TA TOL - 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018)-(12-12-2018)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS lbagué, doce (12) de diciembre del dos mil dieciocho (2018)

Expediente: Medio de Control:

Demandante: Demandado: Tema: 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

BEATRIZ URIBE DE QUIROGA

LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL - FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y EL

MUNICPIO DE IBAGUÉ.

Reliquidación de Pensión de Jubilación docente Tesis de Unificación del Consejo de Estado OBJETO DEL FALLO Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, contra el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de lbagué, del 15 de diciembre del 2017, mediante el cual se accedió a las pretensiones de la demanda. ANTECEDENTES La señora BEATRIZ URIBE DE QUIROGA, actuando a través de apoderado judicial, y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, formula demanda contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las pretensiones consisten en que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 081-0017 del 09 de enero del 2009, por medio

EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las pretensiones consisten en que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 081-0017 del 09 de enero del 2009, por medio de la cual se le reconoció a la demandante pensión de jubilación, así mismo, se declare la nulidad total de los actos administrativos contenidos en los oficio s No. 00008515 del 20 de junio del 2012 y No. 00008516 del 20 de junio del 2012, por medio de los cuales negó la reliquidación pensional con la inclusión del factor correspondiente a la prima de navidad. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se acceda a la reliquidación solicitada, con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último ario de servicios a la adquisición del status pensional. A su vez, se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 192 del C.P.A.C.A y se condene al pago de agencias de derecho y costas procesales. Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2 Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — Min. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. HECHOS La señora Beatriz Uribe de Quiroga laboró como docente al servicio del Estado durante más de 20 arios, motivo por el cual mediante Resolución No. 81-0017 del 09 de enero del 2008 le fue reconocida pensión de jubilación, donde solo se tuvo en cuenta en el ingreso base de liquidación

Estado durante más de 20 arios, motivo por el cual mediante Resolución No. 81-0017 del 09 de enero del 2008 le fue reconocida pensión de jubilación, donde solo se tuvo en cuenta en el ingreso base de liquidación lo correspondiente a la asignación básica. En virtud de lo anterior, señala que el día 25 de enero del 2012 elevó solicitud de revisión y reajuste de su pensión, con la inclusión de los factores salariales tales como prima de vacaciones, prima de navidad, y prima especial de alimentación las cuales no se tuvieron en cuenta, petición que fue resuelta de manera desfavorable mediante oficio No. 00008515 del 20 de junio del 2012. Señala, que el día 01 de marzo del 2012 solicitó de nuevo la reliquidación pensional, siendo resuelta de negativamente mediante el oficio No. 00008516 del 20 de junio del 2012. CONTESTACIÓN DE Lk DEMANDA La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fls. 106-117). La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de su apoderada judicial, contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la demanda aduciendo que el acto administrativo demandado se ajusta a derecho, ya que la prestación fue reconocida en debida forma siguiendo los lineamientos de la Ley 33 de 1985, Ley 91 de 1989, Ley 812 de 2003, Decreto 3752 de 2003 y Decreto 1158 de 1998, normas según las cuales no hay lugar al reconocimiento de los factores salariales que el actor reclama,

Decreto 3752 de 2003 y Decreto 1158 de 1998, normas según las cuales no hay lugar al reconocimiento de los factores salariales que el actor reclama, pues las normas establecen que sólo pueden incluirse los factores que sirvieron de base para efectuar aportes a pensión, siendo estos los señalados en el Decreto 1158 de 1998, en consecuencia acceder a esta pretensión, sería contrario al ordenamiento jurídico. Explica que el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, estableció que el empleado oficial que sirva 20 arios continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 arios tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último ario de servicio al momento de adquirir el status pensional. La anterior disposición, establece una excepción en relación con los empleados oficiales que a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, hayan cumplido 15 arios continuos o discontinuos de servicios, a los cuales se les continuaría aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la vigencia de la citada norma, de lo cual se desprende que lo relacionado con los factores salariales no queda comprendido dentro de la excepción. Por ende, advierte que no le asiste derecho al demandante en relación con la norma que invoca, como quieraNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01(262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — Min. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. 3

Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01(262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — Min. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. 3 que la ley 33 de 1985, establece que sólo podrán ser tenidos en cuenta los factores que hayan servido de base para aporte a pensión durante el último ario de servicio. Por otra parte, expone que si bien existe sustento jurisprudencial que avala incluir como factores salariales aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, considera que las aludidas decisiones no indican que se deban tener en cuenta todos los factores salariales sin importar su origen, pues una interpretación así abierta y sin armonizar con el ordenamiento jurídico constitucional contravendría la norma fundamental que indica que el régimen de prestaciones sociales es exclusivo resorte del legislador. Argumenta, que la ley 812 de 2003 y sus decretos reglamentarios, modificaron el concepto de aportes para el personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el sentido de incluir como base de cotización para pensiones, además de la asignación básica, las horas extras y el sobresueldo. En aplicación a lo anterior, todas las pensiones causadas con anterioridad a la vigencia del Decreto 3752 de 2003, se liquidan únicamente con la asignación básica, y en caso de que el docente haya devengado sobresueldo y horas extras y certifique la realización de aportes por dicho concepto serán incluidos como base de liquidación de su pensión. Con lo anterior, se demuestra que de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia vigente no hay lugar a la inclusión de

realización de aportes por dicho concepto serán incluidos como base de liquidación de su pensión. Con lo anterior, se demuestra que de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia vigente no hay lugar a la inclusión de los factores salariales solicitados por la demandante y en consecuencia no hay lugar a la declaratoria de nulidad de los actos demandados. A su vez, señala que el acto administrativo demandado no fue expedido por la entidad demandada, como quiera que tanto el reconocimiento de la prestación como la negación de inclusión de la pensión de jubilación se realizó por parte de la Secretaría de Educación y no contiene la manifestación de la voluntad de la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓNFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, respecto del cual se debe tener en cuenta que es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, que consiste en un patrimonio autónomo cuyos recursos están destinados a atender las prestaciones que los entes territoriales reconozcan a su planta de docentes, por lo que el reconocimiento de la prestación no está a cargo de la entidad demandada. Finalmente, propone como excepciones: inexistencia del derecho a reclamar por parte del demandante, buena fe, prescripción, inexistencia de la vulneración de principios legales y falta de legitimación en la causa por pasiva. Municipio de Ibagué El Municipio de Ibagué, a través de su apoderada contestó la demanda vista a folios 141 a 145 del plenario, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, aduciendo que las declaraciones y condenas impetradas por la parte actora, carecen de apoyo tanto de hecho como de

a folios 141 a 145 del plenario, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, aduciendo que las declaraciones y condenas impetradas por la parte actora, carecen de apoyo tanto de hecho como de derecho que las hagan prosperar, ya que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, estableció el régimen prestacional de los docentes oficiales y a su vezNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — Min. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. 4 el artículo 03 del Decreto 3752 de 2003 reglamentario, estableció que el Ingreso Base de Liquidación de las prestaciones debe ser igual a la base de liquidación sobre la cual se realiza el aporte. Precisa que el Municipio de Ibagué es únicamente un instrumento, a través del cual se profirió el acto administrativo acusado, ya que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica y con independencia patrimonial, estos recursos son manejados por una entidad fiduciaria, concluyendo, que la persona jurídica legitimada en la causa por pasiva, para reconocer y pagar el reajuste de la pensión es la Nación en cabeza del Ministerio de Educación Nacional. Alude que al reconocer una ampliación en la cobertura del reajuste pensional, por parte de las entidades territoriales, esto sería un inconveniente, teniendo en cuenta que en la actualidad no poseen los recursos suficientes y necesarios para atender sus pasivos pensionales. Ultimando que por estos motivos los actos administrativos demandados se

inconveniente, teniendo en cuenta que en la actualidad no poseen los recursos suficientes y necesarios para atender sus pasivos pensionales. Ultimando que por estos motivos los actos administrativos demandados se encuentran en armonía con la Constitución Nacional. Finalmente, propone como excepciones: inexistencia de la obligación demandada, falta de vicio en los actos administrativos que se acusan y prescripción. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de lbagué, mediante sentencia del 15 de diciembre del 2017 accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que de acuerdo al contenido de las leyes 33 y 62 de 1985 y al precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado, se deduce que la demandante tiene derecho a que su mesada pensional sea liquidada con inclusión de todos los factores salariales que haya percibido durante el último ario de servicios a la adquisicion del status pensional, (fls. 163-168). RECURSO DE APELACIÓN La apoderada judicial del Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, presentó recurso de alzada contra la sentencia proferida reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y el marco normativo que rige la pensión de jubilación de la actora. Aduce que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 91 de 1989, el régimen aplicable para los docentes nacionalizados que figuren vinculados al 31 de diciembre de 1989 sera el mismo que venian gozando con anterioridad a la expedición de la precitada ley, por tal razón, en el presente caso el regimen aplicable para la actora es el contenido en la ley

vinculados al 31 de diciembre de 1989 sera el mismo que venian gozando con anterioridad a la expedición de la precitada ley, por tal razón, en el presente caso el regimen aplicable para la actora es el contenido en la ley 33 de 1985 y por ende, solo puede tenerse en cuenta los factores sobre los cuales se hayan efectuado aportes a pensión.Nulidad y Restablecimiento del Derecho 5 Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — MM. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. Por otra parte, argumenta que si bien es cierto el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 expresó que en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se le dé; ello no es obice para que en el momento de realizarse la liquidación pensional se tengan en cuenta por parte del operador jurídico todos aquellos factores salariales cualquiera que sea su origen, puesto que una interpretación asi abierta y sin armonizar con el ordenamiento jurídico constitucional contravendría la norma fundamental que indica que el regimen de prestaciones sociales es exclusivo resorte del legislador. Por lo anterior, arguye que la sentencia enunciada no avala que en casos como el presente deba dictarse sentencia ordenando la reliquidación de la pensión demandada, con base en factores salariales que tienen origen en disposiciones administrativas y no legislativas pues dicha interpretación

como el presente deba dictarse sentencia ordenando la reliquidación de la pensión demandada, con base en factores salariales que tienen origen en disposiciones administrativas y no legislativas pues dicha interpretación estaría al margen de la Constitución, como quiera que, no pueden entenderse que los factores salariales que definen la cotización de la pensión puedan surgir de competencias normativas en materia de esta prestación social, de otras autoridades de la República "en el caso sub-lite los factores salariales tienen origen en ordenanza departamental" soslayando entonces las competencias exclusivas del legislador. Asimismo, indica que la Corte Constitucional en sentencia de unificación 230 de 2015 refirió que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no había sido objeto de transición, razón por la cual debía aplicarse lo preceptuado en el artículo 36 de la misma normatividad. Además, puntualizó que la aplicación ultractiva de los beneficios del régimen de transición solo se refería a la edad, tiempo de servicio y taza de remplazo, pero no al IBL, puesto que frente al mismo se debe dar aplicación al inc. 3 del Artículo 36 de la citada ley, es decir los últimos diez arios laborados y frente a los factores que se realizaron aportes para pensión. Lo anterior, sin dejar de lado aquellos servidores que se encontraban beneficiados con el régimen de transición contenido en la ley 33 de 1985 a los cuales se les aplicará el Régimen anterior, es decir lo señalado en el Decreto-Ley 3135 de 1968 para los nacionales o la ley 6 de 1985 para los territoriales. Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se

anterior, es decir lo señalado en el Decreto-Ley 3135 de 1968 para los nacionales o la ley 6 de 1985 para los territoriales. Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se proceda a negar las pretensiones de la demanda y a condenar en costas a la parte actora, (Fls. 184-181). TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto del 12 de marzo del 2018, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandado (Fl. 198). En providencia del 11 de abril del 2018, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Publico para que emitiera su concepto; sin embargo las partes durante el término concedido guardaron silencio.Nulidad y Restablecimiento del Derecho 6 Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — Min. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. CONSIDERACIONES PARTE PROCESAL Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011. El marco de competencia de esta segunda instancia, se circunscribe a los argumentos expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación presentado. ESTUDIO SUSTANCIAL El problema jurídico de fondo a resolver, se contrae a establecer si resulta procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de la parte demandante con la totalidad de los factores salariales devengados durante

presentado. ESTUDIO SUSTANCIAL El problema jurídico de fondo a resolver, se contrae a establecer si resulta procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de la parte demandante con la totalidad de los factores salariales devengados durante el ario inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionada. PRECEPTOS NORMATIVOS APLICABLES AL CASO Del régimen jurídico aplicable al reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales. En orden a resolver el presente asunto, es preciso remitirse al régimen jurídico de la pensión de jubilación de los docentes oficiales. La Ley 6 de 1945, sobre prestaciones oficiales, consagró: "Art. 17 Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: (...) b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) arios de edad, después de veinte (20) arios de servicio continuo o discontinuo, equivalente a". La Ley 6' de 1945 es de carácter general por cuanto aplica, en principio, a los servidores públicos nacionales, que luego se extendió a los territoriales; y no es especial porque su artículo 17 no consagra un régimen de esa naturaleza para determinados servidores estatales. En principio, esta ley rigió para los empleados del sector público nacional y del sector privado. En materia pensional, esta ley rigió en el ámbito nacional hasta la expedición del Decreto 3135 de 1968. Para los empleados oficiales territoriales la citada Ley 6a se aplicó teniendo en cuenta el artículo 1° del Decreto 2267 de 1947 que hace extensivo a los empleados y

nacional hasta la expedición del Decreto 3135 de 1968. Para los empleados oficiales territoriales la citada Ley 6a se aplicó teniendo en cuenta el artículo 1° del Decreto 2267 de 1947 que hace extensivo a los empleados y obreros al servicio de departamentos y municipios las prestaciones consagradas en la Ley 6a. El Decreto-Ley 3135 de 1968, disponía:Nulidad y Restablecimiento del Derecho 7 Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — Min. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. "ART. 27. —El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) arios continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 arios si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último ario de servicio" (derogado por L. 33/85, art. 25). El Decreto-Ley 3135 de 1968 y su reglamentario (Decreto 1848 de 1969) en general, salvo algunas normas, se expidió y aplicó para servidores de la rama ejecutiva nacional del poder público; el cual aumentó la edad de jubilación para los hombres, quienes se pensionarían con 55 arios de edad y los mismos 20 de servicio; mientras que las mujeres continuaron adquiriendo su derecho pensional a los 50 arios de edad. Aunque en algunos casos fue aplicada a servidores de los entes territoriales, en

y los mismos 20 de servicio; mientras que las mujeres continuaron adquiriendo su derecho pensional a los 50 arios de edad. Aunque en algunos casos fue aplicada a servidores de los entes territoriales, en verdad, estos continuaron sometidos a la Ley 6E de 1945 y normas complementarias y modificatorias. Este régimen pensional se aplicó, salvo norma legal en contrario, hasta la aparición de la Ley 33 de 1985, aunque se continuó aplicando en materia de edad pensional conforme al régimen de transición que ella consagró en este aspecto. Se anota que la Ley 33/85 en su artículo 25 derogó en forma expresa el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 El Decreto Ley No. 2277 de 1979, estatuto docente, comprende un régimen "especial" de los educadores; sin embargo, esta disposición no regula las pensiones de jubilación u ordinarias de los mismos, de modo que es preciso remitirse a la regulación general de la Ley 33 de 1985. La ley 33 de 1985, que previó el régimen pensional general, empezó su vigencia el 13 de febrero de 1985, señaló: "Art. 1°. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) arios continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último ario de servicio. No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción

y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último ario de servicio. No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. ..) Parágrafo 2.- Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) arios continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. (...) La Ley 33 de 1985, rige desde el 13 de febrero de 1985, fecha de su promulgación, y es aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes; para la pensión ordinaria de jubilación exige que el empleado oficial haya servido 20 arios continuos o discontinuos y tenga 55 arios de edad.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — Min. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. 8 De su aplicación se exceptúan tres casos: Los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. Los empleados oficiales que a la fecha de entrar a regir hayan cumplido 15 arios de servicio, a quienes se les aplicarán las disposiciones sobre edad pensional que regían con anterioridad.

pensiones. Los empleados oficiales que a la fecha de entrar a regir hayan cumplido 15 arios de servicio, a quienes se les aplicarán las disposiciones sobre edad pensional que regían con anterioridad. 3- ) Y los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de la Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, quienes se continuarán rigiendo por las normas anteriores. A su vez, la Ley 62 de 1985, modificatoria parcial de la Ley 33/85, en lo pertinente a la liquidación de la pensión, dispuso: "Art. 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes." Con posterioridad, se expidió la Ley 91 de 1989, que además, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sobre el tema dispuso lo siguiente:

servido de base para calcular los aportes." Con posterioridad, se expidió la Ley 91 de 1989, que además, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sobre el tema dispuso lo siguiente: "Art. 1°. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal Nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal Nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal Territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin en elNulidad y Restablecimiento del Derecho 9 Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — Min. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1975. PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1' de enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley.". La Ley 60 de 1993, dispone en su artículo 6 que: "El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital, y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial..." La Ley 100 de 1993, en el inciso 2° del artículo 279, excluyó a los docentes del Sistema Integral de Seguridad Social cuando expresó: "Así mismo, se exceptúan a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración...".

"Así mismo, se exceptúan a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración...". En esas condiciones, si el régimen de seguridad social en materia de pensión de vejez (que reemplaza a la antigua pensión de jubilación) no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilación - derecho e invalidez de los docentes, cabe concluir que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior que no es otro que el de la Ley 33 de 1985, con el régimen de transición aplicable restrictivamente. La Ley 115 de 1994, que contiene la Ley General de Educación, señaló: "Art. 115 Régimen Especial de los Educadores Estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especialNulidad y Restablecimiento del Derecho 10 Radicación No. 73001-33-33-001-2016-00313-01 (262-2018) Beatriz Uribe de Quiroga vs Nación — Min. de Educación —Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio y otro. del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la ley 60 de 1993 y