En el numeral 3.3 de la sentencia dispuso:
“(…)
3.3 La condena debe pagarse indexada con base en el artículo 187 inciso final de la Ley 1437 de 2011 o Código de
1 Mediante auto de 22 de octubre de 2021 se admitió la demanda y se dispuso la notificación a las accionadas.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 70001-3333-006-2020-00114-01
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la parte final de la regla de unificación del numeral 4 de la SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018.
(…)”
Luego de referirse a sanción moratoria, en el caso concreto indicó:
“(…)
El 28 de noviembre de 2018 la parte demandante en su condición de docente oficial solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.
La entidad demandada resolvió la petición mediante la Resolución No. 0293 de 10 de abril de 2019, de manera extemporánea ya que el término de quince (15) días que tuvo para resolver la petición vencieron el 19 de diciembre de 2018.
La petición de las cesantías se presentó en vigencia de la Ley
extemporánea ya que el término de quince (15) días que tuvo para resolver la petición vencieron el 19 de diciembre de 2018.
La petición de las cesantías se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por ende, el término de diez (10) días para la ejecutoria del acto administrativo vencieron el 4 de enero de 2019.
Así las cosas, el 11 de marzo de 2019 venció el término de los 45 días para que la entidad demandada pagará las cesantías a la parte demandante.
El 14 de junio de 2019 se puso a disposición de la parte demandante el valor de las cesantías en el Banco BBVA.
Por tanto, desde el 12 de marzo de 2019 hasta el 13 de junio de 2019 transcurrieron 94 días de mora.
El 15 de julio de 2019 el demandante solicitó el pago de la sanción moratoria ante la secretaria de educación del departamento de Sucre.
2.5. Respuesta de los problemas jurídicos
2.5.1. Con base en lo expuesto se concluye que, está viciado de nulidad el acto administrativo ficto producto del silencio administrativo negativo que se configuró porque la parte demandada no respondió la petición que la demandante presentó el 15 de julio de 2019 para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria (Art. 83 CPACA), dado que, la demandante adquirió el derecho a que la Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconozca la sanción moratoria de conformidad con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por cuanto, le pagó extemporáneamente las cesantías
de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconozca la sanción moratoria de conformidad con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por cuanto, le pagó extemporáneamente las cesantías que pidió el 28 de noviembre de 2018.
2.5.2. La Nación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es quien debe responder por el reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada a favor de la parte demandante, y no el departamento de Sucre, pues, es la competente para reconoc er las cesantías de conformidad conNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 70001-3333-006-2020-00114-01
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las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 (art. 56), en virtud de las cuales y por lo reglamentado mediante el Decreto 2831 de 2005, las secretarías de educación de las entidades territoriales en las que el docente presta sus servicios actúan en nombre de la Nació n-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el trámite de las solicitudes que se presentaban para el reconocimiento de las cesantías.
Además, porque si bien el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 fue derogado por el art. 336 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, que entró a regir el 25 de mayo de 2019, esta norma no se aplica al caso concreto, dado que la solicitud de las cesantías se presentó el 28 de noviembre de 2018 en vigencia de la Ley 962 de 2005 y no en vigencia de la Ley 1955 de 2019.
que la solicitud de las cesantías se presentó el 28 de noviembre de 2018 en vigencia de la Ley 962 de 2005 y no en vigencia de la Ley 1955 de 2019.
2.5.3. La demandante tiene derecho a que se le paguen 94 días de sanción moratoria que la Nación-Fomag debe liquidar con el salario diario que la demandante devengó el año 2019, cuando se causó la mora.
2.5.4. No se encuentra afectada de prescripción la obligación por cuanto esta se hizo exigible desde el 12 de marzo de 2019, y la demandante presentó la solicitud de reconocimiento el 15 de julio de 2019, dentro de los tres años siguientes, y la demanda la presentó al año siguiente.
(…)” SIC.
1.4. El recurso de apelación
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la FIDUPREVISORA S.A., presentó recurso de apelación, solicitando se revoque el numeral tercero numeral 3.3, consistente en la indexación del pago de la condena. En sustento de lo anterior, indicó:
“(…)
Incompatibilidad entre Indexación e Intereses de Mora
La Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL93162016, ha reafirmado la incompatibilidad entre la indexación y los intereses de mora en créditos laborales. Los fundamentos son:
- Doble compensación:
Los intereses de mora ya incluyen un componente de revaluación monetaria, por lo que aplicar la indexación adicionalmente constituiría una doble compensación por la pérdida del valor adquisitivo.
- Jurisprudencia reiterada:
Los intereses de mora ya incluyen un componente de revaluación monetaria, por lo que aplicar la indexación adicionalmente constituiría una doble compensación por la pérdida del valor adquisitivo.
- Jurisprudencia reiterada:
La jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia establece que las condenas por intereses moratorios e indexación son incompatibles.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 70001-3333-006-2020-00114-01
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- Aplicación a la sanción moratoria:
Esta incompatibilidad se extiende a la sanción moratoria, ya que aplicar ambos conceptos, junto con la sanción misma, resultaría en una triple sanción por la misma causa, lo cual es contrario a la ley.
Por otra parte,
La sentencia de unificación del Consejo de Estado CE -SUJ-SII012-2018 establece que no es procedente solicitar al mismo tiempo la indexación de los valores de la condena y la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, ya que ambos tienen la misma finalidad de compensar la demora en el pago. Por lo tanto, el cálculo de la indexación es incompatible con la de la sanción moratoria.
La razón principal es el principio de no doble reparación o incompatibilidad de pretensiones con la misma finalidad.
Tanto la indexación (actualización del valor del dinero en el tiempo) como la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías (prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006) buscan compensar el perjuicio que sufre el
tiempo) como la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías (prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006) buscan compensar el perjuicio que sufre el acreedor por la demora en el cumplimiento de la obligación de pago, teniendo una finalidad común.
El Consejo de Estado concluyó que aceptar ambas pretensiones implicaría una doble compensación por el mismo concepto (la mora o el perjuicio por el paso del tiempo), lo cual está prohibido por el ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, NO SE PUEDE CONDENAR AMBAS, pues tienen la misma naturaleza indemnizatoria y resarcitoria.
Para cumplir con la directriz de la entidad de incluir las sentencias adoptadas en el Manual de Defensa en todos los escritos, a continuación, se presenta un listado de las sentencias y directrices más relevantes y recurrentes que deben ser consideradas, agrupadas por tema.
Incompatibilidad de Indexación y Sanción Moratoria CE -SUJSII-012-2018 (Radicado 2007 -00762-01) Es improcedente solicitar la indexación de los valores de la condena y la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de manera simultánea, pues ambas tienen una finalidad resarcitoria idéntica.
La sentencia de unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado es un hito importante en la jurisprudencia colombiana sobre el pago de cesantías y la sanción por mora. Esta sentencia unificó los criterios para determinar el momento a partir del cual se deben empezar a contar los días de mora y
del Consejo de Estado es un hito importante en la jurisprudencia colombiana sobre el pago de cesantías y la sanción por mora. Esta sentencia unificó los criterios para determinar el momento a partir del cual se deben empezar a contar los días de mora y el salario base aplicable para el cálculo de la sanción.
Sentencia SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023 la cual estableció las siguientes reglas para la prescripción, reiteraNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 70001-3333-006-2020-00114-01
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que el término de prescripción de la acción para reclamar prestaciones periódicas (como las mesadas pensionales o incrementos salariales) es de tres (3) años, contado a partir de que la obligación se hizo exigible. Establece reglas claras sobre el fenómeno de la interrupción de la prescripción..
Sentencia 580 de 2018 Ratifica la regla de que, en principio, cuando la ley establece una indemnización tarifada (como la sanción moratoria), el monto no puede ser indexado, salvo norma expresa que así lo permita, puesto que la tarifa ya incluye la reparación integral del perjuicio por la mora.
SL9316-2016 de la Corte Suprema de Justicia en temas de indexación, confirma la procedencia de la indexación del salario base para la liquidación de las cesantías, incluso cuando no se haya solicitado el pago de la sanción moratoria, como mecanismo de actualización del crédito laboral.
En consecuencia, se solicita al Honorable Tribunal Administrativo de Sucre se revoque la sentencia de primera
haya solicitado el pago de la sanción moratoria, como mecanismo de actualización del crédito laboral.
En consecuencia, se solicita al Honorable Tribunal Administrativo de Sucre se revoque la sentencia de primera instancia en lo que concierne a la indexación de las sumas, en atención a lo anteriormente expuesto.
(…)” SIC.
2. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Concedido el recurso de apelación por el a quo y una vez en firme el auto que admitió el recurso por parte del Tribunal, no se advierte alegatos de las partes, como tampoco concepto del Ministerio Público.
3. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
3.1. La competencia
Esta Sala es competente para conocer de la apelación interpuesta en el presente medio de control de nulidad y restablecimiento, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de alzada, esta Sala advierte que no se realizó ningún reproche frente al reconocimiento de la sanción moratoria, por lo que no cabe en esta oportunidad un examen sobre ese punto, puesto que la inconformidad y reparo concreto del apelante, radica esencialmente en la orden de pago de sanción moratoria debidamente ajustada o indexada, pues, a su juicio, esta condena resulta incompatible con la misma sanción moratoria.
Por ello, de conformidad con los artículos 320 y 328 del C.G.P., que delimitan el radio de acción del juez de la segunda instancia, corresponde a la Sala determinar, i) si había lugar o no a la declaración de laNulidad y Restablecimiento del Derecho
Por ello, de conformidad con los artículos 320 y 328 del C.G.P., que delimitan el radio de acción del juez de la segunda instancia, corresponde a la Sala determinar, i) si había lugar o no a la declaración de laNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 70001-3333-006-2020-00114-01
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indexación de la sanción moratoria, que, a juicio del apelante, fue reconocida en primera instancia. Además.
3.3. Análisis de la Sala y respuesta al problema jurídico.
Los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, disponen expresamente:
“ARTÍCULO 3o. RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2o de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos:
1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.
ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de l as cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de l as cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pa go de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”
Mediante sentencia de unificación SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018
este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”
Mediante sentencia de unificación SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se unificó la aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se fijaron los parámetros para determinar en qué momento se hacía exigible la sanción moratoria tras el pago tardío de las cesantías. En dicha providencia, la Corporación estudió la posibilidad de indexación de la sanción moratoria, para determinar su improcedencia, así:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 70001-3333-006-2020-00114-01
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“144. La indexación se constituye en uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación2 en el campo de las obligaciones dinerarias, es decir, aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda determinada entre las que se cuentan, por supuesto, las de índole laboral, en la medida que el fenómeno inflacionario produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda. (…).
162. El Consejo de Estado, en el plano laboral que le compete a la Sección Segunda, tiene una línea clara y pacífica sobre la procedencia de la indexación, justificada para los derechos laborales amparados por el ordenamiento jurídico por razones de equida d y de justicia, con el único propósito de mantener en valor real de moneda, la prestación reconocida, de modo que el
para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones, señala:
2 El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. Fuente: «http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-inflaci-n»Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 70001-3333-006-2020-00114-01
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«Artículo 1º. - Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente , si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.
Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para l o cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.»
justificada para los derechos laborales amparados por el ordenamiento jurídico por razones de equida d y de justicia, con el único propósito de mantener en valor real de moneda, la prestación reconocida, de modo que el paso del tiempo no soslaye la capacidad de adquirir bienes y servicios. (…)
165. Puede concluir la Sala de Sección, que el fenómeno de la indexación, no es un problema de técnica jurídica en cuanto a la vigencia de normas o de si éstas la consagran o no, sino una cuestión de mera equidad frente a hechos o variables sociales y económicas que alteran el valor nominal de la moneda, y por ende, de las prestaciones periódicas sin importar el régimen que las gobierna, su naturaleza, cuantía o tiempo de causación.
166. De acuerdo con lo anterior, como rasgos característicos de la indexación, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional podemos señalar los siguientes:
1. Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público conocimiento, como el IPC.
2. Es un proceso que garantiza la efectividad del derecho sustantivo.
3. Permite que el pago de una obligación sea total y no parcial por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el tiempo.
4. Desarrolla la justicia y la equidad
5. Cuando se indexa una suma de dinero causada no se condena en el presente a un mayor valor, sino exactamente al mismo valor pasado pero en términos actuales.
6. Apunta al mantenimiento de la capacidad de adquisición de bienes y servicios proyectada en el tiempo, y por tanto, tiene relación indiscutible con las prestaciones periódicas.
7. Versa sobre derechos patrimoniales.
términos actuales.
6. Apunta al mantenimiento de la capacidad de adquisición de bienes y servicios proyectada en el tiempo, y por tanto, tiene relación indiscutible con las prestaciones periódicas.
7. Versa sobre derechos patrimoniales.
(…).
169. A partir de tal criterio, que no solo distingue el propósito de la indexación, sino que además la diferencia de la sanción moratoria, la Sección Segunda ha construido una línea más o menos uniforme, en cuanto a su improcedencia frente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
(…).
175. Es evidente, que la jurisprudencia de la Sección Segunda se inclinó por descartar la procedencia de la indexación de la sanción moratoria, porque ésta penaliza la negligencia del empleador en la obligación de reconocer y pagar oportunamente las cesantías a sus empleados, que en términos monetarios constituyen sumas de dinero mayores a la actualización a valor presente.
176. No obstante lo anterior, con el ánimo de esclarecer aún más el punto de la indexación de la sanción moratoria, y amparados en el rol de órgano de cierre de la jurisdicción que en el contexto del artículo 271 del CPACA, la Sala se permite reiterar el ya expuesto criterio jurisprudencial, ofreciendo razones adicionales que lo refuerzan.
177. Debe reafirmarse que la Ley 244 de 19951, por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones, señala:
2 El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.»
