TA TOL - 73001-23-33-000-2019-00119-00-(25-11-2021)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 73001-23-33-000-2019-00119-00

Demandante: Mary Inés Preciado de Orjuela

Apoderado: Luis Carlos Avellaneda Tarazona

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Apoderado: Abner Rubén Calderón Manchola

Tema: Pensión gracia

ASUNTO

Dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso antes identificado.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Mary Inés Preciado de Orjuela 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, a fin de que se acojan las súplicas que en los apartados siguientes se precisan.

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Auto 000307 del 20 de enero de 2017 , expedid o por el subdirector de determinación de derechos pensionales de la entidad, mediante el cual se archivó por reiterativa la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia.

1 A través de apoderado judicial.2

pensionales de la entidad, mediante el cual se archivó por reiterativa la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia.

1 A través de apoderado judicial.2

Consecuencia de la declaración anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UGPP reconocer la pensión de jubilación gracia a favor de la señora Mary Inés Preciado de Orjuela, con efectos a partir del 2 de abril de 2008, en cuantía de $1.739.539,88.

Asimismo, pidió que (i) “(…) sobre la pensión (…) reconozca y pague los reajustes por concepto de la Ley 100 de 1993, artículo 14 (…) ”; y, (ii) “(…) sobre las sumas adeudadas (…) ajuste el valor, conforme al índice de precios al consumidor, tal como lo autoriza el artículo 187 del CPACA”.

De otro lado, reclamó la causación de intereses moratorios, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, y el pago de costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Para una mejor comprensión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado judicial de la parte actora, así:

-. La demandante nació el 8 de noviembre de 1947 , así que, cumplió 50 años de edad el mismo día y mes del año 1997.

-. M ediante el Decreto 025 del 14 de enero de 1967 , el gobernador del Departamento del Tolima nombró a la señora Mary Inés Preciado de Orjuela como docente en el Municipio de Prado, el cual ejerció entre el 29 de enero de 1967 y el 15 de mayo de igual año.

Departamento del Tolima nombró a la señora Mary Inés Preciado de Orjuela como docente en el Municipio de Prado, el cual ejerció entre el 29 de enero de 1967 y el 15 de mayo de igual año.

-. Por intermedio del Decreto 021 del 15 de enero de 1968 , la mentada entidad territorial la volvió a nombrar para ejercer como docente en el Municipio de Ibagué, cargo que desempeñó entre el 15 de enero de 1968 y el 20 de febrero de 1976.

-. A través de la Resolución 0946 del 27 de febrero de 1974 , el Ministerio de Educación Nacional la nombró como docente de tiempo completo para prestar sus servicios en el Municipio de Ibagué, cargo del cual tomó posesión el 6 de marzo siguiente.

-. Consecuencia de la expedición de la Ley 60 de 1993, con la Resolución 2210 del 28 de mayo de 1996, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, se certificó al Departamento del Tolima para administrar el servicio de educación.

-. El 23 de agosto de 1996, el Departamento del Tolima recibió formalmente la administración del servicio de educación, momento para el cual la vinculación laboral de la actora mutó de nacional a territorial.

-. Con la Resolución 3033 del 26 de diciembre de 2002 , el Municipio de Ibagué se certificó para administrar el servicio educativo, el cual asumió a partir del 21 de marzo de 2006, momento para el cual la demand ante ingresó a la nómina de docentes de la entidad.3

-. La demandante adquirió estatus pensional el 2 de abril de 2008, momento para el

marzo de 2006, momento para el cual la demand ante ingresó a la nómina de docentes de la entidad.3

-. La demandante adquirió estatus pensional el 2 de abril de 2008, momento para el cual cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios requeridos para el reconocimiento de la prestación.

-. Dura nte el ejercicio de la labor docente se desempeñó con honradez, consagración y buena conducta.

-. El 30 de agosto de 2016, la señora Mary Inés Preciado de Orjuela pidió a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia.

-. Mediante Auto ADP 000307 del 20 de enero de 2017, el subdirector de determinación de derechos pensionales de la UGPP dispuso que “teniendo en cuenta que se ha negada reiteradamente la solicitud a la interesada y en consideración a que no fueron aportado s nuevos elementos de juicio que modifiquen la decisión adoptada, no habrá lugar por parte de esta entidad a emitir nuevamente (decisión) frente a la solicitud de reconocimiento de pensión gracia pretendida”.

1.1.3. Concepto de violación

Relaciona como normas violadas las siguientes:

Constitución Política, artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357; Ley 39 de 1903, artículos 3, 4 y 13; Ley 114 de 1913, artículos 1, 2, 3 y 4; Ley

116 de 1928, artículo 6; Ley 37 de 1933, artículo 3; Ley 2 4 de 1947, artículo 1; Ley 4 de 1966, artículo 4; Decreto 1743 de 1966, artículo 5; Ley 43 de 1975, artículos 1 y 10; Decreto 2277 de 1979, artículos 1, 2, 3, 5 y 6; Ley 91 de 1989, artículos 1 y 15; Ley 60 de 1993, artículos 2, 3, 6, 14 y 15; Ley 100 de 1993, artículo 14; Ley 715 de 2001, artículos 7, 34, 37, 38 y 41; Ley 1437 de 2011, artículos 42 y 80.

Por concepto de violación, expuso que los actos administrativos acusados están viciados de falsa motivación e infringen las normas en que debían fundarse.

Frente al primer cargo, indicó que se dejó de analizar el asunto a la luz de la descentralización de la educación ocurrida luego de la expedición de la Ley 60 de 1993, incurriéndose en la imprecisión de sostener que el tiempo de servicios prestado luego de este fenómeno continúo siendo del orden nacional.

Respecto al segundo cargo, sostuvo que la demandante cumple a cabalidad las exigencias dispuestas en la ley para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relacionado con el tiempo de servicios.

1.2. Contestación de la demanda

La entidad accionada por intermedio de apoderado expresó oposición a las súplicas y propuso como argumentos de defensa las siguientes excepciones:4

• Inexistencia del derecho a reclamar por parte de l demandante: Explicó

La entidad accionada por intermedio de apoderado expresó oposición a las súplicas y propuso como argumentos de defensa las siguientes excepciones:4

• Inexistencia del derecho a reclamar por parte de l demandante: Explicó que no hay lugar al reconocimiento pensional que se pretende, en razón a que la accionante no cumple el requisito de los 20 años de servicios en la docencia oficial con vinculación del orden departamental, municipal o distrital, como lo exige la ley.

• Cobro de lo no debido: Insistió en que la demandante no es beneficiaria de la prestación que reclama, por incumplimiento de los requisitos de ley.

• Buena fe: Manifestó que la entidad se ciñe a este postulado en todas sus actuaciones.

• Inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales: Expuso que la entidad no ha incurrido en la vulneración que se le endilga.

• Prescripción de diferencias de las mensualidades causadas con tres años de anterioridad a la fecha de la radicación de la demanda: Dijo que de accederse a lo pretendido habría que declarar prescritas las diferencias causadas con tres años de anterioridad a la fecha de presentación de la demanda.

• Innominada y/o genérica.

1.3. Decisiones relevantes en la audiencia inicial

1.3.1. Sobre las excepciones previas

No hubo resolución de excepciones previas en razón a que no fueron propuestas ni se advirtieron de oficio.

1.3.2. Sobre la fijación del litigio

Se estableció que el proceso se ocuparía de analizar si la aquí demandante tuvo la calidad de docente territorial o nacionalizad o, por el tiempo exigido en la ley para

1.3.2. Sobre la fijación del litigio

Se estableció que el proceso se ocuparía de analizar si la aquí demandante tuvo la calidad de docente territorial o nacionalizad o, por el tiempo exigido en la ley para tener derecho a la pensión gracia.

También, quedó establecido que se examinaría si el tiempo de servicios luego del desmonte de la nacionalización de la educación, es acumulable para el reconocimiento de la pensión gracia.

Por último, se determinó que se estudiaría si la remuneración del docente nacional convertido en territorial continúo siendo la misma o si sufrió alguna variación respecto a la que recibía primero.

1.4 . Alegatos de conclusión5

La parte actora reiteró que la demandante cumple los presupuestos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el de los 20 años de servicios con vinculación territorial o nacionalizada, transcu rridos entre el 29 de enero de 1967 hasta el 15 de mayo de igual año (vinculación con del Departamento del Tolima); del 15 de enero de 1968 al 20 de febrero de 1976 (vinculación con el Departamento del Tolima); del 23 de agosto de 1996 hasta el 20 de marzo de 2006 (vinculación con el Departamento del Tolima por descentralización); y, del 2 1 de marzo de 2006 hasta el 10 de enero de 2012 (vinculación con el Municipio de Ibagué por descentralización).

La entidad demandada insistió en que los tiempos de servicio con vinculación de orden nacional no se pueden computar para efectos de la pensión gracia , y que la descentralización de la educación no cambió el tipo de vinculación de los docentes

por descentralización).

La entidad demandada insistió en que los tiempos de servicio con vinculación de orden nacional no se pueden computar para efectos de la pensión gracia , y que la descentralización de la educación no cambió el tipo de vinculación de los docentes que pasaron a las plantas de personal de las entidades territoriales certificadas para la administración del servicio de educación, por tanto, este tiempo tampoco es acumulable para el reconocimiento de la prestación.

El agente del Ministerio Público se abstuvo de emitir el concepto respectivo.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Saneamiento

No se observa causal que invalide la actuación hasta ahora surtida.

2.2. Competencia

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 152-2 de la Ley 1437 de 2011 corresponde a los Tribunales Administrativos conocer en primera instancia de los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos le gales mensuales vigentes, como éste sometido a estudio de la Corporación.

Ahora, por mandato del artículo 125 ibídem esta providencia será de Sala.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con lo antepuesto, corresponde a la Sala establecer si a la señora Mary Inés Preciado de Orjuela le asiste derecho al reconocimiento de la pensión gracia por haber colmado los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, particularmente el relacionado con haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de

gracia por haber colmado los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, particularmente el relacionado con haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años.

Igualmente, se pronunciará sobre cualquier excepción que resulte probada.6

2.3.1. Tesis de la Sala

Se negarán las pretensiones de la demanda en consideración a que, de conformidad con la normativa que dio origen a la pensión gracia, y la interpretación jurisprudencial efectuada en la materia por el Consejo de Estado 2, es posible concluir que esta prestación se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en col egios del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional. Ahora, pese a que después de la descentralización de la educación que operó con la Ley 60 de 1993, los docentes pasaron a ser ser vidores del orden territorial, éstos siguieron rigiéndose por el régimen prestacional previsto en la Ley 91 de 1989, que es distinto al régimen prestacional de los docentes territoriales con nombramiento anterior a la descentralización, quienes se benefici aron con la pensión gracia, precisamente, por considerarse, en ese momento, que su régimen era desventajoso frente al régimen de los nacionales, así que, por esta razón, el tiempo de servicios como docentes territoriales luego de la descentralización a que se refirió la Ley 60 de 1993, no se pueda acumular, como lo pretende la demandante, al tiempo en que fungió como docente territorial antes de la expedición de la Ley 91 de 1989. En

como docentes territoriales luego de la descentralización a que se refirió la Ley 60 de 1993, no se pueda acumular, como lo pretende la demandante, al tiempo en que fungió como docente territorial antes de la expedición de la Ley 91 de 1989. En suma, aun cuando la aquí demandante acredita un total de 23 años, 9 meses y 10 días, de tiempo de servicios en entidades del orden territorial (departamental y municipal), también es cierto que de ellos 15 años, 4 mes es y 1 7 días, fueron acumulados luego del proceso de descentralización de la educación, a través de su incorporación a la planta de personal de las entidades territoriales, como el Departamento del Tolima y el Municipio de Ibagué, por lo tanto, únicamente 8 años, 4 meses y 23 días resultan computables para la prestación, tiempo insuficiente para acreditar el r equisito de 20 años de labores para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Contexto normativo y jurisprudencial de la pensión gracia

Según se desprende del compendio normativo que regula la pensión gracia, su reconocimiento está supeditado al lleno de los siguientes requisitos:

(i) Ser maestro de primaria 3, secundaria 4, profesor de las escuelas normales5, o inspector de instrucción pública6. Se precisa que para efectos de la gracia se pueden acumular tiempos en uno u otro cargo7. (ii) Que la prestación del servicio haya sido en planteles departamentales, distritales, municipales, por un término no menor de veinte (20) años8.

de la gracia se pueden acumular tiempos en uno u otro cargo7. (ii) Que la prestación del servicio haya sido en planteles departamentales, distritales, municipales, por un término no menor de veinte (20) años8.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, magistrado ponente William Hernández Gómez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicado del proceso 41001-23-33-000-2013-00051-01. 3 Artículo 4 de la Ley 114 de 1913. 4 Artículo 3 de la Ley 37 de 1933. 5 Artículo 6 de la Ley 116 de 1928. 6 Ibídem. 7 Ibídem. 8 Artículo 1 de la Ley 114 de 1913.7

(iii) Que se haya vinculado al servicio antes del 31 de diciembre de 19809. (iv) Tener cumplidos cincuenta años de edad10. (v) Haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

Aunado, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, se dejó sentado que, de ninguna manera, la pensión gracia puede ser reconocida a favor de un docente de carácter nacional. Veamos:

“El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequív oca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensio nado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.” (Negrillas fuera de texto original).

De otro lado, la misma Corporación, en sentencia del 17 de noviembre de 2016 11, dejó en claro que el requisito de la vinculación al 31 de diciembre de 1980, lo que supone es que el docente debió haber prestados sus servicios antes del año 1981, en instituciones territoriales o nacionalizadas. Al respecto, indicó:

“Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año 1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar tiempos de servicio de carácter nacional , pues la finalidad principal de la pensión gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los ingresos percibidos entre éstos y los doce ntes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio.” (Negrillas fuera de texto original).

éstos y los doce ntes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio.” (Negrillas fuera de texto original).

Ahora, en cuanto al tiempo de servicio y al tipo de la vinculación requerida para la causación del derecho pensional, el mismo órgano de cierre, en sentencia del 19 de enero de 2006 12, coligió que se debían analizar los tiempos de servicios

9 Artículo 15, literal a), numeral 2, de la Ley 91 de 1989. 10 Artículo 4 de la Ley 114 de 1913. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, magistrado ponente William Hernández Gómez, radicado del proceso 41001-2333-000-2013-00051-01. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, magistrado ponente Tarsicio Cáceres Toro, expediente 6024-05.8

acreditados por el docente, año a año, con especial énfasis en el cargo desempeñado, la dedicación, la clase de plantel y el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades políticas, para determinar si, en efecto, consiguió el tiempo de servicios de los 20 años en instituciones territoriales o nacionalizadas. Literalmente, esto fue lo que dijo13:

“En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA (DOCENTE) se deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de normal,

educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde des empeñó su labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE VINCULACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional, nacionalizado -a partir de cuándo - Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La época del trabajo realiza do (año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión y la Ley 91 de 1989. La sola mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la iniciación –desde ese momentodel servicio y la cita de la fecha de un acto de aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato desde cuando produjo efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión.”

Entonces, lo importante de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que s e le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestará los servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos tempora les; a efecto de esclarecerse si la prestación del

datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestará los servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos tempora les; a efecto de esclarecerse si la prestación del servicio fue en planteles departamentales, distritales o municipales, por un término no menor de veinte (20) años.

Por último, resulta relevante recalcar que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 116 de 1928, para el cómputo de los años de servicios es dable la sumatoria de los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la secundaria, normalista o de instrucción. La norma en cita reza:

“Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán l os prestados en diversas9

épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquélla la que implica la inspección.”

Entonces, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es viable la sumatoria de los años servidos en cualquier época, sea en educación primaria, secundaria o normalista, inclusive las labores de inspección; por lo que es evidente que la voluntad del legislador fue la establecer el referente del tiempo de servicio, y no la naturaleza en que éste sea prestado, ni el título que tenga. Asimismo, cuando se establece la sumatoria en cualquier tiempo, implica interpretar que no se requiere

que la voluntad del legislador fue la establecer el referente del tiempo de servicio, y no la naturaleza en que éste sea prestado, ni el título que tenga. Asimismo, cuando se establece la sumatoria en cualquier tiempo, implica interpretar que no se requiere de la continuidad del servicio, como un todo del periodo, sino la totalización de los 20 años en las condiciones de docencia territorial o nacionalizada.

2.4.2. Caso concreto

Según se desprende de los actos administrativos demandados, es improcedente reconocer a la accionante la pensión que aquí reclama, en razón a que no tiene 20 años de servicios con vinculación de orden territorial o nacionalizada, como lo exige la ley.

Corolario, corresponde a este proceso establecer si la demandante le asiste derecho al reconocimiento de la pensión gracia por haber colmado los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, particularmente el relacionado con la prestación del servicio como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años.

Pues bien, según el material probatorio arrimado al proceso oportunamente por las partes y que en ningún momento fue desconocido o tachado, razón por la cual se itera, tiene pleno valor probatorio, este Juez plural encuentra acreditado los siguientes fundamentos fácticos:

-. La señora Mary Inés Preciado de Orjuela nació el 8 de noviembre de 194714.

-. Por medio del Decreto 025 del 14 de enero de 196715, emitido por el gobernador del Departamento del Tolima, fue nombrada docente de esta entidad, asignada al Plantel Educativo “Concentración de Niñas” del Municipio de Prado. Tomó posesión

del Departamento del Tolima, fue nombrada docente de esta entidad, asignada al Plantel Educativo “Concentración de Niñas” del Municipio de Prado. Tomó posesión del referido cargo el 29 de enero de 196716. Conforme al certificado de tiempos de servicios que obra en el proceso 17 es posible establecer que el vínculo laboral estuvo vigente hasta el 15 de mayo de 1967.

-. Por medio del Decreto 021 del 15 de enero de 196818, proferido por el gobernador del Departamento del Tolima, fue nombrada en el cargo de docente en el Plantel Educativo “VEINTE DE JULIO” del Municipio de Ibagué . Tomó posesión del cargo

14 Folio 28. 15 Folio 289. 16 Folio 289. 17 Folio 283. 18 Folios 290 al 292.10

en cita el 15 de enero de 1968 19. Según el certificado de tiempos de servicios que obra en el proceso 20, el vínculo laboral a que se está haciendo referencia estuvo vigente hasta el 20 de febrero de 1976.

-. A través de la Resolución 0946 del 27 de febrero de 197421, expedida por el Gerente General del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares , fue nombrada como profesora en el INEM de Ibagué , cargo del cual tomó posesión el 28 de marzo siguiente22.

-. Por medio de la Resolución 2210 del 28 de mayo de 199623, emanada del Ministerio de Educación Nacional, se certificó al Departamento del Tolima para asumir la administración directa del servicio de educación, recibido de acuerdo a las actas de formalización de entrega el 23 de agosto de igual año24.

Ministerio de Educación Nacional, se certificó al Departamento del Tolima para asumir la administración directa del servicio de educación, recibido de acuerdo a las actas de formalización de entrega el 23 de agosto de igual año24.

-. Con la Resolución 3033 del 26 de diciembre de 200225, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, se certificó al Municipio de Ibagué para asumir la administración del servicio educativo, entregado el 21 de marzo de 200626.

-. Por intermedio de la Resol ución 71 02774 del 27 de diciembre de 2011, se le aceptó la renuncia al cargo que venía ejerciendo a partir del 10 de enero de 201227.

-. El 30 de agosto de 2016 , la señora Mary Inés Preciado de Orjuela reclamó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia28.

-. A través de Auto 000307 del 20 de enero de 2017, el subdirector de determinación de derechos pensionales de la UGPP decidió abstenerse de volver a emitir decisión frente a la solicitud anterior por ser reiterativa29.

En este orden, el recuento probatorio que antecede da cuenta que la demandante se desempeñó como docente del sector oficial; que tuvo vinculación del orden territorial antes del 31 de diciembre de 1980; que cuenta con 50 años de edad; y, que tiene 23 años, 9 meses y 10 días, de tiempo de servicios en entidades del orden territorial (departamental); sin embargo, de este lapso, 15 años, 4 meses y 17 días, fueron acumulados luego del proceso de descentralización de la educación, a través de la incorpo ración de los docentes nacionales a las plantas territoriales, que

territorial (departamental); sin embargo, de este lapso, 15 años, 4 meses y 17 días, fueron acumulados luego del proceso de descentralización de la educación, a través de la incorpo ración de los docentes nacionales a las plantas territoriales, que aunque cambiaron de empleador continuaron conservando el régimen salarial y prestacional del que venían gozando.

19 Folio 293. 20 Folio 283. 21 Folios 344 al 345. 22 Folio 346. 23 Folios 298 al 300. 24 Folios 302 al 338. 25 Folios 339 al 340. 26 Folios 341 al 343. 27 Folios 972 al 973. 28 Folios 260 al 262. 29 Ibídem.11

Para mejor ilustración, los tiempos de servicios de la demandante con vinculación territorial, nacional y, luego de la descentralización, nuevamente territorial, trascurrieron así:

Período Tiempo Vinculación Del 29 de enero de 1967 al 15 de mayo de 1967 3 meses - 17 días Territorial Del 15 de enero de 1968 al 20 de febrero de 1976 8 años – 1 mes – 6 días Territorial Del 20 de marzo de 1974 al 23 de agosto de 1996 22 años – 5 meses – 4 días Nacional Del 24 de agosto de 1996 al 10 de enero de 2012 15 años – 4 meses – 17 días Territorial

Ahora, sobre la naturaleza territorial de los docentes estatales, una vez formalizado el proceso de descentralización, a través de la incorporación de tales servidores en las plantas territoriales, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 fue bastante claro al afirmar lo siguiente:

el proceso de descentralización, a través de la incorporación de tales servidores en las plantas territoriales, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 fue bastante claro al afirmar lo siguiente:

“El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial de los órdenes departamental, distrital o municipal , se regirá por el Decreto Ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen…”

No obstante lo anterior, el mismo artículo 6 de la mencionada Ley 60 de 1993, antes de hacer expresa la naturaleza territorial de los docentes, a partir de la descentralización de la educación que se estableció en ella, se refirió a la clasificación que, hasta ese momento , hacía el ordenamiento jurídico de los servidores docentes dejando claro, en todo caso, que el régimen prestacional de los, hasta ese momento , se insiste, docentes nacionales y nacionalizados, así como el de las nuevas vinculaciones, era el reconocido por la Ley 91 de 1989.

Además de la anterior precisión, el mismo